El contralor General de República, Edgardo Maya Villazón, reveló los por menores de los resultados de la primera fase de la relatoría fiscal realizada a Reficar. El funcionario resaltó que el daño fiscal en el proyecto asciende a $8,5 billones (US$2.870 millones).
Dentro de la investigación la Contraloría encontró que “el presupuesto de construcción fue en aumento de manera desproporcionada debido a la improvisación de los planos de construcción”.
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De acuerdo con la entidad, el daño fiscal de Saludcoop ($1,4 billones) es seis veces menor a la cifra que arrojan los 36 hallazgos fiscales que detectó la CGR en la Refinería de Cartagena.
Así mismo el órgano estima, por todas las irregularidades encontradas, que la refinería ha dejado de percibir cerca de US$1.936 millones.
Estos hallazgos fueron informados por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, a través de un equipo de alto nivel conformado por 28 auditores (15 de esta dependencia y 13 de otras Delegadas), siendo la primera vez que una actuación de la Contraloría demanda un número tan grande de funcionarios para adelantar labores de control.
La CGR destacó que revisó 177 subcontratos y encontró que de los US$2.879 millones de hallazgos fiscales, unos US$943 millones (32%) corresponden a posibles irregularidades en contratación.
La entidad indicó que el proyecto tiene hoy un valor presente negativo de US$9.213 millones, como consecuencia de sus adiciones presupuestales y la destrucción de rentabilidad esperada. El presupuesto inicial era de US$3.777 millones y el valor ejecutado llegó a US$8.016 millones.
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Con las adiciones presupuestales, se modificó una tasa de rentabilidad esperada de 16,10% a una de 4,35%, que está por debajo de la deuda del proyecto (5,5%).
El ente de control precisó que no hubo una debida planeación del proyecto por la estructura financiera de Reficar y sus rentas futuras están pignoradas. Es decir, se hizo la refinería a crédito y hoy se hace un gran esfuerzo para pagar. Dentro de los sobrecostos que encontró la entidad están el pago de servicios de transporte por $724,5 millones (US$241 millones) que nunca se utilizaron, el alquiler de cada unidad de baño portátil por la suma de $880.052 (US$293) para 2011, valor que fue modificado hasta llegar a $640.388 (US$213,2) en 2015.
Por ejemplo, en el alquiler de grúas hidráulicas, subcontratado por CB&I, se dio un presunto daño fiscal por valor de $37.855 millones (US$12 millones), entre otros millonarios hallazgos.
El contralor Maya concluyó que “se evidenció la danza de los millones en un proyecto mal manejado que no tuvo las buenas prácticas como se debe manejar la construcción de un bien público como Reficar”.
