Conocido en el bajo mundo como “Niño Guerrero”, es el jefe del “Tren de Aragua”, una estructura de crimen organizado que se ha expandido por varios países, de cuenta de la migración, el narcotráfico, la extorsión y la trata de personas. La Casa Blanca ofrece 5 millones de dólares por información que lleve a su captura, y cree que se esconde en Colombia.

Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, sobre un criminal que rivaliza con los tradicionales capos de nuestro país.

Con estas imágenes del pasado, alias “Niño Guerrero” es buscado en varios países, incluyendo Colombia. Foto de cortesía del Ministerio del Interior de Venezuela.

Quién iba a pensar que un criminal extranjero tendría tanta influencia en el bajo mundo de Colombia, que las autoridades le asignarían una recompensa similar a la de los grandes capos del pasado. El venezolano Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, ya tiene sobre sus hombros la deshonrosa cifra de US$5 millones por información que conduzca a su captura, así como la persecución de varios gobiernos que lo ven como una grave amenaza a la seguridad continental.

La recompensa es patrocinada por el Departamento de Estado de EE.UU., en asocio con la Policía colombiana, que tiene a ese delincuente en su lista de objetivos de alto valor estratégico, en particular por la oleada de extorsiones y homicidios que su organización, el “Tren de Aragua”, viene generando en Bogotá desde 2022.

Cinco millones de dólares fue la misma recompensa que en su momento les fue asignada a Dairo Úsuga David (“Otoniel”), jefe del Clan del Golfo; Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), cabecilla de “la Oficina”; Daniel Barrera Barrera (“el Loco”), capo de la Junta Directiva del Narcotráfico; Rodrigo Londoño Echeverry (“Timochenko”), comandante de las antiguas Farc; y los hermanos Luis Antonio y Javier Enrique Calle Serna (“los Combas”), jefes de “los Rastrojos”, entre otros.

Para compararlo con un criminal de la actualidad, basta recordar que por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), el nuevo líder del Clan del Golfo, el mismo Departamento de Estado puso sobre la mesa US$ 1,2 millones en septiembre de 2024

El paquete de recompensas también está dirigido a los principales lugartenientes de “Niño Guerrero”: US$4 millones por Yohan José Romero (“Yohan Petrica”), cofundador de la banda; y US$3 millones por Giovanny San Vicente (“Giovanny”), el tercero al mando.

¿Cómo fue que estos personajes llegaron a figurar tanto o más que los criminales locales en los organigramas de las agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos?

EL ORIGEN DE LA BANDA
Las reseñas realizadas por varias ONG de Venezuela sugieren que la banda criminal surgió entre 2006 y 2007, debido a la interconexión de tres fenómenos: la creciente delincuencial común, producto de la ineficaz presencia de la Fuerza Pública; la falta de empleo, que comenzaba a incrementarse durante el régimen del presidente Hugo Chávez; y el incumplimiento del Gobierno con la construcción del Tren de Aragua, un proyecto ferroviario que prometía llevar desarrollo y oportunidades de trabajo a esa región.

Algunos exmiembros del sindicato de ese elefante blanco se unieron con los bandidos de los barrios para buscar opciones de sustento en la criminalidad, y empezaron a vivir de la extorsión, los atracos y el proxenetismo.

Cuando muchos de ellos fueron cayendo a la cárcel de Tocorón, en el sur del Estado de Aragua, aprovecharon la debilidad del sistema penitenciario para fortalecerse.

En ese entonces las prisiones venezolanas eran dominadas por “pranes”, el equivalente a los “caciques” en Colombia, es decir, peces gordos que controlan a su antojo la vida intracarcelaria, imponiendo un orden con fusta de hierro.

En Tocorón, el “pran” era “Niño Guerrero”, quien estaba preso por delitos como homicidio, hurto y posesión ilegal de armas. Desde ese centro penitenciario logró consolidar al “Tren de Aragua”, incrementando el número de integrantes adentro y afuera, hasta instalar células en seis estados, y amplió la oferta criminal de la organización a servicios de sicariato, narcotráfico, trata de personas, pagadiario, contrabando, minería ilegal, secuestros y tráfico de armas, entre otros.

Las agencias de seguridad extranjeras sospechan que para ciertas actividades, el régimen chavista contrató esos servicios para ejecutar “operaciones negras”, al margen de la ley, que le permitieran captar ingresos del bajo mundo en medio de la asfixia financiera provocada por las sanciones de la Casa Blanca.

En contraprestación, el “Tren de Aragua” tuvo una especie de carta blanca para extender sus redes sin mayor oposición, usando a Tocorón como su cuartel general.

Allí “Niño Guerrero” vivía en condiciones similares a las que disfrutó el narcotraficante Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, de Envigado.

Tenían dos casas equipadas con lujos dentro del penal, como gimnasio y televisión satelital; ingresaba armas, prostitutas y licor cuando le apetecía; y celebraba reuniones con familiares, lugartenientes y hasta políticos que llegaban a pedirle favores.

“Niño Guerrero” estableció una jerarquía mafiosa con una cúpula directiva y coordinadores regionales, entre los cuales destacaron “Yohan Petrica”, “Giovanny”, “Larry Changa” y “el Salomón”.

La estructura pasó de ser una célula carcelaria a una “megabanda”, como le dicen en el vecino país a las organizaciones con más de 200 integrantes e influencia en varios estados. Y no se detuvo.

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EXPANSIÓN CONTINENTAL
Paradójicamente, su época de expansión y bonanza coincidió con la del empobrecimiento y exilio de la población venezolana.

A medida que la diáspora de migrantes aumentó, hasta llegar a cerca de 8 millones de desarraigados, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), el “Tren de Aragua” fue consolidando sus negocios en el continente, en especial en algunas ciudades de Colombia, Perú y Chile.

“El Tren de Aragua aprovecha las redes transnacionales que desarrolló para el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas migrantes, a través de las fronteras, para explotación sexual y trabajo forzado. Cuando las víctimas intentan escapar de esta explotación, los miembros del ‘Tren de Aragua’ suelen matarlas y publicar sus muertes como una amenaza para los demás”, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que el 11 de julio de 2024, cuando anunció sanciones económicas en contra de esa agrupación y de los activos y bienes asociados a sus integrantes.

El reporte de esa institución, precisa que “a medida que el ‘Tren de Aragua’ se ha ido expandiendo, se ha infiltrado de forma oportunista en las economías delictivas locales de América del Sur, ha establecido operaciones financieras transnacionales, lavado fondos a través de criptomonedas y ha establecido vínculos con el Primeiro Comando da Capital, un conocido grupo de delincuencia organizada de Brasil, sancionado por Estados Unidos”.

La megabanda estableció centros de operaciones en Lima y Santiago de Chile, con negocios de explotación sexual, extorsión y tráfico de drogas. El daño ha sido tan grande, que los gobiernos de esos países también ofrecieron recompensas en contra de “Niño Guerrero” y su gente.

En palabras de Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, “la designación de del ‘Tren de Aragua’ como Organización Delictiva Transnacional significativa enfatiza la creciente amenaza que representa para las comunidades americanas”.

La presión internacional frente a la aparente desidia del gobierno de Nicolás Maduro, obligó al mandatario a actuar contra el “Tren de Aragua”. El 20 de septiembre de 2023, 11.000 militares y policías se tomaron la carcel de Tocorón, con la misión de desmantelar el centro de mando del grupo, pero se llevaron una sorpresa muy similar a las de las autoridades colombiana que allanaron La Catedral en 1992: “Niño Guerrero” y sus principales socios ya no estaban.

El afiche con la recompensa contra alias “Niño Guerrero”.

¿SE ESCONDE EN COLOMBIA?
La fuga de Héctor Guerrero disparó las alarmas en el continente. Una semana después, el Tribunal de Pozo Almonte, un municipio vecino de Santiago de Chile, expidió una orden de captura en su contra, pues circulaban rumores de que el jefe del “Tren de Aragua” había viajado a esa zona.

La Policía chilena estableció un operativo en las zonas aduaneras y pasos fronterizos, distribuyendo información sobre “Niño Guerrero” y otros 43 miembros de la megabanda, buscando impedir sus movilización. Interpol, además, expidió una Circular Roja.

Luego las autoridades recibieron información de que presuntamente estaba en Perú y su ministro del Interior, Vicente Romero, anunció una recompensa de 500.000 soles (cerca de US$132.000) por información que condujera a su arresto.
Las últimas pesquisas indicarían que ahora anda en Colombia, o al menos así lo creen la Policía y el Departamento de Estado de EE.UU.

“A través de la colaboración con la Policía Nacional, Estados Unidos cree que los líderes del ‘Tren de Aragua’, ‘Niño Guerrero’ y ‘Giovanny’, se encuentran en Colombia. La investigación y los servicios de inteligencia identificaron además al cofundador del ‘Tren de Aragua’, ‘Yohan Petrica’, como otro cabecilla que se encuentra en Venezuela”, informó la Embajada estadounidense en Bogotá.

En nuestro país, la megabanda tiene células activas en Cúcuta, Aguachica (Cesar), Ipiales (Nariño), Bogotá y Soacha (Cundinamarca), aunque también se han conocido hechos delictivos –como homicidios y secuestros– en Medellín, Bucaramanga y Arauca.

En algunas zonas ha tenido enfrentamientos con el Clan del Golfo (Bogotá), el ELN (Norte de Santander) y las disidencias de las Farc (Arauca), y en otras ha establecido alianzas con grupos locales, como la banda de “Satanás” en suelo bogotano y los “AK-47” en Cúcuta y sus alrededores.

Algunos de sus coordinadores ya cayeron a este lado de la frontera. El 2 de mayo de 2024 capturaron en Bogotá a Carlos Ramón Escobar García (“Escobar”); el 19 de junio siguiente en Belén, Boyacá, a Yonayke Martínez Carrión (“el Barbero”); el 26 de junio le tocó el turno a Salomón Fernández Torres (“el Salomón”) en Aguazul, Casanare; y el 30 de junio de ese mismo año, en Circasia, Quindío, el detenido fue Larry Amaury Álvarez Núñez (“Larry Changa”), otro miembro fundador de la facción.

El 9 de octubre de 2025 la Policía allanó un apartamento en una urbanización de Sabaneta, Antioquia, donde vivían varios miembros de la banda. Apenas vio entrar a los agentes, uno de ellos, identificado como Ender Alexis Rojas Montán (“Ender”), trató de escapar por el balcón del octavo piso, pero se resbaló y murió al caer al vacío; en ese mismo lugar fue detenido  Luis Alberto Cabeza Calderón (“Toro”), líder del grupo en Perú.

Cinco días después, en La Ceja, Antioquia, la Fuerza Pública arrestó a Adrián José Rodríguez (“Adriancito”), cabecilla de la banda en el estado venezolano de Zulia.

Aún así, la supuesta presencia de “Niño Guerrero” en Colombia genera suspicacias entre los propios policías y fiscales de Crimen Organizado. “¿Para qué se va esconder aquí, donde están la DEA, HSI, ICE, FBI y otras agencias federales gringas, sabiendo que en Venezuela es protegido por un sector del Gobierno?”, se preguntó uno de los fiscales consultados para este reportaje.

Otros afirmaron que nadie ofrece US$5 millones de dólares sin tener alguna certeza. “Lo más seguro es que con tanta plata por su cabeza ahora salga de Colombia otra vez”, aseveró un agente policial.

En el expediente abierto en Nueva York, los cargos que comparte con Nicolás Maduro son: conspiración para importar cocaína; posesión de armas de fuego automáticas y dispositivos de destrucción; y conspiración para poseer armas de fuego automáticas y dispositivos de destrucción.

Hoy lo están buscando muchas agencias de seguridad. ¿Será que “Niño Guerrero” cavó su propia tumba al escapar de la cárcel?

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El Inspector.

El colombiano, conocido en el bajo mundo como “Yiyo” o “William”, está en poder del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por su sigla en inglés), desde el pasado 24 de junio, cuando acudió a su sede de Miami para renovar su estatus migratorio.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el poster sobre alias “Yiyo” que publicó la oficina en Florida del Partido Republicano, en la red social X. Foto cortesía de @FloridaGOP.

López se entregó a la DEA en 2009 y, luego de firmar un acuerdo de culpabilidad, fue condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a ocho años de cárcel por cargos de narcotráfico, homicidio, conspiración para obstruir a la justicia, ofrecimiento de sobornos a policías para filtrar información sobre operaciones de la DEA, y conspiración para apoyar a una organización terrorista internacional (las Autodefensas Unidas de Colombia).

La mayoría de la sentencia la pagó en el Metropolitan Correctional Center, de Manhattan. Luego fue enviado a una celda transitoria de migración, y su defensa le presentó un alegado a la corte, indicando que si lo deportaban a Colombia, podría ser asesinado debido a su cooperación con las agencias de seguridad de EE.UU.

El abogado invocó la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU (1987), y un juez le dio la razón.

“Yiyo” salió en libertad en julio de 2016 y se quedó a vivir en Nueva York con una Visa Parole, que le concede un estatus de protección temporal, el cual debe ser renovado cada año.

Al parecer estaba en ese trámite de renovación en Miami, cuando fue retenido por los agentes de ICE.

Bajo las nuevas políticas del presidente Donald Trump, todo migrante extranjero que tenga antecedentes penales es candidato para la deportación.

LA CÁRCEL PARA MIGRANTES
La detención fue confirmada por su abogada, la precandidata presidencial Sondra Macollins, quien también representó hace poco al excapo del Cartel de Medellín, Carlos Lehder, hoy libre en Colombia.

“En los siete años que ha estado en libertad, no ha infringido la ley, ni siquiera que se haya pasado un semáforo en rojo”, dijo la jurista en la emisora La W, y agregó que “Yiyo” presentará otra vez un recurso judicial para evitar su regreso a Colombia.

Su situación se complicó cuando entró en una lista de candidatos a ser trasladados a la cárcel Alligator Alcatraz, inaugurada hace un mes para retener a los inmigrantes próximos a la deportación.

La oficina del Partido Republicano en Florida publicó su foto en su cuenta oficial de X, el pasado 7 de julio, en un poster titulado “Los archivos de Alligator Alcatraz, alojando lo peor de lo peor”.

Allí apareció reseñada su reciente captura, con algunos de los cargos por los que ya fue condenado.

El centro de detención migratorio fue construido en los Everglades de Florida, un gigantesco humedal en el que viven caimanes, serpientes y otros depredadores, lo que le ha dado un aura de terror a ese lugar, con capacidad para 5.000 internos.

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EL PRONTUARIO CRIMINAL
López Cardona es desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc (2005) y luego fue uno de los cabecillas de la organización mafiosa “la Oficina”, que delinque en el Valle de Aburrá y tiene redes internacionales de narcotráfico y sicariato.

En 2009, cuando figuraba en el cartel de los más buscados de Medellín, decidió someterse a la justicia de EE.UU. Huyó a Costa Rica, donde abordó un avión de la DEA, y a cambio de la sentencia pequeña que recibió, se comprometió a brindar información.

Entregó una lista de 122 policías corruptos que trabajaban para “la Oficina”, según fuentes cercanas al proceso, y sirvió de enlace para el sometimiento a los gringos de un narco asociado al grupo, Luis Fernando Castaño, alias “Botija” o “la Firma”.

Este hombre pagó seis años por narcotráfico en EE.UU. y volvió a Medellín en 2016. Fue asesinado por sicarios el 22 de enero de 2018, cuando conducía una camioneta por una vía de El Poblado.

Este homicidio podría ser uno de los argumentos de la defensa de “Yiyo” para solicitar que no lo deporten, pues se expone al mismo destino.

Aunque por su militancia en las AUC y “la Oficina” participó en muchas muertes, López solo aceptó cuatro en el estrado de Nueva York, ejecutadas entre 2003 y 2007.

Dos de sus víctimas eran informantes de la DEA, Jéfferson Gastanera y un delincuente apodado “Sánchez”, ambos acribillados en Medellín. El otro fue Jéferson Martínez López (“Omega”), mano derecha del comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”), quien murió a balazos en Copacabana, Antioquia (2006).

Y el cuarto caso fue el más relevante: la muerte de uno de los máximos jefes de las AUC, Vicente Castaño Gil, en una finca de Nechí (2007).

Hasta ese lugar llegaron los matones de “la Oficina” y agentes corruptos del Gaula, y al verse rodeado, Castaño se suicidó dentro de un baño disparándose en la cabeza, según versiones de exparamilitares. Los criminales descuartizaron el cadáver, demolieron el baño y arrojaron los restos y los escombros al río.

En Colombia, “Yiyo” era investigado por concierto para delinquir y secuestro extorsivo, pero los expedientes quedaron inactivos cuando se entregó a la DEA.

PREOCUPACIÓN ENTRE CAPOS
El caso de López es un campanazo de alerta para otros antiguos paramilitares, narcos y jefes de bandas que se quedaron en EE.UU. después de pagar sus condenas allá.

Muchos viven como ricos, en condominios de lujo y con carros deportivos, administrando las fortunas que les dejó la cocaína y eludiendo a la justicia colombiana.

Entre ellos están Juan Carlos Sierra (“el Tuso”), Guillermo Pérez Alzate (“Pablo Sevillano”) y Miguel Mejía Múnera (“el Mellizo”), de las AUC; Carlos Mario Aguilar (“Rogelio”), de “la Oficina”; Óscar Pulgarín Gañán (“el Señor de los Caballos”), del Clan del Golfo; Andrés Flórez (“Florecita”), del cartel del Norte del Valle; y los hermanos Javier y Enrique Calle Serna (“los Comba”), de “los Rastrojos”, por citar algunos casos.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a las 7:00 p.m. del 8 de mayo de 2025 en el Mall del Este, un establecimiento comercial localizado en la comuna de El Poblado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

María del Pilar Zea Cobo fue llevada a la clínica El Rosario de El Poblado, donde murió. Fotos de cortesía.

Según el reporte de la Policía, al estacionamiento de dicho lugar llegó la ciudadana caleña María del Pilar Zea Cobo, de 41 años, conduciendo una camioneta Toyota TX Land Cruiser, en compañía de su novio Jhon Fredy Toro Hincapié, un caballista y disc jockey, conocido en el ambiente musical como DJ Toro.

Su objetivo era reunirse con un comerciante llamado Andrés Arias (“Chino Arias”), quien al poco tiempo llegó en un automóvil Chevrolet Emotion gris, se bajó y abordó la camioneta de la pareja, en la silla trasera.

En ese momento, María del Pilar le pidió a su novio que fuera a comprar dos sodas, mientras ella conversaba con el visitante. El músico cumplió la orden, fue por las bebidas, y a su regreso encontró a la mujer con dos orificios de bala en la cabeza, al parecer propinados con una pistola con silenciador.

La condujo a urgencias de la clínica El Rosario de El Poblado, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

Cuando la Policía registró la camioneta, encontró dos vainillas de calibre 9 milímetros en el interior. En la revisión de las cámaras de vigilancia del mall, los agentes observaron que minutos después del crimen, un hombre bajó de la parte trasera de la camioneta de la víctima, sosteniendo una bolsa, abordó el automóvil gris y salió del estacionamiento.

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Aunque en principio María del Pilar Zea Cobo fue reseñada como comerciante, fuentes judiciales le confirmaron a El Colombiano que la justicia de Estados Unidos la estaba investigando por su presunta participación en una red de narcotráfico transnacional.

Los expedientes estaban en cortes federales de Florida y Texas, donde otros narcotraficantes la sindicaron de ser una supuesta exportadora de estupefacientes conocida como “la Reina”, la cual empleada una ruta que salía del Pacífico colombiano, con centro de acopio de cocaína en Centroamérica y destino final en EE. UU.

Al parecer trabajaba en asocio con varios carteles, entre ellos el Clan del Golfo.

El FBI y la DEA le pusieron los ojos encima en 2022, con el decomiso de un cargamento de 1,2 toneladas de cocaína en Puerto Limón, una ciudad portuaria de Costa Rica.

Los agentes comenzaron a hacerle los seguimientos pertinentes, así se enteraron que se había cambiado de residencia, de Cali a Medellín, donde habitaba una lujosa propiedad en una loma de El Poblado, con amplios jardines y vista a las montañas del Valle de Aburrá.

También supieron que había adquirido deudas cercanas a los $40.000 millones de pesos con varios carteles, situación que al parecer provocó ese cambio de residencia.

En esas circunstancias, tomó contacto con agentes de la DEA y, según las fuentes consultadas, inició un proceso de cooperación y delaciones a cambio de beneficios judiciales en las cortes de Texas y Florida.

En Colombia, Zea Cobo también era investigada por los delitos de constreñimiento ilegal (2018) y amenazas (2021), aunque ambos expedientes están en etapa de indagación preliminar.

La última aparición pública de la mujer antes del atentado, había sido durante el matrimonio de su hija María Paula Trujillo Zea, quien contrajo nupcias con el cantante de reguetón Pipe Calderón el pasado 10 de marzo en la iglesia La Merced, de Cali. En el opulento festejo, la señora llevó a su hija al altar.

El principal sospechoso del asesinato es el hombre con el cual se había citado “la Reina” en el mall. La hipótesis policial del caso es que se trató de una vendetta ligada al narcotráfico.

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El Inspector.

El exguerrillero, exparamilitar y narcotraficante, más conocido como “Otoniel”, fue trasladado a suelo estadounidense en cumplimiento de un pedido de extradición, el cual recibió el aval de la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, nació hace 50 años en Turbo, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

La primera sanción impuesta por la Casa Blanca en contra de Úsuga data de 2010, cuando el Departamento del Tesoro lo incluyó en la Lista Clinton junto a otros líderes del Clan del Golfo (antes llamado “los Urabeños”), como “Don Mario”, “Mi Sangre”, “Gavilán” y su hermano Juan de Dios Úsuga David (“Giovany”).

El 4 de junio de 2015, la Corte del Distrito Sur de La Florida le formuló a él y a otros ocho cabecillas de su organización el cargo de conspiración para importar una sustancia controlada a Estados Unidos (expediente N° 15-cr-20403-WPD/LSS).

Según esta acusación, el tráfico ilegal habría comenzado en 2002 (cuando “Otoniel” todavía hacía parte de las Autodefensas paramilitares), por una ruta que además de Colombia involucraba a Panamá, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y México.

Trece días más tarde, el 17 de junio de 2015, la Corte del Distrito Oriental de Nueva York le abrió un nuevo expediente (N° 14-0635/S-2/DLI), que también afectaba a otros diez jefes del Clan del Golfo.

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Esta vez, el primer cargo fue por conformación de una empresa criminal, que se subdivide en tres violaciones al código penal estadounidense: conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, conspiración para distribuir cocaína y conspiración para asesinar a rivales en el tráfico de drogas; el segundo cargo fue por uso de armas de fuego para fomentar el narcotráfico.

En el sistema de justicia estadounidense, estas acusaciones podrían generar una cadena perpetua; sin embargo, el tratado de extradición entre EE.UU. y Colombia especifica que la sentencia en el extranjero no puede superar la pena máxima contemplada en la legislación de nuestro país, es decir, 60 años.

Fuentes judiciales indicaron que, al parecer, el destino inicial de “Otoniel” es la cárcel de Brooklyn, para responder primero por las acusaciones de la corte neoyorquina.

En Colombia, “Otoniel” ya tiene una sentencia de 40 años de cárcel por la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada por el bloque Centauros de las Autodefensas. Además, la Fiscalía espera acusarlo por cerca de 500 crímenes cometidos durante su periodo en el Clan del Golfo (2007 – 2021).

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El Inspector.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el hecho ocurrió a las 5:00 p.m. de este miércoles 23 de junio. A esa hora, un hombre desesperado llamó a la Línea de Emergencia 123, diciendo que a su primo le acababan de disparar.

Una patrulla policial reaccionó a ese llamado de auxilio y llegó a un establecimiento de comidas en la carrera 46 con la calle 7, donde varias personas aterradas rodeaban el cuerpo del comerciante Óscar Mauricio Henao Toro, de 53 años, y quien en los expedientes de la justicia estadounidense figuró en el pasado como alias “el Contador”.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, en equipo con Revelaciones del Bajo Mundo.

Los técnicos forenses del CTI inspeccionaron la escena del crimen en el restaurante, encontrando vainillas de calibre 7.65. Foto de archivo.

De acuerdo con su familiar, él, Henao y otro comerciante se habían reunido en ese lugar para conversar de negocios, en particular sobre la posibilidad de invertir en una empresa de divisas. A los 20 minutos de haber comenzado la charla, al recinto ingresó un hombre con una chaqueta oscura y una gorra, quien se aproximó a la mesa y le disparó al ciudadano con una pistola calibre 7.62, impactándolo en el antebrazo izquierdo y en el corazón.

El mercenario salió de inmediato y abordó una motocicleta KTM 200 Duke, conducida por un compinche, y ambos lograron escapar.

FUEGO Y HIELO
Según archivos de la Policía y la Fiscalía, Henao Toro había sido capturado en febrero de 2009, en el marco de la operación Fire and Ice (“Fuego y Hielo”), ejecutada por la DEA, la Dijín e Interpol, en contra de las redes financieras de “la Oficina”, una organización criminal del Valle de Aburrá con negocios transnacionales de narcotráfico y lavado de activos.

El blanco principal de la investigación era el presunto narcotraficante antioqueño Nelson Eugenio Aristizábal Martínez, alias “One Two Three” o “Juantutri”, señalado de liderar una ruta de exportación de cocaína en asocio con “la Oficina”, además de una red de blanqueo de las ganancias ilícitas.

Según el expediente N°04-20065-CR-SEITZ de la Corte del Distrito Sur de La Florida, la célula de “One Two Three” administraba una ruta que salía de Colombia por el Caribe y tenía un punto de acopio en Jamaica, con destino final en Miami, Estados Unidos. Esta estructura habría exportado el alcaloide entre 1997 y 2006, de acuerdo con las pruebas recaudadas en ese momento.

Aristizábal no alcanzó a ser juzgado por las autoridades. Investigadores judiciales relataron que fue desaparecido a finales de 2008 por sus mismos aliados de “la Oficina”, quienes lo habrían ejecutado tras la incautación de varios cargamentos de droga, que le crearon una deuda impagable con la mafia. Su cuerpo no ha sido encontrado.

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El 11 febrero de 2009 las agencias de seguridad capturaron con fines de extradición a siete de sus secuaces, entre ellos “el Contador”, quien cayó en Medellín y fue enviado a la cárcel de Cómbita (Boyacá). En septiembre de ese año, la Fiscalía embargó 118 propiedades a nombre de los involucrados en la red, y de sus testaferros, valoradas en 60.000 millones de pesos.

Se trató de 66 inmuebles, 23 vehículos, 19 establecimientos comerciales y 10 acciones de empresas, los cuales fueron ocupados en Antioquia, Cundinamarca y Atlántico, con fines de extinción de dominio.

El 22 de julio de 2009, la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable (radicado 31658) para la extradición de Henao, por lo que él y los otros seis procesados fueron enviados a La Florida para responder por cuatro cargos de conspiración para exportar y distribuir cocaína en esa nación.

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El registro público de la Corte del Distrito Sur de La Florida indica que “el Contador” comenzó sus audiencias en el extranjero en octubre de 2009; al mes siguiente, se declaró inocente de las acusaciones, pero luego de un año de juicio, firmó un acuerdo de culpabilidad (Plea Agreement) por uno de los cargos: conspiración para importar 5 o más kilos de cocaína a EE.UU.

En agosto de 2010, la juez Patricia A. Seitz lo condenó a 11 años y siete meses de prisión, tres años de libertad posterior bajo vigilancia y una multa de 100 dólares. Sin embargo, por su colaboración con la justicia, Henao logró renegociar la pena y salió de la cárcel el 7 de julio de 2016, según el archivo del Buró de Prisiones.

Después de siete años de prisión regresó a Medellín, se radicó en El Poblado y tomó las riendas de una empresa de químicos.

Las causas del homicidio no han sido esclarecidas por ahora. El Colombiano buscó una declaración oficial de la Policía sobre este tema, pero la Institución no se ha pronunciado de momento.

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ANTECEDENTE CERCANO

Este es el segundo asesinato perpetrado en Medellín en el último mes, en el que la víctima fue una persona mencionada en investigaciones penales por narcotráfico en Estados Unidos.

Al mediodía del pasado 20 de mayo, en el barrio Conquistadores, sicarios motorizados le quitaron la vida al abogado Jaime Alberto Roll Cifuentes, de 42 años. El ciudadano iba en un taxi con una mujer, y el ataque se produjo cuando pasaban por la calle 33 con la carrera 66B.

El jurista falleció en un centro médico, con 10 heridas de bala, mientras que su acompañante y el taxista sobrevivieron con lesiones leves.

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El finado era sobrino de Dolly Cifuentes Villa, alias “la Meno”, una de las integrantes más conocidas del Clan Cifuentes Villa. Esta organización, con pasado en el cartel de Medellín, tenía una sociedad para el narcotráfico y el lavado de activos con el cartel mexicano de Sinaloa.

“La Meno” fue extraditada en 2012 y pagó tres años de prisión en Estados Unidos. Lo último que se supo de este clan, según fuentes judiciales, fue que algunos de sus integrantes estaban siendo llamados por la DEA para declarar como testigos en el caso contra Joaquín “el Chapo” Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, quien está purgando una cadena perpetua en EE.UU.

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El Inspector.

Se trata de Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, miembro de la cúpula de la organización ilegal “la Oficina” y condenado a 20 años por conspiración para distribuir cocaína en aquel país. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Maximiliano Bonilla es oriundo de Villavicencio, Meta, pero se crió en Medellín. Comenzó su carrera criminal de la mano de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), uno de los fundadores de “la Oficina” a finales de los 90. Llegó a EE.UU. en diciembre de 2011. Foto de archivo El Colombiano.

El Colombiano tuvo acceso a documentos de su proceso penal (caso criminal N°08-140WFK), que reposan en la Corte del Distrito Oriental de Nueva York, con sede en Brooklyn. De acuerdo con la información, Bonilla envió una petición a dicho tribunal el pasado 27 de abril.

En su misiva, solicitó que lo favorecieran con un confinamiento casero, invocando la Ley de Ayuda, Socorro y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley 116-236 o Cares Act, por sus siglas en inglés), firmada por el presidente Donald Trump el 27 de marzo anterior. Dicha norma, entre otras medidas, instó al Buró de Prisiones (equivalente al Inpec en Colombia) a flexibilizar la autorización de detenciones domiciliarias, para mitigar el impacto de la propagación del virus en las cárceles.

En su argumentación, “Valenciano” invocó una frase del expresidente estadounidense Thomas Jefferson: “El cuidado de la vida humana y la felicidad, y no su destrucción, es el primero y único objeto de un buen gobierno”.

Acto seguido, escribió que encarcelado tenía menos chance de sobrevivir a la pandemia, pues el distanciamiento social es imposible y todo el sistema de ventilación de las celdas está interconectado, lo que hace que contagiarse “sea cuestión de tiempo”.

Alegó que tiene 47 años, presión arterial elevada y colesterol alto, por lo cual consume medicamentos.

También enfatizó que su comportamiento ha sido óptimo y ha recibido clases sobre el manejo de la ira, aeróbicos, yoga, crossfit e introducción al mercado de la bolsa de valores, entre otras; y que ha estado leyendo libros sobre el autocontrol, manejo del estrés y “el coraje para cambiar”.

Bonilla está recluido en la cárcel de Lewisburg, Pennsylvania, y pidió que le concedieran la detención en el domicilio del tío de su suegra, en Carolina del Sur.

Según él, estará en esa casa mientras dure la crisis sanitaria, y regresará a la celda una vez el Gobierno lo autorice.

“NO ES PERSONA CONFIABLE”

Enterado de esta petición, el fiscal de Distrito, Seth D. Ducharme, envió a la Corte una comunicación el pasado 24 de agosto, solicitándole al juez federal William F. Kuntz II que la rechazara.

En su exposición, hizo un recuento del prontuario de “Valenciano” como miembro de “la Oficina”, “la organización heredera de la infraestructura de narcotráfico de Pablo Escobar”.

Señaló que el detenido ascendió hasta ser un jefe de ese grupo, encargado de las operaciones de droga en los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y socio del cartel mexicano “los Zetas”, con el que exportó más de 45 toneladas de cocaína. “Esto lo convirtió en uno de los narcos más poderosos del mundo”, redactó Ducharme.

El fiscal detalló que “Valenciano” no era confiable, porque ya había traicionado un acuerdo de cooperación con los norteamericanos. Dicho pacto lo realizó con la Fiscalía el 14 de diciembre de 2008, cuando prometió aceptar las acusaciones y que trabajaría como informante de la DEA y la Agencia de Seguridad Nacional (HSI), para obtener rebaja en la sentencia.

Sin embargo, luego de pactar con los funcionarios, regresó a Colombia para protagonizar una guerra por el control de “la Oficina” y sus negocios, en contra de Ericson Vargas (“Sebastián”), otro de los líderes de la organización (hoy preso en EE.UU. también).

La pelea involucró a más de 300 bandas del Valle de Aburrá, que se alinearon con uno y otro capo, y duró tres años. Entre enero de 2009 y diciembre de 2011 hubo 5.859 homicidios tan solo en Medellín, la mayoría atribuidos a esa disputa mafiosa.

NOTA RELACIONADA: ¿Y quién responde por los muertos de “la Oficina”?

La Casa Blanca asignó una recompensa de 5 millones de dólares por el cabecilla, quien fue capturado el 27 de noviembre de 2011 en Venezuela, y desde allí extraditado.

Ducharme afirmó que no califica para la domiciliaria porque es extranjero, lo que le dificultaría recibir los servicios médicos que ya tiene en prisión; que su edad no lo hace de alto riesgo para covid-19 y que no está comprobado que la presión sanguínea elevada lo haga más propenso al contagio; y que no demostró que en la casa de Carolina del Sur estaría a salvo del virus.

“La historia de violencia y desobediencia lo hace un candidato no confiable para el confinamiento casero, y un peligro para la comunidad, en especial por las mínimas capacidades de las autoridades para su monitoreo (por causa de la pandemia)”, concluyó.

A la fecha, el juez Kuntz no ha emitido su veredicto sobre la petición de Bonilla. Los tiempos judiciales en EE.UU. se ralentizaron por la cuarentena, debido a lo cual el pronunciamiento podría darse en octubre, según fuentes judiciales.

NOTA RELACIONADA: 20 años de condena en EE.UU. para el capo “Valenciano”.

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ANEXO: LOS EXPEDIENTES DE “VALENCIANO” EN COLOMBIA

En Colombia, Maximiliano Bonilla no tiene condenas, pero sí cuatro investigaciones penales en curso. Una de ellas, por concierto para delinquir agravado, data de 2009 y está en etapa de juzgamiento.
Las demás están en “indagación preliminar”, según la Fiscalía: una por el delito de extorsión (2009); otra como indiciado de homicidio (2000); y una más por el asesinato del investigador del CTI, Jaime Piedrahíta, perpetrado por sicarios en 1997 en el municipio de Itagüí.
Por esas investigaciones, tiene órdenes de captura pendientes en nuestro país, por parte de despachos judiciales de Medellín y Bogotá.

El Inspector.

El objetivo era golpear una de red de tráfico internacional de cocaína, liderada desde Antioquia y emparentada con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. La investigación identificó a 10 presuntos integrantes, por lo que los agentes y comandos especiales se repartieron para capturarlos con fines de extradición en Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Cali, Bogotá y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Luis Arnobio Del Río Jiménez, alias “el Tío” (izquierda), y su hijo Ánderson Del Río Pasos, apodado “el Grande”. Fotos cortesía de la Policía.

En la capital antioqueña, los policías incursionaron a las 6:00 a. m. de ese domingo en una urbanización del barrio San Diego. El blanco era Gabriel Jaime Marín Macías, apodado “Chepe” o “el Veterinario”, un comerciante y ganadero de 46 años, oriundo de Amalfi, y sospechoso de ser uno de los supuestos coordinadores de la organización.

“¡Abra la puerta! Policía Nacional, ¡rápido, hombre!”, gritó uno de los uniformados, mientras su compañero golpeaba la puerta con el puño, en un apartamento ubicado en el tercer piso de una de las torres. Al no obtener respuesta, comenzaron a violentar la chapa con una barra de metal.

Marín estaba solo y se despertó estrepitosamente. Ni siquiera alcanzó a ponerse una pijama y salió en ropa interior a la sala. No acató la orden de la fuerza pública y en pocos segundos tomó una decisión fatal.

Tal cual quedó registrado en la grabación por celular que hizo un vecino, se asomó al balcón. Al parecer, quería saltar a un pino y unas palmeras, cuyas ramas estaban a pocos centímetros del borde, pero calculó mal el paso y cayó al vacío.

En la caída rompió una vidriera y se estrelló de bruces contra el suelo de grama. Al escuchar el estruendo, los policías corrieron hasta el sitio y encontraron a “Chepe” inmóvil. “¡Llamen una ambulancia!”, pidió uno de ellos, mientras palpaba sus signos vitales. A pesar de los esfuerzos, la muerte vino a reclamarlo.

Los funcionarios se quedaron con una Circular Roja de Interpol en la mano, con la cual pretendían arrestarlo. En contra de Marín pesaba una acusación de la Corte del Distrito Medio de La Florida (expediente 2019-122186), por los cargos de “conspiración para distribuir cinco kilos o más de cocaína en EE. UU. y conspiración para poseer con la intención de distribuir cinco kilos o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de EE. UU.”, de acuerdo con los documentos del caso conocidos por El Colombiano.

Según las pruebas obtenidas por la DEA y la Diran, que incluyen interceptaciones telefónicas y entrevistas, el difunto, al parecer, estuvo involucrado en tres exportaciones de droga interceptadas en altamar.

El primer caso fue el 16 de junio de 2015 en aguas del Pacífico, cuando la Guardia Costera estadounidense detuvo un semisumergible con cuatro tripulantes y 2,4 toneladas de cocaína; el segundo fue el 26 de abril de 2017, cuando la misma Guardia interceptó una lancha con cuatro ocupantes y 711 kilos de cocaína, cerca de Guatemala.

El tercer episodio fue el primero de diciembre de 2018, en aguas cercanas a la isla de Jamaica. El guardacostas persiguió un barco con cuatro navegantes, que se deshicieron de la mercancía tirándola por la borda y después fueron arrestados.

Tras conocerse la muerte del extraditable, ni el Ministerio de Defensa ni la Dirección Antinarcóticos emitieron declaración alguna en ese momento, alegando que se trataba de una operación en curso y que faltaban varias personas por capturar. Sin embargo, cinco semanas después, El Colombiano tuvo acceso al informe secreto de Milenio III, que explica cómo actuaba esa red transnacional de narcotráfico desde Antioquia.

En el recuadro aparece alias “Chepe” y en el círculo se aprecia el balcón por el cual cayó de manera accidental. Fotos de cortesía.

LA RUTA CLANDESTINA

Según el documento, la estructura llevaba por lo menos cinco años exportando cocaína por el Pacífico hacia Norte América, por medio de una ruta que empleaba contactos en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

La coca era cultivada en los departamentos de Nariño y Cauca, y procesada en laboratorios artesanales localizados en los corregimientos de El Mango y El Plateado, en el municipio caucano de Argelia; y en Huisitó y San Juan de Mechengue, en la localidad de El Tambo.

La mercancía era trasladada en mulas hasta las embarcaciones en los ríos Guapi, Timbiquí y San Juan de Micay, y de allí sacada al océano Pacífico. En algunos casos, la enviaban directamente a Centroamérica; en otros, la llevaban primero a la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, donde terminaban de almacenar las cantidades deseadas, abastecían el combustible en la isla Galápagos y después seguían la ruta por altamar.

El transporte marítimo se hacía empleando lanchas rápidas y semisumegibles, aunque también usaban avionetas, carros acondicionados con caletas (para introducir la cocaína por la frontera de México con EE. UU.) y ocultaban la droga entre los contenedores y cajas de embarcaciones legales.

En este último punto, la organización tenía un método particular: “contaminaban los contenedores con pulpa de fruta, mezclando el alimento orgánico con clorhidrato de cocaína”, dice el reporte. La cocaína traficada por este grupo era combinada con bentonita, una especie de arcilla de grano fino, comúnmente empleada en obras de ingeniería civil, y en las industrias petrolera y cosmética.

Las autoridades detectaron esta modalidad el 22 de junio de 2018 en el puerto de Buenaventura: en un buque había un contenedor cargado con 768 kilos de cocaína, camuflados en bentonita y pulpa de fruta.

Los capturados en la Operación Milenio III, con fines de extradición. De izquierda a derecha: alias “Macario”, “Enano”, “Firi”, “Macario Papá”, “el Tío”, “Jacobo” y “el Paisa”. No está en la foto alias “Leiner”. Foto cortesía de la Policía.

LOS IMPLICADOS
Las autoridades de Colombia y EE. UU. creen que al mando de la organización estaría el veterano comerciante Luis Arnobio Del Río Jiménez, alias “el Tío”, propietario de discotecas en Medellín y empresas importadoras de productos. Entre sus antecedentes hay una condena de 12 años de prisión, proferida el 11 de febrero de 2004 por el Tribunal Superior de Buga, por su participación en una estructura que exportaba estupefacientes a Francfort, Alemania.

Su mano derecha sería su hijo Ánderson Del Río Pasos (“el Grande”), quien, según el informe oficial, “es el encargado de lavar el dinero producto del narcotráfico, mediante la utilización de empresas fachada y la instrumentalización de terceras personas para consignación y creación de sociedades empresariales ficticias”.

Los investigadores presumen que la banda lavaría, por lo menos, 30.000 millones de pesos anuales, camuflando los activos en 112 establecimientos comerciales. Con una de esas compañías habrían importado 90 toneladas de bentonita en los últimos años, para mezclarla con la cocaína.

La Policía decomisó parte de esas ganancias el 6 de octubre de 2018, en el allanamiento a un apartamento en Bogotá, donde encontraron 1.630 millones de pesos encaletados. En ese procedimiento arrestaron a tres personas.

Los otros integrantes del grupo, de acuerdo con el organigrama elaborado por las agencias de seguridad, serían: Alfonso Torres (“Macario Papá”) y su hijo homónimo Alfonso Torres (“Macario”), quienes, al parecer, coordinaban la logística desde Cali y Tumaco; al igual que el difunto “Chepe”, quien presuntamente coordinaba actividades de exportación desde Medellín.

En el área de producción de la droga, los responsables serían William Herrera (“Jacobo”), en Bogotá, y Lerner Daza (“Leiner”), radicado en Popayán. El transporte terrestre era manejado, supuestamente, por Carlos Arias (“el Paisa”), quien estaba en Bogotá; mientras que el marítimo lo operaban Martín Castillo (“Enano”) y Ader Castillo (“Firi”).

Todos ellos fueron capturados entre el 24 y el 28 de noviembre pasados, con excepción de “Chepe”, fallecido de formal accidental, y de “Grande”, quien es buscado con Circular Roja de Interpol. En la actualidad, los procesados están en la cárcel, pendientes del avance del proceso de extradición.

En la investigación logró establecerse que el principal cliente de esta estructura es el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNC), considerado por la DEA como “uno de los cinco grupos de crimen organizado transnacional más peligrosos del mundo”. Tiene injerencia en 23 de los 32 estados de México y su principal base de operaciones en EE. UU. está en Los Ángeles, California; trafica con cocaína, metanfetaminas y heroína en América, Europa, Asia y Australia.

Su máximo líder es Nemesio Oseguera Cervantes (“el Mencho”), por quien el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece 10 millones de dólares de recompensa. Sus enlaces con la organización colombiana serían dos ciudadanos mexicanos apodados “Tío Gil” y “el Gordo” o “el Ingeniero”, quienes permanecen en la clandestinidad.

A pesar del fuerte golpe propinado con Milenio III, fuentes cercanas al caso consideran que la estructura criminal no está muerta. El último movimiento detectado fue el pasado 14 de noviembre en Panamá, cuando en un apartamento fueron incautadas 1,4 toneladas de cocaína. La cacería continuará para dar con los cabos sueltos en Antioquia, México y Estados Unidos.

NOTA RELACIONADA: Capturan con fines de extradición al empresario José Piedrahíta.

El Inspector.

Con esas palabras Carlos Arturo Arredondo Ortiz, alias “Mateo”, uno de los jefes de la organización criminal “la Oficina”, quiso excusar su conducta en la Corte del Distrito Sur de La Florida, donde fue condenado a 11 años y tres meses de cárcel.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En el recuadro aparece Carlos Arturo Arredondo Ortiz, alias “Mateo” o “el Señor de la M”. Fotos de archivo.

La diligencia judicial se llevó a cabo en la ciudad de Miami, el 13 de abril de 2018, pero hasta ahora se había mantenido en reserva. El Colombiano tuvo acceso a la transcripción de la audiencia (caso N°17-20720-CR), en la cual fueron expuestos varios detalles de las andanzas ilegales de Arredondo.

Este hombre, de 52 años y oriundo de Itagüí, se vinculó al narcotráfico en su juventud, en los años 80, de acuerdo con el expediente. Fue amenazado de muerte y viajó a EE.UU., donde resultó involucrado en el tráfico de 450 kilos de cocaína; en 1992 una corte de Nueva York lo condenó a dos años y cinco meses de cárcel, tras aplicarle una rebaja de pena por su cooperación en el proceso.

Tras su regreso a Colombia, en la década del 90, Arredondo comenzó a trabajar para el capo narcoparamilitar Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) y su hermano Rodolfo Murillo Bejarano (“Semilla”), quienes al frente de “los Pepes” acababan de derrotar a Pablo Escobar Gaviria y gobernaban el bajo mundo del Valle de Aburrá.

Arredondo fue secretario personal y jefe de seguridad de ambos, conociendo así los secretos de las estructuras criminales en las que participaron, como las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y “la Oficina”, una confederación ilegal que coordinaba a las bandas del área metropolitana. Sin embargo, nunca se desmovilizó, sino que se mantuvo a la sombra tras el asesinato de “Semilla” (2001) y la extradición de “don Berna” (2008).

Por su experiencia y amplitud de contactos, fue designado como miembro de la cúpula “la Oficina”, en particular de los tentáculos de esa estructura en los municipios de Itagüí, Envigado y Sabaneta; en el reino del hampa empezaron a llamarlo también “el Señor de la M” y la Policía y la Fiscalía colombianas lo señalaron de liderar la banda de “Trianón”, que opera en esas localidades.

La Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) le puso la mira en 2014, cuando la Casa Blanca inició una ofensiva judicial contra “la Oficina”. Fue así como el Departamento del Tesoro le aplicó sanciones administrativas y financieras a Arredondo, al incluirlo el 18 de noviembre de ese año en la Lista Clinton y congelar sus transacciones comerciales y bancarias (ver la NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”).

EL SOMETIMIENTO

Sabiendo que los estadounidenses lo investigaban, “Mateo” y sus asesores jurídicos se reunieron con agentes de la DEA en Bogotá en 2015, con el propósito de lograr un acuerdo judicial beneficioso, a cambio de cooperación en los casos que llevaba la agencia contra otros narcotraficantes.

Los acercamientos se prolongaron dos años, hasta que en octubre de 2017 se pactó el sometimiento y el cabecilla viajó a Panamá, donde lo recogieron los agentes para trasladarlo a Miami. Estuvo un par de semanas como huésped en un hotel y luego lo recluyeron en el Centro de Detención Federal de esa ciudad, para que comenzara a responder por la acusación.

El crimen por el cual lo procesaron fue conspiración para distribuir cocaína sabiendo que sería importada de manera ilegal a Estados Unidos, que contempla una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua, que para el caso de los colombianos implica 60 años, de acuerdo con el tratado vigente entre ambas naciones.

El hecho en concreto ocurrió entre 2010 y 2012. La narcotraficante Yaneth del Carmen Vergara Hernández (“la Tía”) buscó a “la Oficina” para que le ayudara a establecer los contactos necesarios para exportar droga, a través de una ruta que partía de Urabá y pasaba por Guatemala y México, para luego ser distribuida en territorio estadounidense. Dicha ruta era controlada por el cartel de “los Urabeños” o “Clan del Golfo”.

“La Oficina” delegó a alias “Mateo” para que hiciera la gestión, y este coordinó reuniones entre “la Tía” y uno de los cabecillas de “los Urabeños”, llamado Henry de Jesús López Londoño (“Mi Sangre”), quienes pactaron el envío de la mercancía.

El 18 de enero de 2018 Arredondo firmó un acuerdo de culpabilidad, en el que aceptó su responsabilidad en esa conspiración. Después, como parte de su cooperación para obtener beneficios jurídicos, participó como testigo de la Fiscalía estadounidense en la causa penal contra “Mi Sangre”, quien finalmente fue condenado a 31 años a la sombra (ver la NOTA RELACIONADA: El narco “Mi Sangre” fue capturado en Argentina).

LA SENTENCIA

El expediente de Arredondo llegó al despacho del juez Federico A. Moreno, en la Corte del Distrito Sur de La Florida. Durante la audiencia de condena, el juzgador tuvo en cuenta el antecedente penal de “Mateo” en ese país y cuestionó que varias décadas después siguiera inmiscuido en lo mismo.

“Debo criticar al acusado por involucrarse de nuevo en el tema de la cocaína, pensando tal vez ‘lo hago, consigo dinero, y si me atrapan, vuelvo a cooperar, les digo qué tan peligroso es Medellín y de pronto me dan otros 29 meses de cárcel’”, señaló.

El juez reflexionó sobre la situación de la capital antioqueña. Mencionó que estuvo en la ciudad en los años 80, pero que ha leído artículos periodísticos que hablan de una transformación positiva. “Es un lugar hermoso, la gente se está yendo a jubilar a Medellín. A veces vivimos en el pasado y vemos películas sobre el pasado, y pensamos que es la misma vieja ciudad violenta, pero ya no lo es”, dijo Moreno.

La sentencia contempla 11 años y tres meses de cárcel y una multa de 100 dólares (316.475 pesos). Después será deportado y durante otros cinco años tendrá libertad vigilada.

La defensa no apeló, pues como parte de su estrategia busca que más adelante se aplique la Regla 35, que en el sistema penal estadounidense permite otorgarle una rebaja de la pena a un condenado a cambio de cooperación judicial. Esto implica que “Mateo” podría obtener una reducción de hasta la tercera parte del castigo, si continúa sus delaciones contra la mafia.

Tras escuchar el veredicto, Arredondo expresó: “soy una persona que proviene de una humilde familia católica, de escasos recursos económicos. Solo estudié hasta quinto de Primaria, porque tuve que dejar la escuela para ayudarle a mi padre a mantener el hogar”.

Hablándole al juez, añadió: “le pido a Dios y a usted que sean misericordiosos, para poder regresar a mi casa en un futuro no muy distante, adonde está mi papá, que está muy enfermo de cáncer y recibiendo quimioterapia, después de que mi madre muriera hace seis años. Gracias, que Dios lo bendiga”.

En Colombia, según fuentes judiciales, no hay expedientes ni órdenes de captura vigentes contra “Mateo”, a pesar de haber participado en la organización criminal más peligrosa del Valle de Aburrá.

NOTA RELACIONADA: Presunto cabecilla de “la Oficina” se declaró culpable en EE.UU.

El Inspector.

Sucedió este miércoles 31 de octubre, en una audiencia ante el Juzgado Quinto Penal Especializado de Medellín, vía teleconferencia, pues continúa preso en la cárcel La Picota de Bogotá. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, el día de su captura en El Peñol, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

Según fuentes judiciales, Mesa Vallejo reconoció su responsabilidad por cuatro cargos: 1). concierto para delinquir, ligado a su jefatura en las citadas bandas; 2). lavado de activos, porque el día de su captura le decomisaron 14.000 dólares, 97’600.000 pesos y joyas valoradas en más de $10 millones, de origen ilícito; 3). porte ilegal de armas de fuego, por la incautación de tres pistolas; y 4). uso de documento público falso, por portar una cédula fraudulenta.

Claudia Carrasquilla, directora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, indicó que la pena a imponer sería de 14 a 16 años de prisión. El juez cuenta con un mes para elaborar el fallo.

LA DESGRACIA DE LOS COMENSALES

“Tom” fue capturado por la Policía el 9 de diciembre del año pasado, cuando festejaba su cumpleaños con familiares, amigos y compinches en una cabaña de El Peñol, Antioquia (ver la NOTA RELACIONADA: “Tom” no aguantó la cacería de dos gobiernos).

En el operativo también fueron arrestados sus lugartenientes Wálter León Varela Loiza (“Basura”), Jhon Mario Lopera Pineda y Marlon Arley Mejía Araque (“Mono Marlon”), pero este último fue dejado en libertad posteriormente, pues no había orden de arresto en su contra y portaba una dosis mínima de marihuana.

En el allanamiento sorprendieron a tres pesos pesados del crimen organizado, que tampoco fueron detenidos en ese momento, aunque luego afrontaron adversidades. Uno de ellos fue John Jairo Velásquez Vásquez (“Popeye”), el antiguo sicario del cartel de Medellín, a quien le cayó la justicia el siguiente 25 de mayo.

La Fiscalía lo procesó por extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, por su supuesta participación en el cobro de una deuda del narcotráfico; y también por amenazas e instigación para delinquir, debido a unas intimidaciones proferidas por la red social Twitter contra el entonces candidato presidencial Gustavo Petro y sus seguidores (ver la NOTA RELACIONADA: Las vueltas de alias “Popeye” con “la Oficina”).

El segundo pez gordo que celebraba con “Tom” fue Luis Fernando Castaño Alzate, alias “Botija” o “la Firma”, un jefe financiero de “la Oficina” que había regresado a Colombia en 2016, tras pagar una pena por narcotráfico en EE.UU. Tampoco salió airoso, pues la misma organización ordenó su asesinato un mes y medio después (enero 22), en una vía de El Poblado (ver la NOTA RELACIONADA: Asesinaron a alias “Botija”, financista de “la Oficina”).

El tercero fue Iván Darío Suárez Muñoz (“Iván” o “Barbas”), quien también estuvo preso en EE.UU. y volvió al país en 2013. Durante los últimos años logró conservar un bajo perfil, mas su invitación a la fiesta de “Tom” revivió la curiosidad de las autoridades en su contra.

Ahora la Policía sospecha que está implicado, presuntamente, en redes de microtráfico de drogas en el Valle de Aburrá, y la Alcaldía de Medellín ofreció hasta $50 millones de recompensa por información que lleve a su captura.

LO RONDA LA EXTRADICIÓN

El gobierno de EE.UU., que había asignado una recompensa de 2 millones de dólares en contra de “Tom”, está recopilando información para solicitar su extradición. En ese esfuerzo lo apoyan la Fiscalía y la Policía de Colombia, pues el presidente Iván Duque manifestó su deseo de autorizar el pedido internacional.

Entretanto, Mesa Vallejo trata de frenar esa situación. La estrategia ha sido unirse con otros jefes de la mafia del Valle de Aburrá para ofrecerse como gestores de paz de un eventual desarme de bandas en la capital antioqueña, y así obtener beneficios jurídicos, entre ellos la no extradición.

Desde 2017 han enviado cartas a la Casa de Nariño y a los medios de comunicación, solicitando un acuerdo de sometimiento a la justicia. Las misivas son firmadas por “Tom”, “Carlos Pesebre”, “Douglas”, “Beto” y “Diego Chamizo”, entre otros, pero el Gobierno no se ha pronunciado.

NOTA RELACIONADA: Bandas de Antioquia piden audiencia para someterse a la ley.

El Inspector.

De acuerdo con el informe policial, el ataque se produjo a las 11:00 de la noche de este lunes 22 de enero, cuando la víctima de 49 años conducía una camioneta Nissan Frontier por las calles de El Poblado, en Medellín.

Así lucía Luis Fernando Castaño, alias “Botija” o “la Firma”, cuando fue capturado por el CTI el 17 de febrero de 2009, en cercanías al aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. Foto de archivo.

Los mercenarios interceptaron la camioneta en la carrera 20 con la calle 2sur y abrieron fuego, impactando a Castaño Alzate en la cabeza y el cuello. Herido de muerte, perdió el control del vehículo y subió a una acera, donde chocó con el borde de grama.

En la actualidad, “Botija” tenía negocios de bienes raíces y al momento del ataque se dirigía a su vivienda, localizada en la misma zona.

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, confirmó que el finado era la misma persona que la Policía había reseñado el pasado 9 de diciembre, cuando allanaron la cabaña de El Peñol en la que celebraba su cumpleaños Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, cabecilla de “la Oficina”.

Esta era la camioneta que conducía “Botija” al momento del ataque. Cortesía.

Como se recordará, en el lugar no solo lo acompañaban “Botija” y otros personajes con antecedentes judiciales, sino también John Jairo Velásquez Vásquez (“Popeye”), el exsicario del cartel de Medellín (ver la NOTA RELACIONADA: Trasladan a una cárcel de Bogotá a alias “Tom”).

Castaño había sido capturado en 2009 en Medellín y extraditado a Estados Unidos al año siguiente. La Corte del Distrito Medio de La Florida lo condenó a 10 años por narcotráfico, tras acusarlo de ser cabecilla financiero de “la Oficina” y enlace con carteles mexicanos.

De esa sentencia, “Botija” solo pagó seis años, al obtener una rebaja por colaboración con la justicia. Sus testimonios fueron importantes en los casos contra los extraditados Carlos Arturo Patiño Restrepo (“Patemuro”), cabecilla del cartel del Norte del Valle, y el comandante paramilitar Eder Pedraza Peña (“Ramón Mojana”).

El 13 de abril de 2016 fue dejado en libertad y regresó a Colombia, donde volvió al radar de las agencias de Inteligencia por sus reuniones con “Tom” y otros miembros de “la Oficina”.

En la actualidad, las autoridades colombianas no tenían requerimientos contra Castaño, salvo un proceso por extinción de dominio activo desde 2011, sobre nueve bienes y propiedades avaluadas en $45.000 millones y ubicadas en Sucre, Envigado y Girardota (Antioquia).

Las causas del homicidio se desconocen por ahora; no obstante, ocurrió en momentos en que las altas esferas de “la Oficina” atraviesan una etapa de turbulencia. En el último mes y medio capturaron a “Tom” y a Juan Santiago Gallón Henao (“el Caballista”), y en Estados Unidos se declaró culpable de narcotráfico Carlos Arturo Arredondo Ortiz (“Mateo”).

NOTA RELACIONADA: Miembros de bandas quedan libres en EE.UU. y sin líos en Colombia.

El Inspector.

Así lo confirmó su abogado Luis Guerra, quien especificó que el cargo del cual lo acusaron fue conspiración para importar cocaína a EE.UU. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Arredondo Ortiz, alias “Mateo”, se entregó a los agentes de la DEA en Panamá. Foto de archivo.

De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron entre los años 2010 y 2012, al presentarse una situación en la que Arredondo participó como enlace entre narcotraficantes.

La historia comenzó con Yaneth Vergara Hernández, alias “la Tía”, una narcotraficante interesada en exportar droga desde los puertos controlados por el cartel de “los Urabeños” en el caribe colombiano.

Para ello, la mujer recurrió al jefe de “la Oficina” en aquel entonces, Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”), para que ese grupo sirviera de puente con el cartel.

El delegado para la tarea fue Arrendondo Ortiz, quien según su abogado, lo que hizo fue contactar a “la Tía” con Henry López Londoño (“Mi Sangre”), un cabecilla de “los Urabeños”, para que entre ellos acordaran los términos de la exportación.

Las cuatro personas involucradas ya están en prisiones de Estados Unidos, procesadas por cargos de narcotráfico.

Tras la firma de la aceptación de culpabilidad (plea agreement), Arredondo Ortiz fue recluido en el Centro de Detención Federal, una cárcel de Miami. La sentencia está programada para el próximo mes de marzo.

El abogado Guerra recordó que “Mateo” se entregó voluntariamente a la DEA, diligencia que se llevó a cabo en octubre pasado en Panamá. “Por este motivo, es muy probable que reciba una rebaja sustancial en la pena, del 50 por ciento o más”, señaló el jurista.

El cargo que reconoció ante el juez parte de una sentencia mínima de 10 años y una máxima de 60 (teniendo en cuenta los convenios jurídicos con Colombia). En el caso de “Mateo”, su sometimiento voluntario y posible colaboración en otros procesos penales, como el juicio venidero de “Mi Sangre”, le generarían el beneficio de una condena inferior a los 5 años tras las rejas.

OTRAS INVESTIGACIONES
Arrendo Ortiz, de 57 años y nacido en Itagüí (Antioquia), enfrenta además un proceso de carácter administrativo ante el Departamento del Tesoro. La entidad, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), lo incluyó en la Lista Clinton en 2014, aplicándole sanciones financieras por su presunta participación en una red de lavado de activos y apoyo logístico para “la Oficina”.

Dicho expediente, en el que también están incluidos cabecillas de la organización como “Beto”, “Omega” y el equipo de fútbol Envigado FC, sigue activo.

Por parte de la justicia colombiana, “Mateo” no tiene requerimientos pendientes ni órdenes de captura, aunque figura en organigramas de Inteligencia y ha sido mencionado en algunos procesos de otros miembros de “la Oficina”.

La Policía lo asocia con la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), el tentáculo de la banda en los municipios de Envigado y Sabaneta, pero no ha sido judicializado por ello.

NOTA RELACIONADA: Presunto cabecilla de “la Oficina” se entregó en Estados Unidos.

El Inspector.

La Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía le imputó el cargo de tráfico de estupefacientes, el cual fue rechazado por Gallón en el estrado. Es es la reseña del caso, elaborada en equipo por Revelaciones del Bajo Mundo y El Colombiano.

Juan Santiago Gallón Henao, capturado por el CTI en Cúcuta. Foto cortesía de la Fiscalía.

El CTI y el Gaula Militar arrestaron a Gallón en Cúcuta, el martes 16 de enero. De acuerdo con la investigación, estaría involucrado en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, desde los puertos marítimos de Colombia.

El caso partió de un expediente en contra de una red de narcotráfico transnacional, liderada por el británico Andrew Mark Deamer, alias “el Mono” o “Marcos”. Su organización, que contaba con químicos expertos, logró perfeccionar un sistema para camuflar la droga en concentrado para perros, alimento de gatos, arena y fertilizantes.

Los químicos hacían los experimentos en fincas de Antioquia, durante dos días, hasta convertir la cocaína en productos veterinarios. El proceso era supervisado por Darling de Jesús Gómez (“el Doc”), empleado de un laboratorio clínico de Medellín y experto en la técnica.

Cuando el embarque, que por lo general salía de los puertos del Caribe, llegaba a su destino en el exterior, los químicos viajaban para hacer otro proceso que revertía la transformación y dejaba el estupefaciente listo para su distribución en las calles.

Andrew Mark Deamer, alias “el Mono”. Cortesía de la Fiscalía.

Durante los últimos tres años, las autoridades decomisaron cinco toneladas del producto, en diferentes puntos del país, y el 1 de enero de 2017 dieron un golpe definitivo a la red. Capturaron a 20 personas en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y Villavicencio, incluyendo a “el Doc” y al británico Andrew Mark Deamer, quien estaba en una finca de lujo de Rionegro (Antioquia).

Al parecer, varios de los detenidos comenzaron a delatar a otros participantes del negocio, lo que puso en la mira a Gallón. Según la Fiscalía, él “sería uno de los principales inversionistas de la estructura narcotraficante” y “sus dineros habrían sido destinados para sostener el engranaje y el perfeccionamiento de la nueva modalidad de camuflaje de estupefacientes”.

Otros presuntos inversionistas, que también están en prisión, son: Carlos Aguirre Babtiva (“Colgate”), Jesús Alberto Ríos Mazo, Gustavo de Jesús Tamayo López (“Mosquito”), Boris Olarte Morales (“Boris”) y José Ramón Díaz Jiménez (“José”).

LOS EXPEDIENTES QUE LOS PERSIGUEN

De los hermanos Gallón Henao se empezó a hablar de manera pública en Colombia desde julio de 1994, cuando los organismos de seguridad los vincularon al proceso por el asesinato a bala del futbolista Andrés Escobar, quien días antes había participado con la selección nacional en la Copa Mundial que se disputaba en Estados Unidos.

Por este hecho, Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao fueron acusados, pero el conductor de ambos reconoció ser el autor material del crimen, por lo que ellos quedaron en libertad a los pocos meses, tras ser absueltos.

En otro episodio judicial, Juan Santiago se entregó el 10 de julio de 2009 a la Fiscalía y fue condenado el 1 de marzo de 2010 a tres años y tres meses de cárcel, tras reconocer el delito de financiación de grupos paramilitares (concierto para delinquir) en el Suroeste antioqueño, cometido entre 2000 y 2004.

El 24 de junio de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los incluyó en la Lista Clinton, porque al parecer ofrecieron apoyo logístico o económico para el lavado de dinero y para el tráfico de drogas a “la Oficina”, la principal estructura de crimen organizado del Valle de Aburrá.

Estar en esta lista implicó para los Gallón Henao el congelamiento de sus transacciones financieras con el mercado estadounidense, lo que también derivó en el rechazo de entidades bancarias y comerciales en Colombia.

El 31 de mayo de 2017 la Ofac incluyó en la Lista Clinton a cinco empresas y otras cuatro personas relacionadas con la familia, entre ellas Mariana Gallón Aristizábal y Claudia Mercedes Vargas Giraldo, hija y exesposa de Juan Santiago.

NOTA RELACIONADA: Incluyen en Lista Clinton a más miembros del clan Gallón Henao.

El Inspector.

Fuentes judiciales confirmaron que el ciudadano, conocido con el alias de “Mateo”, acordó su entrega tras varios meses de conversaciones. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Arturo Arredondo, alias “Mateo”, militó en las Autodefensas pero no se desmovilizó. Foto de archivo.

El proceso se materializó la semana pasada en Panamá, donde lo recogieron los agentes de la DEA, y de allí fue trasladado a Miami. En la actualidad pernocta en el Federal Detention Center, ubicado en el centro de la ciudad.

En los años noventa, Arrendondo militó en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y fue uno de los asistentes del comandante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”, pero no se desmovilizó. También escoltó a su hermano Rodolfo Murillo (“Semilla”), quien fue asesinado en 2001 en Medellín.

La Fiscalía y la Policía de Colombia adelantan pesquisas preliminares sobre Arredondo, por ser un supuesto miembro de la cúpula de “la Oficina”, la principal estructura de crimen organizado del Valle de Aburrá. En particular, lo relacionan con la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), la confederación que agrupa a las bandas de Envigado y Sabaneta, y vela por los intereses de “la Oficina” en el sur del área metropolitana.

A pesar de estos señalamientos, en contra de Arrendondo, también conocido como “el Señor de la M”, no hay órdenes de captura vigentes en el sistema judicial colombiano.

El gobierno de EE.UU. le puso la mira en 2014, cuando inició una ofensiva para desmantelar el aparato financiero de “la Oficina”. El 18 de noviembre de ese año, el Departamento del Tesoro lo incluyó en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras.

En esa oportunidad, “Mateo” apareció en un organigrama de la banda junto a otros cabecillas importantes como “Beto”, “Nene” y “Orión” (ver la NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”).

Adam J. Szubin, el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), entidad adscrita al Tesoro, declaró que Arredondo venía delinquiendo desde la década del ochenta.

Como parte de su sometimiento, “Mateo” firmó un preacuerdo con la Fiscalía estadounidense, mediante en cual pretende solucionar su situación judicial en ese país, aceptando un cargo por conspiración para delinquir. Este tema, sin embargo, apenas está en etapa de negociación.

Otros miembros de “la Oficina” han optado por el mismo camino en el pasado, entre ellos: “Rogelio”, “Yiyo”, “Careguayo”, “Perra Loca” y “Fredy Colas”, quienes pagaron penas inferiores a los 10 años y todavía carecen de procesos penales en Colombia.

NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” llegó a preacuerdo con el gobierno de EE.UU.

El Inspector.

La detención se produjo a las 6:00 a.m. de este viernes  29 de septiembre en la hacienda La Contadora, por parte de uniformados del CTI de la Fiscalía y del Ejército, quienes lo trasladaron a una cárcel de Bogotá, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia decida si autoriza la extradición. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Bayron Piedrahíta Ceballos fue detenido en su hacienda La Contadora, de Caucasia. Foto cortesía del Ejército.

Este es un nuevo expediente en contra de Piedrahíta, a quien las autoridades estadounidenses han vinculado en investigaciones pasadas por presuntos nexos con el Cartel de Cali y la organización criminal “la Oficina”. Al respecto, el empresario siempre se ha declarado inocente.

LA ACUSACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
La orden de arresto con fines de extradición parte de una investigación de la Fiscalía estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de La Florida (caso N°17-20651 cr-Scola), que se hizo pública el pasado 21 de septiembre.

De acuerdo con los documentos revelados por el Departamento de Justicia, la historia comenzó en 1991, cuando el Servicio de Aduanas de EE.UU. y la DEA lanzaron la Operación Piedra Angular en contra del Cartel de Cali. En dichas pesquisas, fueron reseñadas 18 personas, sospechosas de narcotráfico y lavado de activos para ese grupo ilegal, entre las cuales estaba José Byron Piedrahíta.

Al frente de la operación estuvo el agente especial Chistopher V. Ciccione, integrante de la agencia Homeland Security Investigations (HSI), y quien más adelante terminaría involucrado en la presunta red de corrupción.

El expediente, firmado por los fiscales Luke Cass y Jennifer A. Clarke de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, señala que tres personas conspiraron para que el empresario antioqueño fuera borrado de la lista de sospechosos de la Operación Piedra Angular: el agente Ciccione, el propio Piedrahíta y Juan Carlos Velasco Cano, alias “Cabezón”, un exsocio del Cartel de Cali que tras salir de una cárcel norteamericana se convirtió en informante de la HSI.

Este hombre sirvió de enlace entre el funcionario federal y Piedrahíta, quien según los acusadores habría sobornado al investigador con el pago de cerca de 20.000 dólares, una cena lujosa, fiesta y encuentro con prostitutas.

Los hechos ocurrieron entre el 6 y el 9 de diciembre de 2010, cuando Ciccione y otro compañero de la HSI viajaron a Bogotá y se hospedaron en el hotel Marriott. Allí fueron recibidos con un banquete, licor y tres chicas prepago, con quienes se acostó el agente.

Al día siguiente hubo otro banquete en el exclusivo restaurante capitalino Pesquera Jaramillo. Además de Ciccione, Piedrahíta y Velasco, asistieron varias mujeres, un coronel del Ejército y una reconocida estrella de música Pop colombiana, cuyos nombres no revela el expediente.

Todos estos gastos, incluyendo 17.700 dólares en efectivo, habrían sido pagados por el empresario.

En consecuencia, el proceso de la Operación Piedra Angular fue archivado por un juez de distrito en La Florida, el 21 de octubre de 2011.

Ciccione es acusado de alterar bases de datos y mentir en declaraciones, argumentando que nunca fue posible identificar al sospechoso. Adicionalmente, movió fichas para lograr que Piedrahíta y su esposa obtuvieran una visa Parol especial para ingresar a territorio estadounidense.

La captura del agente Ciccione fue anunciada por el Departamento de Justicia el pasado lunes. En contra de este funcionario de 55 años hay seis cargos, por conspiración para defraudar a EE.UU., fraude y obstrucción a la justicia.
Los mismos cargos cobijan a Piedrahíta y al informante Velasco, quien continúa prófugo de las autoridades y se oculta en Bolivia.

PROCESOS ANTERIORES
El 3 de mayo de 2016 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, incluyó a Piedrahíta en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras, al señalarlo como presunto lavador de dinero para la organización criminal “la Oficina”, que delinque en el Valle de Aburrá y tiene redes transnacionales. La sanción administrativa cobijó a otros miembros de su familia, empleados y a sus compañías.

El organigrama de la Lista Clinton, en la que fue incluido Piedrahíta con varios familiares, empleados y compañías en 2015. Cortesía Ofac.

Por otro lado, en una Corte del Distrito Oeste de Virginia, cursa en su contra desde 1997 un proceso penal por la supuesta comisión de lavado de activos para el Cartel de Cali (ver la NOTA RELACIONADA: Patrocinador secreto de “la Oficina” en la mira de EE.UU.).

En una entrevista concedida a El Colombiano el pasado 10 de abril, Piedrahíta se declaró inocente de esas sindicaciones y expresó que sus abogados ya estaban presentando todas las pruebas antes las autoridades norteamericanas.

Con base en los señalamientos de sus pares estadounidenses, la Fiscalía colombiana le abrió un proceso de extinción de dominio y en octubre de 2016 le embargó 18 bienes y propiedades, por valor cercano a los 13 millones de dólares.

Sin embargo, el empresario ganó esa batalla jurídica, y el 28 de marzo de 2017 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia falló a su favor (radicado 0500 3120 002 2016 0002800), declarando ilegal el embargo y ordenando la devolución de los bienes al propietario.

A juicio de Piedrahíta, los señalamientos en su contra vienen de personas extraditadas que buscan beneficios judiciales a cambio de enlodarlo. “Eso viene de una infinidad de denuncias que vengo colocando hace más de 12 años contra estos grupos al margen de la ley, tanto a ‘la Oficina de Envigado’ como a ‘los Urabeños’ y otros grupos armados, por encontrarme yo en esta región del país tan vulnerable a todo esto (Bajo Cauca). Una forma de ellos afectarme ha sido que han hablado algo de mí, diciendo que los he financiado. La Fiscalía no se ha tomado ni siquiera el tiempo para llamarme a que les explique las denuncias que tengo contra esos grupos. No hay ningún detenido. Hay denuncias por extorsión, desplazamiento forzado y asesinato de mis empleados”, señaló en la entrevista.

Tras su captura, la Fiscalía colombiana expidió un comunicado, indicando que también lo investigan por su supuesta participación en una red de lavado de activos en Argentina, que blanqueaba dineros del narcotráfico para “la Oficina”. Esta organización estaría liderada por el inversionista inmobiliario Mateo Corvo Dolcet, quien junto a cinco personas fue detenido en la mañana de este viernes en aquella nación.

LA VERSIÓN DE LA DEFENSA

La defensa judicial de Piedrahíta Ceballos considera que el operativo para detenerlo fue un gasto innecesario, ya que él no se estaba escondiendo y “siempre ha colaborado con la justicia”.

Así lo expresó el abogado Luis Guerra: “Nos sorprende el gasto en tiempo y dinero de las autoridades colombianas, cuando muy bien sabían que con una llamada el señor Piedrahíta se hubiera presentado en cualquier lugar, sin necesidad de usar helicópteros ni hombres armados, que me imagino costó mucha plata”, opinó el jurista.

Manifestó que su cliente lleva más de un año cooperando con la justicia de Estados Unidos para aclarar el incidente.

Dijo que el expediente que señalaba a Piedrahíta (la Operación Piedra Angular) es de hace más de dos décadas, cuando en Colombia ni siquiera existía un convenio de extradición. Este acuerdo solo se aprobó en diciembre de 1997, “entonces, ¿para qué iba a sobornar a un agente para que lo quitaran de un caso por el que ni siquiera lo podían extraditar?”, cuestionó el jurista.

Guerra enfatizó que su cliente ha venido aclarando con los fiscales estadounidenses lo ocurrido en 2010 con el agente Ciccione y que la verdad sobre ese tema no está totalmente esclarecida. “Ese agente americano extorsionó a muchos y vendió visas”, según el abogado, y añadió que si Piedrahíta cometió algún error, “él mismo lo reconocerá, porque nunca huye de sus problemas”.

Pero si él venía colaborando con los fiscales de EE.UU., ¿por qué le pidieron orden de captura con extradición?
“La extradición siempre era discutida (entre las partes) porque hay hechos que son problemáticos. Y solo porque estemos de acuerdo en algunos hechos, no significa que estamos de acuerdo en todos. Este caso es muy importante para los fiscales americanos dado que se trata de un agente federal que estaba actuando de manera ilegal; para los americanos eso es muy grave y no hay mecanismo para llevar a un colombiano desde Colombia para un proceso en EE.UU. sin extradición”.

Si Piedrahíta no tenía necesidad de sobornar al agente, ¿por qué le dio dinero y patrocinó el banquete con prostitutas en Bogotá?
“Los fiscales americanos están haciendo su trabajo. Nosotros el de nosotros. Los hechos no están en la luz todavía completamente, porque el caso recién inició. Pero hay que tener claro que el señor (Piedrahíta) estaba colaborando con la justicia americana para aclarar los hechos y lograr un acuerdo. Si en eso se cometieron errores, los confrontaremos”.

¿Y ahora qué sigue en el proceso?
“La extradición es necesaria en el caso. Tanto nosotros como los fiscales norteamericanos pensamos igual. Y sigue presentarnos en EE.UU. ante el juez Scola y continuar el proceso allá”.

¿Cuánto podría demorar la aprobación de la extradición aquí en Colombia?
“En mi experiencia, creo que puede tomar de seis meses a un año. Queremos apurar el proceso para llegar a EE.UU. lo más pronto posible”.

NOTA RELACIONADA: Juez declaró ilegal el embargo de bienes a José Piedrahíta.

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ANEXO: ¿QUIÉN ES JOSÉ BAYRON PIEDRAHÍTA?

Piedrahíta Ceballos nació hace 58 años en el municipio antioqueño de Bello. Es subteniente retirado del Ejército (1983), estudió Economía en la Escuela Militar de Cadetes y fue director del colegio militar José María Córdova.

Se inició como comerciante en los años 80, con ferreterías en el centro de Medellín. Después se radicó en Valle del Cauca, donde creó la planta de sacrificio FrigoYumbo. En los 90 ingresó a la Federación Nacional de Cafeteros, administrando haciendas de más de un millón de matas.

En la actualidad se concentró en negocios de ganadería y comercialización de pieles. Sus principales compañías están en la subregión del Bajo Cauca, donde genera 600 empleos, y es dueño de otras firmas en Panamá y Argentina. En la última década llegó a ser el segundo exportador de pieles de Colombia, con mercado en China.

El Inspector.

Esta es la segunda acción del Departamento de Tesoro de EE.UU. en contra de este clan familiar, cuyas actividades económicas se relacionan desde hace tres décadas con la ganadería, la caballería y el sector agroindustrial. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El informe de la Ofac relaciona a los empresarios con alias “Tom”, cabecilla de “la Oficina”. Foto de cortesía.

Santiago y Pedro Gallón Henao fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro el 24 de junio de 2015, que los incluyó en la citada Lista Clinton. Desde entonces, sus transacciones financieras quedaron congeladas con el mercado estadounidense, lo que también derivó en el rechazo de entidades bancarias y comerciales en Colombia.

Estas son las cuatro personas relacionadas con el clan Gallón Henao que fueron incluidas también en la Lista Clinton. Cortesía de la Ofac.

El argumento para esta sanción administrativa, según la Ofac, es que los empresarios ofrecieron, al parecer, apoyo logístico o financiero a las actividades de lavado de activos y narcotráfico internacional de “la Oficina”, la principal estructura de crimen organizado del Valle de Aburrá.

Su principal enlace con esta organización, de acuerdo con los documentos del Tesoro, sería el cabecilla Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, por cuya captura el Departamento de Estado de EE.UU. ofrece hasta 2 millones de dólares de recompensa.

Este miércoles 31 de mayo, la Ofac informó que incluyó a otras cuatro personas relacionadas con la familia en la Lista Clinton: Mariana Gallón Aristizabal y Claudia Mercedes Vargas Giraldo, hija y exesposa de Juan Santiago Gallón Henao; el socio comercial Santiago Álvarez Castro y el abogado Gabriel Jaime Aguilar Ramírez.

Junto a ellos, también fueron sancionadas cinco empresas, todas ellas domiciliadas en Medellín: Agroindustrias Cima S.A.S., C.M.V. Carnes S.A.S., Guisanes S.A.S., Agropecuaria Mais S.A.S. y Clamasan S.A.S., esta última con seccionales en los municipios de Amagá y San Roque.

“Estas nuevas designaciones del Departamento del Tesoro reducirán aún más el poder económico de los frecuentes financistas de ‘la Oficina de Envigado’, mediante la identificación y la selección de los testaferros y las empresas que trabajan en su nombre”, declaró John E. Smith, director de la Ofac.

Aunque la sanción de la Ofac es de carácter financiero y no penal, desde 2014 han sido incluidas en la Lista Clinton más de 100 personas y empresas presuntamente ligadas con “la Oficina”, lo que ha puesto de relieve la completa red de blanqueo de activos de la estructura delincuencial.

Smith añadió que su despacho seguirá “tomando medidas para evitar que estos ingresos ilícitos entren en el sistema financiero estadounidense”.

A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, en Colombia los integrantes del clan Gallón Henao no tienen órdenes de captura vigentes. En el pasado los dos hermanos fueron investigados por su supuesta participación como determinadores en el asesinato del futbolista Andrés Escobar (1994), pero a ambos los absolvieron y la justicia condenó a uno de sus escoltas como autor material.

NOTA RELACIONADA: “Natilla”, “don Gabriel” y los Gallón Henao caen en la Lista Clinton.

El Inspector.

La decisión, tomada este miércoles 19 de octubre por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, castiga al capo por sus acciones de narcotráfico, pero también por haber traicionado a ese sistema judicial.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así lucía Maximiliano Bonilla en diciembre de 2011, al momento de su deportación desde Venezuela a EE.UU. Foto Reuters.

En 2008, según el expediente, “Valenciano” ya era uno de los principales exportadores de cocaína del mundo, usando de plataforma a la Costa Atlántica colombiana y asociado con carteles centroamericanos, venezolanos y mexicanos.

La fiscal federal Bonnie Klapper, reconocida por liderar varios procesos contra el cartel del Norte del Valle, formuló una acusación para extraditar al delincuente, por lo que los agentes de la DEA lo contactaron ese año.

“Cuando él llegó con su abogado, nos ofreció a toda la organización de ‘los Zetas’ de México. Con esa información, decidimos que valía la pena dejarlo salir, pues podía entregarnos a los jefes de ese cartel”, contó Klapper en una reciente entrevista televisada.

“Valenciano” firmó un preacuerdo con la Fiscalía estadounidense, en el que se comprometía a someterse a la ley y aceptar un cargo en el estrado, a cambio de beneficios penales.

Sin embargo, regresó a Colombia con otros propósitos. El 13 de mayo de 2008, su mentor en el bajo mundo, Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), fue extraditado. “La Oficina”, la principal mafia de crimen organizado del Valle de Aburrá, se quedó sin líder y Bonilla reclamó el trono ante los demás cabecillas.

Otros candidatos se opusieron, liderados por Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”) y Félix Isaza Sánchez (“Beto”). En consecuencia, la estructura se dividió en dos, 350 combos bajo su control escogieron un bando y el área metropolitana se convirtió en el escenario de una sangrienta guerra entre mercenarios.

De 2008 a 2011, tan solo en Medellín se registraron 6.962 asesinatos, de los cuales el 80% fueron atribuidos por la Policía a las pugnas entre las facciones de “Valenciano” y “Sebastián” (ver la NOTA RELACIONADA: ¿Y quién responde por los muertos de “la Oficina”?).

Bonilla no volvió a responderles a los agentes de la DEA y fortaleció sus redes de narcotráfico, aliándose con otros grupos como “los Urabeños”, “los Paisas” y la guerrilla del Eln, que le permitieron liderar el reino del hampa desde Antioquia hasta La Guajira.

LA CAÍDA
En mayo de 2010, el Departamento de Estado de EE.UU. ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por el traficante, acusándolo de orquestar la importación de más de 25 millones de dólares en cocaína a suelo norteamericano.

La cacería internacional generó que “Valenciano” se escondiera en el exterior. Los combos que lo seguían dejaron de recibir el patrocinio financiero y poco a poco fueron perdiendo la guerra en las comunas de Medellín, Bello, Caldas e Itagüí. A finales de 2011, las huestes de “Sebastián” le habían ganado el pulso y “los Urabeños”, sus antiguos aliados, terminaron usurpando las rutas que tenía en la Costa Atlántica y el Caribe.

La caída definitiva se dio el 27 de noviembre de 2011, en un apartamento de la ciudad de Maracay, en Venezuela. Allí, en compañía de su mujer, lo sorprendieron agentes venezolanos, con apoyo de la Inteligencia colombiana (ver la NOTA RELACIONADA: Video y documentos de la captura de “Valenciano”).

“Es una noticia muy positiva para la seguridad de Medellín”, expresó el alcalde de entonces, Alonso Salazar.

Al mes siguiente fue deportado a EE.UU. y recluido en la cárcel de Manhattan, en Nueva York.

La condena de Bonilla en el extranjero revive la polémica por la primacía de la justicia estadounidense sobre la colombiana. En nuestra nación solo tiene un proceso pendiente por concierto para delinquir. Todos las muertes que cometió y ordenó, según las autoridades, están impunes.

NOTA RELACIONADA: Jefe de “la Oficina” pagará 25 años en E.U.

El Inspector.

Se trata de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, de 49 años, quien presuntamente está a la cabeza de la banda “los Chatas” del municipio de Bello, y sería el miembro más poderoso en la cúpula de “la Oficina”, la confederación ilegal que controla los hilos del crimen organizado en el Valle de Aburrá.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

E.U. anunció que recibirá la información sobre “Tom”, con absoluta reserva, en el correo electrónico DEA-Bogota-Tips@usdoj.gov. También en los teléfonos 300 683 2586 y 300 685 1375. Foto de Cortesía.

E.U. ofrece el dinero por intermedio del Departamento de Estado y su programa de Recompensas contra el Narcotráfico. En el informe en el cual se reseña esta acción, los norteamericanos señalan a Mesa Vallejo como “un traficante internacional de estupefacientes”, el cual fue “visto por última vez en Medellín”.

La ofensiva estadounidense contra esta estructura comenzó el 17 de septiembre de 2014, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro, incluyó en la Lista Clinton a ocho cabecillas de “la Oficina”, entre ellos a Mesa Vallejo (ver la NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”).

El 10 de diciembre de 2015 le aplicaron el mismo castigo a la banda “los Chatas”, considerada el tentáculo de “la Oficina” en Bello y el norte del Valle de Aburrá. En esa oportunidad fueron reseñados los principales lugartenientes de “Tom”: Jorge Zapata Berrío (“Jonás”), Jeová Buriticá Hincapié (“Camilo Chata”) y Édison Maya Ríos (“Gomelo”).

En contra de “Tom” también cursa un expediente en la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía colombiana. Este organismo, en coordinación con la Dijín, ha capturado en el último año a tres de los principales socios del cabecilla, como los citados “Gomelo” y “Jonás”, y su hermano menor Elkin Mesa Vallejo (“Elkin Chata”).

De acuerdo con fuentes del Gobierno americano, el propósito es desmantelar totalmente a “la Oficina” y sus socios. Desde 2014, por lo menos 100 personas y empresas relacionadas con esa red criminal han sido sancionadas con la Lista Clinton, que congela sus transacciones comerciales y bancarias.

El antecedente más cercano de un ofrecimiento de recompensa contra un jefe de este grupo data de 2010, cuando el Departamento de Estado ofreció $5 millones de dólares por Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”. Este capo fue detenido en Venezuela un año después y ahora se encuentra en una celda de Nueva York, enfrentando cargos por narcotráfico (ver la NOTA RELACIONADA: Video y documentos de la captura de “Valenciano”).

LA POLÉMICA LOCAL
Mientras esto sucede en Estados Unidos, en el ámbito local las autoridades no se han puesto de acuerdo en si “la Oficina” todavía existe o no. El pasado 9 de abril, en entrevista con EL COLOMBIANO, el general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que esa organización “es un mito”.

Añadió: “se debe borrar ya, hay mucho mito alrededor del mismo. ‘La Oficina’ sí existió en su momento. Yo no puedo desconocer que todavía hay personas que pertenecieron a la misma. Hoy día no están confederados. Hay personas en la oscuridad que pertenecieron y ellos creen que no sabemos quiénes son. Hablar de ‘la Oficina’ les genera réditos a algunos analistas y es fácil hablar y decir algo”.

Un mes antes, el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, había dicho que “el conocimiento que tenemos de las autoridades es que ‘la Oficina’ no existe”.

Fuentes de Inteligencia señalan, sin embargo, que la organización está activa, que incluso negoció un pacto de no agresión con la banda “los Urabeños” y continúa inserta en el tráfico internacional de narcóticos en sociedad con carteles mexicanos y europeos.

Explican que “Tom”, si bien sería el más poderoso del bajo mundo hoy en día, no representa a todos los clanes que componen “la Oficina”, entre los que están las odines (organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico) “la Terraza”, “la Unión”, “Caicedo”, “San Pablo”, “Picacho”, “los Chatas” y “Robledo”.

El último capo que había logrado este agrupamiento general fue Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, extraditado en 2013 y condenado a 25 años de prisión (ver la NOTA RELACIONADA: Cayó “Sebas” y el mapa del crimen empieza a cambiar).

“La Oficina” y sus combos asociados llevan más de dos décadas operando, dedicándose al narcotráfico, sicariato, cobro de deudas mafiosas, desplazamiento forzado, extorsiones, secuestros y desapariciones.

NOTA RELACIONADA: Primer golpe estructural a la banda “los Chatas”.

El Inspector.

Luis Fernando Castaño Alzate, alias “Botija” o “la Firma”, fue condenado a 10 años por la Corte del Distrito Medio de La Florida, por el delito de narcotráfico. Según el expediente, llegó a ser aliado financiero de la principal banda del Valle de Aburrá y fungió como intermediario en el tráfico de cocaína entre grupos colombianos y mexicanos.

Fue capturado en Medellín en 2009 y extraditado al año siguiente. Firmó un acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense, por el cual aceptó uno de los cuatro cargos por narcotráfico que le endilgaban, y se convirtió en testigo de la DEA en procesos contra otros compatriotas en estrados de Nueva York.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, en equipo con Revelaciones del Bajo Mundo.

Personas que confesaron crímenes en E.U. y salieron de prisión sin órdenes de captura en Colombia:en la foto principal, alias “Botija”; 1). “Rogelio”; 2). “Gordo Tavo”; 3). “El Médico”. Fotos de archivo.

De acuerdo con una solicitud enviada por su abogado Rubén Oliva al juez de La Florida (15/10/12), el testimonio de “Botija” fue clave para los procesos que terminaron con la extradición y condena de Carlos Arturo Patiño Restrepo (“Patemuro”), cabecilla del cartel del Norte del Valle; y del comandante paramilitar Eder Pedraza Peña (“Ramón Mojana”).

En su proclama, el defensor le pidió al juzgado que, para una rebaja de penas, tomara en cuenta la colaboración de su cliente, su arrepentimiento y el riesgo que asumían él y su familia al delatar a esos capos tan violentos.

El objetivo se logró y, tal cual confirma el registro judicial público (docket) de La Florida, el pasado 13 de abril fue dejado en libertad por el Buró Federal de Prisiones, luego de pasar seis años tras las rejas.

Las autoridades desconocen si permanece en suelo estadounidense o regresó a nuestro país, donde no tiene órdenes de captura vigentes.

El único caso pendiente en su contra, según la Fiscalía colombiana, es un proceso de extinción de dominio sobre nueve bienes y propiedades avaluadas en $45.000 millones, las cuales están ubicadas en Envigado, Girardota (Antioquia) y Sucre.

¿AFORTUNADOS?
La situación presentada con “Botija” se viene repitiendo en los últimos años con otros integrantes de “la Oficina”, que pese a confesar crímenes en juzgados de E.U. carecen de causas penales en Colombia.

Uno de los máximos cabecillas, Carlos Mario Aguilar Echeverry (“Rogelio”), salió de la cárcel de Manhattan en 2015 (donde pagó siete años) y logró que la justicia de esa nación le concediera un permiso especial para permanecer allá, amparado en la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU (1987), alegando que ese sería su destino si volvía a su país de origen.

Así evitó la deportación, al igual que Juan Carlos “el Tuso” Sierra, compinche financiero de “la Oficina”y las Autodefensas, quien pagó cinco años y quedó libre en 2013, favorecido por aquella norma internacional y la colaboración que brindó a la DEAen procesos contra otros perseguidos.

Por su parte, Gustavo Álvarez Téllez (“Gordo Tavo”), a quien el presidente Juan Manuel Santos había calificado como uno de los más buscados de Colombia, por sus nexos con “la Oficina”y “los Paisas”, recibió una irrisoria condena de 36 meses en Nueva York y salió en 2013, sin deudas con la justicia colombiana.

Otros antiguos narcotraficantes y compinches de capos que volvieron a Colombia sin causas penales en contra, pese a haber confesado delitos ante jueces extranjeros, son: Jorge Iván González Martínez (“Jota Firma”), exsocio de paramilitares; Carlos Ramón Zapata (“el Médico”), quien trabajó para los carteles de Medellín y Norte del Valle; y el abogado Gabriel Puerta Parra (“doctor Parra”), colaborador de narcos antioqueños y vallunos.

¿Por qué sus confesiones en E.U. no sirven para abrirles expedientes aquí, sabiendo que pertenecieron a bandas?

El consultor en seguridad, John Marulanda, responde que “en general hay colaboración entre la justicia de E.U. y la de Colombia, pero mientras la de allá es autónoma e independiente, la de aquí está politizada, y ese desbalance se nota en este tipo de casos”.

En la pasada administración del fiscal general Eduardo Montealegre, fueron creadas agregadurías de la Fiscalía en las principales embajadas de Colombia en el mundo, pensando en atender situaciones como las denunciadas; no obstante, el panorama ha cambiado poco.

A juicio de Marulanda, “esas agregadurías no sirvieron porque las diseñaron para extender el poder de Montealegre, pero no pensando en atender estos problemas”.

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ANEXO: CON LA LISTA CLINTON ES IGUAL
Desde junio de 2014, según el Departamento del Tesoro de E.U., 100 personas y entidades han sido incluidas en la Lista Clinton, padeciendo sanciones financieras por sus presuntos nexos con “la Oficina”. Pese a que el Gobierno de ese país los cataloga como narcos, sicarios o lavadores de activos para esa organización, en Colombia muy pocos tienen procesos penales abiertos.
Entre los reseñados en E.U., sin procesos aquí, están los empresarios Juan Pablo Upegui, José Byron Piedrahita y Pedro Claver Mejía Salazar.

NOTA RELACIONADA: Los enigmas que rondan al Caso “Rogelio”.

El Inspector.

El fallo fue proferido en la mañana de este martes 23 de febrero, según confirmó el abogado David Wikstrom, defensor de Vargas Cardona, quien está recluido en Estados Unidos desde el 16 de octubre de 2013, cuando fue extraditado por el gobierno colombiano.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, tiene 42 años en la actualidad. Foto cortesía Policía.

En abril de 2015, “Sebastián” realizó un acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense, por el cual aceptó dos de los cuatro cargos que le imputaban (indictment S1-11 Cr.349): conspiración para importar a E.U. cinco kilos o más de cocaína y uso y porte de arma de fuego para promover el tráfico de narcóticos.

Mediante dicho acuerdo, su defensa logró que la Fiscalía de ese país le eliminara los cargos de conspiración para distribuir cocaína y llevar explosivos durante la comisión de un delito federal, con los cuales la sentencia podría haber superado las cuatro décadas tras las rejas.

Vargas Cardona, de acuerdo con información policial, lideró la organización más tenebrosa del Valle de Aburrá desde 2008 hasta 2012, asumiendo las riendas después de la extradición de su patrón Diego Murillo Bejarano, alias “don Berna” (ver la NOTA RELACIONADA: Cayó “Sebas” y el mapa del crimen empieza a cambiar).

En ese periodo de tiempo, protagonizó un brutal enfrentamiento de bandas contra las huestes de Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), que disparó los índices de homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados en el área metropolitana de Antioquia. Tan solo en Medellín hubo cerca de 7.000 asesinatos, la gran mayoría atribuidos a esa guerra mafiosa (ver la NOTA RELACIONADA: ¿Y quién responde por los muertos de “la Oficina”?).

“Sebastián” permanece en el Metropolitan Detention Center de Brooklin, en Nueva York. Su enemigo “Valenciano”, preso en la misma cárcel desde 2011, aún espera el fallo judicial.

NOTA RELACIONADA: El capo “Valenciano” fue detenido en el extranjero.

El Inspector.