La Contraloría de Antioquia se embarcó en una cruzada para esclarecer varios casos sensibles que estaban acumulando polvo en sus archivos. Tras los primeros tres meses y medio del cambio de contralor, el ente de control no solo anunció la apertura de una investigación sobre las obras finales de Hidroituango, sino que advirtió estar poniéndoles la lupa a múltiples denuncias de corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la alcaldía de Daniel Quintero.
En contexto: Contraloría de Antioquia reabrirá investigaciones a contratos en el Área Metropolitana durante la era Quintero
Además de estos dos casos, el nuevo contralor, Juan Carlos Herrera, denunció que tras asumir el cargo encontró que 771 procesos están en riesgo de caerse por prescripción. El dato no es menor, ya que dicho acumulado constituye el 70% de todos los procesos que hoy están en curso.
Empecemos abordando las pesquisas que se van a iniciar en el Área Metropolitana, ¿en qué consisten?
“Recibí una comunicación de la directora del Área Metropolitana (Paula Andrea Palacio), en la que ella formalmente nos solicitaba la intervención en varios procesos contractuales. El primero de ellos tiene que ver con la construcción del Parque de Artes y Oficios de Bello. Ese es un contrato que suscribió la anterior dirección del Área Metropolitana por un valor de $80.000 millones y en el cual se han venido adelantando unos procedimientos de carácter penal. Allí, al parecer, se habla de un detrimento superior a los $2.700 millones por unas obras no ejecutadas y pagadas.
Lo que nosotros vamos a hacer en ese caso, obviamente sin dar por sentado que tenga razón o no la doctora Paula, es adelantar una investigación”.
¿Y cuáles son los otros procesos en el radar?
“Dos de ellos tienen que ver con el modelo de transporte por bicicleta de los ciudadanos (EnCicla), hay dos denuncias sobre contratos que superan los $8.000 millones. Uno de ellos referido a un proveedor que entregaba las bicicletas y frente al cual, según los dichos de la doctora Paula, más del 80% de lo entregado no funciona. El otro tiene que ver con la entrega de las terminales a donde llegaban las bicicletas. Eran 14 estaciones que se habían establecido, de las cuales ocho no están en funcionamiento. En ese caso se ordenó a la Contraloría Delegada de Responsabilidad Fiscal la apertura de una indagación preliminar.
La segunda indagación preliminar tiene que ver con un contrato suscrito con Metroparques por una cuantía superior a los $3.000 millones en donde la directora del Área también expresó reparos”.
¿Y hay otro proceso?
“Y el último de ellos es un proceso con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Se trata de seis contratos de prestación de servicios que tenían que ver con el manejo del sistema de gestión de riesgos, frente al cual el Área Metropolitana también encuentra algunas objeciones y reparos, y eso es lo que se va a investigar en este caso.
En los tres primeros casos vamos a abrir indagaciones preliminares, pero en este caso de bomberos ya se ordena una apertura formal de un proceso”.
¿En el periodo pasado no se abrió ninguna indagación sobre el Área Metropolitana?, ¿por qué solo ahora arrancan esos procesos?
“Nosotros estamos revisando los papeles de trabajo. Me dicen que, al parecer, hubo una auditoría que no llegó a ninguna conclusión importante. Lo que sí parece ser es que frente a estos temas en específico la Contraloría nunca intervino. No sé la razón, seguramente habrá que preguntarle a mi antecesora, pero no hubo una acción concreta y directa de parte de la Contraloría General de Antioquia en estos temas”.
Pasemos al proceso que se anunció sobre Hidroituango, ¿cómo se llegó a la conclusión de que era pertinente abrirlo?
“La intervención que estamos haciendo en Hidroituango se llama actuación especial de fiscalización, es una figura que trae la ley y que determina el artículo 172 de la Constitución para que en aquellos casos donde probablemente se avizore la pérdida de algún recurso estatal. Ocurrió entonces que una ciudadana se dirige a nosotros y nos dice que, de acuerdo con su criterio, existe la posibilidad de que se haya perdido, para el Idea y para la Gobernación de Antioquia, algún recurso como consecuencia del cambio de contratista en EPM.
EPM cambió su contratista a finales del año 2021 y entre el año 2022 y 2023 la obra estuvo parada. Para la construcción de las turbinas 5, 6, 7 y 8 tomaron la decisión de cambiar al contratista. Nosotros estamos valorando a través de un equipo técnico, de abogados, contadores, ingenieros y economistas, si es verdad o no que existió alguna suerte de detrimento patrimonial. Lo que aparentemente sí ocurrió, y menciona la denunciante, es que hubo un incremento entre el contrato inicial que se iba a suscribir y el que finalmente terminó suscribiéndose con un nuevo contratista. Nosotros no sabemos si ese dicho es cierto o no y seguramente para el mes de junio, que concluya la actuación, le podremos comunicar a la comunidad antioqueña los resultados de esa investigación”.
¿La Contraloría podría poner a responder a EPM y a quienes estuvieron allí en el gobierno pasado?
“No, nosotros no tenemos competencia sobre EPM y eso claramente se lo manifestamos a la contralora distrital de Medellín. Lo que hacemos es una revisión de los documentos contractuales frente al comportamiento de quien hubiese sido en su momento el gerente de la Sociedad Hidroituango. Revisamos su conducta, verificamos que el comportamiento de ese gerente no haya sido el que ocasionó algún probable detrimento, y en el evento de que encontrásemos que existió alguna conducta de funcionarios de EPM que como gestores fiscales hayan probablemente ocasionado un daño patrimonial o incurrido en faltas disciplinarias o penales, le daremos traslado a quien corresponda”.
¿Cómo ha sido el proceso de asumir la Contraloría este año?
“Yo le he manifestado permanentemente a la opinión pública y a la comunidad antioqueña que hay una gran preocupación: hay 771 procesos que están en riesgo de prescripción. Son algo más del 70% de todos los procesos que actualmente están en curso. Nosotros hemos avanzado con los equipos de trabajo de la Contraloría y hemos evacuado un poco más de 100 procesos. Hemos tomado unas medidas de choque. La anterior administración en un año tomó dos medidas cautelares, nosotros hemos tomado más de 106. Hemos procedido a instruir en debida forma y en avanzar en esos procesos. No hemos preguntado a quiénes estamos embargando, no hay miramientos políticos ni de relación con algún grupo político y hemos tratado de avanzar en ese tema. Esa es nuestra gran preocupación el día de hoy”.
¿Qué casos sensibles hay dentro de esos 771 procesos en riesgo de prescribir?
“El que más me preocupa es un tema de la FLA, en donde el detrimento se estima superior a los $2.600 millones. Eso está en riesgo de prescripción y yo sí lanzo esa alerta a la comunidad antioqueña. Vamos a hacer lo posible por avanzar en él y tratar de que no prescriba”.
¿Y en qué consiste ese proceso?
“Son unos temas de una controversia que se suscitó a raíz de unos reconocimientos que se hicieron a los contratistas, de unos beneficios a los que tenían derecho equivalentes al 4% de lo que compraran. La discusión y el hallazgo que encontró en su momento la auditoría es que aparentemente no se habían cumplido esas metas. Nosotros estamos verificando si efectivamente se cumplieron esas metas y si fue bien entregado ese beneficio. Si no, naturalmente hay que avanzar en el proceso”.
¿Si les alcanzará el tiempo para evacuar esos 700 procesos?
“Todos los abogados de la Contraloría están volcados en responsabilidad fiscal. Están cumpliendo la tarea, teniendo jornadas extensas de trabajo. Hay unos procesos que son menores, temas que uno ni entiende por qué llegaron allá. Pero con el apoyo de las medidas cautelares que estamos tomando, se está obligando a muchos sujetos a que procedan a pagar los posibles hallazgos, lo que nos permite archivar esos procesos. A nivel investigativo, como estos procesos no habían sido tramitados, en enero de este año esa dirección avanzó en la toma de 267 versiones libres”.
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