Bebidas alcohólicas, combustibles y cigarrillos observarían alzas en sus precios.
Con la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de Ley de Financiamiento con el que espera obtener recursos por $26,3 billones para la siguiente vigencia.
“La reforma, al afectar los impuestos de IVA y consumo, presionaría al alza la inflación en más de 1 punto porcentual, afectando no solo el poder adquisitivo de los hogares, sino además su posición financiera dada la presión alcista sobre las tasas de interés, afectadas también por las mayores tarifas al sector financiero y las consecuencias sobre el ahorro por cuenta del impuesto al patrimonio y dividendos”, advirtió un análisis del área de investigaciones del Banco de Bogotá.
Los analistas de la entidad financiera explicaron que si bien es necesario un ajuste macroeconómico, el efecto de la reforma tributaria recaería exclusivamente sobre los hogares y empresas en la medida que el Gobierno no ajusta su gasto, un argumento que podría ser decisivo en el ámbito legislativo.
El reporte señala que el “reducir el gasto tributario en IVA”, como se presenta el proyecto, no es más que una propuesta para aumentar la tarifa de IVA a ciertos bienes y servicios.
Con ajustes en los impuestos de las bebidas alcohólicas, combustibles y cigarrillos, la Nación espera aumentar sus ingresos en $11 billones en 2026 y hasta $18,7 billones en 2030. Si se tiene en cuenta que la reforma como un todo pretende aumentar el recaudo en $26,3 billones en 2026, pero que $6,3 billones son por medidas de la Dian, de los $20,3 billones restantes, el 55% vendría de ajustes a los tres frentes mencionados (bebidas alcohólicas, combustibles y cigarrillos).
Uno de los cambios más significativos se daría en la estructura impositiva de varios licores. Actualmente, en el impuesto al consumo para los licores existen diferencias en la base gravable, la tarifa ad valorem, la específica y la actualización del componente específico entre los diferentes tipos de bebidas (cervezas, vinos, aperitivos, etc).
Con la reforma, el Gobierno plantea unificar esas tasas y, además, incrementar el IVA del 5% al 19%. Con estos cambios, las arcas de la Nación recibirían $7,3 billones más en 2026 y hasta $9,4 billones más en 2030.
En cuanto al impuesto al consumo de productos de tabaco, sus derivados y sucedáneos, se aumentarían las tarifas ad valorem y las específicas de varias referencias que, según Hacienda, incrementarían el precio de los cigarrillos en 57,7% y de los vapeadores en 57,2% al tiempo que aumentaría el recaudo en $1 billón en 2026 y hasta $1,4 billones en 2030.
Hacienda también plantea pasar el IVA de la gasolina y el ACPM de 5% a 10% en 2026 y de 19% a partir de 2027. Además, grabar con IVA los procesos intermedios de la elaboración que antes estaban exentos, con algo de gradualidad en el ACPM. Con esto, el Gobierno espera recaudar $2,6 billones en 2026 y entre $7 billones y $8 billones desde 2028 una vez entren en vigor todos los cambios.
Es de subrayar que los cambios llevarían a un aumento del precio de los combustibles cercano a 12%. Actualmente, del total del precio de la gasolina, el 33% está explicado por los impuestos. En el ACPM, los impuestos representan el 46% del total del precio. De aprobarse la reforma, el peso de los tributos en el precio de la gasolina y el diésel ascenderían al 42% y 54%, respectivamente y el precio de la gasolina sería de los más altos en la región si se relaciona con el salario mínimo diario de los trabajadores.
Con un contexto sociopolítico enfocado en las elecciones de 2026, la reforma luce difícil de aprobarse en su totalidad, considerando el mermado apoyo del Gobierno en el Congreso.
Pese a ello, los investigadores económicos del Banco de Bogotá no descartan que se aprueben solo algunos puntos. Por ejemplo, si solo se aprobara lo relacionado con el alcohol y tabaco, por su impacto en la salud pública y baja elasticidad en la demanda, caso similar al de apuestas en línea, las arcas de la Nación verían un aumento de más de $10 billones en 2026.
Por el contrario, llevar las tarifas de impuesto de renta a personas y algunos sectores económicos a máximos de la región o del mundo, tendría costos políticos que quizá superen el capital con el que cuenta el Gobierno.
En general, la reforma torna las condiciones financieras más estrechas para los colombianos dado su impacto en inflación y tasas. Según el propio Gobierno, de aprobarse la reforma, la inflación se vería presionada hasta en 1,6 puntos porcentuales frente a los registros actuales.
Por ejemplo, para 2026, con una expectativa de inflación de cierre de año cercana a 4,0%, con la reforma superaría el 5%, algo que, además de afectar el poder adquisitivo de los hogares, podría llevar al Banco de la República a actuar de manera más cautelosa. Si bien el ajuste impositivo debería generar un choque de una sola vez que la política monetaria debería desestimar, en momentos como el actual en el que las expectativas de inflación no están del todo ancladas, podría haber efectos de segunda ronda.
Si a lo anterior se suma la reducción del ingreso disponible de los hogares, los efectos sobre el costo de crédito por la sobretasa al sector financiero, el desincentivo a ahorrar por los impuestos al patrimonio, dividendos y otros, y la ya elevada prima de riesgo país por los desafíos que enfrentan las finanzas públicas, las condiciones financieras de la economía se tornarían más difíciles.
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