Cuando en la lucha contra la criminalidad solo se comprometen algunos poderes del Estado pero otros permanecen al margen, la delincuencia seguirá haciendo de las suyas. Y toda la ciudadanía pierde.
Medellín ha reclamado de forma insistente la asignación de jueces de extinción de dominio, para que la cadena de control estatal cumpla cabalmente su función. No ha habido manera. La Alcaldía ha ofrecido asumir los costos y poner a su disposición la infraestructura que se requiera. Pero los poderes decisorios de la Rama Judicial tienen ojos y oídos puestos quién sabe dónde.
Regístrate al newsletter