Una de las noticias económicas más importantes del momento es el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN), que por ahora está definido en más de $556 billones y será determinante para el futuro de las finanzas públicas.
Ahora los ojos están puestos en cuál será el siguiente paso del Gobierno Nacional, ya que la semana pasada no se logró definir un monto entre el Ejecutivo y las Comisiones Económicas.
Así las cosas, algunos analistas sugieren que ese desacuerdo le da elementos jurídicos al Gobierno para presentar el monto por decreto, tal y como se definió el presupuesto para el 2025 por $511 billones.
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Eso porque así lo explica la Ley Quinta del Senado, ya que si una de las comisiones rechaza el proyecto, entonces podría interpretarse como un hundimiento de la propuesta. La cuestión es que el jueves pasado el quorum de la Comisión III fue roto y no se pudo continuar con el debate, lo que daría argumentos para esa interpretación.
¿Hasta cuándo hay plazo de aprobar el presupuesto del 2026?
No obstante, según palabras del presidente del Senado, Lidio García, el proyecto de PGN tendría plazo para ser aprobado por el Congreso antes del 25 de septiembre de 2025. De no ser así, entonces el presidente Gustavo Petro sí podrá hacerlo por decretazo, lo que los economistas llaman “dictadura fiscal”.
Además, parece no ser un secreto que el Gobierno no cuenta con los votos para aprobar un decreto que está desfinanciado. Razón por la que algunos opositores le piden un recorte de hasta $40 billones, pero el Ministerio de Hacienda solo estaría dispuesto a ceder hasta 10 billones.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que el Gobierno enfrenta una decisión crucial frente al Presupuesto General de la Nación. Según explicó, el Ejecutivo tiene la posibilidad de ajustarlo a un nivel sostenible, en línea con la verdadera capacidad de los hogares y las empresas para aportar más recursos al Estado, sin poner en riesgo la estabilidad económica del país.
Mac Master advirtió, sin embargo, que si no se toman decisiones responsables, Colombia podría entrar en una situación de “dictadura fiscal”, marcada por una presión excesiva sobre los contribuyentes, con efectos negativos sobre la competitividad empresarial y la generación de empleo.
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El dirigente gremial enfatizó que el país se encuentra en un punto de inflexión, en el que el manejo del gasto público determinará si se fortalece la sostenibilidad fiscal o, por el contrario, se profundiza la carga tributaria sobre la economía real. “¿Qué escogerá el Gobierno?”, cuestionó.
Consecuencias fiscales para el Estado
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo advirtió sobre las graves consecuencias de suspender la regla fiscal sin una justificación extraordinaria.
Según explicó, el país enfrentará un déficit fiscal superior al 7,5% y una deuda pública que ya supera el 61% del PIB, alcanzando el nivel más alto de la historia nacional, con el riesgo de escalar por encima del 65%. Esta situación refleja, además, la debilidad en el crecimiento económico y en el recaudo tributario, factores que comprometen la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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Restrepo señaló que, de mantenerse esta tendencia, el país dependería de una nueva reforma tributaria, aunque advirtió que una iniciativa de esa magnitud carece de viabilidad política y sería inoportuna en el actual contexto económico.
A su juicio, la falta de un sector privado fortalecido y de una gestión eficiente de los ingresos tributarios agrava el panorama, limitando la capacidad del Estado para corregir el rumbo fiscal.
El exministro también cuestionó el incremento del gasto público, al señalar que en los últimos dos años se han destinado 15 billones adicionales a burocracia, una cifra cercana a la de una nueva reforma tributaria.
En ese sentido, alertó que, con el aumento del déficit y de la deuda, el gobierno podría contar en 2025 con un margen de hasta 140 billones de pesos “para derrochar”, lo que, en su concepto, deteriora la credibilidad del país en los mercados, encarece el acceso al financiamiento y reduce los recursos disponibles para la inversión social.
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