En el accidentado intento del Gobierno por privatizar el control accionario de Isagén (57,61 por ciento), sin aún terminar el proceso de enajenación, ya los tres eventuales oferentes extranjeros han ganado por cuenta de la histórica devaluación que ha tenido el peso frente al dólar desde hace un año y porque desde el inicio del proceso se planteó que el comprador puede pagar en cualquiera de esas monedas.
Si la subasta fuera hoy y se pagara lo mínimo que pide el Gobierno, 3.437,32 pesos por acción (ajustado por inflación hasta agosto), el giro sería de 1.791,45 millones de dólares, convertibles a 5,39 billones de pesos, con una tasa de cambio vigente de 3.012,96 pesos.
Ese monto equivale a 838,26 millones de dólares menos de lo que, en iguales condiciones, y con una tasa de cambio de 1.962,84 pesos habría recibido el Gobierno el 10 de septiembre de 2014, que en pesos totalizaba 5,16 billones.
En esa fecha se cumplía el máximo plazo de 15 días hábiles para que el ganador de la puja que estuvo prevista para el 20 de agosto del año pasado, pero que suspendió el Ministerio de Hacienda, ante falta de interés de los oferentes, por un precio alto y con un peso revaluado.
Ahora se plantea igual operación frente al segundo intento fallido de subasta, del 19 de mayo pasado y que el Consejo de Estado suspendió hasta el jueves pasado.
Con la devaluación galopante de estos cuatro meses, si la subasta fuera hoy le significaría al Gobierno dejar de recibir, al precio base, al menos, 359,72 millones de dólares, de lo que esperaba recibir, a más tardar el 9 de junio pasado: 2.151,17 millones de dólares, que se traducían en 5,36 billones de pesos.
Con esas cuentas, impredecibles dos años atrás cuando comenzó este intento de privatizar a Isagén, cada acción pasó de valer, como mínimo, 1,68 dólares (octubre de 2013) a solo 1,14 dólares hoy, una reducción de 32 por ciento. En contraste, por ajuste de inflación, el precio base de la acción apenas se ha ajustado en 8,16 por ciento.
De una parte, esto hace más atractivo para un jugador foráneo hacerse al 57,61 por ciento, pero también alerta a que el Gobierno no se le diluya por un peso barato lo que podría recibir en dólares por la parte que la Nación tiene en Isagén.
Al margen de críticas por la venta y los procesos jurídicos que buscan frenarla, una posibilidad que tiene a mano el Gobierno es expedir un nuevo decreto donde, como ya ha hecho antes, modifique la fórmula del precio base de la acción o haga algún otro ajuste para reflejar la devaluación del peso frente al dólar.
Esa opción es legalmente posible, según confirmó a EL COLOMBIANO un abogado experto en privatizaciones y cercano al proceso de Isagén. “Ahora, visto desde los (tres) inversionistas interesados que ya presentaron una garantía de seriedad de su oferta (100 mil millones de pesos), no tiene justificación financiera que se encarezca unos activos cuyo flujo principal de caja es en pesos”, agregó.
Frente a la idea de que puedan entrar más jugadores a la puja, atraídos por las nuevas condiciones de tasa de cambio y el buen desempeño de la generadora, también es legalmente posible, pero es una señal de inseguridad jurídica para las tres multinacionales que han soportado los ires y venires de este proceso de las cuales una respondió a este diario (ver recuadro).
Por ahora, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha informado que pidió a la banca de inversión que asesora al Gobierno (unión temporal de Credit Suisse e Inverlink) que valore de nuevo a Isagén en las condiciones de actuales de devaluación. Ahora, aclaró que el dólar no afecta la venta y que no influye en el precio verdadero porque está en pesos: “Isagén es un activo colombiano y por ello su precio se cotiza en pesos”, concluyó el funcionario.
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