En el bajo mundo son conocidos como los “invisibles” y los “baby narcos”, dos figuras opuestas en el juego de la mafia. Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Luis Tello Candelo (“Negro Frank”) encabezó la lista de extraditados a EE.UU. en octubre; en el círculo de arriba, Jorge Herrera (DJ Regio Clown); y abajo Juan Pablo Leal (“Pablito Tuci”). Fotos cortesía de Policía y archivo.

En una lánguida fila india, con las muñecas esposadas y bajo la mirada penetrante de los agentes de Interpol, desfilaron de uno en uno nueve extraditables solicitados por las cortes de EE.UU.

Sucedió el pasado 31 de octubre en el aeropuerto de Bogotá, donde un avión de la agencia U.S. Marshals Service los esperaba para partir hacia sus eventuales condenas.

Entre los desdichados iba Luis Frank Tello Candelo, alias “el Negro Frank”, señalado de coordinar una ruta de narcotráfico marítimo y aéreo que atraviesa Colombia, Venezuela, Honduras y México.

Estuvo preso en 1996, pero salió a los tres años por vencimiento de términos, cuando su expediente desapareció de la base de datos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En ese tiempo era lugarteniente de Daniel “el Loco” Barrera, cabecilla de una naciente organización con ínfulas transnacionales, que a futuro sería conocida como la Junta Directiva del Narcotráfico.

Luego lo arrestaron en 2010 en Venezuela, junto a su cónyuge Gloria Rojas Valencia, señalados de fungir como enlaces en Suramérica del cartel mexicano “los Zetas”.

Ambos fueron extraditados y procesados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y cinco años después regresaron a Colombia.

“El Negro Frank” volvió a las andadas, y entre 2018 y 2021 coordinó más despachos de droga por la misma ruta, por lo que la Corte del Distrito Sur de Florida le abrió un nuevo expediente. La Dijín lo recapturó en 2023, y desde entonces estaba a la espera de su segunda extradición en la cárcel La Picota, la cual se materializó cuando abordó ese avión hace cinco meses.

A pesar de semejante prontuario, Tello era prácticamente desconocido para la opinión pública. A diferencia de otros capos, su rostro nunca apareció en el cartel de los más buscados, ni le asignaron estrafalarias recompensas en su contra, ni salió en revistas de chismes relacionado con actrices.

Tampoco fue mencionado su nombre en masacres o atentados sicariales, pese a moverse en el sórdido mundo de la mafia. ¿La razón? “El Negro Frank”, a sus 63 años, hace parte de esa generación de delincuentes denominados “narcos invisibles”, los cuales pululan en la actualidad, cuando el negocio de la cocaína alcanzó rendimientos históricos.

Pero no es el único espécimen “raro” que ha salido a flote recientemente, en el vasto paisaje del crimen organizado.

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“INVISIBLES” Y BABY NARCOS”
El mismo día en que Tello era extraditado por segunda ocasión, la Fiscalía de México anunciaba las capturas de 16 personas implicadas en los brutales asesinatos de dos músicos colombianos, Byron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (DJ Regio Clown), cuyos restos desmembrados fueron encontrados el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Como móvil del crimen, el ente acusador expuso que “los actos investigativos realizados hasta el momento vinculan la muerte de ambas víctimas con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como ‘tuci’ y ‘coco channel’”.

La hipótesis es que los colombianos fueron acusados, por un narco apodado “Pantera”, de vender drogas sin autorización en su territorio.

Aunque B-King y DJ Regio Clown no tenían investigaciones penales en su contra, en México la sospecha de un capo es una sentencia de muerte.

La Fiscalía presume que Herrera era un joven que usaba su carrera musical como fachada para la venta de tuci en conciertos, que era, ni más ni menos, un “baby narco”.

Esta denominación, acuñada por la Policía colombiana, también aplica a un caso registrado a principios del 2025, cuyo protagonista fue Juan Pablo Leal Velásquez, un muchacho de 27 años conocido en el bajo mundo de Medellín como “Pablito Tuci”, considerado uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas en el Valle de Aburrá.

En el barrio Santa Cruz, de estrato bajo, mandó a construir una pequeña mansión de $4.000 millones, con jacuzzi y pasadizos secretos, donde hacía rumbas con DJ, influencers, modelos y traquetos. En una de ellas, el pasado 17 de febrero, fue asesinado su socio Cristian Tobón, originando una balacera de la cual “Pablito Tuci” logró escapar.

La muerte lo persiguió hasta un condominio del municipio de Calima Darién, en Valle, donde el 11 de marzo de ese año fue acribillado por sicarios.

A diferencia de los “narcos invisibles”, los “baby narcos” no son veteranos de perfil anónimo, sino jóvenes extravagantes que se precian de pertenecer a la farándula de la mafia, con un estilo de vida llamativo y jolgorioso.

Usan conciertos y “after parties” para distribuir narcóticos y exponer sus lujos en las redes sociales.

“Los ‘invisibles’ decidieron modificar sus comportamientos, buscando ocultar su identidad y generar un total desconocimiento del responsable de los cargamentos de estupefacientes. Su suspicacia, su experiencia, sus relaciones personales y alcances criminales, los hacen difíciles de detectar. En cambio, los ‘baby narcos’ destinan gran parte de su dinero en opulencias, que van desde su manera de vestir, hasta los lugares donde residen; sus relaciones interpersonales son públicas y ser festivos es una de sus debilidades”, le explicó a El Colombiano el coronel (r) Marco Pulido, exoficial de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y analista de criminalidad.

Felipe Botero, jefe de la Oficina Regional Andina de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, relató que “hoy tenemos un fenómeno de fraccionamiento del modelo de narcotráfico, ya no hay grandes grupos jerárquicos como el cartel de Medellín, sino más pequeños y especializados en roles específicos del negocio, que cooperan entre sí”.

En consecuencia, “esto permite el ascenso de jóvenes que provienen de bandas locales, quienes pasan a tener responsabilidades en la red transnacional y se enriquecen muy rápido. Durante un trabajo de campo en el norte de Cauca, por ejemplo, encontramos muchachos de 16 años que ya estaban involucrados y tenían ingresos altísimos”, acotó el experto, refiriéndose a los “baby narcos”.

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GENERACIONES DEL NARCOTRÁFICO
En los últimos 50 años de historia del crimen en Colombia, es posible identificar cuatro etapas del negocio del tráfico de cocaína, cada una con unos representantes conocidos y características particulares.

La primera generación se forjó en los 80, con los grandes carteles de Medellín y Cali, los cuales ejercían el monopolio global de la distribución del narcótico. Estas estructuras funcionaban como conglomerados empresariales, formados por varias compañías y una especie de junta de directiva con presidente ejecutivo.

Conformaron ejércitos de sicarios, instruyendo a grupos de operaciones especiales (para secuestros, masacres y carrobombas) y contratando a las bandas barriales para sus “vueltas” urbanas.

Buscaron incidir en las instituciones del Estado, corrompiendo funcionarios en todas las ramas del poder, mediante la oferta de sobornos e intimidaciones, y asesinando a los servidores públicos que los combatían.

La matanzas que desató el cartel de Medellín para suprimir las normas de extradición, por ejemplo, generaron un nuevo concepto en el extenso diccionario de la violencia en Colombia: el narcoterrorismo.

Aunque la precursora de esta generación fue Griselda Blanco (“la Madrina”), la primera en establecer una ruta de exportación de cocaína hacia el exterior y controlar la distribución en varias ciudades de EE.UU., sus máximos exponentes fueron Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.

De ellos, solo este último está vivo, purgando sus crímenes en una cárcel de Estados Unidos, a sus 82 años de edad.

El comportamiento estrafalario y los lujos excesivos que derrocharon ellos y sus lugartenientes, sentaron las bases de la “cultura traqueta”, que ha influenciado a miles de jóvenes desde entonces.

La segunda generación se estableció en los 90, cuando los grupos armados como las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asumieron un rol protagónico en el entramado. Antes, su acción se limitaba al cobro de “impuestos de gramaje” a los capos, por permitirles procesar y transportar la droga en sus territorios, o a establecer convenios de cooperación a cambio de dinero, ejecutando tareas de escolta, atentados y vigilancia de laboratorios clandestinos.

Pero con la caída de los grandes carteles, los guerrilleros y paramilitares tomaron las riendas, no solo para financiar sus respectivas causas, sino para abastecer un mercado internacional que cada vez más demandaba la cocaína.

A diferencia de los narcos de la primera generación, estos no solo tenían interés en los réditos económicos, sino en el control de territorios rurales y sus respectivas comunidades, para asegurar monopolios de cultivo de coca.

Incorporaron otras rentas, que a la postre terminaron invirtiendo en la tecnificación del tráfico de narcóticos: la extorsión generalizada y la minería ilegal de oro.

Entre sus exponentes están Diego Murillo (“don Berna”), Carlos Jiménez (“Macaco”) y Víctor Suárez (“Mono Jojoy”), entre otros.

La tercera generación surgió en la década de 2006 a 2016, en cabeza de facciones herederas de las desmovilizada Farc y AUC, y de los antiguos carteles, como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, “los Rastrojos”, “la Oficina”, “los Pachenca” y “los Paisas”.

Estos grupos operan como confederaciones, que incluyen narcos que manejan las finanzas, pero también un aparato militar para el dominio territorial.

Ya no se dedicaron al monopolio, sino a establecer sociedades con mafias extranjeras que se encargaran de la distribución global del narcótico, lo que facilitó el ingreso a Colombia de delegados de grupos mexicanos, italianos, balcánicos, marroquíes y ecuatorianos, entre otros.

Invirtieron grandes sumas de dinero en negocios legales, perfeccionando las dinámicas de lavado de activos, hasta colonizar mercados de criptomonedas y contrabando de mercancía.

Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, narcotraficante de tercera generación, condenado en EE.UU. Foto cortesía de Policía.

Algunos de sus representantes son Dairo Úsuga (“Otoniel”), Néstor Vera (“Iván Mordisco”), Javier y Luis Calle Serna (“los Comba”) y Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), entre otros.

La cuarta generación se caracteriza por una democratización total del narcotráfico de cocaína, para surtir una demanda mundial de 25 millones de consumidores (según la ONU), con la entrada en escena de grupos independientes y sigilosos, que no están inscritos en ninguno de los carteles conocidos, pero que tienen la capacidad asociativa para despachar decenas de toneladas al exterior.

No les interesa el control de zona rurales ni desafiar al Estado, sino más bien camuflarse en la sociedad. “Son pequeñas estructuras que tercerizan muchos procesos, usan nuevas tecnologías y están altamente conectadas con compradores extranjeros”, dijo Ana María Rueda, coordinadora de Drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Fue durante la transición de la tercera a la cuarta generación, que aparecieron en escena “los invisibles” y los “baby narcos”, como una nueva forma de interpretar el poder criminal, delegando en otros el ejercicio de la violencia para concentrarse en maximizar las ganancias.

En la actualidad conviven los narcos de varias generaciones, peleando y asociándose entre sí, según la conveniencia. Hay unos de segunda generación, como Luciano Marín (“Iván Márquez”), exmiembro del Secretariado de las Farc; de tercera, como Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), del Clan del Golfo; y de la cuarta, como el fallecido “Pablito Tuci”.

A todos parece esperarles un oscuro final, en una bolsa para cadáver o un indeseado vuelo hacia una corte extranjera.

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El Inspector.

El objetivo de los matones fue Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, uno de los líderes históricos de la banda “el Pesebre”.

Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, fue asesinado en el barrio Blanquizal de Medellín. Fotos de archivo y cortesía.

El crimen sucedió el 22 de enero de 2026 en el barrio Blanquizal, a las 00:20 de la madrugada.

De acuerdo con la indagación preliminar de las autoridades, “Roña” estaba departiendo con otras personas en las afueras de un establecimiento comercial, cuando fue sorprendido por el homicida, quien salió caminando de un callejón cercano.

Se aproximó a la víctima, le puso el cañón de la pistola calibre milímetros detrás de la oreja izquierda, y apretó el gatillo. Luego lo remató con otros disparos en la cara.

Uno de los proyectiles se desvió del blanco e impactó al mecánico Mateo Álvarez Puerta, de 28 años, quien estaba reunido con sus amigos afuera de su taller de motos, a pocos metros de distancia del lugar del ataque.

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La bala se incrustó en su cuello, y aunque los allegados lo trasladaron a un hospital, no fue posible salvarle la vida.

“Roña”, de 48 años, murió en el sitio. De acuerdo con su prontuario, era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y uno de los líderes de la banda “el Pesebre”, encargado de coordinar las operaciones delincuenciales en el barrio Blanquizal.

Tenía antecedentes penales por extorsión (2013), abuso de confianza (2017) y desplazamiento forzado (2015, 2020 y 2023).

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Fue lugarteniente de Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), el fundador y comandante de la organización, quien actualmente es vocero de las bandas criminales del Valle de Aburrá en la mesa de diálogos sociojurídicos con el gobierno de Gustavo Petro, instalada en la cárcel de Itagüí.

De hecho estaba junto a él cuando lo capturaron en 2013 en una finca de Urrao, Antioquia, durante una reunión de cabecillas de “el Pesebre”; pero mientras a su jefe se lo llevaron preso, a él lo liberaron porque carecía de orden de captura.

La muerte de “Roña” podría tratarse de un reacomodo de las fuerzas internas en la banda. Mientras “Carlos Pesebre” está en prisión, la comandancia recae sobre “Julián Machete”, cuya jefatura al parecer genera resistencia entre otros líderes, según fuentes policiales.

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El Inspector.

Se trata de Rubén Darío Giraldo Villada, alias “don Ramón”, el tercer cabecilla de ese grupo que mataron en menos de un año. ¿Quiénes fueron los otros?

Rubén Darío Giraldo Villada, alias “don Ramón”, fue asesinado en una vía pública de Medellín. Fotos de archivo.

De acuerdo con el reporte policial, el crimen ocurrió a las 8:00 p.m. del 19 de enero de 2026. La familia de la víctima contó que un amigo suyo apareció en la vivienda del barrio Granizal, y “don Ramón” salió con él en una motocicleta Yamaha NMax.

Condujo hasta la carrera 48B con la calle 97 del barrio Santa Cruz, en un sector conocido como San Nicolás. En ese punto dejaron parqueada la moto y luego los vecinos escucharon el bullicio de una riña, seguido por disparos.

Aún no se ha esclarecido si el agresor fue el supuesto amigo que lo recogió en la casa, o una tercera persona. Lo cierto es que, cuando la patrulla de la Policía llegó al sitio alertada por los vecinos, encontraron a Giraldo Villada tendido en el asfalto.

En la inspección al cadáver le contaron 26 heridas de puñal en el pecho y la mano derecha, así como tres orificios de bala en el cráneo.

En un principio el hecho fue reportado como una presunta riña por intolerancia, pero cuando los investigadores revisaron las bases de datos judiciales, el caso tomó otro rumbo.

“Don Ramón”, de 45 años, figuraba como integrante de la cúpula de la banda criminal “San Pablo”, que delinque en el nororiente de Medellín, dedicada al sicariato, las extorsiones, el desplazamiento forzado, la urbanización ilegal de lotes y el narcotráfico.

Giraldo tenía investigaciones abiertas por amenazas (2015), falso testimonio (2016), desplazamiento forzado (2021) y extorsión (2015, 2016 y 2023). De hecho, había sido capturado el 29 de abril de 2014 y pasó una temporada en la cárcel.

Así fue la escena del crimen en el sector San Nicolás. “Don Ramón” murió en el lugar de los hechos. Cortesía de Denuncias Antioquia.

El finado fue lugarteniente del jefe histórico de “San Pablo”, Adiel Fabián Covaleda Guzmán (“Adier”), un paramilitar desmovilizado que fue asesinado por sicarios el 19 de mayo de 2025, en una casa de ese mismo sector de San Nicolás.

Dos días antes, 17 de mayo de 2025, acribillaron a otro cabecilla de la facción: Ariel Gonzalo Figueroa Cetré, alias “Mi Nay” o “Conspire”, de 43 años. Estaba en un restaurante del barrio Aranjuez con una mujer, cuando llegó un hombre y le apuntó con un arma de fuego.

Le propinó un disparo inicial, pero la víctima forcejeó, recibiendo más balazos después. El incidente, que quedó registrado en una cámara de seguridad, fue reportado en ese momento como un intento de atraco, aunque parece más relacionado con ajustes de cuentas.

Ahora la hipótesis que siguen los investigadores sobre la muerte de “don Ramón” no tiene que ver con una riña callejera, sino con una pugna interna por el poder en la banda.

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El Inspector. 

Se trata de Carlos Alejandro Mejía Pineda, alias “Queso” o “Pálido”, uno de los máximos líderes de “Caicedo”, una confederación de combos con injerencia en las comunas de Buenos Aires, Villa Hermosa, La Candelaria y San Javier. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Alejandro Mejía Pineda, alias “Queso” o “Pálido”, fue capturado en Sabaneta. Foto cortesía de Policía.

La Dijín y la Sipol de la Policía lo detuvieron el pasado 25 de julio, en el marco de la llamada Operación Alfa, cuando se movilizaba por una vía del sector La Doctora en el municipio de Sabaneta, en un carro de alta gama. En contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado y lesiones personales.

En su reporte del caso, la Policía consignó que el delincuente administra cerca de $3.000 millones mensuales, “producto del tráfico de estupefacientes, extorsión al sector residencial, comercial y transporte”. Además, que “orientaría la materialización de homicidios de venezolanos que estarían incidiendo en actividades delictivas en sus zonas de influencia”.

A eso se suma un extenso prontuario, debido a una trayectoria delincuencial de más de 25 años, en la que fue paramilitar y posteriormente desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sus antecedentes incluyen otra captura en 2017, por la que fue condenado por el cargo de concierto para delinquir.

En el registro a su vehículo le encontraron siete celulares y $20 millones en efectivo, que fueron incautados.

Pese a esto, en la audiencia de control de garantías fue dejado en libertad por el juzgado, el cual consideró que no había elementos probatorios suficientes para mandarlo a prisión de manera preventiva.

La decisión fue mantenida en reserva por las autoridades policiales, que no le encuentran explicación al fallo.

La banda “Caicedo” tiene vocería en la mesa de “paz total” que funciona en la cárcel de Itagüí, a través de Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”), uno de los hombres más visibles del proceso de conversaciones con la Casa de Nariño.

En menos de dos meses han sido detenidos con órdenes de captura, y posteriormente liberados en audiencias, seis personas conectadas con la mafia de Medellín al más alto nivel y con delegados de las bandas en esa mesa de paz, lo que está generando suspicacias entre las agencias de seguridad.

Además de “Queso”, en esa lista están Juan Pablo Taborda Samora (“Yordi”), uno de los jefes históricos de “la Terraza”; Diana Olaya y Daniel Muñoz Olaya, esposa e hijo de José Muñoz Martínez (“Douglas”), el principal vocero de dicha mesa y jefe de “la Terraza” y “la Oficina”; y Vilma Granados Avendaño y Luisa Rojas Granados, viuda e hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro cabecilla de “la Terraza” asesinado en 2024, y quien era gestor de paz del proceso.

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A estas dos últimas les concedieron el beneficio de la detención domiciliaria, mientras que a los otros tres les otorgaron la libertad, en un expediente por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

¿A qué se deben estas decisiones, si se supone que la Policía y la Fiscalía llevaban años reuniendo la evidencia? Esa es una de las cuestiones que queda en el aire, y que deja en el ambiente posibles debilidades investigativas de la institucionalidad o presuntas influencias de la mesa de paz en la rama judicial.

En la misma operación contra “Queso” fueron judicializadas otras personas relacionadas con la banda conocida como “Barrios de Jesús”, “los BJ” o “los Chamizos”, uno de los grupos más fuertes de la organización “Caicedo”, que delinque en la parte alta de la comuna de Buenos Aires.

Al cabecilla Jorge Humberto Arroyave Duque (“Copete”), quien está en la cárcel por otros incidentes, le imputaron nuevos cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

De igual manera, por esos mismos delitos, fueron capturados su hermano Juan David Arroyave Duque (“Yiyo”) y su hija Laura Arroyave Jiménez (“la Doctora”).

Esta última, quien en redes sociales figura como abogada, emprendedora e influenciadora, también fue dejada en libertad en la audiencia de control de garantías.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a las 7:30 de la noche del 26 de marzo de 2025, en una calle del barrio Fátima, de Itagüí, adonde llegó el cabecilla con su cónyuge para visitar a una hermana.

Fabio Edisson Gómez Ruiz, alias “Riñón”, asesinado en el municipio de Itagüí (foto de su captura en 2009). Archivo.

Apenas terminaron la visita, salieron caminando por la calle 48 con la carrera 29, una zona con escasa iluminación, y allí fueron sorprendidos por el asesino, quien llegó a pie le propinó dos balazos en la cabeza al exconvicto de 52 años.

“Riñón” fue trasladado a la Clínica Antioquia, donde falleció por la gravedad de las lesiones. Gracias a la descripción de la comunidad, una patrulla de Policía alcanzó a capturar a un sospechoso del crimen, identificado como Erwin Orlando Newball Reyes, de 25 años, nacido en el municipio de San Antero (Córdoba), quien dijo ser obrero de construcción.

En sus días de apogeo criminal, Fabio Gómez llegó a ser el jefe de “Calatrava”, una de las bandas más poderosas del sur del Valle de Aburrá, con base de operaciones en el barrio del mismo nombre, en Itagüí.

Cuando se desató la guerra interna en “la Oficina” (2008-2011), se formó al lado del capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), convirtiéndose en uno de sus principales jefes de sicarios.

Fue capturado en 2009 en Barranquilla, y en ese entonces la Policía ya le atribuía su responsabilidad en al menos 120 homicidios, aunque solo fue condenado por dos, ejecutados en 2003. Lo sentenciaron a 17 años de cárcel, con un prontuario que no solo incluía asesinatos, sino también concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico, amenazas, desplazamiento forzado y lesiones personales.

Estuvo preso hasta el pasado 21 de marzo, cuando salió de la cárcel de La Dorada (Caldas), y a los cinco días fue a visitar a su familiar, donde fue finalmente acribillado.

Los enemigos que cosechó a lo largo de su carrera se han ido vengando de su círculo cercano. En 2011 mataron a su hermano Juan Carlos Gómez Ruiz, un ingeniero de sistemas que conducía un automóvil por una vía del municipio de Sabaneta, cuando le dispararon. Y en 2012 unos sicarios en moto dejaron herido de un balazo a su hijo Marco Estiven Gómez Guerra, de 21 años.

La banda de “Calatrava”, que en el pasado estuvo unificada bajo el mando de “Riñón”, se fracturó en dos combos que a veces rivalizan, “el Plan de Calatrava” y “el Hueco de Calatrava”.

¿Quién dio la orden para borrarlo del mapa? La pregunta ronda por los corrillos del bajo mundo en Itagüí, sin que hasta ahora haya una respuesta.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a eso de las 7:30 p.m. de este martes 20 de agosto, en la calle 79 con la carrera 50 del barrio Brasilia, según el reporte preliminar de la Policía.

Ómar Mazo Monsalve había sido capturado en 2018 en una finca de Copacabana, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

Por esa vía se transportaba “don Ómar”, de 49 años, a bordo de una camioneta Toyota Hilux gris, cuando fue interceptado por desconocidos en motocicleta. Los delincuentes dispararon a través de la ventanilla del piloto, impactándolo en el pecho y en un brazo.

Varios ciudadanos auxiliaron a la víctima y la subieron a un taxi, que lo llevó a un centro médico, donde murió por la gravedad de la lesiones.

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En esta camioneta iba alias “don Ómar” cuando fue atacado por los sicarios, en el barrio Brasilia de Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Mazo Monsalve había sido capturado el 29 de agosto de 2018, por concierto para delinquir, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas. Estuvo menos seis años en la cárcel y regresó a las calles, donde encontró su sangriento final.

Fue cabecilla de la “Convivir del Bronx”, una banda delincuencial asociada a “la Terraza”, que controlaba el sector del Bronx en pleno centro de Medellín. Así se conoce un cuadrante ubicado en la avenida De Greiff (calle 53), entre las carreras 52 y 57, cerca de la Plaza de Botero y el Museo de Antioquia.

Su banda administra una lucrativa plaza de vicio, con cerca de 700 mendigos adictos que consumen a diario. También cobran extorsiones a los establecimientos comerciales y ejercían una brutal vigilancia ilegal que incluía golpizas y asesinatos de ladronzuelos.

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En compañía de su esposa, “don Ómar” compró varias de las propiedades que rodeaban el territorio de la banda, lo que le permitía tener un mayor control; entre ellas estaba el parqueadero El Bodegón, donde según el expediente solían secuestrar y torturar a jíbaros acusados de robarles la droga o las ganancias del negocio.

Aún es muy pronto para saber por qué mataron a Mazo Monsalve, pero en el bajo mundo es sabido que dentro de “la Terraza” hay una disputa desde hace varios años, en la cual unos cabecillas mandan a matar a otros para usurparles su poder. Antes de “don Ómar” fueron Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”) y Julián Alexánder Suárez Giraldo, apodado “el Enano”, el pasado 7 de marzo.

¿Quién controlará ahora la plaza de vicio de El Bronx, una de las más peligrosas y lucrativas de la ciudad?

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El Inspector.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, la operación se realizó en la tarde de este lunes 27 de mayo, en el sector Camino Verde de la vía a la loma de El Escobero.

Óscar Eduardo Vásquez Pulgarín, alias “Rayo”, fue capturado en un apartamento de Envigado. Foto cortesía de la Policía.

Los Comandos de Operaciones Especiales llegaron hasta la urbanización Castelli, en la carrera 25A #38Dsur-111, y allanaron un apartamento localizado en el piso 15 de una de las torres. Allí encontraron al citado cabecilla, quien no opuso resistencia al arresto.

Fuentes cercanas a la operación le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que, en realidad, “Rayo” no era el objetivo que buscaban, sino que su detención fue puramente circunstancial y hasta inesperada.

Los investigadores ya tenían referenciado aquel apartamento, usado como centro de reuniones por narcotraficantes del Clan del Golfo y sus socios de Medellín. La orden de allanamiento pretendía arrestar a los delegados del cartel, los cuales ya habían salido de la urbanización cuando entraron los policías; el único que quedaba era Vásquez Pulgarín.

“Capturamos a alias ‘Rayo’, uno de los presuntos cabecillas de ‘la Terraza’, que utilizaba condominios de lujo para negociar con el Clan del Golfo el envío de cargamentos de cocaína hacia Estado Unidos y Europa”, informó el general Salamanca.

Dentro de “la Terraza”, “Rayo” al parecer tenía la función de administrar los negocios ilícitos en el Oriente antioqueño, en especial la venta de drogas. Una de sus bases de operaciones era el municipio de Guatapé, donde permanecía en fincas alquiladas.

“La operación, coordinada con la @FiscaliaCol, libera a las comunas 3 y 4 de Medellín y a los municipios de El Peñol, Guatapé, Marinilla, Guarne y San Rafael de uno de los delincuentes más buscados por tráfico de estupefacientes, incluido 2CB“, publicó en la red social X el director de la Policía.

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En “la Terraza” es relativamente común que haya integrantes con apodos repetidos entre sí, lo cual les permite permanecer a la sombra de otros y confundir a los investigadores. Durante varios años, Vásquez estuvo en un segundo plano, mientras las autoridades perseguían a otro líder de la estructura, John Ricardo Palacio Adarve, alias “Rayo” o “Richard”, quien fue detenido en 2018.

En las próximas horas, Vásquez será presentado ante un juez de control de garantías, donde se definirá qué cargos le imputará la Fiscalía.

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El Inspector. 

Fuentes de Inteligencia le contaron a El Colombiano que se trata de “los Tatas”, cuyas acciones criminales comenzaron en el año 2010 en Popayán, la capital caucana. Esta es la reseña del caso, elaborada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que los policías motorizados se encontraron con los ladrones disfrazados del CTI y la Sijín, antes del tiroteo. Imagen de cortesía.

Según registros policiales y de la Fiscalía, en un principio comenzaron como una célula de delincuencia común, que se dedicaba a atracar apartamentos y locales de motocicletas. Su nombre se lo deben a alias “la Tata”, una ladrona que dirigió los primeros golpes.

Las autoridades ejecutaron varias operaciones para desmantelar a ese grupo entre 2014 y 2017, pero al caer a las cárceles, sus integrantes establecieron alianzas con otras organizaciones, que les permitieron expandir sus operaciones criminales a diferentes regiones.

En el crecimiento de su operación clandestina fue crucial el apoyo de algunos exagentes de Policía de Pasto y de Popayán, que fueron destituidos de la Institución por hechos de corrupción. De acuerdo con la investigación, cuyos detalles fueron conocidos por este diario, esos exservidores públicos instruyeron a los asaltantes en una nueva modalidad de atracos: los falsos allanamientos.

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Benjamín León Gutiérrez (“el Gordo”) y a la derecha Germán Vivas Alzate (“Gafas”), ambos fueron los asaltantes heridos en Laureles. El segundo falleció. Cortesía.

Valiéndose de sus contactos en la Policía, conseguían uniformes y documentación oficial para disfrazarse de autoridad e ingresar a las residencias simulando un procedimiento legal. Una vez adentro, proceden a secuestrar a los inquilinos para ejecutar los robos.

También cambiaron el perfil de las víctimas y comenzaron a atracar las viviendas de jíbaros y narcotraficantes que acababan de reclamar sus ganancias, gracias a información obtenida de fuentes del bajo mundo y de los centros de análisis policiales.

En los últimos años se han documentado asaltos perpetrados por “los Tatas”, además de Popayán, en Armenia (Quindío) y Quibdó (Chocó). Fue esa dinámica criminal la que los trajo a Medellín el pasado mes de abril.

Los investigadores creen que analizaron a su objetivo durante varios días, antes de dar el golpe el fatídico 1° de mayo en el barrio Laureles. A las 9:00 a.m. llegaron en varios vehículos al edificio Praga, vistiendo chalecos y otros distintivos de la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía.

Con una orden de captura fraudulenta, por el presunto delito de lavado de activos, ingresaron al apartamento de un ingeniero y sustrajeron $17 millones de pesos y joyas, que de antemano sabían que estaban en ese sitio.

A las 9:30 a.m. llegó al edificio una patrulla verdadera de la Policía, para atender un llamado de la ciudadanía por movimientos sospechosos. La motocicleta con los dos uniformados se topó en la calle con tres de los asaltantes, los cuales los intimidaron con pistolas.

El subintendente Juan Esteban Cortés Pérez se les enfrentó y se produjo un tiroteo, en el que él fue asesinado y dos de los ladrones disfrazados quedaron heridos. Los demás se dieron a la fuga en un taxi y varios carros.

Uno de los asaltantes heridos falleció horas después en Policlínica: Germán Vivas Alzate, de 43 años, oriundo de Popayán y apodado “Gafas”, quien tenía varios antecedentes judiciales por hurto y porte ilegal de armas, entre otros punibles.

Con esta imagen la Policía le rindió un homenaje a su héroe asesinado en Medellín. Cortesía.

El otro herido, quien fue llevado a la Clínica Medellín y se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, fue identificado como Benjamín León Gutiérrez (“el Gordo”), también de Popayán y con seis procesos penales abiertos por el delito de hurto. En 2017 había sido capturado y, ahora, por el crimen del policía, le emitieron una nueva orden de captura.

El análisis de las cámaras de vigilancia del vecindario les permitió a los investigadores del caso recuperar una pistola traumática que fue arrojada a un antejardín y localizar dos camionetas Kia Sportage y Renault Duster usadas en el falso allanamiento.

Los agentes de la Sijín también arrestaron a Jhon Steven Cuervo Olarte, de 27 años, sospechoso de conducir uno de los vehículos en los cuales escaparon “los Tatas”.

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado. Se declaró inocente, pero fue enviado a la cárcel como medida de aseguramiento.

Las autoridades recordaron que sigue vigente la recompensa de $100 millones de pesos para dar con los demás integrantes de la organización.

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El Inspector.

Se trata de Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias “el Montañero”, jefe de la organización criminal “el Mesa”, que delinque en Bello, Medellín. Bogotá, Soacha, Boyacá y varias subregiones de Antioquia, en asocio con el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

“El Montañero”, jefe de la banda “el Mesa”, está de nuevo en libertad. Foto de Manuel Saldarriaga.

“El Montañero” había sido transferido el año pasado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí por gestión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Allí se llevan a cabo los diálogos con el Gobierno, junto a los principales jefes de las bandas del Aburrá que participan en ese proceso.

Fuentes del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) le confirmaron a El Colombiano que está libre desde el pasado 14 de marzo.

“El Montañero” había sido capturado el 26 de octubre de 2019 en una finca de Aranzazu, Caldas. Fue condenado a ocho años de cárcel por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Esto quiere decir que apenas estuvo preso cuatro años y cinco meses del total de la sentencia, y que un juzgado de control de penas y medidas autorizó su libertad a pesar de tener a cuestas una investigación por homicidio.

El crimen en cuestión ocurrió el 21 de marzo de 2020 en el patio N°2 de la cárcel de Cómbita, en Boyacá. La víctima fue Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, cabecilla de la banda “Pachelly” y acérrimo enemigo de “el Montañero”.

Mazo murió acuchillado en medio de una riña, y “el Montañero” fue el principal sospechoso, según el expediente que abrió la Fiscalía 9° Seccional de Tunja (noticia criminal N°152046300150 202080072).

“El Montañero” es un viejo conocido del sistema judicial en Colombia. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá ya lo había condenado a 26 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tentativa de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo.

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La sentencia fue por liderar un asalto a un camión de transporte de valores en 2003, en el barrio Las Flores de Bogotá, en el que fue asesinado un policía de la Sijín. A pesar de esto, apenas estuvo nueve años preso y regresó a la calle en 2013.

Retomó las riendas de “el Mesa”, una organización que cuenta con unos 300 integrantes, dedicados al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, lavado de activos, desplazamientos forzados, secuestros y desapariciones.

Una de las maneras en las que suele evadir la justicia, según fuentes judiciales, es mediante el cambio de identidad. En los registros de la rama judicial figura en expedientes penales con tres nombres: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez, Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña. Con este último fue que obtuvo su libertad.

Por su influencia en el mundo criminal fue llamado a ser vocero de paz en la mesa de paz del Gobierno y las bandas del Valle de Aburrá.

Hasta ahora el Gobierno ha guardado silencio sobre esta libertad, y acerca de la manera en que seguirá participando en el proceso, dado que los demás voceros cumplen con la condición de estar reunidos en la cárcel de Itagüí.

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El Inspector.

La noticia fue confirmada por el director de la Policía, general William Salamanca, durante una visita a la ciudad para conversar sobre seguridad con un grupo de empresarios. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El expolicía Jean Espinosa (recuadro) y Henry Silva (“la Mula”) cayeron en el barrio La Pilarica, de Medellín, cuando iban en un automóvil Mercedes Benz. Fotos cortesía de la Policía.

“Durante nuestra visita a Medellín supervisamos la operación que culminó con la captura de dos presuntos narcotraficantes de ‘La Oficina’: alias ‘Mula’ y ‘La Firma’; este último responsable del tráfico de 3 toneladas de cocaína mensuales, en alianza con carteles mexicanos”, trinó el oficial.

La detención fue realizada por investigadores de la Dijín, quienes lo sorprendieron este jueves 14 de marzo en un automóvil Mercedes Benz en el barrio La Pilarica, en la comuna de Robledo.

En su contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado; sobre Henry Silva Álvarez (“la Mula”), su acompañante, las autoridades indicaron que al parecer fungía como escolta y tiene antecedentes por hurto calificado, tráfico de armas, y uso de documento falso. Lo señalan de participar en el hurto de un vehículo de valores que transportaba oro y platino en Medellín, en 2013.

El automóvil Mercedes Benz en el que iban los capturados fue decomisado. Foto cortesía de la Policía.

En el operativo les incautaron dos pistolas Jericho 9 milímetros con su respectiva munición y cuatro proveedores, $20 millones en efectivo, cuatro celulares, documentos de identidad a nombre de una empresa de seguridad, tres navajas, dos memorias USB y algunos fetiches de santería y esoterismo, que suelen usar los miembros de “la Oficina” para “proteger” sus actividades ilegales.

En particular, les encontraron un libro llamado “Oráculo de las Runas”, una bolsa de tela con ramas y semillas, y varios símbolos de runas en cuarzo dentro de una caja.

“La operación, que contó con la activa participación de las autoridades de Estados Unidos, es el resultado de la fluida cooperación internacional, que tiene entre sus objetivos identificar narcos invisibles, de los cuales hemos capturado 35”, recalcó Salamanca.

Espinosa, de 45 años, es un viejo conocido en el bajo mundo de la capital antioqueña. De acuerdo con fuentes judiciales, fue investigador de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Fue destituido con otros dos uniformados, por haber retenido ilegalmente y asesinado a un presunto ladrón de carros, aunque por esos hechos nunca fue condenado.

Runas en cuarzo incautadas a “la Firma”, al parecer usadas para la adivinación. Foto cortesía de la Policía.

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Tras su salida de la Institución, comenzó a trabajar para la organización criminal “Doce de Octubre”, como socio del cabecilla Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”). Se involucró con temas de narcotráfico, extorsión, sicariato, secuestro y cobro de deudas mafiosas.

Con el auspicio de “Soto”, se ganó la confianza de uno de los máximos líderes de “la Oficina”, la empresa mafiosa que regenta a las bandas del Valle de Aburrá: Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”), quien hoy está preso en Estados Unidos.

“La Firma” había sido capturado en un retén el 11 de agosto de 2012, cuando viajaba en un automóvil Chevrolet Swift por la autopista Bello-Hatillo, en inmediaciones del municipio de Copacabana. En ese momento, el cabecilla era acompañado por un civil y otro policía corrupto de la estación Laureles de Medellín.

En la inspección al vehículo le encontraron un fusil, una escopeta de doble cañón y una pistola. Por esta situación fue condenado a 15 años de cárcel, por el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar.

Al salir de prisión, al parecer regresó a sus actividades delictivas. Según fuentes policiales, estableció negocios con el narcotraficante Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”, “Andrea” o “Babalao”), para exportar cocaína desde la Costa Atlántica hacia Centroamérica y Estados Unidos. Este último fue detenido y también extraditado en 2022.

Las autoridades no especificaron si el Gobierno de Estados Unidos pedirá a “la Firma” en extradición.

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El Inspector.

El ataque ocurrió en la noche de este 7 de marzo en el barrio Los Balsos, en la comuna de El Poblado, suroriente de Medellín.

Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”, luego de su captura en 2013 en Panamá. Foto de archivo El Colombiano.

Según la información preliminar de las autoridades, Rojas andaba en un automóvil BMW con uno de sus hombres de confianza, Julián Alexánder Suárez Giraldo, apodado “el Enano”.

Estaban conversando en la vía, cuando un hombre se les acercó y les disparó, para luego huir en una moto. “Pichi Gordo” recibió impactos en el rostro y la cabeza; mientras que “el Enano” en la espalda y el pecho. Este último al parecer portaba una pistola Smith and Wesson calibre 9 milímetros, con salvoconducto legal, la cual quedó a pocos centímetros de su cuerpo.

Ambos fallecieron a un costado del parque La Provincia, donde al parecer acudieron para jugar un partido de fútbol.

En el ataque resultó herida una tercera persona, el exfutbolista John Gerver Lovert Córdoba, de 49 años, quien se retiró del fútbol profesional en 2004 y se dedicó al entrenar jóvenes talentos en escuelas y clubes aficionados. Fue hospitalizado con un balazo en una pierna.

El asesino fue descrito como “un hombre bajito y trigueño, que vestía gorra, camiseta oscura y bluyín”, quien fue visto merodeando el parque momentos antes del ataque.

Según la evidencia inicial obtenida en las cámaras de seguridad del sector, al parecer se trató de un operativo sicarial coordinado con dos motos, un automóvil Renault Sandero y una camioneta Koleos.

UNA VIDA EN EL CRIMEN

“Pichi Gordo” había salido de la cárcel el 21 de enero de 2o2o, con el beneficio de libertad condicional dentro de una pena de 16 años de prisión por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Su salida generó roces con otros jefes de “la Terraza”, pues trató de imponerles su antigüedad para tratar de recuperar varios de los negocios que tenía antes de ser encarcelado en 2013, pero no lo logró. Esto creó fricciones con “Chicho”, “Yordi”, “Barny”, “Tombolín” y otros líderes de la facción.

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El reacomodo provocó varios asesinatos de integrantes rasos de la organización, aunque el conflicto se enfrió en un principio por la intervención de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), máximo jefe del grupo, quien está preso desde 2009.

La escena del crimen en el sector de Los Balsos, en El Poblado. Foto de cortesía.

“Pichi Gordo”, también apodado “Pavarotti”, “Carmen” o “Plancha”, estuvo durante los últimos años trabajando a la sombra para “Douglas”, involucrándose en algunas gestiones de pacificación de conflictos entre combos a nombre de su jefe, y ocasionalmente se dejaba ver en eventos y partidos de fútbol entre muchachos de las bandas.

De momento se desconoce quién ordenó su muerte. Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que en los corrillos criminales comenzó a correr un rumor hace algunas semanas, que señalaba a “Pichi Gordo” de conspirar con funcionarios corruptos de la Fuerza Pública para orquestar expedientes y operativos contra sus enemigos. Esta información, aún no confirmada, al parecer lo puso en la mira de la mafia.

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Del hombre que murió a su lado son pocas las referencias por ahora. “El Enano”, cuya base de operaciones era Guayabal, se había convertido en su mano derecha, cumpliendo funciones de secretario, vocero y escolta.

Los dos hombres fueron acribillados por sicarios a bordo de una motocicleta. Cortesía.

“Pichi Gordo”, de 50 años, era fanático de la santería y la magia negra. Durante la guerra interna de “la Oficina” (2008-11), entre los capos Maximiliano Bonilla (“Valenciano”) y Ericson Vargas (“Sebastián”), se destacó como uno de los principales jefes de sicarios al servicio de este último.

Estaba incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (2014), por su relación con “la Oficina”, y se cree que participó en más de 100 asesinatos, aunque solo fue condenado por uno: el del empleado bancario Elkin Rivera González (2008), abaleado por un error de sus sicarios en el barrio Campo Valdés.

Después del doble homicidio se escucharon estallidos de pólvora en varios vecindarios de Medellín y Envigado, al parecer celebrando la muerte de “Pichi Gordo”.

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El Inspector.

El pasado 29 de febrero se produjo la captura de Wilmar Alexánder Mejía Panesso (“Dólar”) en una casa de la carrera 75A con la calle 97 del barrio Castilla, que al parecer funcionaba como centro de acopio y distribución de drogas.

Alias “Veneno” y “Dólar” (en el recuadro), presuntos miembros de “los Machacos” capturados en una casa que funcionaba como centro de acopio de drogas, en Medellín. Fotos cortesía de la Policía.

Cuando la Sijín de la Policía la allanó de sorpresa, el cabecilla estaba acompañado de dos compinches, al parecer dedicados a empacar dosis de marihuana y cocaína: José Yesid Espinoza (“Veneno”) y Eduar Andrés Urán. Este último se resistió al arresto y terminó con un balazo en la pierna derecha.

En el registro a la vivienda, los uniformados encontraron 10 municiones de fusil calibre 5.56, una chaqueta y dos chalecos reflectivos oficiales de la Policía Nacional, así como un kilo de marihuana y 300 gramos de cocaína.

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A Andrés Felipe Guerra Toro (“Polo”) le incautaron un arma de fuego, dos celulares y 8 millones de pesos. Foto cortesía de la Policía.

“Dólar” fue llevado ante el juez de control de garantías para responder por los cargos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, uso ilegal de uniformes de la Fuerza Pública y porte ilegal de municiones.

No es la primera vez que cae a la cárcel, pues tiene antecedentes penales por homicidio y porte ilegal de armas. En el pasado fue uno de los lugartenientes del capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), líder de “la Oficina”, y le manejó varios negocios de narcotráfico en la Costa Atlántica y San Andrés.

El 11 de febrero de 2024 fue había sido capturado el segundo al mando de “los Machacos”, James Bresney Zea González (“James”), de 44 años, quien fue sorprendido en una vía pública de la ciudad de Neiva (Huila).

James Zea, presunto cabecilla de la banda “los Machacos”. Cortesía.

Ese mismo día también fue detenido en una finca del municipio antioqueño de Porce, celebrando su cumpleaños, otro de los presuntos coordinadores de la organización, Andrés Felipe Guerra Toro (“Polo”), de 40 años, quien al parecer se encargaba del manejo de los dineros de las extorsiones y el tráfico de drogas.

El 28 de septiembre de 2023, en los barrios Castilla y San Martín de Porres, fueron detenidos otros nueve integrantes del grupo, en el marco de la misma investigación de la Fiscalía.

NO ACEPTARON LOS CARGOS

En las audiencias, tanto “Dólar” como “James” y “Polo” se declararon inocentes, pero un juez los envió a la cárcel de manera preventiva, mientras el proceso penal sigue su curso.

A “James” le imputaron la presunta participación en el asesinato de Ómar de Jesús Guiral Zapata (3 de octubre de 2021), un conductor de aplicaciones móviles de 50 años, acribillado por sicarios en un billar del barrio Pedregal.

De igual manera, la Fiscalía le endilgo un doble homicidio perpetrado el 13 de febrero de 2023 en el barrio Brasilia, de la comuna de Aranjuez. Allí sus matones le dispararon al comerciante  Jorge Albeiro Rojas Gaviria, quien al parecer estaba amenazado por no pagar una extorsión de $20 millones y tuvo que huir de Castilla un mes antes; en el hecho también murió el barbero Rodrigo Alberto Martínez Valencia, quien trató de defenderlo.

La organización delincuencial se dedica al sicariato, extorsiones, secuestros, narcotráfico, cobro de deudas mafiosas, amenazas y desplazamientos forzados, entre otros negocios clandestinos.

Luego de estas detenciones, las autoridades indicaron que “los Machacos” quedaron al mando de otro cabecilla apodado “Morocho”, quien de paso se convirtió en el próximo objetivo a capturar.

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El Inspector.

En prisión también está “Nando Robles”, otro cabecilla de Medellín, esperando la condena. Esta es la reseña de los casos, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Johnny Alexánder Ramírez Arenas, alias “el Diablo”, cabecilla de “el Mesa”. Foto cortesía de la Fiscalía.

Carlos Roberto Izquierdo, director especializado de la Fiscalía contra las Organizaciones Criminales, detalló que en las audiencias de control de garantías le imputaron a “el Diablo” el cargo de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio.

Ramírez Arenas, también apodado “la Negra” o “Limón”, se declaró inocente, pero le dictaron medida de aseguramiento intramural, mientras continúa el proceso penal.

“Este hombre sería uno de los principales articuladores de una violenta disputa entre grupos delictivos, que dejó más de 150 muertos en Medellín y Bello entre 2019 y 2020”, recalcó el fiscal Izquierdo.

Como uno de los líderes de “el Mesa”, prosiguió el funcionario, “estaría involucrado en el tráfico de estupefacientes al menudeo, extorsiones, desplazamientos y desapariciones ocurridas en el área metropolitana del Valle de Aburrá, La Ceja, El Carmen de Viboral, La Unión, Sonsón, Argelia, Nariño y Caldas (Antioquia); Soacha (Cundinamarca) y Bogotá”.

“El Diablo” fue capturado por la Dijín el pasado 23 de agosto en una vivienda de Bello, durante la operación Luzbel II. Fuentes cercanas al procedimiento contaron que al llegar al sitio había seis sospechosos, y en principio no reconocieron a Ramírez, pero más tarde confirmaron su identidad en el examen de dactiloscopia.

A “el Mesa” ingresó hace 20 años, “inicialmente como escolta de los cabecillas de la época, y actualmente tendría a su cargo 500 personas. En su contra había una notificación azul de Interpol”, concluyó Izquierdo.

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Luis Fernando Zapata Ruiz (“Nando Robles”), capturado por la Policía en el corregimiento San Cristóbal, de Medellín. Cortesía.

LA CAÍDA DE “NANDO ROBLES”
“El Diablo” no ha sido el único cabecilla del Valle de Aburrá que cayó a la cárcel recientemente. En la prisión de Bellavista se encuentra, esperando su condena, Luis Fernando Zapata Ruiz (“Nando Robles”), miembro de la cúpula de la organización criminal “San Cristóbal”.

Según el dosier de la Policía, este personaje comandaba una confederación ilegal que agrupa a varios combos del corregimiento San Cristóbal y de la comuna 4 de Medellín (Aranjuez), entre ellos “los Paracos del Llano” y “Moravia”.

Fue capturado el pasado 8 de junio en Barrio Nuevo, en la cabecera corregimental de San Cristóbal, y judicializado por concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico de estupefacientes y utilización de menores de edad para delinquir.

Es desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las AUC y fuentes de Inteligencia presumen que al parecer tiene conexiones delincuenciales con el Clan del Golfo.

En el juzgado aceptó la responsabilidad en los delitos imputados, por lo que será condenado en los próximos meses.

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El Inspector.

La Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) lo sorprendió esta semana en un restaurante del barrio Laureles, del Occidente de Medellín, donde departía tranquilo, a pesar de que por su captura había una recompensa de hasta $100 millones en Cartagena.

Cristian Villegas Quiroz, alias “Colorado 40″ o “Mono Paisa”. Foto cortesía de la Policía.

Según el informe de la Policía, “Colorado”, de 32 años, comenzó a delinquir cuando era adolescente, en una banda de Castilla conocida como “la 40″. Con dicho grupo trabajó para “los Mondongueros” y durante la guerra interna de “la Oficina”, entre 2008 y 2011, estuvo del lado del capo Maximiliano Bonilla (“Valenciano”).

Después del conflicto se unió al bando opuesto, y su combo “la 40″ se alineó con “los Pesebreros”, con lo que pudo ampliar sus redes desde Castilla hacia las comunas de Robledo y Doce de Octubre.

De su tiempo con “Valenciano” aprendió a moverse en la Costa Atlántica, haciendo trabajos criminales en las ciudades de Cartagena y Barranquilla. Y al pasar a “los Pesebreros”, siguió explotando dichos contactos, consiguiendo contratos para tareas de sicariato, escolta de mafiosos, transporte y custodia de cargamentos de cocaína.

Uno de sus clientes en esa región era el narcotraficante Gustavo Álvarez Téllez (“Gordo Tavo”), quien luego de pagar 36 meses de cárcel en Estados Unidos fue recapturado en 2020. También hacía trabajos para el Clan del Golfo y “la Oficina”.

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“Era el enlace de estructuras criminales de Medellín con las de Cartagena y Barranquilla. Coordinaba alijos de narcotráfico para el exterior”, comentó el coronel José Miranda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por esta razón figuraba en la lista de los delincuentes más buscados de Cartagena, con una recompensa de $100 millones en contra.

EL CRIMEN DEL OFICIAL DEL INPEC

En 2019, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, varios cabecillas de la organización criminal “la Oficina” y de “los Pesebreros”, recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), le habrían encomendado el asesinato del capitán Luis Eduardo Millán Manrique, comandante de guardia del Inpec en dicha prisión.

La causa del crimen fue “una retaliación por las decisiones tomadas en materia de seguridad dentro del penal”, explicó Lizeth Franco, directora de la Seccional de Fiscalías de Boyacá.

El capitán Luis Millán, del Inpec. Cortesía.

“Colorado” habría seleccionado un grupo de 15 personas, entre sicarios, transportadores y de apoyo logístico, convocando integrantes de “la 40″ y otros combos de Robledo y San Javier. Todos se comunicaban por un chat de WhatsApp, denominado “el paseo”.

Luego de cuatro días de seguimientos, el homicidio ocurrió el 18 de junio de 2019, cuando el capitán Luis Millán conducía un carro por una vía de la vereda San Onofre, en Boyacá.

Los sicarios lo interceptaron en varias motocicletas y automóviles, y lo acribillaron. Kilómetros más adelante, varios de ellos fueron capturados en la reacción de la Policía.

Los procesados por este hecho, son: José Manuel Pérez Valencia, Juan Pablo Velásquez Montoya, Santiago Álvarez Mesa, Estefanía Jiménez Restrepo, Sebastián Acosta Cardona y Jeffeson Cárdenas Ocampo, quienes fueron condenados a 17 años de cárcel por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

A otros dos menores de edad los mandaron a un reclusorio juvenil con una pena de seis años.

Con medida de aseguramiento permanece Juan Esteban Muñoz Moreno, alias “Tato 40″, quien conducía la moto de alto cilindraje desde la cual le dispararon al funcionario; en la misma situación está Luz Leany Velásquez Bermúdez, quien iba en otra de las motos.

A “Colorado” lo capturó la Policía el 24 de abril de 2021, en Barranquilla, pero un juez lo dejó en libertad. En ese momento lo investigaban por el doble homicidio de Johan Alejandro Gutiérrez Henao y Jhonatan Londoño Sarrazola, perpetrado el 16 de abril de 2011 en un taller del barrio Castilla.

Ahora volvió a la celda, con cargos por homicidio agravado y tráfico de armas de fuego. Con su detención, ya son 11 los delincuentes procesados por la muerte del capitán del Inpec.

De momento la investigación se concentra en establecer quién fueron los cabecillas encarcelados en Cómbita que contrataron a “Colorado” para la planeación del crimen.

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El Inspector.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, la primera señal de fractura en la organización sucedió el pasado 11 de septiembre de 2022, cuando en una calle del barrio Castropol fue hallado el cadáver de Javier Ventura Marín, alias “Tatú”, quien hasta ese momento era el segundo al mando de la organización.

En este taxí abandonado en el barrio Trinidad, en la comuna de Guayabal, dejaron dos cadáveres amarrados y envueltos en lonas. Foto de Mauricio Palacio.

Desde entonces se han ido acumulando los rencores, entre quienes eran fieles a “Tatú”, y los que pretenden implantar un nuevo orden en la jerarquía. La furia estalló esta semana.

A las 9:00 p.m. del lunes 28 de noviembre, un grupo de asesinos entró a la casa de Santiago Ruiz Cifuentes, de 33 años, en el barrio Travesías del corregimiento San Cristóbal. Le dispararon varias veces, y aunque la comunidad trató de trasladarlo a un centro médico, no fue posible salvarlo.

El martes 29 de noviembre a las 7:40 p.m. unos sicarios mataron a tiros al barbero Édison Ortiz Pérez, de 42 años, en las afueras de su barbería del barrio La Floresta.

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El miércoles 30 de noviembre fue la jornada más violenta. A la 1:00 de la madrugada hubo una balacera en una vía pública de la vereda Pajarito, en el corregimiento de San Cristóbal. Mataron a Óscar Iván Orrego Ramírez, de 23 años, y a Andrey David Zapata Zapata, de 29; otro hombre de 39 resultó herido.

A las 8:00 a.m. fue hallado un taxi frente a un taller de mecánica del barrio Trinidad. El vehículo había sido hurtado en el barrio Vallejuelos y adentro dejaron dos cadáveres amarrados de pies y manos y envueltos en lona verde. Las autoridades los identificaron como Emiro Tuberquia, de 39 años, y Édisson Sosa López, de 43.

Dos horas más tarde tirotearon al lavador de carros David Alejandro Cuartas Londoño, de 34 años, en el barrio Monteclaro. Y a las 5:30 p.m. mataron a bala a Jorge Miguel Areiza Fuentes, de 24, en una calle del barrio Olaya Herrera.

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El siguiente ataque fue a las 8:30 p.m., en el barrio Palenque. Alli varias personas iban en un automóvil y ellas mismas abalearon a otro de los pasajeros, Juan Carlos Uribe Ceballos, de 23 años. El cadáver quedó dentro del carro y los demás ocupantes huyeron.

Contando a “Tatú”, ya son diez las víctimas de la disputa. La mayoría de ataques se concentran en territorios habituales de “los Pesebreros”, como el corregimiento San Cristóbal y las comunas de Robledo y La América.

Debido a esta situación hubo un consejo de seguridad, en el que la Alcaldía de Medellín decidió aumentar a $100 millones de pesos la recompensa por información que ayude a esclarecer estos crímenes. También se reforzó la presencia de la Policía en dichos lugares.

En cuanto a los presuntos responsables de instigar el pleito criminal, las agencias de Inteligencia concentraron sus esfuerzos en rastrear los movimientos y contactos de tres cabecillas: Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”) y Julián Jiménez Monsalve, quienes están en prisión; y  Luis Aníbal García Gómez (“Maicol”), quien ya salió de la celda.

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El Inspector.

La operación fue realizada por agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y del Gaula, en el corregimiento Doradal del municipio de Puerto Triunfo. Aunque la diligencia se realizó el pasado 7 de noviembre, solo se conoció públicamente este fin de semana. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Los capturados, de izquierda a derecha: alias “Morongoro”, “Ómar” y “Gago”. Foto cortesía de la Policía.

Fuentes cercanas al caso le relataron a El Colombiano que alias “Ómar” era uno de los principales objetivos de las autoridades, que lo consideran unos de los líderes de “Pachelly”, la banda oriunda de Bello que se dedica al narcotráfico, el sicariato y cobro de extorsiones hace más de tres décadas.

Asumió el liderato de la estructura en la calle después de la captura en 2020 de su hermano Alber Henao Acevedo (“Alber”), y de otros cabecillas reconocidos como “Pocho”, “Sólido”, “Lancha”, “Guayabo” y “Banano”.

Esta es la finca en la cual se realizó el allanamiento, en el municipio antioqueño de Puerto Triunfo. Cortesía.

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Para festejar su cumpleaños congregó en una finca de Doradal a varios amigos, secuaces y seis jóvenes prostitutas, de acuerdo con la Policía. Hubo licor en exceso, por lo que ninguno se dio cuenta que el lugar era vigilado por un dron desde los aires.

Cuando los comandos allanaron la vivienda, “’Ómar” trató de correr, pero tropezó y se dio un golpe en la frente. Uno de los policías le hizo la curación al finalizar el operativo.

En la vivienda también fueron capturados dos presuntos lugartenientes, Juan Diego Cortés Carvajal (“Morongoro”) y Eider Alexánder Sierra Giraldo (“Gago”).

En la audiencia de control de garantías, la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado. Todos se declararon inocentes y el juzgado les dictó medida de aseguramiento en prisión. “Ómar”, quien ya había sido detenido en 2016, será llevado a la cárcel de Bellavista una vez más.

Un policía le hizo curaciones a “Ómar” en la frente, luego del golpe que se dio en el intento de escape. Foto cortesía.

Además de “Alber”, otros de sus familiares encarcelados son sus hermanos Rodrigo y Nelson de Jesús Henao Acevedo (“Perica” y “Empanada”, respectivamente), y su sobrino Yeison Alexánder Henao Zárate (“Yandel”), todos relacionados con la banda.

La Policía también lo investiga por ser el supuesto enlace entre “Pachelly” y el cartel narcotraficante Clan del Golfo. Esta sociedad está inundando de drogas las plazas de vicio de los municipios de Bello, Barbosa, Copacabana, Girardota, Yarumal, Briceño, Ituango, San Pedro de los Milagros, Toledo y Valdivia.

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El Inspector.

Este fue el segundo golpe de las autoridades contra esa banda en el último mes, después de una serie de embargos a los bienes de algunos de sus jefes y de sus bandas asociadas.

En la operación de la Dirección Antinarcóticos fueron detenidos 13 miembros de “la Milagrosa” y cuatro policías. Foto de archivo.

Luego de varios meses de investigación, la Dirección Antinarcóticos de la Policía ejecutó la operación “San Sebastián” el 2 de noviembre de 2022, con múltiples allanamientos en el Oriente de Medellín. Incautaron dos granadas, 1.059 dosis de cocaína, 3.270 gramos de marihuana y pequeñas dosis de otras drogas como tusi, LCD, éxtasis y popper, así como $1’074.000 en efectivo.

Entre los 13 detenidos de “la Milagrosa” hay presuntos integrantes de su red de narcotráfico, incluyendo a Andrés Felipe Orrego Moscoso, alias “Fox”. Según las pesquisas policiales, este hombre sería miembro de la cúpula de la banda, a órdenes de alias “Colmillo” y “Ronald”, quienes permanecen escondidos.

En la acción fueron detenidos también cuatro policías activos de la estación de Buenos Aires, implicados en el robo de una droga que posteriormente le vendieron a la organización.

Según fuentes cercanas al caso, los uniformados hicieron un allanamiento ilegal a un centro de acopio de estupefacientes de la estructura delincuencial, llevándose 400 gramos de cocaína y 400 gramos de marihuana. Después buscaron a los integrantes del mismo grupo para devolverles la droga a cambio de 5 millones de pesos; al final, el negocio se definió por $3 millones.

En las audiencias de control de garantías, que a la fecha no han concluido, la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado les imputó a los 13 miembros de “la Milagrosa” cargos por concierto para delinquir, desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes y hurto calificado y agravado.

A los cuatro policías les imputaron concusión, cohecho propio y hurto calificado. Tanto ellos como los demás procesados se declararon inocentes en el estrado.

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EMBARGO DE BIENES

Además de la operación “San Sebastián”, el 17 de octubre pasado la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía anunció el embargo de 26 bienes inmuebles adquiridos con dineros ilegales de “la Milagrosa” y sus bandas aliadas de la confederación criminal “Caicedo”, entre ellas “los Conejos”, “los BJ” o “los Chamizos”, “Betania”, “San Antonio” y “la Roja”.

Tales bienes (16 predios rurales y urbanos, seis vehículos y cuatro locales comerciales) tienen un valor cercano a los $15.500 millones y están a nombre de familiares y presuntos testaferros de cabecillas como Héctor Alexis Muñoz Goez (“Draculín”), Martín Fernando Tamayo Cano (“Martín” o “Mao”) y Jaime Mauricio Agudelo Echavarría (“Kilin”), entre otros peces gordos que ya están capturados.

Las organizaciones criminales “Caicedo” y “la Milagrosa”, así como sus combos asociados, delinquen en el Centro y en el Oriente de Medellín, dedicadas al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, el desplazamiento forzado, el cobro de deudas mafiosas, entre otros delitos.

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El Inspector.

Así lo informó la Fiscalía este 26 de marzo, anunciando que intervino la mina a cielo abierto conocida como Cañada Negra, en el sector del mismo nombre, a la cual se puede acceder desde el barrio Santo Domingo Savio N°2 de Medellín, o por la vereda Granizal de Bello. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Fiscalía inició otra investigación paralela con fines de extinción de dominio contra la cantera y las máquinas incautadas. Foto cortesía de Fiscalía.

Deicy Jaramillo, directora contra las Violaciones a los DD.HH. en el ente acusador, explicó que la banda delincuencial tenía maquinaria pesada en el sitio, para explotar directamente el yacimiento, pero que también extorsionaba a terceros que lo usaban.

A cada conductor de volqueta le cobraban $40.000 para autorizarle la entrada a la cantera, y una vez este vehículo era llenado de material (arena, gravilla, roca u otros elementos), le cobraban de $400.000 a $500.000 a la persona que contrató ese viaje, para permitirle sacar los minerales.

Durante el operativo, en el que participaron miembros del CTI, el Ejército y la Policía, fueron capturados el administrador de la cantera y dos trabajadores, que registran antecedentes judiciales por terrorismo, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, lesiones personales culposas, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas de fuego.

“Serán imputados por los delitos de daño a los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos, y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales”, indicó la fiscal.

La montaña ha sido tan socavada, que hay peligro de deslizamiento y de afectaciones a los vecindarios cercanos. Foto cortesía de Fiscalía.

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También fueron incautadas tres máquinas, una volqueta y un automóvil, y fueron destruidas tres retroexcavadoras, cuyo valor aproximado era de $3.000 millones.

Según el informe del caso, “la agresiva labor de remoción que se realiza en el sitio ha incidido en la contaminación de la quebrada Cañada Negra y produjo un acelerado debilitamiento del suelo, al punto de que la montaña está en inminente riesgo de deslizamiento sobre varios asentamientos ubicados entre Medellín y Bello”.

Esta investigación comenzó luego de que el pasado 22 de febrero se presentara un enfrentamiento armado entre integrantes del combo “la Silla” y de “la Terraza”, al parecer por el control de las rentas derivadas de la mina. En su momento también se especuló que en el pleito participaron los combos de “el Pinar” y “la Torre”, apoyando a esos dos bandos.

Varios ciudadanos grabaron con sus celulares el tiroteo, lo que puso en la lupa de las autoridades a este sector. Incluso algunos padres de familia decidieron no enviar a sus hijos al colegio durante esa semana, por temor al fuego cruzado.

La Policía inició una serie de operativos para contener la inseguridad, los cuales dejan a la fecha, incluyendo la intervención en la mina, 24 capturas por diferentes delitos, 12 allanamientos, 8.8 kilos de marihuana incautada y el decomiso de siete armas de fuego, una granada y municiones.

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El Inspector.

Las víctimas fueron dos migrantes venezolanos y un colombo venezolano, que al parecer se dedicaban al reciclaje.

En este lugar del barrio Robledo fueron acribillados los migrantes venezolanos, según las autoridades.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el crimen ocurrió a las 7:30 p.m. del martes 22 de marzo. En un sitio conocido como Sapo Tieso, cerca de la antigua vía al mar, estaban conversando Édison Noel Pineda Pereira, de 21 años, y Darwin Alejandro Ochoa Batista. de 20. Ambos eran migrantes venezolanos, llegados a la ciudad hacía dos meses.

Los extranjeros departían afuera de un montallantas y en ese momento fueron rodeados por varios hombres armados, quienes portaban radioteléfonos. Los retuvieron y les dijeron que permanecieran en el sitio, mientras “verificaban una información”.

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A unas cuadras del lugar, otros hombres armados interceptaron a Víctor Hugo Echeverri Moreno, un colombo venezolano de 48 años. Le dijeron que tenía que acompañarlos y lo llevaron hacia donde estaba el otro grupo, con el cual intercambiaban mensajes por el radioteléfono.

A media cuadra de distancia del montallantas lo ejecutaron a tiros. En segundos, sus compinches le dispararon a los dos venezolanos.

Aunque la ciudadanía escuchó los tiros a las 7:30 p.m., solo hasta las 11:00 p.m. se hicieron presentes las autoridades judiciales en el lugar, para hacer la inspección a la escena del crimen.

En la zona delinquen varios combos delincuenciales, y de momento se desconoce cuál de ellos perpetró la matanza.

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El Inspector.

De acuerdo con los testigos, el ataque sucedió a las 10:40 a.m. del pasado 1 de febrero, en la carrera 51 con la calle 69B, cuando Juan Diego Pemberty Molina conducía una camioneta Mazda CX5. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este vehículo se transportaba la víctima por el barrio Sevilla, cuando se produjo el ataque de los sicarios. Foto de Santiago Olivares Tobón.

El vehículo fue interceptado por los asesinos a bordo de una motocicleta Bóxer de color rojo, según las cámaras de vigilancia de la zona. Estos dispararon a través de la ventanilla del conductor, impactándolo en el brazo y el costado izquierdo, para después escapar.

Por la cercanía del hecho con la clínica, la víctima fue ingresada al área de urgencias y atendida por los médicos de inmediato, pero la gravedad de las lesiones provocó que falleciera al poco tiempo.

Un reporte policial señala que Pemberty, de 44 años, sería uno de los presuntos coordinadores de la banda “Betania”, que delinque en la comuna 13 de Medellín y se dedica al tráfico local de narcóticos, extorsiones, sicariato y demás intimidaciones a la comunidad.

En la base de datos judicial figura como indiciado en siete procesos desde 2001, por porte ilegal de armas, hurto de vehículo con mercancía, lesiones personales y falsedad en documento privado. Además de esto, en los registros de la Procuraduría aparece que estaba inhabilitado para desempeñar cargos públicos entre 2013 y 2023.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc), en lo corrido del año se han presentado 29 homicidios en Medellín, de los cuales nueve están relacionados con acciones de grupos armados ilegales.

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El Inspector.