El gremio de los comerciantes acudió al Consejo de Estado para solicitar la nulidad y suspensión inmediata del Decreto 1469 de 2025, al considerar que el aumento del salario mínimo para 2026 carece de sustento técnico, vulnera el marco legal y pone en riesgo el empleo, las mipymes y la estabilidad económica del país.