“La mayoría de las empresas de servicios públicos colombianas tienen perfiles crediticios sólidos acordes con calificaciones de grado de inversión bajo y perspectivas de calificación estables. Sin embargo, un cambio estructural material en el entorno regulatorio de la electricidad debido a la interferencia política sigue siendo una preocupación para las empresas de generación, distribución y transmisión de electricidad, e indirectamente para las empresas de distribución de gas natural y agua”.
Así lo advierte la calificadora de riesgos Fitch Ratings al comentar el proyecto de decreto de la administración de Gustavo Petro, publicado el 2 de febrero, que apunta a intensificar la intervención política para contener el aumento de las tarifas eléctricas en Colombia.
El decreto permitiría al presidente asumir temporalmente las funciones de regulación (comisiones de regulación) de todas las empresas de servicios públicos, incluido el marco tarifario. “Las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la inflación en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al evitar aumentos de precios para compensar los crecientes costos de producción”, se lee en el documento.
Según Fitch, el desajuste actual entre la demanda de energía y la expansión requerida del sistema están elevando los precios de la energía en el mercado, y los precios podrían ser más altos si las inversiones de capital en capacidad de generación no aumentan junto con la creciente demanda.
En ese contexto, se precisó que la falta de un marco regulatorio independiente con un proceso de fijación de tarifas que no siga consideraciones técnicas para remunerar las inversiones de capital, los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) y un rendimiento justo del capital podría socavar la confianza de los inversionistas y comprometer la expansión necesaria del sistema, así como la calidad del servicio.
La entidad pronosticó que la demanda de electricidad de Colombia crecerá en 1.500 gigavatios-hora (aproximadamente un 2%), además del crecimiento de 2.500 gigavatios hora del año pasado. Esto implica que se necesitan 1 gigavatio de capacidad adicional anualmente para satisfacer el crecimiento de la demanda sin ejercer una presión adicional sobre los precios de la energía, lo que requeriría generación de fuentes renovables no convencionales con factores de capacidad que oscilan entre el 20% y el 25%.
Durante 2022 entraron en operación comercial 25 proyectos con una capacidad efectiva neta de 995 megavatios, de los cuales 580 megavatios correspondieron a las dos primeras unidades del proyecto Ituango a fines del año pasado.
Las inversiones reducidas en los proyectos de distribución y transmisión requeridos podrían afectar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico y aumentar las tarifas dado el riesgo de mayores pérdidas de energía y costos de restricción, especialmente en la región costera. Estas presiones podrían exacerbarse bajo un evento climático de El Niño, donde las actuales centrales eléctricas a gas de mayor costo marginal tendrían que ser despachadas.
“La independencia del regulador de Colombia de las intervenciones del gobierno ha sido un factor clave que ha respaldado los sólidos perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos calificadas. La sólida estructura regulatoria de Colombia ha sido generalmente positiva para los perfiles crediticios de los emisores calificados, equilibrando el interés de los usuarios finales con los retornos de las empresas de servicios públicos, a pesar del retraso ocasional en el ciclo de revisión de tarifas”, destacó la calificadora.
Igualmente se resaltó que el marco regulatorio ha respaldado flujos de efectivo estables y predecibles para los participantes del mercado, lo que ha mejorado el acceso al capital, lo que ha permitido aumentar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.
