Esta historia comenzó el 17 de febrero de 2025, cuando Juan Pablo Leal Velásquez, de 27 años y apodado “Pablito Tusi”, invitó a sus allegados a una parranda en una de sus propiedades, localizada en el barrio Santa Cruz de Medellín.

Juan Pablo Leal Velásquez, alias “Pablito Tusi”, y la fachada de su propiedad en el barrio Santa Cruz de Medellín. Fotos de cortesía.

El lugar tenía las particularidades propias de un traqueto: en una barriada de estrato bajo, el dueño invirtió cerca de $4.000 millones para juntar varias casas aledañas con pasadizos secretos entre los muros de separación; le mandó a construir piscina y jacuzzi, sistemas de videovigilancia, un escenario para conciertos en vivo, ventanas de insonorización y múltiples habitaciones de huéspedes.

El día de la rumba contrató al cantante de vallenato Jair Ortiz Pérez y repartió licor y estupefacientes a manos llenas entre los invitados.

A las 8:30 p.m. la mezcla de trago y drogas sintéticas hizo explosión, y el anfitrión “Pablito Tusi” perdió los estribos. Discutió con su amigo y colaborador Cristian Camilo Tobón Londoño, de 31 años, y cuando este intentaba relajarse en el jacuzzi, le propinó varios balazos.

La situación se salió de control y otros de los presentes también abrieron fuego, hiriendo a dos personas más: el vallenatero Jair Ortiz, a quien una bala le perforó la axila y le salió por la espalda; y al invitado Iván Mauricio Moreno Rivera, un expatrullero de la Policía destituido por corrupción, quien sobrevivió de milagro con una herida superficial en la cabeza.

Moreno Rivera fue detenido en 2016, junto a otros cinco uniformados, acusados de vender información reservada a la banda “los Chatas”, a cambio de sobornos. En ese entonces trabajaba en la Sección de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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A los tres lesionados los llevaron a centros médicos, pero a Cristian Tobón no pudieron salvarlo. El expolicía se identificó como “un comerciante” y el cantante dijo que no sabía que era una fiesta de narcos, sino que lo había contratado una persona apodada “The King” (“el Rey”).

El alboroto fue aprovechado por “Pablito Tusi” para escapar por uno de los pasadizos secretos construidos entre las casas, una técnica empleada hace años por los miembros de la banda “los Triana” para burlar los allanamientos en Santa Cruz.

En el bajo mundo se rumora que también huyó uno de sus socios, conocido como “Alejo Tusi”. Este es un mote genérico, atribuido a varios traficantes de la droga 2CB (tusibí) en Colombia, por lo que no es claro cuál de todos era.

Cuando la Policía entró a la vivienda, encontró a la novia de Leal Velásquez incumpliendo una orden de arresto domiciliario. La modelo e influencer Mariana Andrea Gómez Castaño, madre de dos hijos de “Pablito Tusi”, estaba pagando una pena de 4 años de detención domiciliaria por tráfico de estupefacientes, dado que en 2o2o fue sorprendida en el aeropuerto El Dorado de Bogotá transportando 900 gramos de tusi con destino a Punta Cana (República Dominicana). Se suponía que estaba cumpliendo la pena en un apartamento de El Poblado, pero no era así.

Los agentes de la Sijín la pusieron a disposición de la Fiscalía para que solicitara la revocatoria del beneficio de prisión domiciliaria y la procesara por fuga de presos, pero a la fecha no se ha hecho ese trámite y ella continúa en su casa.

Además de la modelo, en el sitio habían otras nueve personas, entre ellas Manuela González Suárez, de 30 años e hija de Julián Andrey González Vásquez, alias “Barny”, antiguo jefe de sicarios de las bandas “la Terraza” y “la Oficina” (actualmente en libertad condicional). De momento no se ha esclarecido qué estaba haciendo esta mujer en la fiesta ni quién la acompañaba.

La balacera y la fastuosa propiedad llamaron la atención de las autoridades y la opinión pública. Según fuentes policiales, Leal Velásquez ingresó al mundo criminal de la mando de Elkin Triana, alias “el Patrón”, uno de los fundadores de la banda “los Triana”.

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Se dedicó desde joven al tráfico de drogas y se especializó en la comercialización clandestina de tusi, pero no del compuesto original, sino de una burda y tóxica mezcla de jarabe con ketamina y analgésicos, que en las rumbas y after parties se expende con la marquilla de “Bailarina Negra”.

Como fachada para ocultar sus ganancias, Leal posaba como comerciante de ropa, incluso con su propia marca registrada, aunque los ingresos difícilmente podían justificar sus gastos.

Gracias al dinero conseguido y a las rentas que le entregaba a “los Triana”, la organización le permitió expandir sus operaciones más allá de Medellín, y desde 2020, tras la caída de su novia en el aeropuerto de Bogotá, su nombre comenzó a sonar en los corrillos policiales.

Tras el tiroteo en su propiedad, la Fiscalía le abrió una investigación preliminar como indiciado del delito de homicidio, así que “Pablito Tusi” huyó hacia el Valle del Cauca. Se refugió en un condominio turístico del municipio de Calima Darién, donde continuó su estilo de vida parrandero, departiendo en los bares de la zona con gente armada.

Así estaba el pasado 11 de marzo, a las 11:00 de la mañana, cuando arribó con un grupo de amigos procedentes de Buenaventura (Valle) a uno de los restaurantes del pueblo. Al parecer iban a comprar comida y licor para una fiesta en una finca, cuando aparecieron varios sicarios en un carro blanco y una moto.

“Pablito Tusi” recibió 15 balazos en diferentes partes del cuerpo, y una bala perdida lesionó en el pie izquierdo a una mesera del restaurante, de 51 años. Los matones lograron escapar, antes de que los acompañantes de la víctima reaccionaran.

Cuando llegaron las patrullas de la Policía, requisaron a los acompañantes y les encontraron tres pistolas 9 milímetros sin salvoconducto, por lo cual los detuvieron. Leal falleció en un centro médico de Calima.

Las autoridades desconocen de momento quién ordenó la muerte del traficante, pero la hipótesis principal apunta a que se relaciona con el incidente en la parranda de Santa Cruz.

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El Inspector.

El protagonista de esta historia es Javer Alexis López Murillo, alias “Toyota”, quien de paso se convirtió en el primer extraditable capturado en 2023 en nuestro país. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La camioneta BMW en la que iban los escoltas de “Toyota”, la cual cayó desde un quinto piso en Medellín. Foto de archivo.

Todo comenzó en 2017, cuando la DEA detectó el ingreso de varios cargamentos de cocaína al estado de La Florida. Salían en lanchas de la costa Pacífica, tenían puntos de acopio en Centroamérica y, como peculiar característica, los bloques del alcaloide estaban marcados con los logotipos de dos marcas reconocidas: Nike y Toyota.

Las pesquisas se concentraron en una red criminal con injerencia en los departamentos de Cauca y Valle, pero aún no estaba claro quién era el traficante que la lideraba.

Hasta que a las 10:45 a.m. del 15 de marzo de 2021 sucedió un hecho insólito en la urbanización Finito del barrio Castropol, en el suroriente de Medellín: una camioneta blindada BMW cayó al vacío desde un parqueadero ubicado en un quinto piso.

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Adentro iban tres personas:el conductor Willer Bermúdez López, de 19 años y nacido en Istmina (Chocó); y los pasajeros Luis Mosquera Aguilar, de 32 y también de Istmina, y Alex Pineda Guerrero, de 38 y natural de Buenaventura (Valle). Este último falleció por el brutal impacto.

Cuando los socorristas llegaron para atender la emergencia, encontraron una caleta dentro del vehículo, con dos pistolas, un revólver y $6 millones en efectivo. El caso rápidamente captó el interés de la Policía.

En las averiguaciones, los vecinos contaron que los accidentados venían de Cali a visitar un inquilino de la urbanización, quien era conocido por organizar jolgorios bullosos con prostitutas en su apartamento. El sitio fue allanado, encontrando otra pistola, $157 millones, 1.500 dólares y 137 municiones de distintos calibres para arma de fuego.

El inquilino resultó ser “Toyota”, el supuesto narcotraficante del Pacífico que la DEA estaba buscando.

Los hombres que cayeron al vacío eran sus escoltas. Portaban cadenas de oro y joyas valoradas en $500 millones.

En las cámaras de seguridad del parqueadero se observó que estaban reversando, al parecer en medio de una discusión, cuando la camioneta aceleró, destruyó el muro de contención y voló hasta un parque infantil.

El coronel Édgar Cárdenas, jefe (e) de la Dirección Antinarcóticos, comentó que a partir de ese caso comenzaron los seguimientos que terminaron con la captura, dos años después, de “Toyota”.

Alias “Toyota” (de blanco) fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos. Foto cortesía de la Policía.

LA OTRA “CAÍDA”
Los comandos Jungla lo sorprendieron hace dos semanas, cuando disfrutaba de unas vacaciones en la playa de El Rodadero, en Santa Marta. Frente a la mirada atónita de los turistas, y con sus acompañantes obligados a tenderse en la arena, los policías le pusieron las esposas.

Según el prontuario documentado por la Policía, López Murillo “es uno de los herederos del extinto cartel del Norte del Valle. Manejaba las finanzas dentro de la organización, coordinaba todo lo relacionado con la producción y envíos hacia Centroamérica, y tenía vínculos con carteles de México y Guatemala”.

El detenido fue llevado a la cárcel La Picota, de Bogotá, a la espera de que se resuelva el trámite de extradición. “Toyota” tiene una acusación por dos cargos de narcotráfico en la Corte del Distrito Medio de La Florida, Estados Unidos.

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El Inspector.

Escopolamina, burundanga o benzodiacepina, mezcladas con licor, forman el coctel con el que muchos ingenuos caen inconscientes a sus pies. Este el abrebocas del nuevo capítulo de Revelaciones del Bajo Mundo, el pódcast de El Colombiano, estrenado este viernes 21 de octubre de 2022, bajo el título “Seducción y escopolamina en Medellín, un coctel mortal”.

Ya está al aire el nuevo capítulo de Revelaciones del Bajo Mundo, “Seducción y escopolamina en Medellín, un coctel mortal”. Ilustración de Tomás Giraldo.

En el episodio les contaré que en la lista de objetivos de estas organizaciones criminales hay turistas, empresarios y docentes, como el visitante turco Ramazan Gencay, a quien una cita pactada por Internet lo arrastró a un triste final en la zona rosa de la capital antioqueña.

Este crimen sucedió en 2018 y causó un profundo impacto en la comunidad académica, pues el extranjero era un docente de renombre, que había llegado a Medellín desde Canadá, para dictar un curso de finanzas en la Universidad Eafit.

También conoceremos los métodos empleados por las bandas para seducir y drogar a sus víctimas, así como las diferentes clases de sustancias que utilizan para diezmar la voluntad de las personas y extraerles información de sus cuentas bancarias.

Pueden disfrutar el episodio en www.elcolombiano.com/podcast y en las plataformas digitales de Spotify, Google Podcast, Spreaker y Apple Podcast.

Allí también están disponibles los otros cuatro capítulos de la primera temporada: “Asaltantes con fiebre de oro acechan en Medellín”, “Los conjuros siniestros del Clan del Golfo” y “Otoniel, el monstruo de las mil guerras” (parte 1 y 2).

Revelaciones del Bajo Mundo es un pódcast de la Casa Editorial El Colombiano, que fusiona el estilo narrativo de la crónica periodística con la ambientación de las radionovelas de antaño.

El origen de Revelaciones del Bajo Mundo se remonta a mayo de 2008, en medio de una oleada de violencia sicarial que azotó al Valle de Aburrá.

Para contar lo que ocurría en las calles, creé un blog de Internet, el cual rápidamente se convirtió en una fuente de información para las autoridades y en espacio para las denuncias de los ciudadanos afectados por la violencia.

Esta idea sobrevivió a los avatares del tiempo y luego de 14 años evolucionó. Hoy, las audiencias de Revelaciones del Bajo Mundo y El Colombiano pueden seguir leyendo el blog y ahora escuchar nuevas historias en el pódcast. ¡No te lo pierdas!

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El Inspector.

A la zona portuaria están llegando sicarios de Medellín, Cali, Chocó y otros departamentos, patrocinados por narcos que quieren ascender en el trono. El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo investigaron lo que ocurre, y en este informe se los contamos.

La zona portuaria de Cartagena es una de las plataformas de exportación de cocaína más usadas en Colombia. FOTO: ARCHIVO.

El mototaxista Richard Montalvo se disponía a darle las buenas noches a su familia, antes de dormir, cuando el sicario entró a su casa del barrio El Pozón, en Cartagena. Frente a sus seres queridos, los disparos sumergieron al conductor de 38 años en un sueño del que nunca despertó.

A los tres días, los fogonazos de otra pistola iluminaron brevemente la calurosa noche del barrio El Bosque. En el asfalto quedó tendido Daniel Viloria, de 60 años, y a su lado dejaron una hoja manuscrita con una peligrosa advertencia.

“Así le va a pasar al combo de Pati Pati y de Jose Abogado”, decía el panfleto, el cual estaba signado por las “Auténticas A.G.C.”, la sigla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o, como les dice la Policía, el Clan del Golfo.

Estos crímenes hacen parte de la racha de muertes que ha sacudido a la Ciudad Heroica en los últimos meses. Los periódicos locales han documentado 39 casos de sicariato en el primer trimestre de 2022, en medio de las disputas entre organizaciones narcotraficantes.

El Colombiano indagó lo que sucede con fuentes de Inteligencia y de la zona, las cuales coincidieron en que esta crisis empezó a gestarse el 7 de mayo de 2021, cuando la Policía allanó un condominio de lujo en la vereda Llanogrande de Rionegro, Antioquia.

En la operación fue capturado Juan José Valencia Zuluaga, un acaudalado personaje que posaba de empresario y coleccionista de autos deportivos, pero que escondía un oscuro secreto.

En el bajo mundo era conocido con los alias de “Falcon”, “Andrea”o “Babalao” y, según el expediente judicial, era el supuesto jefe del frente Héroes del Caribe, la estructura con la que el Clan del Golfo maneja sus negocios en Cartagena. El cargo lo obtuvo gracias a la confianza que despertó en Dairo Úsuga David (“Otoniel”), el máximo comandante del Clan en ese entonces.

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Una de las funciones de este grupo, dada su hegemonía ilegal en la ciudad, es cobrarles un “impuesto” a todos los narcotraficantes que exporten droga por cualquiera de los 53 muelles de la zona portuaria. El cobro oscila entre $1 millón y $2,5 millones por kilo de cocaína embarcado.

En sus días de jefatura, indicaron las fuentes, “Falcon” le reportaba a “Otoniel” sumas que rondaban los $50.000 millones al mes por ese rubro.

EL DESORDEN
Debido a la captura, “Falcon” tuvo que delegar sus negocios en tres lugartenientes, alias “Simanca”, “el Abogado” y “Pati Pati”. Sin embargo, ellos no infundían el mismo respeto entre las hordas de la mafia, y los narcos que antes pagaban el impuesto portuario se rebelaron.

A su desprestigio contribuyó la detención de “Otoniel” en octubre del año pasado, porque sin los grandes capos en el ruedo, los encargados ya no tenían el respaldo suficiente para torear a la jauría de traficantes desesperados por exportar su veneno blanco.

Incluso los propios “Simanca”, “Pati Pati” y “el Abogado” dejaron de rendirle cuentas al Clan y, al parecer, se quedaron con millonarias rentas de los “impuestos” por despachos de droga para carteles mexicanos, balcánicos, italianos y colombianos. El trío se enemistó con muchos peces gordos.

El Clan no se quedó de manos cruzadas y, para reorganizar la casa, envió a un grupo especial de mercenarios liderados por “el Gomelo”, los cuales empezaron a matar a todos aquellos que consideraban cercanos a los traidores.

Fue así como empezaron a rondar los panfletos que amenazan al combo de “Pati Pati” y compañía, firmados por las “auténticas A.G.C.”.

Esta fractura interna en el frente Héroes del Caribe del Clan está siendo aprovechada por organizaciones procedentes de otros departamentos, las cuales tratan de asegurar una ruta de narcotráfico que salga de los puertos.

Una de ellas está conformada por una alianza de traquetos caleños y chocoanos, que también distribuyeron panfletos presentándose como “Organización militar Salsas Mexicanos”, buscando infundir terror en los rivales.

“La Oficina” también está enviando a sus matones desde el Valle de Aburrá. En Cartagena las gente los nombra de distintas formas, como “los Paisas”o “los de Robledo”, porque algunos de los sicarios detenidos eran de la comuna 7 de Medellín (Robledo), donde actúa uno de los tentáculos de la facción.

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Las muertes derivadas de este conflicto comenzaron a finales de 2021 y aumentaron en lo corrido del presente año, afectando a varios barrios, en especial a Olaya Herrera y El Pozón, así como al corregimiento de La Boquilla. Aunque algunas de las víctimas tenían anotaciones por tráfico de estupefacientes, las balas también han alcanzado a inocentes.

Al mediodía del 13 de enero de 2022 dos asesinos entraron al cementerio Jardines de Cartagena, en el barrio El Recreo. Dispararon contra dos de los asistentes a un funeral, los cuales quedaron heridos, y por error mataron al guía turístico Dilson De La Rosa Ahumada, de 61 años.

Su muerte fue lamentada por el gremio del turismo y la sociedad cartagenera, y le puso la lupa a lo que estaba ocurriendo en La Heroica.

Estos son algunos de los panfletos que han circulado en las calles de Cartagena y en las escenas del crimen. Fotos de cortesía.

“LOS MONTADORES”
En el centro del problema está el deseo de las bandas por controlar la zona portuaria, que no solo les facilitaría la exportación de sus propios cargamentos, sino el cobro de los “impuestos” a los demás.

Tener el control implica más que regentar el bajo mundo de la ciudad. Se requiere tener infiltrados en las instituciones de vigilancia, inversiones en las empresas fachadas que fungen como comercializadoras (importan y exportan mercancía) y, sobre todo, apadrinar a “los montadores”.

El mayor Pablo Uribe, investigador de la Dirección Antinarcóticos de la Policía en la región Caribe, explicó que así se denomina en el argot ilegal a las personas dedicadas a “montar” la droga a las embarcaciones, en diferentes modalidades, como la contaminación de contenedores o la instalación de cilindros “parásitos” bajo el casco del buque.

El Clan, o la organización que domine los muelles, cita a reuniones a “los montadores” y les ordena que notifiquen cada vez que alisten un cargamento. Por ese trabajo reciben comisión, pero ahora que hay una confrontación y nadie sabe a ciencia cierta quién es el jefe, quedaron en medio del fuego cruzado.

El mayor Uribe indicó que este desorden criminal, en el que abundan los delatores para perjudicar a sus enemigos, ha favorecido el trabajo de las autoridades. La Dirección Antinarcóticos ha incautado este año 7,4 toneladas de cocaína en los muelles de Cartagena, siendo la zona portuaria en la que más decomisos se han presentado (en Santa Marta van 2,1 ton. y en Buenaventura 1,8 ton.).

La pérdida de esos estupefacientes exacerba las peleas entre los narcos, así como la persecución policial.

Álvaro José Barrios Díaz (“el Abogado”) fue capturado en septiembre pasado en el barrio El Laguito; y Alexánder Simanca Cabrera (“Simanca”) fue detenido en marzo en Chía, Cundinamarca.

Ahora la cacería se concentra en “Pati Pati”, el último que queda de los antiguos lugartenientes renegados de “Falcon”. La Policía espera atraparlo antes de lo que hagan los sicarios de la manada de narcos que ofendió.

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El Inspector.

Las consecuencias de la fiesta desaforada en un garaje de Itagüí todavía resuenan entre la opinión pública, en especial en aquellos hogares con adolescentes en etapa de rumbear. El festejo, realizado en la noche del sábado 21 de agosto en el barrio El Tablazo, dejó dos familias destrozadas.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el garaje en el cual se realizó la fiesta, ubicado en el barrio El Tablazo de Itagüí. Foto de Santiago Olivares Tobón.

La abogada Natalia Rodríguez, familiar de Santiago Vélez Galindo, le contó a El Colombiano que el menor de 14 años “era sano, no consumía drogas y practicaba mucho deporte” (ver el anexo).

El fin de semana le dijo a su madre Yurany Galindo que tendría una cita con una amiga; aunque ella no estaba de acuerdo con que saliera, accedió porque él prometió que volvería temprano a su vivienda del corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín.

“A él se le había perdido el celular antes, por lo que estaba incomunicado. No sabemos por qué razón, pero al parecer estuvo en dos ‘toques’ (rumbas con DJ en vivo) en el barrio El Limonar y después en El Tablazo”, recordó Natalia.

Santiago llegó a casa a las 5:00 a.m. del día siguiente. “La mamá lo regañó por haber llegado tarde. Él se acostó, ella al mediodía lo fue a despertar para que desayunara, y lo encontró morado en la cama”.

El reporte preliminar de la Fiscalía indicó que el muchacho fue trasladado a la Unidad Intermedia de San Antonio de Prado, donde los médicos ratificaron que había fallecido. Por considerar que no se trató de un deceso natural, informaron al CTI, cuyos técnicos judiciales rotularon el caso como “muerte por establecer”.

Esta espantosa escena se repitió esa misma mañana en una camilla del hospital San Rafael N°1 de Itagüí, donde pereció Juan Sebastián Córdoba Díaz, también de 14 años.

Su padre Andrés Córdoba, quien se propuso denunciar lo ocurrido ante la prensa, expresó que él le había dicho que iba para un asado, pero en vez de eso fue al “toque” de El Tablazo, cerca de su residencia, y llegó a casa a las 11:30 p.m.

Andrés lo sintió muy raro, y al amanecer, cuando iba a levantarlo, lo encontró pálido y con la lengua afuera. Los forenses lo registraron también como muerte por establecer, aunque los familiares de los fallecidos coinciden en señalar que fueron intoxicados por una mezcla de licor con tramadol, un medicamento de origen opiáceo, recetado para mitigar el dolor.

REFLEXIONES
De acuerdo con las indagaciones iniciales, la fiesta electrónica “Life and Dance” fue convocada por redes sociales, anunciando que tocarían cuatro DJ, habría venta de licor y el cover sería de $2.000. El anunció decía que la locación era “secreta”, y resultó ser un garaje de El Tablazo.

Al sitio llegó tanta gente que no había por dónde andar, según los videos de la rumba. En declaración entregada a Caracol TV, Daniela García, una de las organizadoras, reconoció que había niños y que “se perdió el control de la fiesta”.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, advirtió que el evento no tenía permisos y que se investiga si allí traficaron drogas.

Lo ocurrido ha generado dos reflexiones: la primera, de cara a quienes son padres, es acerca de la vigilancia que deben ejercer sobre los infantes. Otálvaro hizo un llamado a los papás, para que estén más pendientes del paradero y amistades de sus hijos, y prometió fortalecer los programas para la prevención del consumo juvenil de drogas.

Eliana Mejía, especialista en Psicología Jurídica, dijo que no hay que esperar a la adolescencia para establecer las normas, límites y vínculos de confianza con los hijos. “Hay que hacerlo desde la niñez, haciéndole entender que decir la verdad es importante, y demostrándoselo con el ejemplo en vez del castigo. Esto facilitará que, al momento de experimentar con amistades o que le ofrezcan drogas o licor, ellos le cuenten a sus padres”, dijo.

Según la experta, hay que estar atentos a ciertos comportamientos, como la ansiedad, depresión y mentiras frecuentes, que pueden dar indicios de que algo no está bien. “El aislamiento que vino con la pandemia, la desconexión de sus amigos, produjo en los jóvenes un aumento en la ansiedad, que ahora buscan calmar en cada oportunidad que tienen de salir”, opinó.

La segunda reflexión tiene que ver con el mercado negro de medicamentos. El tramadol solo se vende con fórmula médica, pero fuentes judiciales detallaron que lo han encontrado en otras rumbas electrónicas, en algunos casos mezclado con otros componentes para hacerlo rendir.

Esta distribución clandestina también se da con las benzodiacepinas, empleadas por delincuentes para sedar a sus víctimas y robarles. Esta sustancia reemplazó a la escopolamina como “arma” para someter la voluntad de la gente.

“No queremos que esto le vuelva a pasar a otra persona, es grave que las farmacias vendan esos medicamentos sin fórmula”, exclamó Natalia.

Las fuentes señalaron, de manera extraoficial, que todavía no hay indiciados en la investigación y que en la Fiscalía no se han instaurado denuncias, de momento. Las pesquisas buscan determinar si los infantes consumieron la mezcla de forma voluntaria, o si alguien se las suministró.

Andrés insistió en que “esto no se puede quedar así, porque a mi hijo le tuvieron que haber hecho algo”.

En cuanto a la familia de Santiago, aún no deciden si tomarán acciones legales. Natalia señaló que “todo es muy confuso, seguimos buscando información. La mamá todavía está en shock”.

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ANEXO: ERA UN DEPORTISTA CON PROYECCIÓN
Natalia Rodríguez contó que su familiar Santiago Vélez cursaba octavo grado en la I.E. Víctor Wiederman. “Tenía una beca por su desempeño deportivo, jugaba en dos equipos de fútbol, que le hicieron un homenaje”, dijo.

El joven era integrante de la Selección Sub14 de La Estrella, por lo que el Instituto de Deportes de ese municipio (Indere) publicó envió un saludo de solidaridad a la familia.

Lo mismo hizo el club Leones Itagüí, en el que también hacía gambetas, que escribió: “Nuestras condolencias en estos momentos de dolor”.

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El Inspector.

El incremento de estas “cocinas” clandestinas va de la mano de traficantes y químicos independientes, que trabajan para el mejor postor, incluyendo a las bandas del área metropolitana, el Clan del Golfo y la guerrilla del Eln.

El momento en que los policías de la Dirán y el Goes allanaron la finca en la vereda El Zarzal la Luz, de Copacabana. Foto cortesía de la Policía.

El hallazgo más reciente fue el 11 de marzo de 2020 en la vereda Zarzal La Luz, del municipio de Copacabana. Investigadores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía (Dirán) lograron infiltrar una red que traficaba base de coca desde el departamento de Cauca, y la traía a Antioquia en motos de alto cilindraje acondicionadas con caletas.

Los encargados de coordinar esa ruta son apodados “Luis” y “Yeison Aristides”, según fuentes cercanas al caso. El infiltrado, que decidió colaborar con las autoridades porque estos le quedaron mal en un negocio, ayudó a instalarles unos dispositivos GPS a las motos, en un taller de mecánica localizado en el sector La Bayadera, zona céntrica de Medellín.

El rastreo a las motos permitió encontrar una vivienda semirrural de Copacabana. Allí era descargada la base de coca, para su procesamiento y transformación en cocaína, en un laboratorio artesanal dentro del recinto.

Policías de la Dirán y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) llegaron al sitio y fueron recibidos a tiros desde un cerro colindante. De acuerdo con las pesquisas iniciales, el laboratorio era custodiado por presuntos integrantes del Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres, de la guerrilla del Eln. Los uniformados respondieron al fuego, y tras un intercambio de disparos, los delincuentes escaparon por la maleza.

Al ingresar a la finca, no había nadie. El laboratorio estaba equipado con compuestos químicos (1.320 galones de insumos líquidos y 665 kilos de sólidos) , recipientes para destilar, hornos microondas y demás implementos necesarios para fabricar el estupefaciente.

Incautaron 73.5 kilos de cocaína y 18.5 kilos de base de coca, al igual que varias marquillas para identificar la mercancía al momento de su distribución.

El siguiente golpe fue el pasado 20 de junio, en el municipio de Concepción, en el Oriente antioqueño. La Dirán encontró otro laboratorio, esta vez en un campamento de madera dentro del bosque, que vertía desperdicios contaminantes a las aguas del embalse de Guatapé.

Ahí decomisaron 259 kilos de cocaína, 113 kilos de base de coca, 1.125 kilos de insumos sólidos y 2.070 de líquidos, según el informe del caso. Algo que llamó la atención de los investigadores es que también había varios moldes de marquillas y una de ellas, con las siglas YZY, era igual a la encontrada en el laboratorio de Copacabana, tres meses antes.

A la izquierda de la línea roja, las marquillas encontradas en Copacabana; a la derecha, las de Concepción. Fotos cortesía.

ACERCÁNDOSE A MEDELLÍN

Fuentes de la Policía contaron que hace cinco años comenzó a incrementarse la instalación de laboratorios de droga en cercanías y dentro del Valle de Aburrá.

Estar cerca del perímetro urbano trae varias comodidades a los traficantes: 1). Facilidades para negociar, adquirir y transportar insumos químicos, camuflándose en la dinámica comercial y de movilidad vial de las ciudades más pobladas; 2). Evitar las áreas selváticas, en las que hay conflictos armados activos y presencia constante del Ejército (por ejemplo en el Bajo Cauca); 3). Conseguir más socios y clientela, por cuenta de las múltiples organizaciones delictivas que habitan en el área metropolitana.

Frente a esto último, hay múltiples casos documentados. El 4 de septiembre de 2013, el CTI y el Gaula Militar encontraron un laboratorio en la vereda La Pretel, de San Pedro de los Milagros, municipio vecino de Bello. El 14 de agosto de 2014 la Sijín destruyó otro en la vereda El Espinal de la misma localidad.

Se presume que en la administración y vigilancia de esas “cocinas” participaban el Clan del Golfo y la banda “los Chatas” de Bello, en sociedad.

El 25 de agosto de 2015, en un paraje limítrofe de los municipios de San Rafael y Alejandría, el Ejército descubrió lo que calificó como “el laboratorio más grande detectado en Antioquia en los últimos cinco años”. Se trató de un cristalizadero conformado por 11 construcciones rústicas, con capacidad para producir dos toneladas semanales de base de coca y ganancias mensuales cercanas a los $9.500 millones.

Los militares indicaron que la dueña del entable era la confederación criminal “la Oficina”, en particular “los Chatas”, que para ese momento estaban al frente de esa empresa ilegal.

El 8 de marzo de 2017, en el occidente de Medellín, fue capturado Braimer Muñoz Rivera (“Reblujo”), uno de los cabecillas de “los Chatas”. En el informe de la detención, la Policía detalló que “estaría a cargo de extorsiones y desplazamientos forzados, apropiándose de inmuebles con documentos falsos en Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, donde mantendría pequeños laboratorios de cocaína”.

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El 3 de septiembre de 2016 hubo otro hallazgo en una finca de la vereda El Zarzal, en Copacabana. Con información de inteligencia de la Embajada del Reino Unido, agentes del CTI y soldados de la Cuarta Brigada allanaron una propiedad recreativa, empleada para el alquiler y realización de fiestas con reguetoneros y DJ populares.

Allí había un laboratorio en el cual mezclaban cocaína con pegante para construcción, con el propósito de evadir los controles para su exportación. Los investigadores recuperaron 300 kilos del estupefaciente e indicaron que al cuidado de la mercancía estaba la banda “la Viña”, cuya base de operaciones es la comuna de Manrique, en el n0roriente de Medellín.

Otra banda urbana involucrada en la instalación y manejo de laboratorios es “el Tapón”, de Bello. Según la Fiscalía, administra estos entables para surtir la demanda de drogas en el Valle de Aburrá y las subregiones del Norte, Nordeste y Oriente, en alianza con grupos como “el Mesa”, el Eln y la disidencia del frente 36 de las Farc.

Su cabecilla, Fernando Jiménez Ruiz, alias “el Caníbal”, fue capturado el 25 de agosto de 2018.

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Los hallazgos de laboratorios, instalados por diversas bandas, continuaron el 15 de mayo de 2018 en otra finca del corregimiento Popalito, en el municipio de Barbosa; el 30 de agosto de 2018, en la vereda El Venado, de Girardota; y el 17 de septiembre de ese mismo año, en la vereda Los Alpes, de Marinilla. Estos tres hallazgos, al parecer, también guardan relación con organizaciones criminales del Aburrá.

Hasta el momento, ningún jefe mafioso del área metropolitana ha sido juzgado por la instalación, vigilancia o administración de estos laboratorios, que cada vez se construyen más cerca de la capital antioqueña.

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El Inspector.

Al analizar la estadística oficial confirmamos que, comparando los registros de enero de 2020 con los de enero de 2019, hay un aumento en los delitos contra el patrimonio en esta área, donde las bandas ejercen un control de las actividades ilícitas. Esta es la reseña del tema elaborada por El Colombiano, con el apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En el centro de Medellín, los barrios en los que confluye la influencia de varias bandas a la vez son: La Candelaria, Guayaquil, Colón y Villanueva. Foto de Julio César Herrera.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía, el mes pasado se denunciaron 827 robos, mientras que en el mismo lapso del año anterior hubo 710, lo que implica un incremento del 16,5%.

El aumento se observó en todas las modalidades de hurto (a personas, residencias y vehículos), con excepción de los atracos a establecimientos comerciales (ver infografía).

Algunos guías turísticos se quejaron por la mala impresión que se estaban llevando los extranjeros, debido a los frecuentes robos y hasta agresiones por parte de mendigos en los recorridos por los sitios más representativos de la comuna 10 (La Candelaria).

No todos los asaltos están relacionados con habitantes de calle, pero la mayoría están insertados en las dinámicas del crimen organizado que controla, somete y explota la economía del Centro, tanto la legal como la ilícita.

¿Cuáles son las bandas que regentan el poder delincuencial en el territorio? Este diario consultó a investigadores e informes de Inteligencia policial para resolver la pregunta.

A CONTROL REMOTO

La delincuencia tiene varias facetas en el Centro: 1). Lavado de activos, contrabando y piratería, que se ocultan en su febril actividad comercial y financiera; 2). Las bandas de crimen organizado, que pilotean el narcotráfico, la extorsión, la vigilancia ilegal, el pagadiario y la prostitución; 3). La delincuencia común, enfatizada en los robos de menor cuantía y la violencia sexual; 4). Los fenómenos de intolerancia, mala convivencia y violencia intrafamiliar, que provocan riñas y ataques por discriminación de género.

En el campo de las bandas, hay que decir que la criminalidad del Centro se maneja desde afuera de la comuna, es decir, a control remoto.

De acuerdo con investigaciones policiales, ese control lo disputan “la Terraza”, una estructura con base de operaciones en Manrique (comuna 3); y “Caicedo”, originaria de Buenos Aires (comuna 9).

En La Candelaria actúan 16 grupos locales, autodenominados “convivires”, que se encargan de las tareas operativas: intimidaciones, vigilancia clandestina y recaudo de rentas ilícitas. Algunos están asociados con “la Terraza” y otros con “Caicedo”, lo que ha producido confrontaciones por las plazas de vicio desde 2017.

Entre los más conocidos están “la convivir del Bronx”, en el barrio San Benito; “la convivir de Boston”, en Boston y Bomboná; y “la convivir de la Aurora” o “los Caravanudos”, en los sectores El Hueco y Los Puentes.

El botín es bastante lucrativo en términos de drogas: según datos de la Sijín, hay cerca de 220 plazas en el Valle de Aburrá, de las cuales 180 se concentran en el Centro de Medellín. De esas, las principales están en los alrededores de la Plaza Minorista, el antiguo Bazar de los Puentes, el sector El Bronx (Av. De Greiff), el Parque del Periodista y Niquitao.

Al resaltar estos puntos en un mapa, se ve que coinciden con las concentraciones de habitantes de calle, que en varios casos son instrumentalizados para el transporte y expendio de las dosis (ver la infografía).

Otra banda que las autoridades consideran importante en el escenario es “los Cocuelos” o “los Intocables”, conformada principalmente por migrantes de Urabá y especializada en robos a personas. Aunque es independiente, debe rendir cuentas de sus ganancias a los grupos de “convivir” que operan alrededor de los parques de Berrío y San Antonio.

Según los investigadores, los vecindarios en los cuales confluyen las operaciones ilícitas de “la Terraza”, “Caicedo” y “los Cocuelos”, suelen ser los más complejos en materia de atracos, extorsiones y venta de droga. Estos son: Guayaquil, Colón, La Candelaria y Villanueva.

ENFRENTANDO EL DELITO

La Fuerza Pública está haciendo su trabajo. El Sisc detalló que en enero fueron capturados 465 presuntos delincuentes en el Centro, 102 más que en enero de 2019 (363). También decomisaron siete armas de fuego y 52.971 gramos de estupefacientes.

Los resultados, sin embargo, no alcanzan todavía para transmitirle una sensación de plena seguridad a la población flotante de 1,2 millones de personas que a diario visitan el Centro, un área vital que concentra 19.911 empresas con 265.000 empleados formales, y 58 instituciones educativas con 200.000 estudiantes, según datos de Proantioquia.

El coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana, contó que este año comenzaron a implementarse unas mesas de trabajo interinstitucionales, con delegados de Espacio Público, la Personería, Secretaría de Seguridad y demás entidades involucradas en las dinámicas de la comuna 10.

“La idea es hacer un trabajo microgerencial y entre todos diseñar operaciones semanales de prevención del delito. Y no solo para temas de seguridad, sino para atender mejor las problemáticas que se vayan presentando en relación con el espacio público y demás”, dijo el oficial.

Y añadió: “De forma periódica vamos a evaluar la estrategia, para focalizarla en los puntos en los que esté ocurriendo el problema, por si se traslada de sector, y así brindar un mejor servicio”.

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El Inspector.

El procesado no aceptó los tres cargos que le imputó la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada: concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y porte de explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Su captura se suma a otro golpe propinado por la Fuerza Pública en las últimas semanas, cuando los agentes frustraron una venta de drogas de esa banda con el Clan del Golfo. Esta es la reseña de los casos, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Juano” fue capturado en el municipio de Guarne y será trasladado a la cárcel La Picaleña de Ibagué. Foto cortesía de la Policía.

Alias “Juano” fue detenido este miércoles 6 de noviembre, cuando se ocultaba en una finca del municipio de Guarne, Antioquia. En su habitación, los investigadores de la Dijín encontraron una pistola calibre 22 con su proveedor y una granada de fragmentación. Estaba en compañía de otros dos hombres, los cuales no fueron judicializados.

De acuerdo con la investigación de la Policía, el sospechoso tendría una trayectoria delincuencial superior a los 15 años. En la actualidad estaría coordinando a “los Triana” en la calle, pues los jefes principales están en prisión desde el año pasado: Elkin Triana (“el Patrón”) y Carlos Mario Triana (“Mario Chiquito”).

Ver la NOTA RELACIONADA: A “Mario Chiquito” lo pescaron andando en taxi.

Entre sus labores estaba administrar el cobro de extorsiones a los establecimientos comerciales de las comunas 1 y 2 de Medellín, así como a las rutas de buses que van a los barrios Zamora, Santa Rita, Pablo Sexto y Santa Cruz. Según la Dijín, producto de esa actividad, la banda obtendría cerca de $200 millones mensuales.

Para evadir a las autoridades, Wilson Hincapié usaba una cédula falsa, pero la artimaña no le funcionó. Tras la decisión del juzgado, será trasladado a la cárcel La Picaleña, de Ibagué (Tolima).

TRANSACCIÓN DE DROGAS FRUSTRADA

La captura de “Juano” no es el único golpe que las autoridades le han dado a “los Triana” recientemente. El 18 de octubre pasado la Policía capturó a siete personas, supuestos integrantes del Clan del Golfo y de “los Triana”, justo cuando adelantaban una transacción de estupefacientes en el barrio Santa Fe, en el occidente de Medellín.

La vivienda fue allanada por agentes de la Dijín adscritos a la Operación Agamenón, sorprendiendo a seis hombres y una mujer en flagrancia. Les incautaron 28 kilos de cocaína, 70 millones de pesos y 15 cartuchos de calibre 9 milímetros.

Esta es la droga que “los Triana” pretendían venderle al Clan del Golfo, según la Fiscalía. Cortesía.

De acuerdo con la investigación inicial, “Chiquito Malo”, uno de los máximos líderes del Clan en la subregión de Urabá, envió a dos de sus delegados a Medellín (“el Negro” y “Evelyn”) para comprarle la mercancía a “los Triana”, con el propósito de sumar esos kilos a otro cargamento y hacer un envío a Centroamérica desde el Golfo de Urabá.

Los siete detenidos fueron procesados por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes agravado y porte ilegal de municiones. Ninguno aceptó los cargos y en la audiencia de control de garantías les dictaron medida de aseguramiento en la cárcel.

Los afectados con la decisión fueron  Wálter Rojas Jiménez (“el Negro”) y Evelyn Ximena Ávalos (“Evelyn”), presuntos miembros del Clan del Golfo; y sus supuestos proveedores de “los Triana”, Luis Fernando Zuluaga Marín, Angelmiro David Góez, Diego Armando Agudelo Moncada, Juan Esteban Cardona Ospina y Jacob Andrade Arenilla.

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El Inspector.

La detención se presentó en la mañana de este miércoles 29 de agosto, en el marco de un operativo de grandes proporciones contra el comercio de drogas en la ciudad.

Ómar Darío Mazo, apodado “don Omar”, al momento de su captura en una finca de Copacabana, Antioquia. Foto cortesía de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana, “don Ómar” es sospechoso de liderar una lucrativa plaza de vicio en un sector conocido como “el Bronx”, ubicado en la Avenida de Greiff (calle 56), entre las carreras 52 y 57.

Las ganancias de la plaza, que las autoridades estiman en 750 millones de pesos mensuales, engrosaban a las arcas de los grupos “convivir” que trabajan para la organización criminal “la Terraza” en el Centro.

Fuentes judiciales señalan que Mazo nació en el municipio de Briceño y posa de comerciante, con inversiones en empresas agrícolas y forestales. Posee caballos de paso fino y es fanático del camper cross.

Entre sus socios estarían “Pedro Pistolas”, uno de los presuntos lavadores de dinero más importantes de la organización “la Oficina”; y “Ramón”, conocido como el “rey de la marihuana”, quien está en la cárcel acusado de coordinar el tráfico de cripa desde el departamento de Cauca, para “la Terraza” (ver la NOTA RELACIONADA: Las mafias detrás de la ruta de la cripa entre Cauca y Medellín).

En el procedimiento fueron detenidas otras tres personas: su esposa Yuli Alexandra Idárraga Marín (“la Mona”), señalada de administrar los dineros ilícitos de la plaza; y dos coordinadores, Elvia Rosa Salas Suárez (“la Negra”) y su hijo Juan Pablo Grajales Salas (“Juanpi”). Todos serán procesados por el cargo de concierto para delinquir agravado.

Mientras un grupo de uniformados arrestaba al cabecilla, otros 800 policías y empleados de la Alcaldía se tomaban “el Bronx”, derribando cambuches y expulsando a los mendigos que consumían estupefacientes en la zona. Cerca de 700 habitantes de la calle fueron dispersados y la Administración anunció que les brindaría asistencia sicosocial.

El operativo incluyó el decomiso de 34 bienes, valorados en 12.000 millones de pesos (tres apartamentos, cuatro casas, tres fincas, un parqueadero, una tienda, un hotel, seis motos y 15 carros). Las viviendas fueron demolidas, por considerar que eran usadas para distribuir droga.

También incautaron  $35.400.000, dos revólveres, una pistola, una escopeta, 106 cartuchos de diferentes calibres, siete celulares, dos USB y un computador portátil.

El parqueadero, según la investigación de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, “era utilizado por estos delincuentes para torturas y homicidios”.

La Policía indicó que este importante golpe a la mafia del Centro se logró gracias al uso de cámaras escondidas y a la valentía de dos agentes encubiertos, quienes durante cuatro meses se camuflaron en la zona fingiendo ser habitantes de calle.

Este jueves se llevará a cabo la audiencia de control de garantías, en el Palacio de Justicia de Medellín.

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El Inspector.

Según el coronel Geovanny Buitrago Beltrán, comandante (e) del Departamento de Policía Antioquia, el arresto se presentó a las 8:00 p.m. del miércoles 12 de octubre, cuando Osorio se aprestaba a tomar un vuelo directo rumbo a Madrid, España.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Diego Osorio transportaba la cocaína en su ropa interior. Foto: cortesía Policía Antioquia.

“Nosotros tenemos perfiladores especializados, que detectan comportamientos extraños en las personas, y uno de ellos fue quien detectó al ciudadano”, narró el oficial.

El exdeportista, quien también se dedica a la administración de moteles en el Valle de Aburrá, fue conducido a un salón, en el que le practicaron una requisa. Entre sus partes nobles, adheridos con cinta, llevaba 1.145 gramos de cocaína, cuyo valor en Europa ronda los 45.000 euros (equivalen a 144’761.850 pesos).

Fue en ese momento cuando Osorio señaló que tenía una deuda, sin especificar con quién ni por qué monto.

“Según su pasaporte, tiene salidas a muchas partes del mundo, viajes recientes y frecuentes”, agregó Buitrago.

En 2002, Osorio había sido capturado en Miami por conspiración para distribuir cocaína. Según el reporte de la época, pretendía distribuir 35 kilos de cocaína por los que ganaría poco más de 10.000 dólares. Tras un proceso, quedó en libertad bajo fianza.

En la audiencia de control de garantías, celebrada este jueves, un juzgado de Rionegro consideró que el capturado no era un peligro para la sociedad, razón por la cual lo dejó en libertad, pese al citado antecedente. La Fiscalía apeló la decisión.

Osorio fue jugador profesional en las décadas del 80 y 90, destacándose en la posición de lateral izquierdo. Sus mayores éxitos los cosechó en el club Atlético Nacional, por lo que fue convocado a la Selección Colombia.

Se retiró en 1997, debido a una lesión de rodilla en la cual tuvo varias recaídas. En los últimos años se dedicó a la administración de moteles y promoción de torneos de fútbol aficionado.

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El Inspector

El cristalizadero, como también se le llama, funcionaba en un área rural ubicada en un monte del Oriente antioqueño, en límites de los municipios de San Rafael y Alejandría.

Esta es una de las estructuras artesanales que componían el laboratorio de “los Chatas”. Cortesía Cuarta Brigada.

El general Leonardo Pinto Morales, comandante de la Séptima División, recalcó este martes (25 de agosto) que este es el laboratorio más grande detectado en Antioquia en los últimos cinco años. Las tropas de la Cuarta Brigada lo ubicaron luego de tres meses de pesquisas, pues la comunidad sabía de movimientos sospechosos en la zona, pero no tenía claro el punto exacto donde funcionaba.

El informe de los militares dice que el cristalizadero estaba compuesto por 11 construcciones rústicas, que contaban con aparatos “con los más altos estándares tecnológicos” para procesar la droga y con capacidad de producir dos toneladas semanales de base de coca, aproximadamente.

El estupefaciente tenía como mercado principal al Valle de Aburrá, y la mercancía de más alta pureza era enviada a  Centroamérica y Estados Unidos.

En el lugar no hubo personas capturadas, pero el Ejército informó que “los trabajos de Inteligencia Militar determinaron que quienes estaban realizando la producción de base de coca en este cristalizadero habrían desarrollado su actividad ilegal previamente en funciones de extorsión, microtráfico y sicariato a órdenes de los máximos cabecillas de ‘la Oficina'”.

Dichos cabecillas serían de la banda “los Chatas”, una de las estructuras más poderosas dentro de la confederación criminal “la Oficina”. Su líder, según las autoridades, es Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”.

En el procedimiento de registro y destrucción del laboratorio participaron integrantes de la Policía, que judicializaron los insumos químicos y la droga incautada (213 kilos de cocaína y 195 kilos de base de coca). Las autoridades, sin embargo, no especificaron si por estos hallazgos se expedirá alguna orden judicial contra los cabecillas de “los Chatas”.

Esta no es la primera vez que descubren un complejo cocalero de esta banda, a la cual le habían detectado otros en el municipio de San Pedro de los Milagros, que al parecer operaba en asocio con “los Urabeños” (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la Zona Norte).

El Inspector.

Finalizado el encuentro en la Unidad Deportiva de Belén, ubicada en el suroccidente de Medellín, el ciudadano de 31 años se dirigió al estacionamiento del lugar, al mediodía de este miércoles (abril 15).

Dentro de este vehículo falleció alias “el Mello”, en el parqueadero de la Unidad Deportiva de Belén. Cortesía.

Abrió la puerta de su automóvil Nissan March y se sentó en la silla del piloto. Justo en ese instante llegaron los sicarios, que al parecer llevaban un buen tiempo esperándolo. Uno de ellos se aproximó y con la puerta abierta le disparó a quemarropa, al parecer empleando una pistola con silenciador.

La víctima Róbinson Aguirre Carrero en su juventud. Cortesía.

Testigos del hecho notificaron a la Policía que los agresores escaparon en una moto de alto cilindraje Yamaha Fazer, de color blanco y negro y placa IMR-44B. Según esta versión, huyeron hacia el sur por la carrera 66B, a plena luz del día y en una zona plagada de cámaras de vigilancia.

Aguirre Carrero falleció en el lugar de los hechos. Sus allegados indicaron a las autoridades que era propietario de un local de compra y venta de vehículos ubicado en el barrio Trinidad de la capital antioqueña.

En las bases de datos judiciales no le figura ninguna clase de antecedente; no obstante, fuentes de Inteligencia aseguran que la víctima era conocida por los alias de “el Mello” o “el Mellizo”. Al parecer estaba relacionado con las finanzas clandestinas derivadas del tráfico de estupefacientes en el sector conocido como Barrio Antioquia, la principal plaza de vicio del Valle de Aburrá, que se extiende por las esquinas de los vecindarios Trinidad, Santa Fe, Tenche y Campoamor.

También lo investigaban por ser un supuesto socio de Jorge Mario Pérez Marín, alias “Morro”, un cabecilla de la banda “la Oficina”, el cual hasta el día de su muerte (31 de diciembre de 2012) ejercía el control de los negocios en Barrio Antioquia (ver la NOTA RELACIONADA: Las huellas dispersas de la masacre de Envigado).

Según la Sijín, en la actualidad en esa área operan seis combos encargados del microtráfico de drogas: “la Licorera”, “la 24″, “Alexpin”, “el Coco”, “el Quinto” y el combo de “Ratón”.

NOTA RELACIONADA: Matan a dos supuestos trabajadores de alias “Morro”.

El Inspector.

Esta trama comenzó a tejerse el domingo 1 de diciembre, cuando en una vía pública del barrio Prado Centro fue hurtado un vehículo Renault Logan. Al lunes siguiente, el afectado formuló la denuncia y comenzó el rastreo del carro en la ciudad.

En este carro gris fue hallada la víctima con el letrero. Cortesía Q'Hubo Medellín.

Esa noche apareció, parqueado en las afueras de unos bares de la concurrida avenida 33 con la carrera 63 (barrio Conquistadores). De acuerdo con investigadores cercanos al caso, un ciudadano observó cuando en la noche anterior llegó un sujeto, estacionó el rodante y luego fue recogido por una motocicleta, en pleno aguacero.

El dueño del automóvil llegó al sitio en compañía de la Policía, a las 10:00 p.m. de este lunes (diciembre 2).  Al abrir la maleta encontraron a un hombre maniatado con cinta gris, con la cabeza dentro de una bolsa plástica y heridas letales de arma blanca.

Por un documento que portaba, lo identificaron como Fernando León Cruz Agudelo, de 29 años. El informe de la Policía Metropolitana lo reseña con el alias de “Picacho”. La información preliminar arroja que vivía en el barrio La Nubia y se ganaba la vida como comerciante.

Muestra de cocaína rosada incautada en California (2008). Cortesía DEA.

Lo inusual del caso, es que junto al cadáver había un letrero que decía: “Vendedor de 12B”. El comandante de la Policía Metropolitana, general José Ángel Mendoza, declaró: “Este tipo de hechos lo que nos muestra es que la venta de estupefacientes y la extorsión nos siguen provocando estas muertes”.

El 12B, al que se refiere el mensaje, parece ser un tipo de estupefaciente, también denominado H2CB, B2B, 2CB o cocaína rosada. Se expende en polvo para inhalar o disolver en licor, de uso exclusivo por su alto costo. Se calcula que un solo kilo puede superar los 90 millones de pesos en el extranjero.

Fuentes de la Dirección de la Policía indicaron que la primera vez que se supo algo de esta droga fue en enero del presente año, durante un operativo de la Dijín en Villavicencio, Meta. En la acción fue detenido Héctor Mario Urdinola, alias “el Zarco” o “Chicho”, sobrino de Iván Urdinola Grajales, uno de los fundadores del Cartel del Norte del Valle.

“El Zarco” era cabecilla de la banda “los Machos”, que delinque en Valle del Cauca, y se había aliado con “los Urabeños” para derrotar a “los Rastrojos” en la zona.

El tráfico de cocaína rosada al parecer está ligado también a las mafias mexicanas, que actúan en asocio con las de Colombia. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) elaboró un Reporte de Inteligencia en julio de 2008, donde por primera vez informó sobre una incautación de esta droga con tonalidad rosa en la ciudad de Modesto, California.

Una de las hipótesis de las autoridades es que la muerte de “Picacho” podría ser el síntoma de que esa sustancia se está comercializando en Medellín, y que algunas bandas estarían en pugna por eso.

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El Inspector.

Fue gracias a una fuente humana que la Dirección Antinarcóticos supo de un envío desde Miami, Estados Unidos, el cual estaba camuflado en un motor de banda para la apertura de garajes.

Esta es la marihuana decomisada en Pereira, que hacía la ruta entre Cauca y Medellín. Foto cortesía de Fiscalía.

Los policías acudieron a la zona de carga del aeropuerto Eldorado de Bogotá e inspeccionaron todas las cajas que tuvieran como destino la capital antioqueña. De acuerdo con el reporte, presentado ayer a la opinión pública (abril 5), en el citado motor de banda venían encaletadas tres armas de fuego y municiones.

Se trata de una pistola Taurus calibre 9 milímetros y dos Glock calibre 40 m.m., además de 5 proveedores y 206 proyectiles de calibres 9, 22 y 40 m.m. De las Glock llamó la atención que una tuviera acondicionada una mira láser y que la otra presentara una inscripción con la marca Clayton County Police Department, lo que implicaría que fue sustraída a los uniformados del Estado de Georgia.

“Se pudo concluir que las sofisticadas armas iban para algún cabecilla de ‘la Oficina'”, dice el informe policial, sin especificar quién.

Estas son las armas importadas desde Miami para "la Oficina". Cortesía de la Policía.

El mismo día se dio a conocer un operativo realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en la ciudad de Pereira. Los funcionarios allanaron una propiedad en el barrio Villavicencio, encontrando 1.7 toneladas de marihuana.

Dicho lugar funciona como taller y parqueadero, el cual es usado por las bandas como sitio de acopio de los estupefacientes.

La mercancía, valorada en 400 millones de pesos,  estaba almacenada en paquetes de 50 kilos cada uno. “El cargamento estaba dirigido para las ollas de vicio de Medellín“, informó la Fiscalía, “y partió desde el norte del departamento del Cauca”. En ninguno de los operativos hubo personas capturadas.

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El Inspector.

“En ese sitio es muy frecuente el consumo de estupefacientes y ahí estaban las víctimas, al parecer dedicadas al consumo, cuando los acribillaron sin consideración”, relató Arnulfo Serna, secretario de Seguridad de la Alcaldía. Este es el recuento del caso, elaborado por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Contra este muro, que bordea la cancha de Barrio Cristóbal, fueron masacrados los hombres. Cortesía.

El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche de este lunes (abril 1), cuando un grupo de personas estaba reunido en una manga aledaña a una cancha de fútbol. Según fuentes policiales, dos sujetos llegaron al lugar y les preguntaron: “¿Quién vende la droga?”. Tras un breve silencio, dispararon contra los presentes usando armas automáticas, y luego huyeron en una motocicleta.

Los afectados fueron trasladados a centros médicos, donde cuatro perdieron la vida y uno sobrevivió con heridas. La Policía Metropolitana ya identificó a tres occisos: Diego Alejandro Mariscal Londoño, de 23 años; Aron Echavarría Muñoz, de 18; un NN de 25 a 30 y un adolescente de 15 (cuyo nombre se reserva por requisito de ley).

El secretario Serna indicó que eran residentes del vecindario y que no registran antecedentes penales. “Son preocupantes estas muertes, esperamos que hoy con el presidente Santos y el general León Riaño podamos afinar las estrategias contra el crimen en la ciudad”, agregó.

Esta es la segunda masacre perpetrada en el Valle de Aburrá en apenas dos días. El pasado Sábado Santo (marzo 30) acribillaron a tres hombres que iban en un camioneta, en una vía pública del municipio de Bello; en la acción hubo una víctima colateral, una vendedora de empanadas atropellada por el vehículo en su fallido intento de huida. La Policía, en principio, atribuyó lo sucedido a un ajuste de cuentas al interior de la banda “Pachelly”.

Y ese mismo sábado, pero en la mañana, fueron hallados dos cadáveres descuartizados y envueltos en costales, a orillas del río Medellín, a la altura del barrio Palermo de Medellín. Los restos eran de Santiago Andrés Tangarife Arrubla, de 19 años, y su amigo de 17, los cuales habían abordado un vehículo el día anterior en un sector de Aranjuez. Sus cabezas no aparecieron.

Ambos residían en el barrio Brasilia y, según Serna, tenían anotaciones policiales por hurto y tráfico de estupefacientes. Una hipótesis que estudian las autoridades es que al parecer estaban involucrados en la pérdida de un dinero producto de las drogas, versión que han negado los familiares, para quienes los muchachos no tenían amenazadas ni problemas conocidos.

Para este martes está programado el regreso a Medellín del general José Roberto León Riaño, director de la Policía, quien acompañado de varios oficiales intentará frenar esta racha de violencia en el área metropolitana. Con él estará el presidente Juan Manuel Santos, quien adelanta una gira nacional en lugar críticos para la seguridad.

El Inspector.

Su influencia delincuencial va más allá de la subregión antioqueña de Urabá, y abarca territorios en el Bajo Cauca, el Nordeste, el Norte y el Occidente. También actúan en los departamentos de Chocó, Córdoba, Bolívar y Sucre. Y, este año, sus negocios y alianzas los han traído al Valle de Aburrá.

A 'El Míster' lo mataron sicarios motorizados cuando conducía por la Autopista Sur, a la altura del barrio La Esmeralda de Itagüí. Lo raro fue que él acostumbraba a andar con varios escoltas, pero esta noche iba solo. Foto de Rodrigo Martínez.

El grupo ilegal está liderado por los hermanos Dairo y Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Mauricio’ y ‘Giovany'; les siguen en la jerarquía Roberto Vargas Gutiérrez (‘Marcos Gavilán’) y Francisco José Morelo Peñate (‘El Negro Sarley’).

Pese al bajo perfil que tratan de conservar, la actual confrontación entre combos que afecta al Área Metropolitana los obligó a mostrar los dientes y ya muchas comunidades son conscientes de su nociva presencia. Los llaman ‘los negros de Urabá’ o ‘los gaitanistas’ (por la otra autodenominación que se dan los propios malhechores: Autodefensas Gaitanistas de Colombia).

‘Los Urabeños’ tienen una alianza con una facción de ‘La Oficina’ liderada por Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’, un presunto narcotraficante por el cual hasta el gobierno de Estados Unidos ofrece recompensa (5 millones de dólares).

Dicho pacto consiste en que el citado capo suministra rutas para que la banda, en asocio, exporte la droga que se cultiva en los territorios que controla. A la vez, ‘La Oficina’ se retroalimenta de los recursos de batalla de sus aliados.

En Medellín, el apoyo de ‘Los Urabeños’ a los combos asociados con la estructura de ‘Valenciano’ se hace evidente en las áreas semirurales del occidente de la ciudad: los corregimientos Altavista, San Cristóbal y San Antonio de Prado, y las comunas de Belén y San Javier. Al parecer su idea es consolidar por este sector un corredor que conecte a la ciudad con la Costa Pacífica.

Allí se incrementaron los tiroteos con arsenal de grueso calibre y homicidios, al igual que las desapariciones forzadas. La vecindad ha presentado múltiples quejas a la Personería desde enero y la Policía terminó por aceptar que un nuevo actor armado había llegado a la urbe paisa, aunque por ahora a cuenta-gotas, no en manada.

CADENA DE ASESINATOS

Con ese arribo, comenzaron a ejecutarse crímenes selectivos de alto perfil, donde la organización perdió algunos de sus miembros y al parecer colaboró en el exterminio de rivales de la gente de ‘Valenciano’. Asimismo, empezaron a morir ciudadanos relacionados con negocios en el Urabá.

Tres sicarios participaron en el asesinato de 'Pechón', quien fue sorprendido cuando consumía en una tienda cercana a su apartamento en El Estadio.

El primer caso de la racha fue la muerte a bala de Luis Fernando Claros Guerra, atacado por sicarios el 26 de enero mientras departía en una panadería del barrio La Castellana. Era primo del concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra y un reconocido ganadero y terrateniente de la citada subregión.

Otro importante comerciante de ganado en Urabá y Chocó murió en la ciudad el siguiente 5 de febrero. Guillermo Builes Peña fue abaleado en El Poblado cuando viajaba en un carro con dos familiares, que quedaron heridos. El hacendado acababa de aterrizar en el aeropuerto de Rionegro y los asesinos lo estaban esperando.

El 7 de marzo los matones le arrebataron la vida al defensor público Ricardo Sierra García, cuando conducía una camioneta en compañía de su novia, en Itagüí. El finado abogaba por las víctimas de los bloques Élmer Cárdenas y Pacífico de las Autodefensas, los cuales habían delinquido en Urabá y Chocó antes de desmovilizarse.

El 23 de marzo cayó un líder campesino de esa misma zona, que apoyaba a las víctimas de los grupos armados que habían perdido sus tierras a manos de los ilegales, igual que le ocurrió a él. David Góez Rodríguez fue citado al parqueadero del centro comercial Gran Vía de Medellín, donde dos sujetos en moto le dispararon.

El panorama siguió oscureciendo con los homicidios de dos presuntos integrantes de ‘Los Urabeños’. El 28 de marzo los mercenarios liquidaron en Itagüí, cuando conducía una lujosa camioneta, a Reinaldo Herrera Estrada, conocido en el bajo mundo como ‘El Míster’. Este hombre tenía dos caras: una era la del acaudalado comerciante con múltiples negocios en la ciudad de Pereira; la otra era la del cabecilla de la organización fundada por su primo Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ (capturado desde 2009). También era primo de Fredy Rendón Herrera, ‘El Alemán’, el excomandante del bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas, hoy reinsertado.

El 13 de abril acribillaron con una subametralladora a Jorge Hernán Zapata Zapata, apodado ‘Pechón’, cuando bebía un tinto en un local del sector Estadio. Su familia indicó que era ganadero de Urabá, aunque las autoridades lo investigaban por sus presuntas relaciones con las finanzas de la banda.

El último asesinato asociado con esta situación se presentó el 5 de mayo en un restaurante del municipio de Bello. Allí citaron al abogado penalista Edquir José López Londoño, pero el interlocutor nunca llegó, sino un sicario que le dio un balazo en la cabeza. El occiso había sido defensor de Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonitó’, un cabecilla desmovilizado del bloque Bananeros de las Auc, que delinquió en Urabá y Chocó.

Además de la confrontación entre mafias, otra de las hipótesis para estos homicidios (ninguno esclarecido por ahora) es que la organización ilegal pretende retener tierras en el Urabá antioqueño y Chocó, para usarlas como corredores de tráfico de estupefacientes. Estas regiones costeras son estratégicas para los narcos en su deseo de ‘coronar’ cargamentos de droga hacia Centroamérica y Estados Unidos por la vía marítima.

Los hechos indican que esos intereses también se trasladan a Medellín, una metrópoli considerada por muchos bandidos como su ‘centro comercial': donde lavan dinero, compran y venden propiedades y bienes, se abastecen de recursos logísticos, descansan y hacen contactos para perpetuar su lucrativo y vil negocio.

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El Inspector.

Hace dos años se están moviendo en nuestras calles fusiles de asalto, pistolas ‘matapolicías’, munición blindada, miras telescópicas y lentes de visión nocturna, y hasta el momento las autoridades no han podido interceptar ni una sola ruta de tráfico de estos aparatos.

Esta es la subametralladora Calico con silenciador que le incautaron a 'Albeirito'. Foto cortesía Policía.

Esta semana la Policía informó sobre la detención de un sujeto de 43 años en el municipio antioqueño de Puerto Triunfo, el cual hacía la ruta entre la capital paisa y el municipio de La Dorada (donde reside), en el vecino departamento de Caldas.

Se transportaba en un automóvil Hyundai blanco de servicio público y los uniformados lo pararon en un puesto de control. Al revisarle un maletín, se constató que tenía doble fondo y ocultaba un fusil de asalto automático M4 de fabricación americana. La moderna arma de calibre 5.56, que incluía dos proveedores y ocho cartuchos (balas), está avaluada en 20 millones de pesos.

“Según informaciones de fuente humana, el arma pertenece a la banda ‘La Oficina de Envigado’ que delinque en La Dorada (Caldas)”, dice el informe oficial del caso. Aquí hay que aclarar que no es que esta organización sea oriunda de esa ciudad caldense, sino que allá opera un grupo aliado con la estructura, el cual era liderado hasta hace poco por Gustavo Álvarez Téllez, alias ‘Gordo Tavo’, un socio de ‘Valenciano’ capturado en Aruba con fines de extradición.

El fusil M4 decomisado a un conductor en Puerto Triunfo.

El otro hallazgo ocurrió también esta semana, durante una requisa en el corregimiento San Antonio de Prado, al suroccidente de Medellín. Los policías registraron en el sector Mi Casita a un tipo de 27 años apodado ‘Albeirito’, el cual llevaba una exótica subametralladora estadounidense Calico de calibre 22 con silenciador, nunca antes incautada en el Valle de Aburrá.

Estas dos herramientas de muerte tan escasas se suman a las cerca de 20 pistolas FiveSeven de calibre 5.7×28 milímetros (la llaman ‘matapolicías’ porque traspasa el chaleco blindado) que se han decomisado desde 2009 en el Área Metropolitana, y al subfusil Herstal PS-90 de origen belga encontrado en un apartamento del barrio Loma de los Bernal (para datos técnicos sobre estas armas, consulta el website del fabricante: http://www.fnherstal.com/).

Las citadas incautaciones sugieren que hay un refinamiento en el tráfico bélico de la ciudad, motivado por la guerra entre bandas criminales (cada quien requiere armas más potentes que las del enemigo) y, esta idea no se puede descartar, por los lujos que se dan los traquetos, pues en el bajo mundo en bien sabido que solo los patrones y sicarios de confianza portan estos artefactos ‘exclusivos’.

El tema también hace evidente la confrontación porque los combos empiezan a adquirir ‘fusilería’ para no quedarse atrás en relación con los rivales, pese a que con el mismo dinero de un fusil (entre tres y siete millones de pesos en el mercado negro) pueden comprar diez revólveres o más, o cinco pistolas o más. ¿De dónde sale la plata? Además del patrocinio de los capos, pues de los atracos, extorsiones, hurto de vehículos y demás, lo que en parte explica por qué estas conductas ilícitas vienen en aumento.

Detalle de la mira y el gatillo del fusil M4 incautado.

La Policía y el DAS tienen claro que muchas de estas armas provienen de un intercambio entre la mafia colombiana y los narcotraficantes mexicanos, como la organización ‘Los Zetas’ y el ‘Cartel de Sinaloa’. El negocio consiste en que los de aquí surten de droga a los de allá, y en contraprestación el arsenal es embarcado desde Centroamérica hacia puertos  nacionales.

Otra de las hipótesis es que hay varios comerciantes de autopartes y vehículos involucrados en el tráfico, y que quizá de allí se deriven los reiterados homicidios de personas con este oficio en la ciudad.

Por ahora las autoridades no han propinado un golpe contundente que desarticule dichas rutas de intercambio, tan solo han destapado caletas y decomisado unidades en requisas y allanamientos. La tarea es delicada y está pendiente porque, como se ha visto, los delincuentes del Valle de Aburrá cada día mejoran ‘sus juguetes’ para matar.

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TENÍAN UN ARMA para una guerra a gran escala.

El Inspector.