La lógica indica que si un aeropuerto internacional presenta fallas en sus servicios básicos en tierra o incumple estándares de la aviación, debe solucionarlos. Ese no es el caso del terminal aéreo de Maiquetía, el principal de Venezuela, en las afueras de Caracas, a donde dejó de viajar Avianca por riesgos operacionales y de seguridad desde el jueves pasado.
La lógica del gobierno de Nicolás Maduro fue irse en contra de los 13 mil viajeros de la aerolínea colombiana que tenían reserva entre el 27 de julio y el 16 de agosto en las rutas Bogotá-Caracas-Bogotá y Lima-Caracas-Lima.
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) ha negado sistemáticamente que otras aerolíneas que aún vuelan a Bogotá, como Copa y Wingo, puedan habilitar vuelos adicionales en que sean reacomodados los pasajeros de Avianca.
Aún más, ayer la estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) anunció que suspendía sus vuelos Bogotá-Caracas-Bogotá, sin dar explicación adicional.
Con esa otra posibilidad también cerrada, la empresa intenta ahora que aerolíneas que aún operan en cielo venezolano los reciban y los lleven desde Caracas a otros destinos en la región a los que sí vuela Avianca, como es el caso de Ciudad de Panamá, Santo Domingo (República Dominicana), La Habana (Cuba) o Buenos Aires (Argentina).
A esa alternativa de triangulación operacional se ha tenido que llegar ante una retaliación del gobierno de Maduro contra la decisión de Avianca. Pero los realmente afectados son los pasajeros, especialmente los venezolanos.
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