Comenzó tránsito en el Senado de la República un proyecto de ley de 24 artículos con que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) busca tener más ‘dientes’ frente a prácticas restrictivas de la libre competencia como los carteles empresariales.
Sobre la iniciativa informó en la mañana de este martes el ente de control responsable de velar por la protección de los consumidores colombianos y que tuvo asesoría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), club de países ricos al que busca entrar Colombia.
“Se reitera el firme compromiso de defender el correcto funcionamiento de la economía en beneficio de todos los colombianos, fundamentalmente de los más pobres, de los más vulnerables”, comentó en un comunicado el superintendente Pablo Felipe Robledo
La cartelización consiste en aplicar prácticas restrictivas mediante acuerdos ilegales entre varios jugadores de un mismo mercado para fijar precios o repartirse cuotas de mercado. Ante esos casos, le corresponde a la SIC velar por la libre competencia y que los colombianos no paguen más por un producto cuyo precio debe formarse por la ley de oferta y demanda.
En ese entendido, el proyecto contempla un sistema en que la SIC pueda imponer sanciones que corresponden a un porcentaje de hasta el 30 por ciento del valor de las ventas anuales del producto o servicio involucrado en la conducta ilegal, o de hasta el 10 por ciento de los ingresos o el patrimonio de la empresa investigada durante el año anterior a la sanción.
“El monto máximo sancionatorio por la comisión de prácticas anticompetitivas es de 100 mil salarios mínimos legales mensuales (unos 65 mil millones de pesos), que resulta adecuado y proporcional en muchos casos, pero también muy inferior para carteles empresariales u otras conductas que han tenido una larga duración, donde los infractores son compañías con altos ingresos operacionales, ventas o patrimonios”, agregó Robledo.
La iniciativa de ley también pretende que la SIC tenga facultades penales frente a la cartelización o colusión en procesos de contratación pública, posibilidad que hoy solo tiene la Fiscalía General de la Nación.
Así mismo, el proyecto establece que la existencia del delator de una conducta indebida, su identidad, y las pruebas que aporte a la SIC serán reservadas, sin perjuicio de que los investigados puedan conocer la totalidad de las pruebas aportadas con el objetivo de ejercer su derecho de defensa.
Por último, se pretende que el Congreso otorgue a la SIC facultades jurisdiccionales en procesos por la indemnización de perjuicios en acciones individuales o de grupo derivados de la comisión de carteles, abusos de posición de dominio, y cualquier otra práctica restrictiva de la competencia.
Eso quiere decir que quien se haya visto perjudicado por la comisión de conductas ilegales podrá demandar judicialmente la indemnización de los daños y perjuicios sea ante la SIC o ante jueces civiles.
Estas facultades fortalecerán la posición de la SIC frente a las investigaciones que ha abierto ante presuntas cartelizaciones. En ese sentido, ya fueron sancionadas empresas y directivos vinculados a los conocidos como los carteles de “los pañales” y “el papel higiénico”.
De igual manera se espera próximamente una decisión, sea sancionar o exonerar, frente a los procesos abiertos desde hace varios años por presuntas acuerdos ilícitos entre cementeras e ingenios del país.
También está en etapa final otro caso de probable cartelización para fijar el precio de la comisión de venta de ganado, en que estarían involucrados 20 subastadores y el gremio (Asosubastas).
En etapa más temprana de práctica de pruebas, luego de abrir pliego de cargos, están los posibles carteles de los pañales, papel higiénico, cuadernos escolares y vigilancia privada, en que se ha aplicado la figura de la delación: personas y empresas involucradas aportan pruebas a cambio de beneficios.
Además se abrió en marzo pasado un pliego de cargos por un probable cartel de los cuadernos escolares entre tres empresas; y en enero se tomó igual decisión ante ocho compañías de vigilancia privada que se habrían puesto de acuerdo para ganar contratos con el Estado.
Y aunque en esos casos no se esperan fallos judiciales de la SIC para este año, esta superintendencia ya comenzó otras indagaciones preliminares en varios sectores de la economía y productos de consumo masivo.
“Por distintas actuaciones que restringen la competencia, en los primeros cinco meses del año se han impuesto multas a empresas presentes en el país que totalizan cerca de los 100 mil millones de pesos. Eso es equivalente a lo que la misma Superintendencia de Industria y Comercio impuso entre 1995 y 2010”, comentó recientemente Robledo en entrevista con este diario.
