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Por Jessica Quintero | Publicado el 21 de agosto de 2021
La Sala Primera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín ordenó levantar el embargo de las cuentas bancarias de Empresas Públicas de Medellín (EPM) que había decretado el Juzgado Primero Civil Circuito de Bello el pasado 22 de julio, como medida cautelar por cuenta de las afectaciones que habría generado la Planta de Tratamiento Aguas Claras.
A través de un comunicado, EPM indicó que el Tribunal Superior de Medellín tuteló el derecho fundamental al debido proceso de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Aguas Nacionales EPM (Anepm) y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que había sido vulnerado por el juzgado de Bello, dejando sin efecto la medida cautelar de embargar las cuentas, así como la orden de vinculación a las entidades públicas al trámite de la acción de grupo.
"El amparo constitucional de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín fue notificado este viernes 20 de agosto de 2021 y se justificó en que el Juzgado Primero Civil Circuito de Bello se alejó de lo previsto en el ordenamiento procesal al decretar una medida cautelar sin análisis de razonabilidad, necesidad ni proporcionalidad", explicó EPM.
Agregó que la medida "tampoco contiene valoración, no expone razones ni evidencia, motivación o ponderación al no haber considerado el perjuicio irremediable con una decisión que recae sobre bienes destinados a la prestación de un servicio público".
Así mismo, detallaron que el "Juzgado tutelado tampoco decidió los recursos de reposición interpuestos por Anepm y EPM el 3 de agosto de 2021".
EPM, finalmente indicó que procederá de inmediato a gestionar ante el juzgado para que expida los oficios con destino a los bancos, "con miras a que la medida de embargo sea levantada y se materialice esta decisión lo más pronto posible".
La orden del Juzgado Primero Civil Circuito de Bello en julio pasado pretendía embargar 30.000 millones de pesos de EPM por las afectaciones que habría generado la Planta de Tratamiento Aguas Claras, ubicada en ese municipio al norte del Valle de Aburrá.
Sobre este proceso se dijo que estaban vinculadas unas 100 personas que aseguraron haber sufrido afectaciones por la construcción de la planta de aguas residuales debido a los malos olores que esta expulsa.
Tras el embargo EPM radicó, el 3 de agosto, un recurso de reposición y una acción de tutela en contra de las decisiones que profirió ese despacho, pues según la empresa, la orden tenía inconsistencias.
“En la noche del martes 3 de agosto pudo conocer una copia informal del auto que decreta el embargo por la suma de 30.000 millones de pesos a las cuentas bancarias de varias entidades públicas y empresas privadas que están demandadas en esta acción. Es importante indicar que, en este auto, el juzgado no ordenó el embargo de las cuentas bancarias de EPM”, se lee en un documento que EPM envió a la Superintendencia Financiera.
En ese momento, la compañía añadió que por alguna razón, que desconoce, el mismo juzgado remitió oficios a las entidades financieras en las que EPM tiene cuentas bancarias ordenando su embargo por una suma de “30 billones de pesos” y, pese a que el juzgado, a instancias de EPM, ya rectificó que la suma realmente embargada era de 30.000 millones de pesos y no de 30 billones de pesos, no ha explicado por qué persiste la orden dirigida a los bancos para que practiquen embargos que no han sido decretados.
“Estas y otras inconsistencias del juzgado, motivaron a EPM a radicar un recurso de reposición y una acción de tutela en contra de las decisiones del juzgado”, se precisó en el reporte enviado a la Superfinanciera en su momento.
Cuyabra. Comunicadora social-periodista de la Universidad del Quindío. Redactora del área de Contenidos Digitales.
