Tres estudiantes de la Universidad Nacional, sede Medellín, desarrollaron un software que identifica más de 40 perfiles de posibles comerciantes en Instagram cada hora y, luego de algunos análisis, suministra los datos a la Secretaría de Hacienda.
El emprendimiento, llamado por los jóvenes Grupo Boötes, creó un sistema que rastrea el comportamiento de las publicaciones en la red social para ver cuáles tienen posiblemente una actividad comercial de fondo.
Posteriormente se pasan esos perfiles por filtros para determinar que sí sean vendedores y luego se realiza el proceso de encontrar información real de los individuos.
“Rastreamos los datos de la persona detrás del perfil, pero eso se hace en conjunto con la Secretaría de Hacienda porque, por ley, no tenemos acceso nosotros a esa información”, afirmó Jaime Ochoa, miembro del equipo fundador del Grupo Boötes.
Este desarrollo tecnológico ocurrió en el Laboratorio de Innovación de Ruta N, ante una problemática surgida para la regulación de las ventas por internet en la capital antioqueña.
En una actualización realizada al estatuto tributario de la ciudad, en 2017, la economía digital se convirtió en nueva fuente de recaudación de impuestos debido a la masividad de esta actividad y al poco control tributario que tenía.
El problema entonces fue detectar los perfiles en internet de quienes se dedican a esta actividad y no pagan los impuestos correspondientes.
“Construimos un reto desde el Laboratorio y lo lanzamos al público. Nuestro rol fue articular la problemática de la Secretaría de Hacienda con el grupo desarrollador de la solución”, dijo Juan Diego Mejía, líder del Laboratorio de Innovación para el Gobierno de la corporación Ruta N.
Según cifras oficiales de esta entidad, gracias a este software, “se identificaron 2.230 perfiles susceptibles de matricular en la Secretaría”, lo cual, en caso de que se hiciera efectivo, y sumado a otros 346 contribuyentes de negocios virtuales que ya tributan, representaría una recaudación para Industria y Comercio que asciende a más de $883 millones para Medellín.
Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, comenta que la medida es necesaria y debería imitarse en el resto del país. “El Gobierno debe regular este tipo de transacciones, porque tipifican una competencia desleal para quienes sí pagan sus impuestos”, aseguró.
Además, hizo énfasis en que los Ministerios de Hacienda y de las TIC comiencen a tomar cartas en este asunto.
Lo que sigue es perfeccionar el software para lograr una mayor cobertura y encontrar más contribuyentes .
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