Las organizaciones comunitarias del Suroeste antioqueño están bajo zozobra tras el asesinato de un reconocido líder comunal. Rubén Antonio Ríos Marín, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pica, en el municipio de Pueblorrico. Marín era además fiscal principal de Asocomunal para el periodo 2022-2026.
El crimen ocurrió este fin de semana, luego de ser atacado por varios hombres encapuchados. El sábado 24 de enero, en la noche, dos sujetos llegaron hasta la casa del líder comunitario, lo atacaron con arma blanca en repetidas ocasiones y luego huyeron. Mientras sus familiares intentaban auxiliarlo, uno de sus hermanos corrió hasta la estación de policía donde alertó sobre el hecho, tras lo cual las autoridades. Pero nada pudieron hacer por Rubén Darío.
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Su cuerpo fue trasladado desde zona rural hasta la cabecera municipal y de ahí hacia Medicina Legal en Medellín para la inspección forense.
Su muerte deja un ambiente todavía más inestable en el Suroeste por el deterioro de seguridad y la crisis humanitaria que atraviesa ante el avance de grupos criminales como el Clan del Golfo, que está en plena etapa de consolidación en la subregión, por lo cual ha desatado en varios municipios, incluso en localidades otrora tranquilas como Jardín, una sangrienta guerra con otras estructuras por el control de rutas de narcotráfico, microtráfico y extorsión.
Desde la Red de Asocomunales del Suroeste Antioqueño, su coordinador Luis Ángel Vélez señaló que el homicidio de Ríos Marín “deja un vacío enorme en la organización social de nuestro territorio”.
Hasta ahora las autoridades no han esclarecido si su crimen tuvo una relación directa con su liderazgo comunitario, en el que se destacó por su trabajo en defensa de las zonas rurales de Pueblorrico, para llevar obras y oferta esencial para la población como salud, alimentación y educación.
Según Indepaz, en lo que va de 2026 han asesinado a siete líderes sociales en Antioquia, manteniendo la grave crisis que atraviesa el país, al ser incapaz de poder proteger a estas personas que lideran procesos esenciales en sus comunidades y cuyas muertes, además de la pérdida en sus familias, busca casi siempre silenciar comunidades enteras.
En Antioquia la violencia se ha ensañado particularmente con las mujeres que ejercen liderazgos. Según la Defensoría, los grupos armados en el departamento han puesto en la mira a las mujeres visibles entre sus comunidades, cometiendo homicidios, feminicidios y tentativas de asesinato; agresiones sexuales dirigidas principalmente contra niñas y adolescentes; violencias basadas en género en espacios comunitarios y políticos; así como prácticas de vigilancia, control social y coerción armada en zonas rurales.
Además, la Defensoría alertó sobre la violencia simbólica y discursiva en zonas urbanas como Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá, orientada a desacreditar agendas feministas, de la población LGBTIQ+ y de derechos humanos, y la persecución territorial contra mujeres que lideran procesos de memoria, búsqueda de personas desaparecidas y acompañamiento a víctimas.
Según datos conocidos por EL COLOMBIANO, basados en reportes del Instituto de Medicina Legal sobre lesiones fatales en Antioquia, “en 2024 se reportaron 1.719 presuntos homicidios, de los cuales 110 fueron contra mujeres, es decir, el 6,3 %. En 68 de los casos contra mujeres se desconoce o no se tiene información del agresor”, indicó la entidad. La situación en 2025 continuó siendo grave. Según la Policía, hubo 108 homicidios de mujeres, es decir, el 6,5 % de los casos.
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