En medio de un panorama fiscal cada vez más apretado, uno de los temas que genera mayor preocupación es el futuro de las vigencias futuras, un mecanismo mediante el cual el Estado asegura recursos de los próximos años para financiar obras de gran envergadura, como carreteras, hospitales o proyectos de infraestructura 4G y 5G.
Estas vigencias funcionan como un “vale” que garantiza a inversionistas y contratistas que recibirán el dinero pactado sin importar cambios de gobierno o ajustes presupuestales. Sin embargo, la creciente presión sobre las finanzas públicas —menos ingresos, más gastos y una deuda en aumento— amenaza con debilitar este sistema, poniendo en riesgo la continuidad y credibilidad de proyectos estratégicos para el país.
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Las presiones fiscales del Gobierno
La situación de las finanzas públicas atraviesa un momento complejo Colombia enfrenta menos ingresos, más gastos y decisiones de ajuste aplazadas. Esto ha obligado al Gobierno a reducir su meta de ingresos para 2025 en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), reconociendo que los niveles observados en lo corrido del año no alcanzan lo proyectado inicialmente.
El problema es evidente: Según las proyecciones más recientes, el recaudo se ubica más de $25 billones por debajo de lo esperado para 2025.Esta brecha no es menor: limita la ejecución del presupuesto, aumenta la necesidad de endeudamiento y reduce la capacidad del Estado para cumplir compromisos ya adquiridos.
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Por el lado del gasto, los rezagos presupuestales de 2024 y el aumento del salario mínimo han elevado las obligaciones, generando todavía más presión sobre la caja pública. Ante este panorama, el Gobierno anunció la creación de una fondo de liquidez para recomprar TES y estabilizar el mercado, aunque expertos advierten que se trata de medidas de contención y no de soluciones estructurales.
Pero alertas fiscales no solo se relacionan con el déficit del Estado, sino también con la evolución de la deuda pública. En el escenario más pesimista, las proyecciones indican que esta podría acercarse al90% del PIB en 2029, un nivel comparable al de crisis fiscales o incluso episodios de default en varias economías emergentes.
El escenario base, más moderado, estima quela deuda superaría el 70% del PIB en ese mismo año. Aunque menos grave, esta cifra sigue estando lejos del umbral de sostenibilidad de la regla fiscal, la cual tendría que activarse en 2028.
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A este panorama se suma la fragilidad de la caja delBanco de la República. De acuerdo con los analistas de Bancolombia, las disponibilidades de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DTN) en el Emisor, durante el año 2025,se han mantenido muy por debajo del rango habitual e incluso del promedio 2015-2022.
En julio, la caja disponible fue de apenas $7,4 billones, el registro más bajo en años, lo que reduce el margen para atender compromisos sin recurrir a deuda de corto plazo o recortes de gastos.
Esta limitación reducir la capacidad del Estado para atender sus compromisos sin tener que endeudarse más o aplicar recortes de gastos, lo que impacta de manera directa las vigencias futuras destinadas a infraestructura y otros proyectos estratégicos.
¿Qué pasa con las vigencias futuras?
En ese contexto, las restricciones de liquidez se convierten en un riesgo directo para el cumplimiento de las vigencias futuras, en especial las que financian proyectos de infraestructura.
Aunque Colombia estaría aún lejos de un escenario de incumplimiento, el deterioro fiscal podría traer consecuencias:mayores costos de financiamiento, retrasos en la cadena de pagos y menos apetito de los inversionistas para entrar en nuevos proyectos.
“Cuando la caja se estrecha y la programación presupuestal pierde certidumbre, se ve comprometida la capacidad del Estado para honrar sus compromisos en los plazos pactados, enviando señales negativas a financiadores y contratistas, poniendo en riesgo la continuidad de obras estratégicas”, señalaron los analistas de Bancolombia.
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Agregaron que, aunque Colombia mantiene capacidad de pago en términos agregados, la fragilidad en laCaja del Tesoro,es decir,la plata efectiva y líquida que hay en el Banco de la República para cumplir con las obligaciones inmediatas,genera una tensión creciente entre atender obligaciones corrientes y las adquiridas mediante vigencias futuras.
Para los analistas, el problema se agrava porque no existe un ancla fiscal clara ni mecanismos para priorizar el gasto. El riesgo, advierten, no está en que el Estado quiera dejar de pagar, sino en el desequilibrio acumulado que reduce su margen de maniobra. Esto podría traducirse en retrasos en la ejecución de proyectos y en un golpe a la reputación del país, lo que dificultaría atraer inversionistas y cerrar nuevos contratos.
Bajo este panorama, los analistas de Bancolombia consideran que el uso de vigencias futuras en el escenario actual exige una estrategia fiscal que garantice su sostenibilidad.
“Blindarlas implica asegurar que las decisiones de gasto de hoy no comprometerán la solvencia institucional del Estado mañana.Más que un instrumento presupuestal, representa un compromiso de ejecución a futuro que debe estar respaldado por disciplina fiscal.y estabilidad macroeconómica”, puntualizaron.
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Las obras de infraestructura con mayores vigencias futuras
Entre 2026 y 2032 ya están autorizadas inversiones por $167,9 billones. Las obras con las mayores vigencias futuras en este periodo son:
Línea 2 del Metro de Bogotá: $33,2 billones
Metro de Bogotá: $26,4 billones:
Canal del Dique: $6 billones
Corredor férreo La Dorada–Chiriguaná: $5,1 billones
Corredor Buenaventura–Loboguerrero–Buga: $5 billones
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