viernes
7 y 9
7 y 9
Sin respiro. En los centros de detención transitoria del área metropolitana no cabe una persona más. Allí, los derechos de los privados de la libertad se evaporan, sin importar el tiempo ni el carácter de sus penas, según el Observatorio del Sistema Penitenciario de la Personería de Medellín.
Todos los males se posan sobre esas sedes: el espacio es escaso, la población abunda y las carencias sanitarias pululan. Afecciones de salud en población vulnerable y adultos mayores completan el cuadro, tal como ha denunciado esa agencia del Ministerio Público.
La tasa de hacinamiento promedio en las estaciones de policía del Aburrá llega al 252 %, según reportes de la Policía Metropolitana. En La Candelaria, por ejemplo, el sobrecupo se trepa al 300 %, con más de 350 personas en custodia, cuando la capacidad es para 80.
La situación no es nueva. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín se pronunció sobre este tema en sentencia del 29 de julio de 2019. Tras atender una tutela que reclamaba “el derecho fundamental a la dignidad humana de los detenidos en los Centros Transitorios de Reclusión de Medellín”, ese órgano provincial ordenó, entre otras cosas, construir una cárcel metropolitana para sindicados.
Dicha providencia fue impugnada por la Alcaldía de Medellín, la Gobernación y el Área Metropolitana. Sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo a través de la sentencia 14283 del 15 de octubre del mismo año y ordenó avanzar en la construcción del centro. Pese a que eso fue en 2019, la Personería de Medellín alertó en los últimos días que el proceso no despega, tras casi dos años.
El fallo
La construcción de la cárcel ordenada incluía la coordinación de las entidades anteriores con el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) y el Inpec.
El centro debía contar con una capacidad similar a la de la cárcel de Pedregal (3.165 cupos), integrar a los municipios metropolitanos que no contaran con un lugar de reclusión y culminarse en un término no mayor a los tres años. Tal directriz fue impugnada bajo el argumento de que un juez de tutela no podía ordenar obras públicas.
Pero la Corte dejó en claro que, aunque prima la división de poderes, no se puede ignorar la “inacción del Estado” en casos que ponen en peligro los derechos de los privados de la libertad. La realidad que recogió esa providencia habla de detenciones preventivas que superan las 36 horas y alcanzan, incluso, los dos años en centros transitorios.
Según datos de la Personería, el área que habita cada interno corresponde a 49 centímetros en la Estación Candelaria; a 68, en la Estación Manrique; a 60, en la Estación Aranjuez; a 47, en la Estación Castilla; a 43, en la Estación Doce de Octubre; a 75, en la Estación Buenos Aires; a 90, en la Estación Villa Hermosa; a 46, en la Estación Belén; y a 75, en la Estación Laureles.
“Es inaceptable que la Alcaldía de Medellín, los municipios metropolitanos y el gobierno de Antioquia se opongan a acatar el mandato de cumplir con su deber ante este desastre humanitario”, sostuvo la Corte.
Hablan las partes
William Yeffer Vivas, personero de Medellín, señaló que, tras 21 meses, no se ha concretado la participación presupuestal de los entes territoriales vinculados a esta orden. Al respecto, la Alcaldía de Medellín señaló que, aunque es cierto que el modelo de contratación no está definido, se ha avanzado en pasos “necesarios para el buen desarrollo del proyecto”.
Entre estos se cuentan avances en la gestión de un predio de 30 hectáreas, que ya fue aprobado por Planeación para la estructuración de los diseños: 55 % de este pertenece al Municipio y 35 % a la Policía, la cual remitió un poder para la cesión del mismo. El otro 10 % debía concluir su certificación catastral este mes y será avaluado el 30 de agosto, para concretar su compra.
En esta línea, la Secretaría de Seguridad de Antioquia confirmó su participación en el proyecto, tras agregar que se vinculará mediante un aporte de capital. Y dejó claro que, hasta el momento, no se comprometerá con el pago o la separación de cupos, “ya que esto implicaría una inversión permanente”.
El Área Metropolitana, por su parte, indicó que se ha suscrito un memorando de entendimiento entre las alcaldías de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas y la Gobernación, como instrumento de coordinación para cumplir el fallo. Y detalló que, como entidad, ha reservado recursos para la adquisición del terreno requerido.
Deuda de vieja data
La construcción de la cárcel no supera la etapa de anteproyecto, confirmó la Alcaldía. Entre tanto, 2.699 detenidos permanecen en 24 estaciones de la Policía. Pero este problema no es más que la manifestación de uno mayor, que corresponde al hacinamiento en las cárceles de Antioquia.
Según reportes del Inpec, el sobrecupo de estas llega al 203 % en Caucasia; al 180 % en Andes; al 172 % en Santa Bárbara; al 165 % en La Paz (Itagüí); y al 139 % en Apartadó. Entre los 17 centros que rastrea ese instituto, la tasa de sobreocupación promedio alcanza el 44 %, con diez centros con alto hacinamiento, seis en medio y solo uno con disponibilidad.
La situación para Guillermo Durán, personero de Medellín 2016 - 2020, era previsible, debido a las reformas que ha tenido el país en cuanto al código penal. Según este, el endurecimiento de las penas y la reducción de los beneficios para los privados de la libertad desembocaron en la sobrepoblación de las cárceles, “además no se construyeron más centros penitenciarios”.
Luego vinieron algunas medidas de equilibrio decreciente, según Durán. Estas implicaron que las cárceles no recibieran más personas. Un ejemplo, dijo, es que por cada dos internos liberados, solo podía ingresar uno: “Eso hizo que los calabozos de las estaciones de Policía se llenaran de personas. Se trasladó un problema para otro lado”.
En cuanto a las soluciones para paliar la situación, el despacho de Seguridad de Antioquia sostuvo que trabaja en varias líneas. Una es el mejoramiento de la cárcel de Santa Fe de Antioquia, con una inversión de $260 millones. También se ejecutó un estudio de vulnerabilidad sísmica en la cárcel de Titiribí, por $57 millones, para abrirla de nuevo y habilitar cupos.
Con $650 millones, se hará un mejoramiento y ampliación de cupos en Ituango, en el transcurso de este año, según ese despacho. Y otros $100 millones se destinarán a mejoras en cárceles de Tarazá, Amalfi y Puerto Nare. Un proyecto para la construcción de una cárcel en Andes y la ampliación de la de Apartadó se suman a estas gestiones (ver Para saber más).
Pese a esto, según las fuentes consultadas, la región necesita más soluciones de fondo, como acelerar el proyecto de la cárcel metropolitana, para que los centros de detención transitoria del Aburrá por fin tengan un respiro.