La estatal Petrobras, las estadounidenses ExxonMobil y Chevron, y la china CNPC se quedaron con 19 concesiones para explorar y explotar hidrocarburos en una zona marítima cercana a la desembocadura del río Amazonas, una región con alta biodiversidad y poblaciones indígenas vulnerables.
La movida, que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva defiende como parte de su estrategia para garantizar recursos energéticos y financiar la transición energética, no ha pasado inadvertida.
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Ambientalistas, indígenas y expertos en sostenibilidad han encendido las alarmas por los riesgos ecológicos que implica intervenir esta franja del Atlántico, considerada de “extrema sensibilidad socioambiental”.
Un botín petrolero de más de 150 millones de dólares
En la subasta realizada por la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), el consorcio entre Petrobras y ExxonMobil se llevó diez bloques, con una participación 50-50.
Por su parte, el tándem entre Chevron (65%) y la estatal china CNPC (35%) se quedó con otras nueve áreas.
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En total, ambos consorcios pagaron 844 millones de reales —unos 153 millones de dólares— por los derechos de exploración sobre 16.200 kilómetros cuadrados.
De las 42 concesiones que se ofrecieron, 23 quedaron sin postor, reflejo del rechazo o cautela de otros actores frente al potencial conflicto ambiental.
Protestas, dudas y falta de licencias
La subasta no estuvo exenta de tensión. Frente a la sede de la ANP, en Brasilia, pueblos indígenas, ONGs y activistas climáticos protestaron, argumentando que la iniciativa contradice los compromisos ambientales del propio Gobierno Lula, justo cuando Brasil se prepara para ser anfitrión de la COP30 en noviembre, en Belém.
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Uno de los puntos más delicados es que Petrobras aún no tiene licencia ambiental para perforar un bloque que se adjudicó en esta misma región hace más de 12 años.
La empresa ha enfrentado trabas técnicas y jurídicas por los riesgos de derrames, que podrían afectar manglares, arrecifes, el delfín gris, el manatí amazónico y otras especies únicas del ecosistema marino-costero.
Desde el Palacio de Planalto, el mensaje ha sido claro: sin ingresos petroleros, no hay transición energética. El Gobierno Lula sostiene que explorar esta nueva frontera petrolera es crucial para reponer reservas, evitar una caída en la autosuficiencia energética del país y, de paso, financiar el giro hacia tecnologías limpias.
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“Es un horizonte prometedor que puede garantizar el futuro energético de Brasil”, argumentan voceros oficiales.
Sin embargo, la Fiscalía Federal pidió suspender la subasta hasta que se cumplan los requisitos de la legislación ambiental, lo que mantiene un halo de incertidumbre sobre la viabilidad jurídica del proceso.
