Dos años después de salir de sus viviendas, los propietarios de Bernavento rompieron su silencio. En diálogo con EL COLOMBIANO, los habitantes del edificio, que será demolido el próximo 23 de junio por fallas estructurales, pidieron intermediación de las autoridades para que los constructores respondan por las afectaciones. Dicen que han sufrido desde la propia entrega de los apartamentos y que cuando aparecieron las primeras grietas pensaron que solo era en la fachada. Al final, el problema tampoco era de asentamientos, como aseguran que les dijo el calculista Jorge Aristizábal Ochoa, el mismo del fallido conjunto Space.
Ocho de los residentes tomaron la vocería a condición de que sus nombres no sean mencionados. Y en medio de lágrimas pidieron no ser revictimizados, pues sus casas las compraron de buena fe con ahorros, dineros de pensiones y créditos hipotecarios que aún siguen pagando.
Agregaron que su principal petición es celeridad en la justicia, pues aunque tienen denuncias penales interpuestas desde 2015, contra los constructores, ninguna ha tenido avances.
Alcalde explica la situación
Consultado por este diario, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que uno de los acuerdos a los que llegó con los propietarios fue “ser claro y contar siempre todas las posibilidades y cada paso que damos por ser (ellos) los principales afectados”.
Aclaró que el decreto de calamidad pública No. 0240 de fecha 17 de abril del 2018, que le permitió ordenar la demolición del edificio por inminente riesgo de colapso, está enmarcado dentro de la ley 1523, que lo faculta para hacer contratos semejantes a los de urgencia manifiesta, además de demoliciones, adquisición de predios por negociación directa, suspensión de procesos ejecutivos en contra de los afectados, entre otros.
Según Gutiérrez, desde la firma del decreto, hace dos semanas, se dio inicio a una ruta de atención para los afectados que ha incluido hasta ahora la atención “a 42 propietarios, dueños de 45 inmuebles (...) con un abordaje desde lo jurídico, financiero y emocional”.
Responsables y afectados
Gutiérrez comentó que adelanta averiguaciones para interponer acciones en contra de los responsables de la construcción, al menos en lo que a competencias de la Alcaldía se refiere. “La información que tenemos de ellos fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, y será entregada a la Fiscalía en reunión del próximo martes”, dijo.
Respecto a las curadurías, los propietarios criticaron que cuando se aprobó la construcción no se hicieron anotaciones sobre la profundidad a la que debían excavarse las pilas que sostienen el edificio, y dijeron que la licencia de repotenciación tardó 13 meses en ser aprobada en la Curaduría Primera. Al respecto, el Alcalde de Medellín dijo que “no se trata de un problema de licenciamiento y por eso no hemos considerado pertinente algún tipo de acción contra los curadores”.
Los dueños de los apartamentos de Bernavento se quejaron también de problemas para cancelar servicios públicos y congelar cobros de impuesto predial. La Alcaldía reportó que ha otorgado 75 exenciones a 141 matrículas inmobiliarias (incluyendo parqueaderos y cuartos útiles), y aclaró que frente a las 66 restantes ya se informó a los dueños cuál era el trámite que deben seguir.
Respecto a EPM, dijo el alcalde, se logró desactivar la facturación de servicios públicos a partir de mayo de 2018, y están en estudio los cobros pendientes y pagos hechos después del desalojo, en 2016.
En Bernavento también cuestionaron que nunca se conociera el concepto de la Universidad de Los Andes sobre el edificio, pues Gutiérrez dijo que ese resultado era clave para definir si había demolición o no.
El alcalde aclaró que los técnicos de la citada universidad acudieron al edificio en calidad de asesores del Área Metropolitana (en el marco de un contrato para desarrollar un plan de gestión del riesgo) y que después de una inspección visual y análisis de información “manifestaron que el daño estructural era similar al de Space y por lo tanto se apoyaba la recomendación de ordenar la evacuación definitiva y la demolición”.
2.467
millones de pesos costaría la implosión de Bernavento, según los copropietarios.
48
días, contados desde hoy, es el plazo que dio la Alcaldía para que caiga el edificio.
$30
millones aportó, en promedio, cada propietario para subsanar la repotenciación.
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