La alerta está encendida. El programa de Restaurantes Escolares en Medellín, considerado por el Gobierno Nacional modelo en el país, hoy está cuestionado por las supuestas irregularidades que se habrían cometido en el suministro de los alimentos a niños de diferentes instituciones educativas de la ciudad.
En tanto las denuncias sobre hongos, verduras en estado de descomposición, empaques rotos o carnes que pasan del porcentaje máximo permitido de grasa continúan y las autoridades locales aceptaron que hay 418 hallazgos por deficiencias en operadores del servicio y demora en el reporte de inconsistencias por parte de una de las interventorías.
Esas anomalías, descubiertas entre marzo y abril, durante 2.500 visitas a instituciones educativas y lugares de almacenamiento, contemplan irregularidades como verduras descompuestas o empaques de las carnes averiados.
Así mismo, en las fallas descubiertas por las interventorías, se reportan malas prácticas higiénicas del personal de los vehículos que transportan los alimentos, almacenamiento en cavas con saturación de productos e incumplimiento de condiciones higiénicas requeridas por la norma.
Aunque, Esteban Gallego, director de Seguridad Alimentaria de Medellín, aceptó que esas inconsistencias fueron halladas y son investigadas, dijo que eran normales del proceso y aseguró que no ha habido intoxicación de niños por mal estado de alimentos.
“Los principales hallazgos se dan en productos que han perdido su calidad por transporte o mal almacenamiento, como la sobre maduración de la fruta, pero lo hemos detectado antes de que lleguen a los niños”, dijo, en tanto anotó que todos los contratistas tienen dificultades e inconsistencias, unos menos graves que otras pero “cada una se documenta, evalúa y mejora”.
Pero, lo mismo no piensa el concejal, Bernardo Alejandro Guerra, quien dijo que “los niños atendidos por uno de los contratistas en Medellín han consumido comida con hongos, según el informe de interventoría, realizado entre el 11 y el 31 de marzo de 2016”.
El Concejal señaló a Gallego de haber adjudicado el contrato de operación del servicio a la corporación denunciada por las irregularidades, aún conociendo dichas fallas.
“No obstante, dichas advertencias, se le otorgó a esa Corporación un contrato para el presente año por valor de 8.000 millones de pesos”, indicó Guerra.
Dijo haber puesto en conocimiento de la situación al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, a quien entregó copia de los informes y actas de auditoría.
“Me parece delicado que el funcionario encargado del manejo de los restaurantes escolares no haya informado de todas estas anormalidades a sus superiores, el secretario de Inclusión Social y al alcalde”, estableció.
¿Negocio o servicio?
En Medellín cuatro contratistas operan el programa Restaurantes Escolares, que beneficia a cerca de 290.000 niños de 480 instituciones educativas. En él la Administración Municipal invierte 110.000 millones de pesos, sin recibir recursos del Gobierno Nacional.
“Medellín es una de las ciudades que más pone dinero. Pero siempre le ha costado mantenerlo y mejorarlo”, afirmó Gallego.
Indicó que, aunque en Medellín y Antioquia, no se han comprobado actos de corrupción la ley permite que los mismos contratistas se presentan a licitaciones por todo el país y, en algunos casos, quienes han sido inhabilitados crean uniones temporales para evadir las restricciones.
“La ley debería permitirnos revisar listas Clinton y Datacrédito para saber si ha habido incumplimiento del contratista. También deben poner en lista negra a los que incumplan con los niños y que les prohiban contratar con el estado”, aseveró.
Las voces de los usuarios
Según David Alejandro Jaramillo López, rector de la Institución Educativa Álvaro Marín Velasco, ubicada en Manrique Pomar, la comida que les despachan como parte del programa es de buena calidad y cumple con los requisitos.
“En nuestro colegio el desayuno que se prepara es de muy buena calidad. En otros colegios llega el desayuno preparado por expertos, personas que han hecho cursos y los requerimientos de ley”, aclaró.
Manuela Restrepo comentó que a su hija, estudiante de bachillerato en la institución Alfonso López, siempre le han entregado alimento de calidad: “Los estudiantes pueden elegir si lo consumen o no”.
Para el estudiante de quinto de primaria, Andrés Rojas, la comida que consume en su institución educativa del noroccidente de Medellín, no siempre es de buen sabor. No obstante, nunca ha sufrido problemas de salud por el mal estado de esos alimentos.
“A casi todos mis compañeros les gusta. Unas veces nos dan huevo con tajada y jugo”, comentó.
Sin embargo, Guerra, denunció que la Interventoría detectó, en el establecimiento educativo Juan María Céspedes, hongos en el producto palo hojaldrado, “el cual ocasionó molestias estomacales a quienes lo consumieron”.
Sobre ese hecho puntual, Gallego insistió en negar que se haya consumido el producto y estableció que se evidenció que de 65.000 palitos que se entregaron, solo cinco presentaban hongos.
“El producto en mal estado se sustituyó antes de que llegara a los niños. Se hizo el requerimiento al contratista y hay que hacer una investigación, pero el contratista tiene derecho a explicar”, apuntó.
Fallas en la interventoría
La denuncia que tiene en el ojo del huracán a las directivas de Restaurantes Escolares y a uno de los contratistas del programa, cuestiona a otro presunto responsable: la firma interventora de ese contrato.
De acuerdo con Gallego, el programa empezó—para la actual administración— el 3 de marzo pasado y la evaluación se hizo un mes después. Añadió que los hallazgos graves no deben pasar de un día.
Enfatizó que el informe sobre las irregularidades, lo entregó la interventoría el 17 de abril y a partir de ahí tendría que empezar a proceder.
“Ahí hay una falla y tenemos que determinar qué pasó con la interventoría. También vamos a actuar en ese sentido, porque ellos son objeto de control. Por qué no se nos informó en el momento que era, si era riesgoso o no. Analizar cuál fue la actuación de ellos”,
En las actas de reunión de la respectiva interventoría con el contratista reposa la información en la que se detectan las falencias e incumplimientos, así como los requerimientos realizados, según el reporte de la dirección del programa.
“Nos informaron un mes después. Pero la misma interventoría evitó que el producto llegara. No pueden dejar pasar situaciones de riesgo. Según los informes se previno que los productos llegaran a los niños. Pero estamos verificando”, añadió Gallego.
Aunque el director del Programa fue enfático en guardar prudencia sobre los hallazgos de irregularidades, y da buena fe del correcto accionar de los contratistas, en la comunidad quedan dudas que instan a los entes de control a una investigación rápida y minuciosa.
Regístrate al newsletter