El poder del Gobierno Petro desbordado para ayudarle a Cepeda en elecciones con estas 10 medidas
Ningún funcionario público puede participar en política en medio de elecciones, ni mucho menos hacer proselitismo. Pero desde hace meses el presidente Petro lo hace. Es más, ya ha levantado varias alertas institucionales. Así está el panorama.
Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en audio digital y pódcast del Centro de Estudios Superiores Barreira en España. He desempeñado distintos roles en Colmundo Radio, El Tiempo y Noticias RCN. En EL COLOMBIANO cubrí al presidente Gustavo Petro y actualmente soy el editor de Actualidad que abarca temas políticos, judiciales, de salud e internacionales. Cocinero aficionado, melómano y cinéfilo.
La noticia de la apertura de una investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara contra el presidente Gustavo Petro por posible participación en política no tiene grandes implicaciones jurídicas porque es probable que no avance mucho –no por nada le dicen popularmente la “Comisión de Absoluciones”–.
El verdadero significado de esa decisión es que es la punta de una serie de episodios que retratan a un jefe de Estado desbordado que toma decisiones y viola la ley para no soltar el poder. Sin pudor, Petro lleva meses haciéndole campaña a Iván Cepeda a través de los instrumentos y facultades que le da el Ejecutivo. Lo de las referencias recientes en redes es la capa que recubre una participación en política nunca antes vista, por lo menos no públicamente.
Este martes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa del Presidente y aseguró que no estaba promoviendo votos sino haciendo “análisis político”, pese a que la Constitución y la jurisprudencia han establecido límites claros a la intervención electoral de los funcionarios públicos. Al mismo tiempo, la candidata presidencial Claudia López denunció formalmente al presidente por al menos 20 intervenciones indebidas destinadas a afectar su campaña y favorecer la de Cepeda.
En medio de ese cruce, diversos sectores han cuestionado el papel del procurador Gregorio Eljach –ternado por Petro– y le reclaman más contundencia. El Ministerio Público decidió investigar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por participación en política, pero sobre el caso de Petro dio una interpretación de la ley que fue criticada por la oposición: Según afirmó, el criterio central es determinar si el funcionario actuó como ciudadano o desde su investidura pública.
“Lo de las redes ya está establecido por jurisprudencia, que si es la cuenta privada, eso es un asunto de la vida privada, de los funcionarios públicos, y no es objeto de disciplina. Cuando se hace en ejercicio de la función pública o con los medios que el Estado le da para cumplir su función, entonces, ahí sí estamos en la posibilidad de averiguar y sancionar”, aseguró Eljach en Blu Radio.
Alejandra Barrios, directora de la Mesa de Observación Electoral (MOE), se opuso sin mencionar al procurador: “El Presidente, los ministros, ministras, gobernadores, alcaldes deben dar garantías para todas las candidaturas y no intervenir en el debate político, en el debate electoral” y expuso que han recibido denuncias al respecto.
Una de ellas es reciente. El ‘tarimazo’ de Iván Cepeda en Sincelejo este lunes, pese a que ya entró en vigencia la norma que prohíbe encuentros públicos en la semana previa a elecciones. La campaña se defendió diciendo que el evento era supuestamente en un recinto cerrado, pero la discusión va más allá del tipo de recinto sino al espíritu de la ley: no se pueden hacer eventos de congregación política a tan pocos días del domingo de la primera vuelta.
Todo lo anterior es apenas lo que ha sucedido en las últimas horas. Pero el Gobierno, en cabeza del presidente Petro, lleva meses tomando decisiones que están direccionadas a cimentar el camino de Cepeda a la Casa de Nariño utilizando recursos públicos y la estructura del Estado. Hicimos el recuento de 10 medidas.
1. PETRO EN REDES SOCIALES APOYANDO A CEPEDA
La controversia más visible gira alrededor de las publicaciones de Petro en X. Durante las últimas semanas, el mandatario ha compartido mensajes favorables a Iván Cepeda, defendiendo la continuidad de su proyecto político y atacando a candidatos rivales. Uno de los episodios que más críticas provocó ocurrió tras los actos vandálicos contra una sede de campaña de la candidata Paloma Valencia en Bogotá. Este martes se conoció que un vándalo implicado, Sergio Bustos, tiene contrato vigente con la UNGRD.
Horas antes, el presidente Petro publicó un mensaje en el que parecía justificar el ataque aduciendo la ley de fachadas. “Lea la ley señora Valencia: toda fachada pública en Colombia es pública y está regida bajo normas públicas”, dijo el primer mandatario. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se había referido a la polémica, y dijo que “los hechos de vandalismo (en la sede de campaña de Valencia) son violencia impulsada por declaraciones del propio presidente Petro”.
Pero acá hay algo clave: lo que dice la ley. Sobre esto hay algunos matices, ya que según el artículo 140 del Código de Convivencia, o Ley 1801 de 2016, dicta que los “comportamientos que son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse”.
Entre los comportamientos que “no deben efectuarse” están “escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando este se requiera o incumpliendo la normatividad vigente”, según dice el punto 9.
En otras palabras, en la norma no queda especificado si la fachada es pública o privada, pero sí da a entender que se trata de un lugar “abierto al público”, por lo que los comportamientos nombrados “no deben efectuarse”. Así como lo sucedido con la fachada de las afueras de la sede de campaña de la candidata del Centro Democrático.
En este caso, los grafitis y daños a la fachada de la sede no serían permitidos por la ley. Hay algo importante. Si bien debe aclararse que el presidente Petro no mencionó ninguna ley, sino que habló de la ley en general, sí queda claro cuando dijo que “toda fachada pública en Colombia es pública y está regida bajo normas públicas”, eso incluye normas como esta, que no permite que se escriban grafitis sin el debido permiso.
2. EL SALTO MILLONARIO EN PUBLICIDAD OFICIAL Y CONTRATOS
El gasto en pauta institucional se convirtió en otro foco de cuestionamientos. Según denunció la representante Katherine Miranda, entre el 26 y el 30 de enero de 2026 —los últimos días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías— el Gobierno adjudicó contratos de publicidad institucional por más de $71.893 millones.
Miranda aseguró que el incremento frente al mismo periodo preelectoral de 2022 fue de 4.166 %. Los contratos incluyeron campañas de ministerios, agencias y entidades nacionales en radio, televisión, medios digitales y redes sociales.
La polémica surgió porque la Ley de Garantías busca justamente limitar el uso de recursos estatales en épocas electorales para evitar ventajas indebidas desde el poder.
Aunque el Ejecutivo defendió la legalidad de los contratos y sostuvo que correspondían a campañas institucionales previamente programadas, críticos señalaron que el aumento de pauta coincidió con el momento más sensible de la campaña presidencial.
El volumen de contratación estatal previo a las restricciones electorales también encendió alarmas. Según cifras reveladas por la Contraloría General, solo en enero de 2026 se firmaron 521.614 contratos públicos por aproximadamente $32 billones antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
El informe detalló que únicamente en contratación directa del orden nacional se suscribieron 164.813 contratos por cerca de $15 billones. La cifra representó un aumento de 68 % frente al mismo periodo de 2022.
3. SUBSIDIO A LOS VIEJOS SE DISPARÓ 71% EN PLENO AÑO ELECTORAL
Entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, la base de beneficiarios del programa para los adultos mayores se disparó 71% al incorporar 1,16 millones de adultos mayores nuevos. Y la bolsa de pagos se dobló de $324.240 millones a alrededor de $644.000 millones. La lista siguió creciendo. Para el tercer ciclo de este año (entre el 17 de abril y el 4 de mayo) se llegó a 3 millones de adultos.
Eso significa que el programa consolidó 1,36 millones de beneficiarios adicionales frente a noviembre del año pasado. Y a tan solo tres días de la primera vuelta presidencial (este jueves), Prosperidad Social terminará de pagar el cuarto ciclo equivalente a un desembolso de $700.086 millones, casi tres veces más comparado con igual ciclo del año pasado.
4. EL DESMONTE DE FOTOMULTAS CUESTIONADAS
En abril, el Ministerio de Transporte anunció la revisión y suspensión de varias cámaras de fotomultas en distintas regiones del país por presuntas irregularidades en señalización, notificación y operación.
La Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial señalaron inconsistencias en algunos sistemas sancionatorios administrados por concesiones y autoridades locales. La medida tuvo amplio respaldo entre conductores y gremios transportadores, pero opositores cuestionaron que el anuncio ocurriera en plena campaña presidencial debido al fuerte impacto político de las fotomultas sobre millones de ciudadanos.
5. EL CONGELAMIENTO Y REDUCCIÓN DE PEAJES
Desde comienzos de 2023, el Gobierno había decidido congelar varios aumentos de peajes para contener el impacto inflacionario. El Ministerio de Transporte estimó que las compensaciones a concesionarios por el congelamiento superaron $1 billón. En 2026, además del mantenimiento de varios congelamientos, se anunciaron reducciones y aplazamientos de incrementos en algunas vías concesionadas.
El Gobierno argumentó que las medidas buscaban proteger el costo de vida y reducir presiones sobre el transporte de carga. Sin embargo, críticos señalaron que el alivio coincidió con la etapa definitiva de la campaña presidencial y tuvo efecto político sobre millones de usuarios de carreteras.
6. SUBSIDIOS DEL ICETEX PARA 170.000 ESTUDIANTES
En abril de 2026, el Gobierno anunció subsidios temporales a las tasas de interés de créditos del Icetex para aproximadamente 170.000 estudiantes entre abril y junio. El costo fiscal del alivio fue calculado en cerca de $100.000 millones.
Según el Icetex, el subsidio cubriría parcialmente los intereses corrientes de los créditos educativos durante tres meses. El anuncio llegó después de meses de críticas al Gobierno por recortes presupuestales en educación superior y por dificultades financieras de estudiantes endeudados. }
Sectores de oposición, entre ellos el congresista electo Daniel Briceño, denunciaron que el alivio coincidía sospechosamente con la recta final de la campaña presidencial y podía interpretarse como una medida de impacto electoral entre jóvenes universitarios.
7. INFLUENCIADORES, MINTIC Y LA EMBAJADORA SUSPENDIDA EN HAITÍ
Otra controversia golpeó al Gobierno por presuntas actividades políticas de funcionarios públicos. En las últimas semanas aparecieron denuncias sobre un supuesto esquema de coordinación de influenciadores desde el Ministerio TIC para impulsar contenidos digitales favorables a Iván Cepeda.
Aunque el Ministerio no reconoció irregularidades, el tema aumentó la presión sobre el Gobierno en medio del debate por participación política. Paralelamente, la Procuraduría suspendió provisionalmente a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, después de que expresara públicamente su respaldo a Cepeda durante una entrevista.
8. EL FRENO A LAS ALZAS DE GASOLINA
Entre 2022 y 2025, el Gobierno aumentó gradualmente el precio de la gasolina para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que llegó a superar $36 billones. Sin embargo, durante los últimos meses el ritmo de aumentos se desaceleró y posteriormente se anunciaron reducciones parciales en algunas ciudades.
El Ministerio de Hacienda argumentó que el déficit del fondo había disminuido y que la inflación mostraba señales de moderación. Pero opositores señalaron que el alivio coincidió con el periodo más sensible de la campaña presidencial y ayudó a reducir el desgaste político generado por el costo de los combustibles.
9. LA ELIMINACIÓN DE LA PRIMA ESPECIAL DE CONGRESISTAS
El Gobierno también impulsó la eliminación de una prima especial para congresistas como parte de un discurso de austeridad estatal. La medida tuvo amplio respaldo ciudadano debido al rechazo histórico a los privilegios y altos salarios del Congreso. Petro utilizó además el anuncio para reforzar su narrativa contra la “clase política tradicional”.
Aunque el Ejecutivo defendió la decisión como una medida administrativa y fiscal, sectores críticos sostuvieron que el momento político ayudó a fortalecer el discurso electoral del petrismo en plena campaña presidencial.
10. EL SALARIO MÍNIMO Y LA PELEA CON EL BANREP
El Gobierno decretó para 2026 un aumento del salario mínimo superior al planteado inicialmente por varios gremios empresariales. Petro defendió el incremento argumentando que era necesario proteger el ingreso de los trabajadores frente al costo de vida. Al mismo tiempo, el presidente intensificó sus críticas contra el Banco de la República por mantener tasas de interés altas.
Petro acusó repetidamente al Emisor de frenar la economía y afectar el empleo. En medio de esa confrontación, el mandatario volvió a hablar de posibles nuevos ajustes salariales y utilizó el tema para reforzar un discurso político orientado a mostrar al Gobierno como defensor del bolsillo popular frente a bancos y sectores empresariales. Gremios económicos advirtieron sobre riesgos inflacionarios y fiscales derivados de nuevos incrementos.