Desde el Ministerio de Minas y Energía se indicó que la iniciativa busca garantizar tarifas equitativas, fortalecer la participación ciudadana y proteger a los usuarios frente a cobros injustificados. Conozca los cambios clave.
El Ministerio de Minas y Energía presentó el proyecto de ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, una nueva iniciativa estructural que busca modernizar el marco regulatorio de los servicios públicos, fortalecer la participación ciudadana y garantizar la equidad en el acceso a la energía eléctrica.
En un comunicado, la cartera energética explicó que el proyecto introduce reformas sustanciales a las Leyes 142 y 143 de 1994, con el objetivo de garantizar la prestación eficiente, transparente y justa del servicio público de energía, así como promover la sostenibilidad financiera del sistema, y avanzar en la transición energética justa y la adaptación al cambio climático.
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Entre los principales cambios se destacan la redefinición de criterios para la entrega de subsidios, el establecimiento de tarifas diferenciales para usuarios vulnerables e industrias verdes, la prohibición de cobros ajenos al servicio en la factura de energía, y la inclusión de representantes de usuarios, sindicatos y la academia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
“Este proyecto es un paso histórico para democratizar la energía en Colombia. Queremos que las decisiones del sector reflejen las voces de los usuarios, los trabajadores y los territorios”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.
El proyecto, según explicó el Ministerio de Minas y Energía busca mitigar los impactos de la llamada “Opción Tarifaria”, distribuyendo de forma solidaria los saldos que afectaron a los estratos más vulnerables.
Igualmente, apunta a una reforma en la entrega de subsidios, con criterios técnicos y transparentes que garanticen que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan; facturas más claras y sin cobros ajenos al consumo energético, para proteger el bolsillo de los usuarios y mecanismos de estabilización tarifaria y esquemas diferenciales, que reduzcan la volatilidad del precio de la energía.
Se insistió en que se pretende establecer tarifas justas y sin abusos, que eviten el cobro doble de activos amortizados o pérdidas no justificadas; tarifas diferenciales para industrias limpias, impulsando el desarrollo regional y la transición energética y fondos para el cierre de brechas energéticas y compensaciones a los territorios impactados por las grandes generadoras, de hasta el 2%, para financiar proyectos sociales, disminuir la pobreza energética y reducir los costos del servicio.
“Asimismo, el proyecto crea un Comité Consultivo Ciudadano de Participación, encargado de garantizar el diálogo entre el Estado y la ciudadanía en los procesos regulatorios, y establece nuevos mecanismos de confiabilidad para fortalecer la seguridad energética del país”, se añadió.
“Una regulación justa es la base de la justicia energética. Estamos construyendo un sistema que combine sostenibilidad, solidaridad y transparencia, en el que la energía sirva al desarrollo de la gente y no al revés”, insistió el ministro Palma.
Al radicar la propuesta, el jefe de la cartera de energía estuvo acompañado por usuarios de Cali y La Guajira, quienes son ejemplo de los beneficios de la Transición Energética Justa. Gracias a la instalación de paneles solares en sus hogares, estas familias disfrutan de ahorros reales en sus facturas y de un servicio más limpio y sostenible, demostrando que la energía puede ser motor de bienestar y justicia social.
Con esta propuesta, el Gobierno Nacional intenta reafirmar su compromiso con una transición energética justa, participativa y territorialmente equitativa, avanzando hacia un modelo energético más inclusivo, estable y resiliente.
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