Impacto del 2% adicional en el flujo de caja de las PCH
Desde CEERA, el gremio que agrupa a las pequeñas centrales hidroeléctricas del país, señalaron que el sector reconoce la gravedad de la emergencia invernal y la urgencia de atender a las comunidades afectadas.
Sin embargo, consideraron que “las medidas adoptadas deben ser proporcionales, contar con sustento técnico y ser coherentes con la sostenibilidad del sistema, para evitar que soluciones de corto plazo generen riesgos en el mediano y largo plazo”.
Catalina Rueda, directora ejecutiva de CEERA, señaló que uno de los problemas es que dicha contribución extra del 2% se aplica de manera homogénea a todos los generadores, sin diferenciar tecnologías, escalas ni estructuras financieras.
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“En el caso de las PCH, que en su mayoría operan sin embalse, con márgenes ajustados y alta exposición a la variabilidad hidrológica y regulatoria, el impacto es directo sobre el flujo de caja”, indicó Rueda.
Además, agregó, “el aporte no se calcula sobre utilidades, sino sobre ventas brutas de energía, lo que implica que debe pagarse incluso en escenarios de márgenes reducidos y altas obligaciones financieras”.
Esto, alertó, afecta la capacidad de repago de deuda y la estabilidad financiera de estos proyectos.
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¿El aporte del 2% podría encarecer la tarifa de energía?
Desde el sector señalan que, ante la imposibilidad de absorber completamente el nuevo costo, parte del impacto podría trasladarse al usuario final, presionando las tarifas de energía en los próximos meses.
De acuerdo con Juan Carlos Mejía, representante legal de la hidroeléctrica Aures Bajo, ubicada entre los municipios de Abejorral y Sonsón, actualmente las pequeñas centrales ya pagan el 6% de sus ventas brutas en transferencias del sector eléctrico. Con el 2% adicional, este porcentaje subiría al 8%.
“Además, pagamos una tarifa de impuesto de renta del 38%, es decir, una sobretasa de tres puntos por encima de la tarifa general del 35% para personas jurídicas. Este nuevo 2% tiene un impacto evidente en nuestras finanzas”, comentó.
Agregó que aún no han realizado sus propios cálculos, pero advierte que la medida no solo afectará a las PCH, sino también al usuario final.
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Generadores advierten traslado del impuesto a la factura de luz
A su turno, Óscar David Lozano, gerente de Santa Fe Energy, consideró que, como el gravamen del 2% se aplicará sobre las ventas, afectará directamente los contratos de energía.
“La mayoría de los contratos contemplan cláusulas que permiten trasladar nuevos impuestos o cargas regulatorias. En ese sentido, cualquier impuesto adicional termina incorporándose al precio de la energía que paga el usuario final. En el sector eléctrico, todos los costos finalmente los asume el consumidor”, indicó.
Según Lozano, el incremento del 2% puede representar un aumento aproximado de entre 6 y 8 pesos por kilovatio hora en la tarifa. En términos prácticos, dijo, ese adicional para los generadores se traduce en cerca de un 1% de aumento en la factura del usuario final.
Seguridad energética e inversión en riesgo
Las PCH insisten en que la emergencia no debe convertirse en un escenario para decisiones con tinte político y recuerdan que este sería el tercer intento, en menos de tres meses, de imponer cargas adicionales al sector de generación eléctrica.
Como antecedentes, mencionan el Decreto 044 —que fue suspendido por la Corte— y un borrador del Ministerio de Minas y Energía que planteaba un aporte adicional de las generadoras a la Superintendencia de Servicios Públicos para financiar la atención de empresas intervenidas. A juicio del gremio, la reiteración de este tipo de iniciativas envía señales de inestabilidad regulatoria.
En ese contexto, Mejía advirtió que Colombia necesita con urgencia la entrada de nuevos proyectos de generación para fortalecer la seguridad energética. Sin embargo, sostuvo que los cambios frecuentes en las reglas de juego terminan desincentivando la inversión.
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“Un proyecto de generación, como una pequeña central hidroeléctrica, puede tardar entre 8 y 10 años, e incluso hasta 15, desde su concepción hasta su entrada en operación. Durante ese tiempo, el inversionista asume riesgos y estructura una proyección financiera basada en reglas estables”, explicó.
Por ello, agregó que cuando las condiciones regulatorias cambian de manera constante, aumenta la percepción de riesgo país y se dificulta calcular la viabilidad de nuevos desarrollos energéticos, especialmente en un sector que requiere grandes inversiones y horizontes de largo plazo.
Frente a las críticas sobre la rentabilidad del sector, Mejía también cuestionó lo que calificó como una narrativa equivocada.
“Existe la idea de que los generadores obtienen ganancias excesivas. Eso no es cierto. A nosotros nos conviene que la energía sea abundante y barata, porque eso impulsa el consumo, la industria y los servicios. Un país con energía económica es más competitivo”, afirmó.
En esa línea, aseguró que los generadores son “aliados naturales” de tarifas bajas. Para lograrlo, concluyó, se requieren reglas claras, estabilidad jurídica y condiciones de competencia que permitan desarrollar más proyectos y ampliar la oferta energética del país.
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