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Millonarias sanciones al cartel del papel higiénico
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Las personas jurídicas serían castigadas con 100.000 SMLVM, es decir, con $70.000 millones y las personas naturales con 2.000 SMLVM, equivalentes a $1.400 millones. FOTO COLPRENSA
Luego de tres meses de haber iniciado la investigación a las empresas vinculadas con el ‘cartel del papel higiénico’, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, recibió del superintendente delegado para la protección de la competencia, Jorge Enrique Sánchez, el informe motivado en donde se profundiza la indagación y le hace recomendaciones para que se defina la exoneraciones y las sanciones correspondientes.
Las personas jurídicas serían castigadas con 100.000 SMLVM, es decir, con $70.000 millones y las personas naturales con 2.000 SMLVM, equivalentes a $1.400 millones.
Cabe recordar que la SIC destapó esta cartelización en noviembre de 2014, tan solo tres meses después de que se ventilara la existencia del llamado ‘cartel de los pañales’.
El 25 de noviembre de ese año, el órgano de control formuló pliego de cargos a las empresas, Familia (vinculada también en el tema de cartelización de pañales), Colombiana Kimberly, Drypers, Papeles Nacionales y Cartones y Papeles de Risaralda porque, presuntamente venían fijando el precio del producto de aseo desde hace más de 15 años. Conjuntamente, esa misma fecha, la SIC formuló pliego de cargos contra 42 personas naturales, en su mayoría altos directivos de las empresas, porque habrían colaboradazo, facilitado y ejecutado los actos con relación a la cartelización.
El grupo de compañías que configura esa infracción representa cerca de 88% del mercado de los papeles suaves en el país, y se calcula que se habrían beneficiado del ajuste de precio en un mercado que mueve más de $1 billón al año, según la encuesta manufacturera del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
El informe motivado antecede una instancia en la que un consejo asesor, conformado por cinco personas designadas por el Presidente de la República, evaluará la investigación y se pronunciarán al respecto, para que al final decida, en este caso, el superintendente Robledo.
En enero de este año, el propio superindustria confirmó que se estaban presentando audiencias y resaltó que entre mayo y junio se tomarán las decisiones finales. “Van a ser los primeros con decisiones con empresas delatoras”, señaló Robledo, recordando que a finales de 2014, se conoció que tres de las cinco compañías implicadas ya se habían acogido al Programa de Beneficios por Colaboración (delación). La importancia de vincularse a este programa radicó en que la primera firma que entregara información privilegiadas tendría una exoneración total de 100% de la eventual sanción.
Los casos en el continente
La cartelización en el papel higiénico no es una práctica que solo afecte a Colombia sino que también golpea a la industria en Perú y Chile.
En diciembre del año pasado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) del país inca, inició proceso administrativo sancionador contra la firma norteamericana Kimberly Clark Perú y Protisa, filial de la chilena Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (Cmpc) al descubrir un presunto pacto para fijar los precios y condiciones en el mercado del papel higiénico.
Según Indecopi, la práctica anticompetitiva se desarrolló entre 2005 y 2014, lapso en el que se afectó el volumen de ventas en más de US$1.200 millones. Todo se supo, gracias a que Protisa denunció, el pasado 1 de diciembre, los hechos ante el programa de delación de Perú buscando el beneficio de exoneración de sanción.
Esta noticia se conoció luego de que en noviembre de 2015 que en Chile, entre los años 200 y 2011, las empresas Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (Cmpc) y SCA se pusieron de acuerdo para fijar cuotas de mercado y los precios del producto básico, con ventas calculadas en US$400 millones anuales, según resaltó el periódico El Colombiano.
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