Dos fallos judiciales que buscaron dirimir un pleito entre una cooperativa de transportadores y la Alcaldía de Caldas tienen en el limbo jurídico el transporte veredal de este municipio, lo que afectaría a más de 16.000 personas.
El asunto se remonta a 1996, año en que nació la Cooperativa de Transportadores de Caldas Cootracal, que reúne a 57 asociados entre conductores y propietarios de camperos, chivas y camionetas que hasta esa época prestaban el servicio de transporte veredal informalmente.
“Para 1998, el alcalde Josué Sánchez emitió la Resolución 377 de 1998 que, según las normas de la época que priorizaban las empresas asociativas, reservó las 19 rutas que cruzan las 35 veredas a Cootracal y ordenó la expedición de las tarjetas de operación para ese fin”, explicaron voceros de la cooperativa.
Ante ese panorama, en febrero de 1999 las empresas Rápido La Valeria y Automóviles Caldas interpusieron un recurso de reposición ante la Alcaldía para reversar la decisión, no obstante la administración —a través de la Resolución 089— se mantuvo firme.
“Eso no quedó ahí y La Valeria llevó el caso al Ministerio de Transporte. Este en 2002 les contestó que para revocar la Resolución 377 se necesitaba el consentimiento Cootracal de ceder las rutas cosa que rechazamos ante el Mintransporte y ante La Valeria. Ese intento de revocatoria también se cayó en Bogotá”, explicó la cooperativa.
¿Asignación a dedo?
Sin embargo, según narran los asociados a Cootracal, la Alcaldía nunca les dio las tarjetas y siguieron operando sin ellas hasta 2005 cuando la administración de ese entonces terminó asignando de forma directa las rutas veredales a dos empresas de transporte urbano de Caldas, pese a que el Decreto 175 de 2001 ordenaba que esa designación tenía que hacerse por una licitación pública mediada por un estudio metropolitano de movilidad y pese a que las resoluciones de Sánchez seguían vigentes.
“La Alcaldía aprovechó una prórroga que ofrecía el decreto 175 y que indicaba que mientras se adelantaba el estudio y la licitación, las administraciones podían asignar de forma directa, pero temporal, las rutas veredales. Pero en Caldas ya llevaban cuatro años en esa temporalidad” dijeron.
Ante esto, a la mayoría de los conductores de Cootracal les tocó trabajar para las empresas urbanas en vez de hacerlo con la cooperativa.
Las resoluciones que eran temporales se renovaron en 2005, 2008 y 2013 asignando directamente las rutas a las empresas Las Arrieritas y Mocatán pese a que en 2010 el Área Metropolitana ya había hecho el Estudio Metropolitano de Movilidad. En ese lapso los camperos operaron las rutas sin la tarjeta de operación pero con el “beneplácito” de la Alcaldía.
En 2015 la cooperativa demandó para anular la Resolución 986 de 2013 de Caldas con la que autorizó a Expreso Mocatán prestar el servicio veredal a 17 rutas. Los demandantes argumentaron que la norma obligaba al concurso público pues ya había un estudio y que la transitoriedad ya llevaba casi 10 años.
“Pese a que ya había un proceso legal, en 2017 Caldas sacó otra resolución que alargaba la asignación directa. Es más, como en esa fecha se estaban dando los alegatos de la demanda, comenzó una persecución a los camperos de la cooperativa que estaban sin tarjeta”, añadieron los voceros.
En el juicio la Alcaldía justificó su decisión diciendo que Mocatán cumplía con los presupuestos normativos que eran estar legalmente constituida y debidamente habilitada. Por su parte Mocatán indicó que el decreto 1079 de 2015 permitía que las empresas de transporte mixto que fueron autorizadas para recorridos veredales entre el 5 de febrero de 2001 y el 24 de agosto de 2006 podían continuar transitoriamente con el servicio hasta que la autoridad competente hiciera la adjudicación.
¿Empresas inhabilitadas?
El Juzgado 12 Administrativo de Medellín indicó en noviembre de 2018 que, tras analizar la jurisprudencia, el municipio no podía renovar la autorización para Mocatán pues la norma que le permitía hacerlo ya no estaba vigente desde 2006. Por ello, tenía que hacer la asignación vía licitación. Contrario a lo que sucedió con la demanda de los taxis, la Alcaldía no solo apeló sino que emitió otra resolución “transitoria” en 2019.
“Aún así el fallo fue ratificado por el Tribunal Administrativo de Antioquia el pasado 11 de abril. Una decisión igual tomó el Juzgado 8° Administrativo de Medellín contra Las Arrieritas en agosto de 2022, que maneja cinco rutas veredales. Por eso ambas empresas hoy están inhabilitadas para prestar el servicio veredal”, dijeron los voceros.
Pero la llegada de la noticia en vez de animar a Cootracal antes la afectó más, pues según dijeron las empresas de transporte —con base en el fallo— decidieron terminar los contratos con los camperos que les servían mientras que las busetas de las empresas (que no están habilitadas para dichas rutas) son las que ahora ruedan por las veredas.
De otro lado, según denunció la cooperativa, la Alcaldía en vez de habilitarlos prefirió expedir tarjetas de operación temporales para las empresas afectadas con las que estas reintegraron algunos conductores. Así lo demuestran dos resoluciones del 28 de abril del 29 de mayo que extienden los permisos por uno y dos meses respectivamente. Según aseguró la Alcaldía en las dos resoluciones, en esos tres meses deberá surtir un nuevo proceso licitatorio, cosa poco probable que pase en tan poco tiempo y con la Ley de Garantías casi encima. Por eso ante este limbo jurídico los habitantes de las veredas legalmente no tendrían como movilizarse.
EL COLOMBIANO buscó a las empresas Mocatán y Arrieritas para conocer su punto de vista, pero no obtuvo respuesta en las líneas telefónicas que registran. Igual hizo con el secretario de Movilidad Rodrigo Sánchez. El secretario escribió. “En la actualidad se está prestando el servicio en todas las veredas -eso no se ha visto ni se verá afectado-. La Administración adelantará el estudio respectivo para dar estricto cumplimiento al fallo porque siempre seremos cumplidores de la ley”, apuntó.
Cootracal espera que la respuesta de Sánchez sea un guiño para retomar la operación que de forma “provisional” les fue arrebatada hace 20 años.
57
asociados, entre conductores y propietarios, tiene la cooperativa de Transportadores de Caldas.
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