Las cámaras de fotodetección combinan la voluntad de los municipios de evitar accidentes, recaudar fondos derivados de la multas y, en algunos casos, promover ciertos intereses particulares del negocio.
Una ley del año pasado, la 1843, reglamentó el tema. Los municipios debían homologar las cámaras. Solo algunos lo hicieron. El Estado es implacable al exigir al ciudadano pero moroso y paquidérmico al cumplir sus propios deberes cuando le toca. En el Valle de Aburrá sólo Medellín podrá, por lo pronto, aplicar fotomultas.
