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Reformas laboral y pensional, las pruebas de fuego para la ministra de Trabajo este año
Así como lo fue el ministro Ocampo en 2022, Gloria Inés Ramírez pinta para ser la protagonista del Gobierno en 2023.
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Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, deberá sacar adelante dos reformas claves para el Gobierno Petro este año. FOTO CORTESÍA MINTRABAJO
05 de enero de 2023
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Está claro: las reformas serán la piedra angular en el cuatrienio del presidente Gustavo Petro. El 8 de agosto, un día después de asumir el mando, presentó la tributaria, y antes de que acabara el 2022 ya se conocían las bases de los ajustes laborales y pensionales que buscará este año.
Si se eligiesen los protagonistas del gabinete de Petro, sin dudas el año pasado el galardón principal se lo llevó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a quien muchos catalogaron como el “adulto responsable” del Gobierno por apagar varios incendios que agitaron al mercado y sacar adelante la tributaria.
En ese ejercicio, si 2023 va a tener un personaje principal, la llamada a serlo es la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien deberá sacar adelante dos reformas que Colombia ha aplazado por años y desde ya generan polémica: la laboral y la pensional.
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Es que aunque Ocampo, como jefe de Hacienda, también tendrá un rol fundamental, la Mintrabajo deberá llevar las riendas. Pero antes de abordar esos retos, vale echar un vistazo de quién es Ramírez.
Cuando el presidente Petro la nombró, la definió como “una defensora de los derechos humanos y la reivindicación de los trabajadores” y “una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres y la equidad de género”.
La titular de la cartera laboral es física y matemática, egresada de la universidad Tecnológica de Pereira y especialista en Derecho Laboral de la Universidad de Toledo, España; ha presidido Fecode; ha integrado el comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT); ha sido senadora; y fue dirigente del Partido Comunista.
Además ha dicho sin tapujos que es una mujer de izquierda y dejó clara su posición sobre la cartera que lidera. “Para los compañeros trabajadores y trabajadoras, sepan que en el Ministerio de Trabajo se acabó el silencio cómplice de violación de derechos de trabajadores y trabajadoras”, manifestó en una reciente intervención en el departamento del Cesar.
¿Qué traerán las reformas?
Partiendo de esto, una de sus primeras decisiones fue convocar a una mesa de diálogo con diferentes sectores para construir la reforma laboral. Así, en noviembre quedó lista la subcomisión que está armando la iniciativa y se busca que quede lista para la primera mitad de este año.
Entre los principales cambios –que de hecho ya se han planteado vía proyecto de ley– el Gobierno pretende eliminar el horario diurno hasta las 10:00 p.m. y que las horas extras se paguen desde las 6:00 p.m.; además, que el porcentaje del recargo dominical y festivo suba del 75% al 100%.
Adicionalmente, Ramírez se ha mostrado en contra de los contratos por prestación de servicios pues considera que van en contravía del trabajo decente. De ahí que esbozará una de sus frases más polémicas, en la que apuntó que en vez de generar tres o cuatro trabajos es mejor que un empleador cree uno con todas las condiciones. Como las demás ideas, esta se está analizando en las mesas de diálogo (ver “Paréntesis”).
Sobre lo que ha trascendido, María Cristina Londoño, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de América, analizó que no se ha hecho foco en los trabajadores informales, que hoy representan el 58% (ver Gráfico).
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La docente consideró que esos proyectos solo beneficiarían a poco más del 40% de la fuerza laboral, que es la que cuenta con un vínculo formal y garantías legales. Además cuestionó si esta sería una solución real a los problemas que aquejan al país y añadió que de cara al debate el Legislativo debe comprometerse con las necesidades de los trabajadores.
En este punto vale recordar que en el Congreso también están cursando proyectos que propiciarían un “revolcón” respecto a las normas actuales, como el que busca ampliar el período de vacaciones de 15 a 20 días hábiles –impulsado por el Partido Comunes–, o el que quiere otorgar una licencia laboral remunerada de tres días para quienes se casen. Además, este año empezó la reducción gradual de la jornada laboral, la cual pasará de 48 a 42 horas semanales (el ajuste se completará en 2026).
En todo caso, para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, lo más importante en la reforma laboral es que en vez de aumentarle los costos de contratación a las empresas, aumente la productividad, priorizando, por ejemplo, la formación para el trabajo.
Pulso por las pensiones
Si la laboral es una “papa caliente”, la reforma pensional será toda una prueba de fuego para la ministra. Sin haber un texto oficial, lo que ha adelantado el Gobierno derivó en toda clase de polémicas.
El capítulo más reciente fue el del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, afirmando que se buscaría que el sistema pensional quede bajo una sola entidad administradora con carácter público –que sería la que él lidera– y habría un régimen de transición para que los trabajadores se pasen a Colpensiones.
También dijo que los recursos administrados irían, entre otros fines, para obras de infraestructura como el tren de Buenaventura a Barranquilla y mandó un “dardo” a los fondos privados al considerar que “reciben ahorros, pero no pensionan”.
Por ahora se sabe que el Gobierno se jugará todo en su idea de transitar a un sistema unificado, mayoritariamente público, con tres pilares: no contributivo, contributivo y complementario.
El primero garantizaría una renta básica de medio salario mínimo para quienes no alcanzaron su jubilación; el segundo haría que toda persona trabajadora cotice de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de hasta cuatro salarios mínimos; y el tercero establecería que todo el que quiera agrandar su pensión pueda ahorrar en un fondo voluntario.
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“Es una reforma estructural, no es una reforma paramétrica, lo que estamos buscando es cómo generar mayor cobertura, para que todos los adultos mayores que hoy están por fuera de la posibilidad de tener una vejez digna (...)”, describió la ministra Ramírez.
Para el economista jefe de Credicorp Capital, Daniel Velandia, estos adelantos han suscitado preocupaciones. Una de ellas es que cerca del 93% de los afiliados al sistema privado (AFP) gana menos de cuatro salarios mínimos, por lo que si la propuesta se materializa estos fondos dejarían de recibir la mayor parte de los aportes y habría “un fuerte impacto en los mercados de capitales”.
“El impacto fiscal podría ser significativo ya que el sistema sería mayoritariamente público, con lo que básicamente se volvería al modelo anterior vigente en el país con pensiones mínimas garantizadas financiadas en su mayoría por las cotizaciones actuales”, añadió Velandia.
Por su parte, los fondos privados representados por Asofondos concuerdan en que se necesita una reforma que aumente la cobertura, pero están en contra de tocar el ahorro pensional.
Actualmente está en curso una comisión para la reforma pensional y se espera que este mismo año esté listo el texto. Por eso 2023 tendrá como protagonista a la ministra Ramírez, quien deberá resistir las turbulencias que se puedan generar entre Gobierno, gremios, empresarios y trabajadores en la discusión de estas iniciativas que no dan espera.
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