La cartera publicó un borrador de decreto para eliminar el límite del 30% a las inversiones externas de los fondos de pensiones, tras advertir efectos negativos sobre el rendimiento y riesgo de portafolios.
El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto con el que busca derogar el límite global del 30% para las inversiones en activos en el exterior de los fondos de pensiones.
La iniciativa busca reversar una de las medidas adoptadas por el anterior Gobierno de Gustavo Petro, cuando se establecieron restricciones para la exposición de los fondos de pensiones a activos internacionales y se ordenó a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) reducir progresivamente esa participación.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella sustenta el cambio en un análisis técnico elaborado por la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF). Según este documento, mantener el tope puede reducir el rendimiento esperado de los portafolios y aumentar el riesgo.
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El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, celebró la publicación del proyecto y señaló que el Decreto 369 de 2026, que obligaba a los fondos de pensiones y cesantías a limitar sus inversiones en el extranjero, reducía la diversificación de los portafolios y podía afectar la rentabilidad y el bienestar de los trabajadores y ahorradores colombianos.
“Un portafolio que es diversificado siempre podrá dar mayor rentabilidad, mejor gestión del riesgo y mejor gestión de la liquidez que un portafolio menos diversificado”, afirmó.
Estos tres factores —rentabilidad, riesgo y liquidez— hacen parte de los criterios que las AFP deben considerar en la administración de los recursos de sus afiliados.
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El documento técnico de la URF utiliza un ejercicio de optimización de portafolios bajo el enfoque de media-varianza de Markowitz, aplicado a cuatro índices: COLCAP y COLTES, para el mercado local, y MSCI ACWI y BARCLAYS, para el internacional.
Según el ejercicio, un portafolio sin restricción geográfica tendría una asignación de 41,48% a activos internacionales, con un rendimiento esperado de 6,80% y un riesgo de 9,88%. Al imponer el límite del 30%, el rendimiento esperado baja a 6,26%, mientras el riesgo aumenta a 10%.
Para el periodo 2021-2025, la URF encontró que, al comparar portafolios con el mismo nivel de rentabilidad, la restricción genera un incremento relativo promedio del riesgo de 15,8%, con un máximo de 23,6%.
El indicador de Sharpe, que relaciona el rendimiento con el riesgo asumido, también se reduce: pasa de 0,827 en el portafolio óptimo a 0,729 con la restricción.
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La URF también tuvo en cuenta la Sentencia C-264 de 2026 de la Corte Constitucional, que declaró exequible la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional, y estableció su entrada en vigencia para el 1 de abril de 2027.
De acuerdo con estimaciones del Gobierno citadas en el documento, cerca del 45% de los recursos administrados actualmente por el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) corresponde a afiliados beneficiarios del régimen de transición. Para ellos continuará aplicándose el régimen de inversión de la Ley 100 de 1993.
La URF señala que esta situación reduce la base sobre la cual operaría el límite del 30%. Según sus cálculos, para 2031 los recursos nacionales asociados a esa población alcanzarían cerca de $232 billones, $77 billones menos que el monto que ya se encuentra invertido en el país.
Por esto, el documento concluye que el efecto económico que buscaba generar el Decreto 369 de 2026 quedaría anulado.
La memoria justificativa también señala que, con corte a septiembre de 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia informó a la URF que ninguna AFP había presentado el plan de ajuste exigido por el Decreto 369. El plazo para hacerlo vencía el 7 de octubre.
Entre el 31 de marzo y el 31 de julio de 2026, las inversiones en el exterior de los fondos de pensiones pasaron de representar 48,4% a 44,5% del portafolio total.
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Sin embargo, la URF atribuyó esa reducción principalmente a la revaluación del peso colombiano, y no a un cambio en las decisiones de inversión de las AFP. Durante ese periodo, las administradoras continuaron adquiriendo activos denominados en dólares.
La propuesta plantea derogar los artículos 2.6.12.1.27, 2.6.12.1.28 y 2.6.12.1.29 del Decreto 2555 de 2010, incorporados mediante el decreto.
Esas disposiciones establecieron el límite global del 30%, las condiciones para cumplirlo y el régimen de transición para que las AFP ajustaran progresivamente sus portafolios. Por ahora, el límite continúa vigente porque se trata de un proyecto de decreto. Si la iniciativa es expedida, comenzará a regir desde el día siguiente a su publicación.
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La memoria justificativa indica además que la propuesta no tendría impacto presupuestal.
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