La protesta de mineros en los municipios de Segovia y Remedios, Nordeste de Antioquia, ajustó ayer 13 días y parece inquebrantable.
En el local donde funciona una fonda, por el momento fuera de servicio, los líderes de la movilización mantienen su centro de operaciones en Segovia. Custodiados por la Unidad Nacional de Protección, y en medio de unos 2.000 trabajadores que apoyan la movilización, rechazaron las conclusiones entregadas ayer por el Gobierno Nacional y la administración departamental.
Agravantes
Sin víveres ni combustible, tampoco transporte público y comercio, los cerca de 40.000 habitantes de Segovia comienzan a perder la calma.
A estas dificultades se suma el miedo de otra noche como la del pasado lunes: una confrontación entre el Esmad de la Policía y los campesinos que dejó 26 personas heridas.
Fuera del casco urbano el miedo y la zozobra aumentan. En Remedios, a 30 kilómetros de Segovia, la carretera que conduce a Medellín parece un campo de batalla: vehículos incinerados, tachuelas, clavos y tornillos sobre la vía impiden el paso.
Algunos jóvenes se tornan agresivos. Deciden quién puede pasar y quién no. Afirman haber sido víctimas del abuso de la autoridad y exclaman que no claudicarán ante una nueva intervención policial.
Negociación difícil
De entrada, la justificación para persistir en la protesta es el supuesto incumplimiento de acuerdos alcanzados en 2015. Uno de ellos, el de un proceso de formalización de mineros tradicionales, para lo que exigen reglas claras en la aplicación del contrato de operación, que es la legalización de su actividad.
También los manifestantes reclaman que se aplace la entrada en vigencia de la prohibición de mercurio para la actividad minera y rechazan la norma de limitarle al minero la venta del oro a un gramo diario o 35 al mes pues, señalan, está haciendo su trabajo poco rentable.
En la Mesa Minera, entre tanto, las noticias no son buenas. Las palabras del viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, ayer en Medellín les sonaron a ofensa a los dirigentes de la movilización.
Según el funcionario, no se suspenderán las leyes vigentes ni los trámites nuevos, “pues algunos ilegales quieren usar a los barequeros para comercializar oro extraído de forma irregular”.
Agregó que “los que están protestando no son los mineros artesanales, porque ellos tienen unos topes de producción menor a un gramo diario. Los que se quejan son los comercializadores que quieren vender el oro sacado con dragas y retroexcavadoras”.
Ana María Espinoza, asesora en derechos humanos de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, rechazó dijo que el delegado del Gobierno Nacional carecía de conocimiento de la zona y de la labor ancestral de los mineros allí.
“Lo del uso de dragas y retroexcavadoras aquí no aplica, porque la minería no es a cielo abierto. Es muy fácil legislar para los territorios desde los escritorios”, apuntó y dijo que la normatividad para la minería informal se direcciona hacia una criminalización de la actividad.
Medidas continúan
En tanto, el gobernador Luis Pérez confirmó la medida de toque de queda entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m., mientras su secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, resaltó que esa disposición sirvió para poner fin a acciones violentas.
“La mesa de soluciones se mantiene, nunca hemos suspendido los diálogos para buscar acercamientos entre la minería ilegal y los legales. Estamos proponiendo fórmulas para solucionar la situación pero no vamos a permitir vías de hecho”, precisó.
Esas palabras también cayeron mal en los mineros que hacen parte de la protesta: “No somos tratados como mineros ancestrales, y aquí desarrollamos esta labor por generaciones. Por el contrario, nos están criminalizando”, dijo Alberto Cuartas, uno de ellos.
Espinoza, por su parte, destacó el apoyo brindado antes a los mineros informales, pero recordó que la palabra ilegal los ofende. “Aquí somos gente honesta peleando por unos derechos”, recalcó.
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