La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hizo este jueves un llamado para que el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y EPM se sienten a dialogar y busquen salidas para los riesgos que hoy se ciernen sobre Hidroituango y las comunidades aguas abajo de ese proyecto.
Luego de una semana en la que han salido a flote fisuras entre las diferentes entidades con poder de decisión sobre la hidroeléctrica, la jefe del Ministerio Público pidió abrir un espacio de conversación.
“Invito a la ministra de Minas, al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia y también a EPM para que se sienten y busquen salidas ante el riesgo económico que tendría el proyecto al no entrar en funcionamiento el 30 de noviembre”, expresó Cabello Blanco, aludiendo a las cuantiosas pérdidas que podría sufrir EPM en caso de un incumplimiento ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Cabe recordar que, en caso de que Hidroituango no encienda sus dos primeras unidades de generación a más tardar el 30 de noviembre, EPM podría verse expuesto a que XM ejecute una garantía por cerca de 190 millones de dólares (cerca de 880.840 millones de pesos) y perderse de las asignaciones del cargo por confiabilidad, calculadas en cerca de 65 millones de dólares anuales por un periodo de 18 años (cerca de 4,5 billones de pesos en total).
Además de su pedido de diálogo, la servidora pública también insistió en la necesidad de garantizar la seguridad de las comunidades asentadas aguas abajo del proyecto y planteó que deben hacerse todas las pruebas que hagan falta para garantizar la estabilidad del proyecto.
“La Procuraduría es consciente de que este es un proyecto estratégico para el país y es el que nos va a asegurar nuestro futuro energético. En consecuencia, las pruebas frente a la resistencia del macizo o montaña son necesarias para que de forma segura y en un plazo razonable se puedan prender las turbinas y quitar la presión sobre el vertedero”, dijo Cabello.
Esta no es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia sobre la situación del megaproyecto hidroeléctrico. A finales de octubre pasado la entidad también publicó un pronunciamiento en el que reiteró su preocupación por la estabilidad de la obra (que desde 2018 está en riesgo) y denunció “serias falencias” en la gestión del riesgo de los municipios de su área de influencia directa, como Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí.
Según planteó entonces la institución, en estos municipios se carecería de personal especializado para el manejo de este tipo de emergencias y también habría falencias en la dotación de los organismos de socorro.
Finalmente, Cabello advirtió este jueves que el ente seguirá haciendo seguimiento a lo que ocurre en la megaobra.
“La Procuraduría ha estado, está y seguirá verificando que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades río abajo”, concluyó la procuradora.
