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La grulla coronada de cuello negro se quedó con la cresta peinada, los tití gris y pielroja siguen saltando de aquí para allá, el león rugió y pocos lo escucharon y al pavo real ningún niño lo está persiguiendo por el parque.
Los 950 individuos de 160 especies de la colección viva del parque zoológico Santa Fe, que desde el pasado martes pasó a llamarse Parque de la Conservación, llevan más de cinco meses aislados, con puertas cerradas que esperan abrirse en dos meses.
El parque es un espacio de protección y conservación fundamental porque, como explicó Andrés Gómez, zootecnista del grupo de Fauna Silvestre del Área Metropolitana, el 90 % de los individuos de estas colecciones han sido decomisados al tráfico ilegal de fauna silvestre y que, por razones fisiológicas, anatómicas, biológicas y zootécnicas, no pueden ser reintegrados en sus hábitats naturales.
El convenio entre el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, CAV, del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con la Universidad CES, recibió desde enero hasta el 11 de septiembre de este 2020, 5.074 animales, de los cuales 26,03 % fueron entregas voluntarias, 72,23 % por emergencias y 1,73 % por decomiso. De estos, dos monos aulladores fueron entregados al Parque de la Conservación y casi 1.500 fueron devueltos a su hábitat.
Esta semana se transformó en el Parque de la Conservación, que va más allá de un cambio de nombre y logo, pues dejará de ser un escenario de exhibición y se convertirá en la integración de investigación, educación y cuidado integral de la colección viva.
La entidad informó que trabajarán en líneas estratégicas centradas en “restauración de ecosistemas, rehabilitación, reproducción, liberación y monitoreo de especies; bienestar animal con atención médica, nutricional y biológica y educación ambiental” que integrará un Museo de la Conservación y recreación.
Jorge Aubad, director del Parque, explicó que los visitantes tendrán más oferta al hacer parte de programas educativos: “que la gente sepa qué es lo que está pasando con un animal y que eso la lleve a involucrarse y hacer parte de la conservación”.
Gómez añadió que es ideal que estos espacios sean centros de investigación y educación porque el tráfico de fauna no está disminuyendo y muchos de ellos no pueden ser liberados pues, “cuando los sacamos de su hábitat, les estamos cambiando su comportamiento, su etología, la parte nutricional, además la gente les corta las alas, colas, garras y colmillos” que los vuelven vulnerables. Estos parques permiten que, “cuando no puedan ser liberados o readaptados, puedan al menos terminar su ciclo de vida en programas de conservación o educación”.
Los gastos totales suman alrededor de $450 millones mensuales, según Aubad. “Por eso el cierre tiene implicaciones complejas, aunque hayamos recibido apoyo de la Sociedad de Mejoras Públicas, dueña del parque, y del Área Metropolitana”, agregó. Antes del cierre, el parque recibía hasta $6.000 millones anuales, “pero lo vemos como una oportunidad de cambio y desarrollo de proyectos”.
Por eso, con el Área Metropolitana se firmó un convenio por $1.000 millones, de los cuales el Amva aporta $700 y el parque los otros $300, para que los animales tengan apoyo alimentario, veterinario y zootécnico hasta diciembre, y que los programas de conservación, como el de la guacamaya verde o de monos aulladores, sigan funcionando, explicó Gómez, supervisor del convenio.
Aubad agregó que con el dinero se están haciendo adecuaciones al Parque en baterías de baños, obras de mantenimiento en hábitats y taquillas, entre otras, que habían pausado por la pandemia y por razones económicas y que esperan terminar en menos de dos meses para reabrir al público.