La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió este martes 14 de octubre no pronunciarse de fondo sobre la reforma pensional, contenida en la Ley 2381 de 2024, y conocida oficialmente como el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común.
El alto tribunal informó que antes de continuar con el estudio del expediente D-15989, encontró pertinente tramitar una recusación presentada contra el magistrado Héctor Alfonso Carvajal, quien fue abogado del presidente Gustavo Petro antes de ocupar su actual cargo.
En consecuencia, la Corte abrió un incidente de recusación, un procedimiento formal que busca determinar si el magistrado debe apartarse del caso por un posible conflicto de interés. La decisión sobre esa recusación se tomará en las próximas sesiones plenarias.
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Con la apertura del incidente de recusación, la discusión sobre la constitucionalidad de la ley quedará temporalmente suspendida. La Corte deberá decidir primero si Héctor Carvajal puede seguir participando o si debe ser reemplazado en el estudio del caso.
Solo después de resolver este trámite se retomará el análisis del fondo, que incluye la revisión de un presunto vicio de trámite en la Cámara de Representantes, tema sobre el cual debía pronunciarse el magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez.
¿Por qué fue recusado el magistrado Héctor Carvajal?
La recusación fue interpuesta por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien argumentó que Carvajal había emitido conceptos jurídicos y suscrito contratos de asesoría con Colpensiones sobre temas relacionados con la reforma antes de ser magistrado.
Según Valencia, esa relación previa constituye una posible inhabilidad para participar en la decisión. En su escrito, la congresista solicitó a la Corte requerir directamente a Colpensiones las copias de los conceptos jurídicos emitidos por Carvajal, con el fin de aportar todas las pruebas necesarias para sustentar su recusación.
La senadora también había presentado una demanda de legalidad contra la ley, en la que cuestiona varios apartados del articulado por presuntos vicios de trámite y por el alcance de los cambios introducidos en el sistema pensional colombiano.
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Mientras la Corte sesionaba, decenas de manifestantes pertenecientes a centrales obreras se concentraron frente al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. Los sindicatos expresaron su respaldo al proyecto de ley y pidieron al alto tribunal mantener en firme la reforma pensional impulsada por el Gobierno Petro.
El debate se desarrolló en un ambiente de expectativa, ya que muchos esperaban una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma, que fue aprobada por el Congreso a mediados de 2024 y sancionada por el Ejecutivo semanas después.
Las tensiones alrededor de la reforma pensional
El Gobierno ha insistido en que la reforma pensional es necesaria para garantizar recursos destinados a los adultos mayores en situación de pobreza, quienes recibirían subsidios a través del Pilar Solidario.
El presidente Gustavo Petro ha señalado que el aval de la Corte es clave para el bienestar fiscal del sistema de jubilaciones, pues permitiría reorganizar el flujo de aportes y reducir el déficit futuro.
Desde Asofondos, gremio que agrupa a las administradoras privadas, se ha reiterado que la reforma elimina la competencia entre sistemas y restringe el derecho de selección de los afiliados, lo que afectaría la sostenibilidad del ahorro pensional a largo plazo.
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