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Animada. Así será la discusión en el Congreso del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2018, que fue tasado en 235,6 billones de pesos, con recorte real del 3 % frente al de la presente vigencia, al descontar la inflación esperada de este año.
Parte de la animosidad provendrá de la crítica que diversos legisladores hacen al gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, por sacrificar la inversión pública, en momentos en que más se necesita por la desaceleración que presenta la economía doméstica.
Óscar Darío Pérez Pineda, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, considera inconveniente que el gran sacrificio se haga en materia de inversión, cuando el ajuste debería recaer sobre “el gasto de funcionamiento infértil”. Llama la atención sobre el peso que tiene el servicio de la deuda, con cerca de 52 billones de pesos.
Según el legislador, “estamos endeudándonos para pagar deuda. Esta última es absolutamente desproporcionada, como consecuencia del aumento de la deuda pública interna y externa como proporción del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Pérez Pineda sostiene que el Gobierno se equivocó al compensar la reducción de ingresos fiscales que produjo el deterioro del precio del petróleo, con más endeudamiento. “Lo fiscalmente sano era haber ahorrado en gastos de funcionamiento”.
Para el congresista, los 34,29 billones de pesos de inversión pública en 2018 representan una caída real del 20 % frente al 2017. Cosa grave, considerando que, contrario a escenarios planteados por el Gobierno, la economía podría crecer este año 1,5 %, desajustando todos los indicadores macroeconómicos.
En su concepto, con el presupuesto presentado al Congreso, la administración Santos busca cumplir con la Regla Fiscal y mantener la calificación BBB grado de inversión, algo que, a su juicio, “es una matrícula condicional, porque las calificadoras de riesgo no ven que tengamos gran desempeño. Lo único fue una reforma tributaria que ha castigado el consumo, al elevar el IVA general del 16 % al 19 %”.
Por su parte, el senador liberal Juan Manuel Galán Pachón, considera negativo el recorte del presupuesto para el deporte en 2018, considerando que en esta actividad hay colombianos que dejan el nombre del país muy en alto.
Así mismo, considera como “gravísima la caída de la inversión pública. Estamos en una época de falta de confianza, de pesimismo empresarial y la señal que se debe enviar para un mejor clima de los negocios es incrementar la inversión, sobre todo en los sectores que más necesitan del apoyo estatal”.
Galán Pachón resalta que se debe revisar con urgencia el tema de los subsidios estatales. Estos, anota, cuestan al año 73 billones de pesos, pero no tienen los efectos deseados, debido a que no están bajando de manera sensible el coeficiente Gini, que mide la desigualdad de ingresos.
En la inconveniencia del recorte de la inversión coincide Jorge Iván Ospina Gómez, senador de la Alianza Verde. “Es un error apretar el cinturón en momentos de desaceleración de la economía. Eso se debe hacer en gastos suntuosos, en la burocracia, en todo lo que reduzca el centralismo bogotano. Todo lo de infraestructura, que dinamiza la economía, se debe movilizar. Hay que hacer más vías terciarias, electrificación, agua potable, para posibilitar el desarrollo económico y social”.
“El Gobierno Nacional no presenta el proyecto de presupuesto como quiere que salga. Generalmente pone más alto el servicio de la deuda, luego la recorta y destina ese recorte a la inversión”. Así lo advierte Juan Felipe Lemos Uribe, representante a la Cámara del Partido de La U, quien prevé que, al final, se podrían dejar para el servicio de la deuda 46 o 48 billones de pesos, liberando 6 o 7 billones para inversiones sociales.
El congresista reconoce que la situación fiscal del país es compleja. Eso, añade, ha repercutido en dificultades serias para financiar el deporte, algo que, en su sentir, se debería mejorar en la discusión en el Congreso, por los éxitos que en ese frente se han obtenido. Igual revisión se debería hacer del presupuesto de educación y de sectores sociales en los que el Gobierno venía invirtiendo de forma considerable.
Finalmente, sobre la financiación del posconflicto, el congresista no ve que, tampoco, estén asegurados los dineros para su financiación. Frente a tantas reservas y críticas, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, deberá sacar sus argumentos para una aprobación del proyecto de ley esperada para mediados de octubre.