La crítica situación que padece Antioquia en su red hospitalaria parece haber tocado fondo. Y es que en una entrevista que dio a EL COLOMBIANO la secretaria de Salud del departamento, Marta Cecilia Ramírez, explicó de manera detallada cómo el actuar del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, sigue desangrando hospitales, personal médico, administrativo e incluso, a cientos de pacientes que viven en medio de la zozobra ante la falta de medicamentos y atención.
Lo más preocupante del asunto es que entre más incrementan las deudas es más incierta la forma de cubrirlas por parte de EPS intervenidas como la Nueva EPS y Savia Salud, pues los plazos que en un primer momento se acordaron hoy están en el limbo, como las esperanzas de aquellos que aún creen en una solución en medio de tanto caos.
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“Hoy la recuperación de cartera para los hospitales de Antioquia está, en promedio, a ocho meses. La Nueva EPS subió, a partir de la intervención, de $1 billón que debía a $3 billones, y es por eso que estamos todos tan mal. Entre 2022 y 2023, la cartera empezó a disminuir incluso con punto final, pero cerrando el 2023 al 2025, la escalada es impresionante, una pendiente casi de 90 grados... El ministro dice que no conoce la situación, pero estos datos son del SIH que es el Sistema de Información hospitalario en el que cada tres meses se dispone de toda la información”, dijo la secretaria.
A su vez, señaló que de $8.000 millones que la Nueva EPS debe al Hospital San Rafael de Itagüí, sólo se han abonado $19 millones, una cifra irrisoria ante la precariedad que hoy día se vive en este centro médico adscrito a la Gobernación de Antioquia.
Otro de los puntos delicados es, según Ramírez Orrego, la falta de garantías para que los prestadores puedan entregar públicamente sus versiones, pues ante la orden de auditoría al Hospital San Rafael de Itagüí por parte nada más y nada menos que de la superintendente Beatriz Eugenia Gómez, esposa del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, los afectados han preferido guardar silencio ante posibles represalias.
“Ellos quieren hablar, ¿pero qué garantía vamos a tener si es la esposa del ministro la que ordenó la auditoría? Todos los hospitales están muertos de pánico, están atragantados, y yo no tolero ese tipo de actitudes dentro del sistema. En Antioquia sí hacemos el reclamo y llevamos la vocería por los hospitales, los pacientes y los trabajadores de la salud”, precisó.
En Antioquia, hay aproximadamente 950.000 afiliados a la Nueva EPS, unos 50.000 menos de los que había antes de la intervención del Gobierno Nacional, los cuales lograron retirarse tras lo desahuciada que está, actualmente, esta Entidad Promotora de Salud.
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Además del Hospital San Rafael de Itagüí, hay otras instituciones afectadas.
“Me preocupa mucho el Hospital Alma Máter, que sin ser público, tiene toda la vocación hacia lo público, es de la Universidad de Antioquia y realmente pasa por una situación crítica. También está el San Vicente de Paul. La cartera de este hospital ya pasa los $400.000 millones. El Pablo Tobón Uribe tiene una cartera muy alta, cercana a los $300.000 millones, mientras que el Hospital General de Medellín una de casi $180.000 millones”, agregó la secretaria.
El panorama, oscuro por demás, invade toda la red hospitalaria de Antioquia: las deudas son millonarias y los salarios siguen sin pagarse. Por parte de la Gobernación de Antioquia y la secretaria de Salud del departamento está toda la voluntad para que la situación se revierta y lo más pronto se empiecen a enmendar esas “decisiones improvisadas” del gobierno Petro, ¿pero cuándo?
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