Un albergue que funciona hace más de una década y que hoy alberga a más de 200 perros en el corregimiento de Santa Elena está a punto de ser desalojado.
El concejal Álvaro Múnera, que promueve causas animalistas en Medellín, explicó que el refugio animal es administrado por Lucía Rico, una mujer de 66 años que ha dedicado más de media vida al cuidado de los animales.
“Una señora María del Carmen le entregó la finca a Lucía hace unos 15 años para que estuviera con sus animales lo hizo sin condiciones. Y así estuvieron muchos años. El error es que situación no se legalizó, no hubo traspaso del inmueble (...) la señora falleció y aparecieron familiares que nadie conoce reclamando el predio”, dijo.
Según reportó el concejal, la justicia falló en favor de los familiares y por eso el pasado 14 de octubre a Lucía le llegó un aviso de la Corregiduría local de Policía anunciando una diligencia de desalojo para el próximo jueves 26 de octubre a las 9:00 de la mañana.
¿Qué hacer con tantos animales?
Múnera dijo que ya hay un grupo de abogados ayudando a la responsable del albergue con el proceso judicial pero que, más allá del fallo, la situación podría poner en dificultades a la ciudad.
“La pregunta es si técnicamente se puede desalojar a una señora de casi 70 años con más de 200 perros, ¿para dónde se la van a llevar? ¿técnicamente cómo se van a sacar esos animales y a dónde se van a poner?”, cuestionó.
El concejal aseguró que en el centro de bienestar animal La Perla no hay espacio para esos animales y que Medellín, por ser una ciudad que defiende los animales, no podría considerar sacrificarlos o dejarlos en la calle.
“Yo hablé con la secretaría de Gobierno porque ellos, los jueces y la familia tienen que entender. Que Lucía haya estado tanto tiempo ahí es porque la voluntad de la dueña era destinar el espacio para las mascotas, y son más de 200. Además al predio se le ha invertido: se hizo una casa prefabricada, perreras y hasta cerca eléctrica”, precisó.
Mientras se resuelve el conflicto, un grupo de voluntarios promueve la recolección de 4,7 millones de pesos que hacen falta para pagar impuestos y cuentas de servicios públicos de la finca, que están atrasados.
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