Antioquia

Sin ninguna prueba, el alcalde Quintero dice que donaciones a la revocatoria podrían ser de narcos y delincuentes

Uno de los líderes del comité revocador aseguró que ampliará en Fiscalía la denuncia por injuria y calumnia que ya había presentado contra el mandatario.

El alcalde Daniel Quintero y Andrés Rodríguez, uno de los lideres de la revocatoria, han tenido varios cruces de señalamientos a lo largo del proceso de revocatoria. FOTO

21 de abril de 2022

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Una nueva y delicada acusación, sobre la que no presentó pruebas y que podría catalogarse como una calumnia, lanzó el alcalde Daniel Quintero sobre el proceso de revocatoria que se adelanta en su contra y que está estancado en el Consejo Nacional Electoral (CNE). En el programa Consejo de Redacción, de Teleantioquia, sostuvo que los dineros donados para este fin podrían provenir de narcotraficantes y delincuentes.

Puntualmente, el mandatario expresó que a la revocatoria empezaron a llegar recursos y que no sabe si son de narcotraficantes o delincuentes, pues estos los habrían metido a una corporación y luego los pasaron como donaciones, lo que se constituye como una presunta triangulación de dineros que, aseguró, ya denunció ante la Fiscalía.

“¿Qué le pido yo a la Fiscalía General de la República? (sic) Que se sepa el nombre de quienes pusieron la plata ahí. Se va a saber quiénes son los donantes verdaderos”, manifestó el alcalde y agregó que dichos donantes pueden tener sanciones muy fuertes porque en el proceso de la revocatoria se han cometido delitos.

Al respecto, Andrés Rodríguez, uno de los voceros de la revocatoria, mostró indignación ante los continuos señalamientos que el alcalde les ha hecho a quienes quieren revocar su mandato. Dijo que por estos pronunciamientos ya tiene denunciado a Quintero ante la Fiscalía por injuria y calumnia, pero que con lo dicho este jueves en el noticiero matutino acudirá al ente acusador para ampliarla.

“Yo le acepto que no esté de acuerdo con la revocatoria, pero que no venga a defenderse a punta de injurias y calumnias, hace 15 días le escribí públicamente, porque en el último mes ha dicho este tipo de cosas. Le pregunté de dónde saca que nos financiamos de dinero del narcotráfico y de delincuentes, que muestre las pruebas o que me denuncie”, indicó Rodríguez.

En su intervención, el alcalde reiteró frases como que la revocatoria está muerta, que los impulsores de la misma han cometido torpezas, que hubo “miles y miles de firmas falsificadas”. Tras ser cuestionado por uno de los periodistas sobre la prudencia de aseverar que pueden ser dineros de narcotraficantes, Quintero se mantuvo en su postura.

Esto se da en medio de cruces de mensajes que se han mantenido entre el mandatario y los líderes de la revocatoria, quienes también aseguran que han presentado acciones legales por injuria y calumnia, entre otros temas, a lo que Quintero ha respondido que tiene más de 200 denuncias en su contra y que ninguna ha prosperado.

En el caso puntual de la revocatoria, el CNE avanza en el estudio de la ponencia sobre los estados contables de la recolección de firmas que presentó el comité revocador y que podrían tener tres irregularidades, entre las que se cuentan tres principalmente.

Reporte de donaciones recibidas

De acuerdo con lo remitido al despacho del magistrado César Abreo, del CNE, quedó constancia de que hay una posible donación que no fue debidamente reportada en torno a si se trataba de dinero en efectivo o de una colaboración en especie. Según el documento, este tipo de “donaciones” también debe ser reportada como gasto de campaña. El caso hace referencia al alquiler por parte de los revocadores a la corporación Medellín Cuenta Conmigo –cuyo representante legal es Andrés Rodríguez– de elementos como carpas, sillas y mesas.

Estos últimos, al parecer, no habrían sido debidamente reportados, aunque los mismos líderes revocadores –entre ellos Andrés Rodríguez que figura como representante de la corporación que alquiló los elementos– aseguraron que todo sí se presentó ante el CNE como se exige en la ley. Incluso, que se cuantificó el valor de lo que se consideraron donaciones en especie y se reportaron en el informe contable que ahora es objeto de revisión oficial.

Honorarios por servicio de la contadora

El segundo reparo tiene que ver con los pagos de honorarios de las personas que oficiaron como contador y auditor. Quintero había dado puntadas al respecto en febrero de este año, cuando dijo que la contadora tenía un contrato de prestación de servicios con el comité revocador y que también formaba parte de la unidad de trabajo de un concejal que apoya la revocatoria.

El mandatario señaló que por esa vinculación ya se había efectuado un pago por $7’500.000, pero que sobre el resto de pagos no había soportes y que estos se habrían saldado presuntamente con recursos del Concejo.

A propósito de este cargo, Sofía León, la contadora, les solicitó a los magistrados del CNE tener en cuenta una comunicación que les envió el pasado 29 de marzo, en la que detalla aspectos relevantes sobre el contrato que firmó con Andrés Rodríguez, como vocero de uno de los movimientos que buscan la revocatoria.

En el documento, la profesional recordó que dicho contrato se firmó el 19 de julio de 2021 por un valor de $25’000.000 que se iban a pagar en tres momentos distintos. Sin embargo, tras entregar el informe de estados contables, el 26 de noviembre de 2021, y considerando que se estaba dilatando el proceso, las partes decidieron dar por terminado el contrato, sobre el cual solo se pagaron $7’500.000 sin opción a que se desembolse más dinero por concepto del mismo. Esta terminación concertada fue el 30 de noviembre de 2021.

Movimientos de la cuenta corriente

La tercera posible inconsistencia está relacionada con la cuenta corriente que se abrió en abril del año pasado para centralizar los recursos. Esta no se movió por dos meses, ya que solo hasta junio se hizo la primera consignación por $20 millones, pero –pese a no tener movimientos– generó gastos y derivó en un sobregiro de poco más de $80.000 que terminaron cubriéndose con el giro de mitad de 2021.

En todo caso, es la Sala Plena del CNE –compuesta por nueve magistrados– la que debe votar si avala o no esa ponencia, y para que pase, lo que se traduciría en la caída de la revocatoria, se necesitan al menos seis votos.