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Alcaldía abre averiguación sobre presunto incumplimiento en proyecto urbanístico en San Antonio de Prado
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Así se observaba en julio, desde el aíre, el lote donde se debe levantar el proyecto residencial Prada Santa María. Foto Manuel Saldarriaga
14 de septiembre de 2020
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La Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín impulsa una averiguación preliminar sobre los posibles incumplimientos en los que habría incurrido la empresa Tierra Inmobiliaria responsable de construir el proyecto residencial Prada Santa María, ubicado en el corregimiento San Antonio de Prado, sur del Valle de Aburrá.
Mediante comunicaciones escritas el despacho solicitó a los afectados acopiar toda la información, testimonial y documental, que soportan las negociaciones realizadas con esa empresa, con el objetivo de avanzar en las indagaciones.
El pasado 8 de agosto este diario publicó en su web un informe en el que varios afectados expusieron su situación y la falta de respuestas por parte del constructor y de las autoridades.
Dos días después de la publicación de EL COLOMBIANO, Tierra Inmobiliaria envió a sus clientes un comunicado asegurando que es la propietaria única y exclusiva del Proyecto Prada Santa María y que no ha autorizado a persona natural o jurídica alguna a actuar en su representación o a su nombre, y mucho menos a suscribir documentos que ella no ha elaborado ni autorizado.
En la nota insistió en que “La firma o suscripción de cualquier documento, contrato o acuerdo (incluso verbal), corresponderá a actuaciones fuera de la ley realizadas por terceros y correrán por cuenta y riesgo de quien o quienes los suscriban. La carga de lo firmado será de responsabilidad legal (e incluso penal), de quienes los promuevan y no tendrán efectos sobre el proyecto Prada Santa María”.
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Igualmente, se mencionó que Tierra Inmobiliaria tiene compromisos contractuales con sus clientes, los cuales están en plena vigencia y otorgan derecho y deberes a las partes y hasta la fecha no ha autorizado a entidad alguna a actuar en su nombre y mucho menos a suscribir documentos que cambien dichas condiciones, por lo tanto, “nuestra empresa quedará totalmente eximida de cualquier responsabilidad que se derive de actuaciones de terceros que no cuenten con nuestro consentimiento expreso”.
Pese a las quejas de los afectados que señalan incumplimientos de hasta cuatro años, el texto de Tierra Inmobiliaria aseguró que sus gestiones han logrado estructurar, avanzar y sortear los aspectos más difíciles del proceso de desarrollo del proyecto, manteniendo su vigencia, y que se continúa con las negociaciones (que se encuentran en su etapa final) para la consecución de los recursos de inversión.
No obstante, la empresa reconoció que no se opondría a que otra entidad pudiera finalmente ser la que adelante el proyecto, pero para ello “es nuestro deber y nuestro derecho, solicitar que demuestre contar y cumplir con condiciones financieras, es decir, que cuente con la certificación de los recursos mínimos por lo menos para la primera etapa completa del proyecto y la certificación del cierre financiero, así como condiciones técnicas, lo que equivale a que cuente con una constructora con experiencia y solvencia para adelantar las obras y realizar el empalme necesario para garantizar la seguridad final de las familias y para que se establezca de manera rigurosa el valor de las obras y avances realizados en el lote”.
Tierra Inmobiliaria también reclamó condiciones jurídicas, en el sentido de que las modificaciones al proyecto o a los contratos con los clientes, se encuentren autorizados por la ley y no violen disposiciones contractuales previas, así como que se firmen en el nuevo documento las obligaciones del contrato inicial, dejándola a paz y salvo por cualquier concepto, y libre de toda responsabilidad civil y penal. Además, pidió el cumplimiento de obligaciones previas, con los terceros de buena fe, y con los clientes que presentaron desistimientos o no pagaron cuotas iniciales, cuyas devoluciones dependen, tal y como se acordó con ellos, de las ventas de los apartamentos que hoy se encuentran disponibles.
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En la red social Facebook afectados de Tierra Inmobiliaria tienen desde agosto de 2018 un grupo que intenta que alguien les dé respuestas. En el último mes han publicado conversaciones de WhatsApp en los que ante los reclamos y solicitudes para la devolución de los dineros, son respondidos con expresiones como: “Estamos en adelanto de obra para generar recursos...”, o “Los recursos o dinero están todos legalizados en la obra”, o “Si ya tiene el proceso con el abogado le invito a que siga el proceso con el abogado”.
Por su parte, la Corporación Santa María de la Paz, que afirma ser la dueña del terreno en el que se levantaría el complejo habitacional mantiene en su web un comunicado en el que insistió en que en vista de la ocurrencia de múltiples dificultades y retrasos en la ejecución de las obras, realizó varias reuniones informales y conciliación extrajudicial con la firma constructora tratando de darle solución a la continuidad en la ejecución de las obras y no ha sido posible por ningún medio amigable que Tierra Inmobiliaria pudiera continuar con la ejecución de las obras y que ante eso la entidad religiosa se vio en la imperiosa necesidad de contratar a su costa, el desarrollo del urbanismo del proyecto inmobiliario con otra firma constructora.
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