El Consejo de Estado ratificó que es la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército y Policía) la que debe indemnizar, con una suma cercana a los 23 mil millones de pesos, a los familiares de los once diputados a la Asamblea del Valle del Cauca masacrados por la guerrilla de las Farc cuando los tenían secuestrados. Toda condena a la Nación implica, ni más ni menos, comprometer los recursos públicos conformados por lo que pagan los ciudadanos.
Las Farc han eludido siempre sus responsabilidades de reparación. La jurisprudencia de tribunales y cortes carga al Estado las acciones bárbaras de los criminales, que año a año ven recompensado su actuar con impunidades en todos los ámbitos.