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Por: Nelson Matta Colorado | Publicado el 05 de enero de 2021
El hacinamiento en los calabozos de las estaciones de Policías es una de las amenazas más latentes para la prestación del servicio de seguridad en el Valle de Aburrá, según el general Eliécer Camacho.
Después de dos años, el oficial acaba de concluir su misión como comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval). Su próximo encargo será la jefatura de la Región N°6, con jurisdicción en Antioquia, Chocó y Córdoba.
EL COLOMBIANO conversó con él sobre su gestión, los problemas que enfrentó y los retos que le quedan a su sucesor, el general Pablo Ruiz. Aseguró que dejó una mejor Medellín, en comparación con la que se encontró a su llegada, aunque reconoce que todo se debió a una labor articulada con la Alcaldía, la Fiscalía y el Ejército.
¿En términos de seguridad, qué diferencia hay entre la Medellín de enero de 2019 y la de 2021?
“Se entrega una Medellín con mejores condiciones en el tema de convivencia y seguridad. Focalizamos nuestros esfuerzos en el ataque a las estructuras del crimen organizado, a la investigación estructural y fortalecer la persecución de forma articulada con Fiscalía, CTI, Ejército y las alcaldías, para afectar las finanzas de estos grupos. Se logró afectar a todas las estructuras criminales, con capturas de cabecillas e integrantes. Hoy están más débiles, toca seguir unas líneas de trabajo para que no recuperen su fortaleza”.
Usted fue comandante en dos alcaldías distintas. ¿Qué diferencia de enfoques observó entre ambas?
“Nosotros tenemos un plan estratégico con lineamientos desde el nivel central de la Policía, que es independiente de la administración del momento. Cuando llega un nuevo mandatario no afecta ese plan, pero no se puede desconocer que cada Administración trae un énfasis en ciertos temas: la del doctor Federico Gutiérrez era muy fuerte en la persecución al crimen organizado, en la búsqueda de cabecillas y en extinción de dominio. La alcaldía del doctor Daniel Quintero busca mucho el origen social de la problemática y atacar a las organizaciones que usan menores de edad para sus actividades ilegales; también ha tenido a bien unos pagos de recompensa, no desde la persona que ha perdido la vida, sino desde cualquier humano, no se ven los antecedentes del muerto, sino que fue un humano que perdió la vida, y eso los ciudadanos lo han tomado bien y hoy tenemos el 27% de esclarecimiento de homicidios, que es de los más altos comparando las capitales. Ambas estrategias han surtido efecto y las dos secretarías de Seguridad han sido muy dinámicas en el acompañamiento a la Policía, cada quien desde su visión aportó para estos resultados que tenemos hoy”.
Hablando de crimen organizado, en 2019 había una división en “la Oficina”, entre dos líneas denominadas Grupo Colegiado de la Oficina y Alianza de Estructuras Criminales, que generaba enfrentamientos entre las bandas. ¿Hoy sigue ese escenario o ya se fusionaron otra vez estas macroestructuras?
“No las visibilizamos como un solo grupo, o que estén coordinadas para sus actividades. Siguen esos dos grupos divididos y es latente que si tienen desacuerdos en sus rentas criminales o llegamos a aflojar como autoridades, ellos nuevamente se confrontan. El accionar institucional las obligó a dejar de asesinarse. Cuando yo llegué encontré una gran estrategia, el Inventario Criminal Unificado de todas las organizaciones, que tiene identificados a los cabecillas, coordinadores e integrantes; todos estos grupos tienen una noticia criminal creada en la Fiscalía, lo que facilita la investigación y desarticulación. Además de eso, ubicamos los sitios de confrontación territorial y creamos unos polígonos de seguridad, con puestos fijos en las fronteras invisibles, donde ellos se asesinaban entre sí. Los polígonos tienen patrullas de reacción inmediata que acompañan al cuadrante para tener más fortaleza en esos sectores, con ayuda de drones y el helicóptero, así controlamos esos sitios. Cuando llegué a esta unidad policial teníamos 1.250 capturados de las bandas en las celdas y hoy tenemos 2.561 personas con medida intramural, ya se han condenado a los sindicados. Esto significa un desgaste para estas organizaciones, en pago de abogados, sostenimiento de familias de los presos, han perdido peones para asesinar y cobrar rentas. Estos grupos sintieron que la justicia les estaba quitando los bienes, capturando a los cabecillas y que estamos detrás de un proceso para su extradición. A muchos los hemos capturado por fuera de la ciudad, hicimos que perdieran el contacto directo con sus organizaciones, como a ‘el Montañero’ que cogimos en Aranzazu (Caldas), a ‘Pocho’ en Bogotá y a ‘Machete’ en República Dominicana. También tenemos con el Inpec una actividad importante, que es rotar a esos cabecillas por diferentes cárceles, cuando vemos que coinciden con alguno de su misma línea, y eso ha ayudado muchísimo, porque ellos planean sus actividades desde las cárceles”.
En términos de recursos, ¿qué cree que le hace falta a la Meval para atender mejor todos los retos del Valle de Aburrá?
“La prioridad es solucionar el tema del hacinamiento en las celdas de las estaciones de Policía, porque eso afecta directamente el servicio. Es posible que esta situación pronto reboce las capacidades y no tengamos cómo responder. Tenemos 24 estaciones donde ese encuentran 2.561 detenidos a la fecha (la capacidad es para 350), y unos 300 policías para custodiarlos; hay que sacar a los cuadrantes de su servicio para que lleven a estas personas a sus citas al juzgado y a los hospitales, y hay que ponerle acompañamiento para que no se fuguen. Hay estaciones donde los presos ya no caben en las celdas, y toca improvisar medidas en contra de cualquier arquitectura para poderlos contener. Además son focas de corrupción, intolerancia y agresividad, todo lo que usted pueda pensar sucede en esos sitios en los que no hay una división entre sindicados y condenados. Los homicidas están juntos con el que se acabó de robar una cadena, porque no tenemos como dividirlos, entonces es una escuela del crimen y los tipos salen entrenados para seguir haciendo daño; también se nos han presentado fuga de presos”.
¿Y a mediano plazo?
“El Alcalde de Medellín puso dentro de sus 15 objetivos estratégicos la construcción del nuevo comando metropolitano, para el que ya hay un lote. Eso es importante para el acercamiento con la comunidad, el entorno de hoy (en la avenida Oriental) es difícil para que la gente llegue, no hay sitio para parquear. Es un proyecto que cuesta mucho, porque quieren que el Sistema 123 esté ahí mismo y otras instituciones que manejan la tecnología de seguridad en la ciudad. También hay unas estaciones que se han ido deteriorando, este año van a construir las de El Poblado y Aranjuez. Hay necesidad de recursos humanos, como en todo el país, aunque uno trata de suplirlas con tecnologías e incorporación de auxiliares en áreas como el Metro, Turismo, Medio Ambiente y temas de prevención”.
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La violencia en el municipio de Bello fue uno de los retos más importantes para el general Eliécer Camacho y su equipo, durante los años 2019 y 2020. FOTO: SANTIAGO MESA.
Problemáticas en los territorios
En Bello hubo una oleada de violencia en los últimos dos años, ¿cómo está hoy la situación?
“Mejoró con las afectaciones que les hicimos a las bandas y las capturas de cabecillas de ‘los Chatas’, ‘el Mesa’, ‘Pachelly’ y ‘Niquía Camacol’. Hay personas que me manifiestan que en sectores en los que antes cobraban extorsiones, ya se fueron los delincuentes. Lo importante es no descuidarse ni pensar que porque no están asesinando, ya no están ahí. Ellos tienen rentas criminales mezcladas con rentas legales, como el transporte, la construcción, proveer a pequeños establecimientos de huevos y leche, todo eso lo tienen contaminado. Se siente una paz relativa y la Administración nos ha apoyado bastante con el pago de recompensas y medios de movilidad, pero si descuidamos se pueden desbordas otros temas delicados. El municipio tiene problemas de invasiones, han llegado personas de otros departamentos y del Bajo Cauca, unos huyendo de problemas y otros acomodándose para participar en las rentas criminales. Bello es estratégico y es la entrada al Bajo Cauca, por lo que puede ser propenso a la llegada de factores de inseguridad de otros lugares”.
En Itagüí hubo un leve repunte de los homicidios, a pesar de la pandemia. ¿Qué está pasando?
“Hoy tenemos un foco delictivo con las bandas de ‘el Ajizal’ y ‘San Gabriel’, que confrontan con otros grupos por las rentas ilegales, y ahí es cuando se presentan los homicidios (pasó de 40 en 2019 a 45 en 2020). Desde noviembre se mandó un personal que está fortaleciendo esas investigaciones y la presencia en territorio, así como hicimos con los polígonos de seguridad en Medellin y Bello. Esos delincuentes viven de extorsionar el transporte público y a esos vehículos ilegales que llaman chiveros; en diciembre nos mataron un conductor de bus. Pero el problema no es en todo Itagüí, sino en unos puntos focalizados que debemos recuperar, y hay que decir que el 30% de los homicidios allá también son temas por de intolerancia, riñas y bebidas embriagantes. A pesar de esto, hay que decir que el cambio de Itagüí es asombroso: hace unos años era más violento que Bello y aparecía en el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, y gracias al trabajo que se ha hecho entre las administraciones, la Policía y la Fiscalía, mejoró notoriamente, sobretodo en el secuestro y la extorsión, que eran muy fuertes. Incluso la Central Mayorista, que antes tenía problemas, hoy está libre de extorsión. Ahí tenemos unos pocos policías que brindan servicio internamente y sabemos que hay unos viejos delincuentes que siguen tratando de rondar por ahí, pero lo tenemos blindado para que no lleguen otra vez a delinquir y la Mayorista no vuelva a caer a los años oscuros”.
¿Cuáles son esos delincuentes viejos que rondan la Mayorista?
“No puedo decirlo todavía, estamos investigando”.
Castilla fue la comuna de Medellín que perdió el año en homicidios, con un aumento del 21%. ¿Por qué no se logró el objetivo en esa zona?
“Seguimos teniendo problemas con bandas delincuenciales como ‘los Mondongueros’, porque está muy marcado el tema de las vendettas internas; esta es la comuna más marcada por asesinatos internos para tratar de llegar a la cabeza de las organizaciones. En los últimos días tuvimos una reducción importante, tenemos un dispositivo similar a Bello, pero ha sido un poco más difícil la judicialización”.
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En diciembre fueron capturados 22 policías de la estación de Policía de Belén por nexos con bandas, y eso perjudicó la percepción que los habitantes de Belén y Guayabal tienen sobre la Institución. ¿Qué se está haciendo para recuperar esa estación policial y la confianza ciudadana?
“Las personas deben tener en cuenta que la Policía es de las pocas instituciones que muestra una lucha frontal contra la corrupción. Cuando desde el nivel central me informaron de ese caso y me pidieron apoyo, en vez decirles ‘que nadie sepa, mantengamos eso bajo cuerda’, nos fuimos de frente, como contra cualquier organización criminal. Ese trabajo nació de una investigación contra traficantes de drogas de Barrio Antioquia, y nos dimos cuenta que había policías omitiendo sus funciones para favorecer a esas organizaciones. Los ciudadanos se impactan de ver esas cantidad de capturados, pero eso en el futuro nos fortalecerá más la credibilidad, porque muestra que la Policía es capaz de depurarse a sí misma. En cuanto a la estación, tuve que hacer una reestructuración, traer policías de otras unidades a que me refuercen ahí y ocupen los cuadrantes. Esto deja una enseñanza para los miembros de la Institución: si usted es policía, pues tiene un juramento y una misionalidad; y si es bandido, pues quítese el uniforme y métase de bandido. Para uno de comandante es difícil poner la cara ante la comunidad y el mando en Bogotá, y decirles es que vamos a capturar a 22 policías, pero es lo mejor que le puede pasar a la Institución, para que no haya una corrupción masiva. El año anterior tuvimos cerca de 100 policías capturados en todo el Valle de Aburrá en diferentes procedimientos, no solo corrupción, también por uso excesivo de la fuerza y omisión de normas internas. Aún así, tenemos 8.250 policías en el Valle de Aburrá, 100 es un número no tan alto en proporción”.
¿Y el comandante de la estación sigue en el cargo?
“Fue relevado, hay unas investigaciones y verificaciones que deben hacerse, la Fiscalía está revisando el tema. En esa investigación fueron muy importantes las herramientas que usamos con la Fiscalía, como las entregas controladas (de droga) y los agentes encubiertos. Le voy a hacer una confesión: durante la pandemia, en ese sector de Barrio Antioquia llegó un planchón con una orquesta y todo el mundo nos criticó, los medios sacaron el tema del desorden social y decían que cómo no frenábamos esa fiesta de más de 200 personas. Pero necesitábamos hacer un trabajo ahí, que unas personas salieran de las casas para identificarlas; nos ganamos las críticas por el desorden social en la pandemia, pero lo usamos para individualizar a unas personas, lo que habría sido imposible si teníamos a todo el mundo guardado”.
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Hurtos y extorsiones
Otro delito de alto impacto es el hurto, cuyos indicadores se redujeron. ¿Cuál cree que fue la estrategia que dejó mejores resultados?
“Logramos una reducción del 34%, y parte de eso se logró afectando a estructuras criminales especializadas en ese delito, como ‘la Viña’ y ‘la Roja’; cuando golpeamos a estos grupos, notamos la reducción del hurto, el homicidio, la extorsión, porque ellos son polifacéticos. Recuerdo que cuando yo llegué al cargo, observaba muchos atracos en los semáforos, cometidos por delincuentes en moto, eso causa mucha impresión porque el ciudadano queda indefenso, incluso nos mataron personas en esa modalidad. Este fue de los principales logros que tuvimos, no erradicarlo totalmente, porque es difícil, pero si logramos que no se volviera a presentar tan frecuente. Ahí ayuda mucho la tecnología, el uso de las cámaras LPR en Medellín fue clave, como cuando los ciudadanos suben esos videos de los robos a las redes sociales o llaman al 123, y el Centro de Despacho Automático tiene la oportunidad de enviarle la información a los cuadrantes, capturamos a esos delincuentes; y si no, las mismas cámaras nos ayudan a identificar la zona por donde ingresaron, y podemos hacer un cerramiento con puestos de control, cuadrantes y reacciones. En uno de los casos, presionamos tanto a los ladrones, que los obligamos a devolver lo que se hurtaron. Juega un papel muy importante la tecnología”.
Las cámaras LPR están ubicadas en corredores viales en los que se presentan los hurtos, ¿pero ya las implementaron en las zonas en las que más ocurren los homicidios?
“Es una tarea pendiente, la pandemia afectó la consecución de tecnología, las compras y recolección de dinero, porque algunas obras se pararon y de eso sale un porcentaje para inversiones de seguridad. La Secretaría de Seguridad de Medellín está buscando esos recursos. A los polígonos de seguridad hay que fortalecerlos con tecnología, a veces tenemos que llevar policías a unos sitios porque no tenemos cámaras para la parte preventiva o la judicialización, pero sí está proyectado que Medellín tenga ese fortalecimiento en algunas comunas donde hay homicidios. Otras ciudades, como Envigado e Itagüí, también han hecho una inversión importante en estas cámaras”.
Otro delito grave es la extorsión, ¿qué avances hubo contra ese fenómeno?
“Es un delito supremamente difícil, porque en algunas comunidades las personas se acostumbraron a tener un rubro fijo para el pago de extorsión, y acostumbraron a estos grupos criminales a recibir dinero y ellos se sienten con el derecho de cobrar una cuota mensual, como si fuera un trabajo cualquiera. En Niquía (Bello) pasaban a cobrar puerta a a puerta, y cuando uno les preguntaba a los ciudadanos decían ‘pobre muchacho, eso es para mantenerse y comer, son los que prestan la seguridad’, pero mentiras, eso es muy organizado, si ese muchacho pasa un sábado por 200 casas, fácilmente obtiene $500.000. Los constructores en Bello les pagan para que los dejen trabajar, incluso les entregan hasta dos apartamentos por edificio para que los dejen trabajar, y eso afecta porque no se recibe denuncia. Para lo que uno escucha en los barrios y en las empresas, el registro es supremamente bajo: la extorsión tuvo 906 denuncias en 2019 y 762 en 2020 (- 16%) en todo el Valle de Aburrá. Muchos ciudadanos no denuncian porque se acostumbraron a pagar extorsiones, pero a nosotros las denuncias nos sirven, porque de ahí salen las estrategias y focalizamos las bandas que más daño hacen”.
En el primer semestre de 2019, el entonces coronel Pablo Ruiz (derecha) fue subcomandante de la Meval. En 2021 regresó para dirigir la entidad, siendo ya general de la República. FOTO: EDWIN BUSTAMANTE.
Experiencias que quedan
Durante su comandancia, ¿cuáles fueron el mejor y el peor día?
“De los satisfactorios, las jornadas con los niños enfermos que sueñan ser policías, y les conseguimos sillas de ruedas, los montamos al helicóptero, se les hace un uniformecito, los recibimos en el comando y ellos se sienten contentos. Ya hemos entregado cuatro sillas de ruedas, yo soy padre y eso me genera una sensación de solidaridad. Y en la pandemia, teníamos policías que recogían dinero para comprar mercados y llevar a los barrios, son cosas que llegan al corazón.
Y entre los días difíciles, uno de los que más recuerdo fue la muerte de Legarda. El año antepasado tuvimos 850 muertos (en el Valle de Aburrá) y en 2020 bajó a 620, pero ese caso me dejó un duro recuerdo. Perder una vida sin necesidad por la violencia, porque el uno se sintió atracado y disparó, y el otro recibió los disparos y murió, y también murió este muchacho, con un futuro profesional prometedor. También me dejó impresionado la muerte del niño Marlon, algo demencial, coger un niño de cinco años, violarlo y matarlo. Lo que tiene que ver con los niños me impresiona”.
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¿Qué enseñanzas le dejó comandar una institución como esta en la pandemia?
“Le enseña a uno a conocer las capacidades de la Institución, ver que los policías pasan de perseguir bandidos a ser solidarios. Muchas comunidades no bajaron a las vías a protestar por el acompañamiento que se hizo desde la Alcaldía, la Policía y la empresa privada; pusimos unas tómbolas en almacenes de cadena, donde las personas nos echaban la comida, se hacían 300 o 400 mercados semanales, focalizábamos los barrios en los que posiblemente íbamos a tener problemas, se entregan allá y la gente quedaba calmadita un tiempo. Abrimos con la fundación Salvar Vidas en el centro de Medellín, eran 1.200 comidas diarias, y las distribuíamos en camiones de la Policía y el Ejército.
Al principio hubo mucha agresividad contra la Policía, fue muy duro, porque la gente estaba agresiva, con depresión por el encierro y los problemas económicos. Nos tocó crear reacciones que acompañaran el servicio de policía en las comunas, cuando la patrulla va y ve muchas personas, le toca pedir apoyo porque la gente está más agresiva. Ojalá con la reactivación económica se acabe eso, porque sería terrible que cada vez que vayamos a atender un caso de convivencia, tengamos que confrontar con los ciudadanos. Si este año se reactiva todo, esperemos volver a la normalidad”.
¿Cómo analiza el tema de las fiestas clandestinas, a pesar del alto número de contagios?
“Es difícil controlar esto solo a punta de decretos, la gente de esta región es de reunirse y tomarse sus tragos, y hacer natilla en la calle. Buscan fincas donde nosotros no tengamos acceso y después de que salen de esas fiestas, llegan aquí a contaminar a su familia. Esa consciencia no se ha logrado. Hay unos grupos en los que tiene que ver mucho el consumo de estupefacientes y licor, y con las adicciones la gente ni oye ni entiende. A veces nos critican porque hay tanta gente en la calle, que por qué la Policía no disuelve eso, pero si tratando de ser mediadores y manejar la situación tranquilamente tenemos bastantes críticas, ¿cómo sería donde hagamos cumplir las normas a la malas? Hay un problema cultural, no de ahora, no hay conciencia de lo que está pasando a pesar de tantos muertos, es un tema de consciencia ciudadana, más que de autoridad policial”.
Entre tantos operativos, ¿cuál destaca de su paso para esta región?
“La actividad operacional que se hizo contra ‘la Agonía’. Capturamos a ‘Pocho’, ‘Diego Almuerzo’ y otros integrantes, y eso los desestabilizó. Estaban asesinando a varias personas, en confrontación con otros grupos, hubo una intervención oportuna en coordinación con Fiscalía y CTI, y capturamos 42 personas, y eso logró bajar la confrontación a cero. Lógicamente, Bello influye mucho en la violencia del Valle de Aburrá, sus bandas tienen tentáculos en muchos lugares, un cabecilla como alias ‘Alber’, de ‘Pachelly’, tiene en su récord más de 25 años delinquiendo. Es de las capturas más relevantes que tenemos, sin desconocer las que logramos contra ‘la Terraza’, ‘Robledo’, ‘la Unión’, todas fueron afectadas. Aquí se perdió eso de que son intocables y que las autoridades están con ellos, demostramos lo contrario, eso rompió la tendencia en Bello. Hubo otro cabecilla que confrontó a la Policía y murió, como era ‘Turrón’, en La Sierra. También me parece importante mencionar dos operaciones de extinción de dominio: $480.000 millones en propiedades de ‘la Terraza’ y $200.000 millones a ‘el Mesa’”.
Retos del nuevo cargo
Como nuevo comandante de la Región N°6 de Policía, tendrá que enfrentar subregiones problemáticas como el Suroeste y el Oriente antioqueño. ¿Qué planes tiene?
“El trabajo articulado que se hizo aquí en la Metropolitana, obligó al desplazamiento de grupos delincuenciales en búsqueda de rentas criminales, y el Suroeste y el Oriente fueron afectados. La mayoría de las muertes allá tienen relación con el tráfico de estupefacientes. Un ejemplo de esa dinámica es el grupo delincuencial ‘la Miel’, del municipio de Caldas, que en el Suroeste ha causado asesinatos para apoderarse de unos sectores. Ya iniciamos con Meval y Policía Antioquia unos trabajos articulados en investigación, como contra ‘el Mesa’ que se había expandido hacia Carmen de Viboral y logramos capturar en Bello a alias ‘Botellita’, quien organizaba esos desplazamientos de ese grupo criminal. Vamos a fortalecer la investigación criminal contra esas estructuras, el pie de fuerza no nos favorece, pero crearemos grupos pequeños que vayan allá a confrontarlas. Estos grupos tendrán entrenamiento de comandos para el choque, para que el municipio no se sienta desprotegido y los delincuentes no crean que solo van a encontrarse a cinco policías del pueblo, sino que se perciba que hay una estrategia de persecución. Ellos se anidan cuando no encuentran contrapeso de parte de las autoridades”.
En Bajo Cauca ajustará dos años la campaña militar y policial Aquiles, con resultados relativamente buenos en términos estadísticos, pero persiste el temor y dominio territorial de los grupos criminales. ¿Cuál será su aporte allá?
“El año pasado estuve por momentos encargado de la Región N°6 y conocí la situación, ya nos reunimos una vez con el general Juvenal Díaz, de la Séptima División del Ejército, para definir unas acciones más ofensivas en estos entornos rurales. La idea es cubrir esas fincas que los delincuentes usan a sus anchas, una estrategia para evitar su asentamiento y las confrontaciones entre ellos. Y fortalecer mucho la investigación criminal, el Bajo Cauca tuvo 64 homicidios menos, pero sabemos que hay una confrontación latente, que si se descuida nos dispara los homicidios. Igualmente, hablamos con el director de Carabineros de la Policía, el general Barrero, ellos van a apoyar la Operación Aquiles, a la cual se le hará un rediseño, igual que a la Operación Agamenón, para nuevamente dinamizar y cubrir jurisdicciones y acorralar a estos bandidos”.
Tareas para el próximo comandante de Meval
De los cabecillas que quedaron pendientes por capturar, ¿cuáles cree que deben ser prioritarios para el nuevo comandante de Meval, el general Pablo Ruiz?
“Tenemos identificado a uno que estuvo preso y ya está libre, alias ‘Beto’, creemos que sigue delinquiendo, y él maneja uno de los grandes grupos dentro de la Alianza de Estructuras Criminales; y en la otra estructura grande, el Grupo Colegiado de la Oficina, tenemos a ‘Jonás’. Deben ser una prioridad, porque si bien ya estuvieron presos y salieron, siguen organizando a estas estructuras criminales. También está alias ‘Dimas’, uno de los coordinadores del clan del Golfo en Medellín. En Bello tenemos a ‘Juan 23’, uno de los que más ha patrocinado esa confrontación violenta, de la banda ‘Niquía Camacol’; y alias ‘el Diablo’, que reemplazó a ‘el Montañero’ en ‘el Mesa’”.
¿Cuáles diría que son los tres retos más inmediatos para su sucesor?
“Me parece fundamental acompañar todo lo que tiene que ver con la construcción del nuevo comando, ahí puede haber una mayor cercanía de la Policía con los empresarios, los políticos y la ciudadanía. Segundo, acompañar a los gobiernos locales y el regional en la construcción de nuevos sitios de reclusión, porque el hacinamiento en las estaciones está ahogando el servicio de Policía. Y tercero, continuar la estrategia contra el crimen organizado. Afortunadamente, Ruiz fue nuestro subcomandante en 2019 y participó activamente en la construcción de esta estrategia, por lo tanto tiene muy claro cuáles son los puntos que debe atacar. Lógicamente, él lo hará con su gestión, yo no quiero meterme en el trabajo de él, porque es una persona supremamente capaz”.
Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.