Puro escombro. En eso se podría convertir la estación de servicio que, sin contar con licencia de construcción de la Secretaría de Planeación y violando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se levantó en el Parqueadero La Mina, del municipio de Rionegro, al oriente de Antioquia. Su dueño sabe que es ilegal y entre sus argumentos de defensa plantea que la gasolinera podría ser para uso decorativo.
El tema lo conoció el alcalde Hernán Ospina Sepúlveda cuando en 2014 el movimiento de tierra revelaba qué se haría en el lote contiguo a la Casa de Justicia y la Fiscalía. De la eficacia de la autoridad local habla el hecho de que hoy la gasolinera está terminada y el surtidor listo para que le conecten las seis mangueras que harán sonar la caja registradora del expendio de gasolina y ACPM.
El denuncio lo puso en la alcaldía Juan Fernando Prieto Vanegas. No estaba solo, porque, como presidente de AES Colombia, es la voz de 335 distribuidores de combustibles, de los cuales 54 están en el oriente antioqueño y 12 en Rionegro.
Estos empresarios le manifestaron su inconformidad a la Inspección Urbanística, mediante carta suscrita el 9 de septiembre de 2014 por el asesor jurídico José Manuel Maya Murillo. Como sustento legal se citó el POT, que determina los usos del suelo, y la norma específica que dice que “en las áreas en las cuales es viable la ubicación de estaciones de servicio, la distancia entre ellas no debe ser inferior a cinco (5) kilómetros a la redonda”.
Distribuidores legales le afirmaron a este diario que la gasolinera de La Mina vulnera esa norma: a 700 metros de ella está Galaxia 2000; a 400, la Terpel Tranvía; a 630, una estación Mobil; a 1.000 metros una Zeus y a 1.830 metros otra de la Mobil.
En la carta, Maya Murillo pidió que tanto el Municipio como el Ministerio de Minas “derriben todo el peso de la ley a la nueva construcción de la estación de servicio”.
La prueba oficial de la ilegalidad de la estación de servicio comenzó a gestarse el 1 de octubre de 2014, cuando el presidente de AES Colombia le preguntó al director de Planeación, Jorge Alberto Urrea Mejía, “qué licencias de construcción ha expedido su despacho para estaciones de servicio nuevas en el municipio de Rionegro-Antioquia, desde la aprobación del nuevo POT que rige en el municipio”, o sea el de 2010.
La respuesta de Urrea no llegaba y, mientras tanto, la gasolinera seguía tomando forma. Y lo hacía, pese a que según el Auto 050 del 9 de septiembre de 2014, emitido por la misma Secretaría de Planeación, la Inspección Urbanística impuso medida de suspensión y sellamiento de la obra y el inicio de las averiguaciones preliminares.
Respaldado en fotos, Prieto Vanegas le dijo al alcalde Hernán Ospina que esa orden no había sido cumplida por las personas a las que se les había notificado. Por lo tanto, le pidió que, como primera autoridad, “haga cumplir así sea por la fuerza la orden impartida, pues no se concibe que los particulares estén violando flagrantemente las normas urbanísticas y de construcción vigentes en el Municipio de Rionegro sin ningún control y, aún más, desatendiendo la orden de una autoridad urbanística de policía”.
El alcalde, a través de su secretario de Planeación, ya debía saber que la estación de servicio no tenía licencia de construcción, pues así se lo afirmó Urrea Mejía al presidente de AES en carta de respuesta a su derecho de petición (ver nota Textualmente).
Sin embargo, el alcalde Ospina endosó el problema. El 13 de enero de 2015 expidió el Decreto Municipal 011, mediante el cual “se asignan las funciones en materia contravencional urbanística a los inspectores del Municipio de Rionegro”, los cuales son nombrados por él mismo.
De esta manera, la “herencia” de Ospina y Urrea Mejía quedó en manos de Edizabeth García Atehortúa, inspectora de Policía Norte. Ella no se ocupó del asunto en forma inmediata, pues, como lo anotó la funcionaria, apenas el 18 de febrero les comunicaron y socializaron a los inspectores el citado decreto y posteriormente les repartieron los procesos urbanísticos en curso y los pendientes de inicio. Un mes más tarde ella hizo la visita técnica a la construcción de la estación de servicio y, afirmó, que “desde esa fecha no se han realizado nuevas intervenciones”.
No obstante, reconoció que se había desacatado la orden de suspensión y sellamiento de la obra, impuesta el 9 de septiembre de 2014 por la anterior inspectora, lo cual les acarreará a los dueños unas sanciones “que serán estimadas dentro del proceso que se adelanta”.
AES Colombia se quejó de lo lento que ha marchado este caso y la inspectora aclaró que esa no es la única responsabilidad que tiene. Ella cuenta con una secretaria y un auxiliar administrativo. Con esa nómina, entre enero-junio de 2015 atendió a 675 usuarios; efectuó 180 requerimientos de Ley 232 de 1995 a los establecimientos de comercio abiertos al público; tramitó 137 quejas; expidió 53 órdenes para mantener la paz; auxilió 40 despachos comisorios, emitiendo 183 comunicaciones oficiales; tramita actualmente 12 querellas policiales y a lo anterior se suman las actuaciones que le competen a la luz del Código de Convivencia Ciudadana de Antioquia.
Y falta la herencia de Ospina: en materia de quejas urbanísticas se tienen radicadas 166 en la Inspección Norte, correspondientes al período 2013-2015.
Regístrate al newsletter