Las empresas en Colombia se preparan para enfrentar un incremento en sus costos operativos, tras conocerse un proyecto de decreto que busca imponer una sobretasa del 20% en el servicio de energía para el sector productivo y completar el dinero de subsidios para estrato 1, 2 y 3. La cuestión es que no todos los sectores serán blanco de estos subsidios.
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Lo primero que debe saber es que la medida, según el Ministerio de Hacienda, pretende ajustar los beneficios que por más de una década han recibido diversas industrias, con el fin de generar un ahorro fiscal estimado en $1,4 billones de pesos.
El origen de este ajuste se remonta a la Ley 142 de 1992 y la Ley 143 de 1994, que establecieron que los estratos altos y los usuarios industriales debían pagar una sobretasa para financiar subsidios destinados a los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, la Ley 1430 de 2010 modificó esta obligación y excluyó a los industriales del cobro. Años más tarde, el Decreto 2860 de 2013 amplió la lista de sectores exceptuados, beneficiando a industrias de explotación minera, construcción y canteras, entre otras.
Ahora, el Ejecutivo argumenta que esos alivios representan un costo cercano a los 3 billones de pesos anuales que deben ser asumidos por el resto de los usuarios del servicio. Aunque el ajuste no afectaría directamente a los hogares de estratos bajos, analistas advierten que sí podría generar un impacto indirecto en los precios finales de bienes y servicios, debido al aumento en los gastos energéticos de las empresas.
¿Cuáles empresas deberán pagar la sobretasa de energía del 20%?
De acuerdo con el documento los sectores golpeados serían: la agricultura, la minería, la construcción;: y la captación, tratamiento y distribución de agua.
El consultor en gas y energía de Energy Advirsors, Luis David Pachón, advirtió que entre los sectores más impactados por la eliminación de la exención se encuentra el de captación, tratamiento y distribución de agua (código 360).
Según explicó, estas empresas —principalmente de acueducto y alcantarillado— son grandes consumidoras de energía para los procesos de bombeo y potabilización. “Con este ajuste se afecta directamente a las compañías de servicios públicos y, dependiendo de las reglas de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), eventualmente también a los usuarios, si se permite trasladar esos mayores costos en las tarifas”, señaló.
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Pachón agregó que esta medida también pondría bajo presión a sectores estratégicos de la economía. Entre ellos mencionó al agropecuario y forestal (códigos 011–032), que dejarían de contar con la totalidad de sus beneficios; la minería e hidrocarburos (051–099), reconocidos por su alta demanda energética; la construcción (411–439), un renglón clave en generación de empleo e inversión; y los propios servicios públicos de energía, gas y agua (351–360), que hoy dependen de la estabilidad en los costos para operar.
De acuerdo con el experto, la eliminación de estas exenciones podría tener un efecto en cadena: mayores costos para las empresas, incrementos en sus estructuras de producción y, eventualmente, presiones adicionales en los precios finales que enfrentan los consumidores.
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