EPM se pronunció este lunes sobre la versión que trascendió de una orden de embargo por 30.000 millones de pesos emitida por un juzgado del municipio de Bello, como medida cautelar, por cuenta de las afectaciones que habría generado la Planta de Tratamiento Aguas Claras.
Según dicha versión, el juez habría ordenado hacer el millonario embargo contra la empresa antioqueña de servicios públicos, la Alcaldía de Bello y otras nueve entidades relacionadas con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Al ser consultada por EL COLOMBIANO, la empresa respondió que la semana anterior fue notificada por parte del Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín de la admisión de una acción de grupo por hechos similares, sin que se hubiese decretado formalmente una medida cautelar hasta este momento.
“A la fecha EPM no ha sido notificada ni comunicada por parte de ningún juzgado civil del Municipio de Bello del decreto de medida cautelar alguna por hechos similares, aunque hoy ha tenido acceso a unos documentos informales que dan cuenta de una nueva acción de grupo que al parecer se tramita en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello”, le respondió EPM a este medio.
