¿A qué otros peces gordos favoreció esa decisión? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades en Antioquia? Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Según fuentes policiales, “el Montañero” viajó a Francia y España en septiembre de 2025. ¿Cumplía funciones de vocero de paz? Fotos de cortesía.

La opinión pública se enteró de la situación el 31 de marzo de 2026, por una primicia de El Colombiano, que obtuvo la Resolución N° 00072 del ente acusador, fechada el 27 de marzo anterior, la cual otorgó el beneficio a los voceros de las bandas del área metropolitana de Medellín que participan en el espacio de diálogos sociojurídicos instalado en la cárcel de Itagüí.

El documento ordenaba “suspender todas y cada una de las órdenes de captura, que se hayan dictado o llegaren a expedir en contra de los voceros principales de la Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá”.

La decisión fue anunciada por la Fiscalía luego de una reunión de alto nivel con el presidente Gustavo Petro y delegados de su gabinete, realizada en Bogotá el pasado 26 de marzo. En ella se analizó “el cumplimiento de los compromisos para estar en las mesas de diálogos”, según uno de los funcionarios que asistió, y se estimó que la del Valle de Aburrá tenía avances importantes.

De los 23 favorecidos inicialmente, hay siete que ya habían salido de prisión por pena cumplida en los últimos meses, y solo “el Montañero” tenía una orden de captura vigente, de acuerdo con fuentes judiciales.

Él es el fundador de la organización criminal “el Mesa”, surgida en el municipio de Bello en los años 90, y actualmente tiene tentáculos en Medellín, Bogotá, el Oriente y el Norte de Antioquia, Caquetá, Boyacá y Soacha (Cundinamarca).

El grupo, con cerca de 400 integrantes, se dedica al narcotráfico, el sicariato, extorsión, comercio ilegal de lotes, tráfico de armas, amenazas, desplazamiento forzado y terrorismo, entre otros delitos.

En las bases de datos judiciales, “el Montañero” figura con tres nombres y con cada uno registra antecedentes penales distintos: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez (de nacimiento), Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña, con el cual ingresó a la mesa de “paz total” con el Gobierno, en 2023.

Su última captura fue en 2019 y lo condenaron a ocho años de cárcel por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. Recobró la libertad el 14 de marzo de 2024, es decir, apenas estuvo preso cuatro años y cinco meses del total de la sentencia.

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“EL MONTAÑERO” ESTABA A PUNTO DE SER CAPTURADO OTRA VEZ
Durante el tiempo en el que estuvo en prisión, “el Montañero” resultó involucrado en un asesinato. Tal cual informó Revelaciones del Bajo Mundo en ese momento, ocurrió el 21 de marzo de 2020 en el patio N°2 de la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

La víctima fue Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, un cabecilla de la banda “Pachelly” y acérrimo enemigo de “el Montañero”.

Mazo murió acuchillado en medio de una riña, y “el Montañero” fue el principal sospechoso, según el expediente que abrió la Fiscalía 9° Seccional de Tunja (noticia criminal N°152046300150 202080072).

El proceso penal derivó en una orden de captura en 2025, por lo cual las agencias de seguridad le estaban siguiendo la pista.

Fue así como se enteraron de que en septiembre del año pasado estuvo de viaje en París, Francia, de acuerdo con fuentes cercanas al caso; luego se movió hacia Madrid, España, aunque no fueron claros los motivos de la aventura. ¿Qué hacía un vocero de paz del Valle de Aburrá en la Ciudad Luz? ¿Qué tenía que ver ese paseo con las funciones que le otorgó el Gobierno? ¿O estaba de negocios?

Esta era una de las cuestiones a resolver si se concretaba su captura, pero tras la resolución expedida por la Fiscalía, los investigadores quedaron con las manos atadas.

De acuerdo con las pesquisas policiales, “el Montañero” al parecer ya regresó al país, aunque con un bajo perfil, pues “el Mesa” está en guerra contra el Clan del Golfo por el dominio del bajo mundo en el Oriente de Antioquia, razón por la cual pesa sobre él una amenaza criminal.

Otras fuentes aseguran que sigue en España, pendiente de las elecciones del 31 de mayo, para ver quién será el próximo presidente de Colombia.

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LA FISCALÍA SE ECHÓ PARA ATRÁS

La medida de la Fiscalía causó un fuerte rechazo a nivel nacional y regional, en particular porque sucedió en plena época electoral, lo que despertó múltiples sospechas.

El candidato presidencial Roy Barreras, antiguo asesor del presidente Gustavo Petro, señaló que la suspensión de órdenes de captura para los jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá está relacionada, presuntamente, con la búsqueda de votos.

El comentario se registró durante una conversación con los periodistas del portal noticioso Los Danieles, en la cual le preguntaron al exembajador en el Reino Unido: “¿Los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquia tienen como propósito buscar una mejor votación para el candidato del Gobierno? (Iván Cepeda)”.

“No solo en Antioquia”, respondió Barreras. “Estoy seguro que sí (…). Yo creo que va a producir resultados electorales, lo que no significa que hayan planeado todo el ejercicio de la paz total con ese objetivo”, acotó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, para que la Fiscalía revocara su decisión.

Y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que presentará un proyecto del ley al Congreso para derogar la Ley de Paz Total, en la cual se basan las gabelas que el Gobierno les da a los capos con los que negocia.

Frente a toda esta presión, la fiscal General, Luz Adriana Camargo, expidió una nueva resolución este 6 de abril (N°00079), en la cual modificó parcialmente la medida anterior, suspendiendo solo las órdenes de captura a quienes ya han salido de la cárcel.

Lo insólito del hecho es que la funcionaria admitió en una entrevista con Caracol Radio que no conocía los apodos de estos personajes, los cuales ocupan los titulares de prensa hace más de una década.

“Yo no los reconozco por alias, y eso me asusta un poco. Por eso yo les decía a ustedes (los entrevistadores), si en ese listado (que le compartió el Gobierno) hubieran estado los alias, y uno ve a ‘Douglas’, uno sabría que esa persona está privada de la libertad. Pero cuando a mí me dicen ‘el Montañero’, no sé quién es”.

La fiscal General, Luz Adriana Camargo, dijo que no sabía quién era “el Montañero”, a pesar de que le suspendió la orden de captura. Fotos de cortesía.

LOS VOCEROS DE BANDAS INVOLUCRADOS

Además de “el Montañero”, los favorecidos con la suspensión de las órdenes de captura fueron seis peces gordos que también están libres:  Albert Antonio Henao Acevedo (“Alber”) y su hermano Rodrigo Henao Acevedo (“Perica”), de la banda “Pachelly; Jhon Fredy Yepes Hoyos (“Clemente”), de “la Oficina”; Mauricio de Jesús Morales Múnera (“el Abogado”) y Fredy Alexander Henao Arias (“Naranjo”), de “los Triana”; y Andrés Dimaría Oliveros Correa (“Mundo Malo”, de “la Silla”. Curiosamente, casi todos estos grupos delinquen en el municipio de Bello.

Los otros 16 voceros seguirán en prisión, hasta terminan de cumplir sus penas vigentes. Ellos son: Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”) y Juan Fernando Álvarez (“Juan 23″), de “Niquía Camacol”; Dayron Alberto Muñoz Torres (“el Indio”), de “Trianón”; Elder Darbey Zapata Rivera (“Grande Pa”), de “Altos de Aranjuez”; Freyner Alfonso Ramírez García (“Carlos Pesebre”), de “los Pesebreros”.

La lista sigue con Carlos Augusto Correa López (“Mono Pepe”) y Wálter Alonso Román Jiménez (“el Tigre”), de “la Unión”; Iván Darío Suárez Muñoz (“Iván el Barbado”), de “Barrio Antioquia”; Jesús David Hernández Grisales (“Chaparro”), de “la Milagrosa”;  Jorge de Jesús Vallejo Alarcón (“Vallejo”), de “el Mesa”; José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), Juan Camilo Rendón Castro (“el Saya”) y Óscar Fernando Salazar Gutiérrez (“el Compa”), de “la Terraza”.

Además de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), de “los Chatas”; Paulo Andrés Torres Flórez (“Pocho”), de “la Agonía”; y Sebastián Murillo Echeverri (“Lindolfo”), de “Caicedo”.

NOTA RELACIONADA: Le dieron la libertad a “el Montañero”, jefe de la banda “el Mesa”.

 El Inspector.

Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue realizado el pasado 10 de agosto, por parte de la Fiscalía y agentes del Grupo de Administración Pública de la Dijín de la Policía, que viajaron desde Bogotá. Los detenidos son el funcionario Gustavo Amet Restrepo Ortiz, quien fungía como asistente de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada en la capital antioqueña; y el abogado litigante Mauricio de Jesús Morales Múnera.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada tiene sus despachos en el Palacio de Justicia de Medellín. Foto de Archivo.

De acuerdo con la investigación preliminar, en su calidad de asistente, Restrepo tenía acceso a información sobre las órdenes de captura que expedían los despachos de la Dirección, en particular aquellas dirigidas a los cabecillas e integrantes de las bandas “el Mesa”, “Niquía Camacol” y “Pachelly”.

En las audiencias de control de garantías, que se desarrollan de manera virtual en este momento, el ente acusador ha revelado interceptaciones telefónicas en las cuales, supuestamente, el funcionario le advertía al abogado cuando se solicitaban dichas órdenes.

En tales conversaciones, se oyen frases atribuidas por la Fiscalía a Restrepo, en las que al parecer habría dicho: “Yo las voy dilatando”, refiriéndose a las órdenes de detención.

En otra de las llamadas en poder de las autoridades, el indiciado le habría advertido al penalista que las autoridades estaban preparando el arresto de unos delincuentes: “Para que usted les avise, para que les diga que les van a caer en Pascua, después de Semana Santa. Eso ya está listo. Ya las sacaron (las órdenes) del horno hoy”.

Así fueron reseñados por la Policía los dos capturados. El proceso está pendiente de la etapa de acusación. Foto cortesía de la Policía.

El abogado Morales había sido defensor de algunos integrantes de organizaciones ilegales de Bello. Uno de ellos fue Édgar Pérez Hernández, alias “el Oso”, jefe de la banda “Niquía Camacol”, quien murió de un ataque cardiaco el 6 de abril de 2020, en la cárcel Picaleña de Ibagué.

NOTA RELACIONADA: Aumenta tensión en Bello por muertes de “Titi” y “el Oso” en prisión.

En las audiencias de control de garantías, los procesados no aceptaron las imputaciones por concierto para delinquir y utilización de asunto sometido a secreto, y se declararon inocentes.

Durante la diligencia, Restrepo renunció a su cargo en la Fiscalía, institución en la cual apenas le faltaba un año para jubilarse. El 17 de agosto, al finalizar las audiencias, el juzgado le dictó medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que al abogado lo envió a la cárcel.

El Colombiano buscó una declaración oficial de la Fiscalía sobre el caso, pero la entidad no se ha pronunciado por el momento.

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El Inspector.

Fuentes judiciales relataron que la detención se presentó a las 10:00 a.m. de este jueves  30 de noviembre en el búnker de la Fiscalía, ubicado en el barrio Caribe. Allí los agentes de la Dijín le pusieron las esposas a Gustavo Bermúdez, servidor público encargado de la seguridad y vigilancia en la sede judicial.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La captura del funcionario del CTI se realizó en medio de un allanamiento a algunas oficinas del búnker. Foto de archivo.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, el funcionario detenido tendría conexiones con William Andrés Moscoso Monsalve, alias “el Chivo”, supuesto cabecilla de “la Terraza”, una de las bandas más peligrosas de la ciudad.

Bermúdez, presuntamente, le filtraba información confidencial a “el Chivo”, para prevenirlo de operativos e investigaciones judiciales en su contra.

En medio de la diligencia, la Dijín allanó varias oficinas e inspeccionó puestos de trabajo de otros empleados del CTI, de donde al parecer se habían sustraído informes reservados para venderlos a la banda.

A pesar de estas filtraciones, Moscoso fue capturado el pasado 7 de noviembre en un centro comercial del barrio Los Colores.

Bermúdez es el segundo servidor público detenido por presuntos nexos con este cabecilla. El 8 de noviembre fue arrestado el subintendente Gabino Antonio Murillo Grajales, integrante del grupo de Carabineros del Departamento de Policía Antioquia, y señalado de vender también información clasificada y servir de enlace con otros policías corruptos.

El agente del CTI será presentado mañana ante el juzgado de control de garantías, donde le imputarán el cargo de concierto para delinquir, entre otros.

La banda “la Terraza” tiene su base de operaciones en el nororiente de Medellín y redes en el Centro y El Poblado. Se dedica al sicariato, tráfico de drogas, desplazamiento forzado, desapariciones, extorsiones y trata de personas.

NOTA RELACIONADA: “La Terraza” perdió a alias “el Chivo” y a un policía.

El Inspector.

Así lo expuso Néstor Humberto Martínez, fiscal General de la Nación, al advertir que esta hipótesis se basa en el monitoreo hecho a Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), cabecilla de la “Odín Robledo” e integrante de la cúpula de “la Oficina”, recluido en la cárcel Picaleña de Ibagué.

La amenaza se destapó en el marco de una arremetida contra el crimen organizado, que golpeó a las bandas “la Terraza”, “Robledo” y “los Triana”. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Federico Gutiérrez apenas lleva la mitad de su mandato y ya se han detectado tres presuntos planes de atentado. Foto de Carlos Velásquez.

El caso se originó el pasado 17 de octubre, cuando el Tribunal en segunda instancia revocó una condena de 36 años por homicidio que pesaba en contra del procesado y ordenó su libertad inmediata, en caso de no haber otros requerimientos pendientes.

Ante la posible salida de Ramírez, los organismos de seguridad entraron en alerta (ver la NOTA RELACIONADA: Autoridades alertas por posible salida de “Carlos Pesebre”).

El alcalde Gutiérrez declaró en ese momento que “es preocupante, es una puerta giratoria, entran y salen, es volver a tener a estos grandes criminales en la calle. Le pido al fiscal General que analice este caso, porque es un retroceso en el tiempo de forma drástica”.

Al final, la Fiscalía logró expedir una nueva orden de captura por concierto para delinquir, lo que frenó la excarcelación de “Carlos Pesebre”.

“Se determinó que a pesar de estar detenido, al parecer siguió delinquiendo y dando órdenes a los integrantes de la ‘Odín Robledo’”, dijo esa vez Claudia Carrasquilla, jefa de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada.

En septiembre de 2014, al incluir a Ramírez en la Lista Clinton, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ya había advertido que él y otros cabecillas de “la Oficina” estaban coordinando actividades ilícitas desde la cárcel.

“La Fiscalía tiene evidencia de que habría un pacto entre cabecillas de ‘la Terraza’ y la ‘Odín Robledo’, con el fin de perpetrar este atentado. Ese tema fue tratado por Freyner Ramírez desde la cárcel”, precisó Martínez.

Según la investigación preliminar, el complot no solo contempla un plan de agresión directa, sino una alianza entre esas dos bandas para afectar la seguridad ciudadana y la imagen del Alcalde. Incluso estarían tramando impulsar un candidato “de ellos” para las próximas elecciones.

“Impediremos que se pongan en marcha pactos de gobernabilidad a partir de constreñimiento al elector fomentado por bandas”, concluyó Martínez.

Aunque este plan le fue notificado a Gutiérrez hace una semana, solo hasta este miércoles 8 de noviembre salió a la luz. El mandatario afirmó que “decidir una lucha frontal contra estructuras criminales puede ser considerada una apuesta suicida, pero para mí es la única opción, porque estas constituyen la expresión máxima de la ilegalidad”.

Este sería el tercer plan de atentado en contra de Gutiérrez. En 2016 se abrió una investigación porque unos cabecillas estarían fraguando un ataque, en respuesta a las políticas de seguridad del Alcalde sobre el Centro de Medellín. Y el pasado agosto se abrió otro proceso, por un supuesto plan homicida de las bandas de Altavista.

Hasta ahora, ni Fiscalía ni Policía han logrado capturas por eso.

¿CORRUPCIÓN EN EL CASO “PESEBRE”?
Freyner Ramírez, alias “Carlos Pesebre”, tiene una condena de 9 años por concierto para delinquir que estaría a punto de cumplir, gracias al tiempo redimido en prisión. Tenía otra sentencia de 36 años por homicidio, pero el Tribunal Superior de Medellín lo absolvió en segunda instancia.

La Fiscalía anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema, y que además compulsó copias para que se investigue el fallo, pues “Carlos Pesebre” afirmó, al parecer, que pagó dinero para obtener su libertad.

También investigarán otra situación irregular, pues de la base de datos de la Fiscalía (Sijuf) fueron borrados y alterados los antecedentes judiciales de Ramírez.

ARREMETIDA CONTRA CABECILLAS
En los últimos tres días hubo capturas importantes que golpearon al crimen organizado de Medellín. En el barrio Los Colores fue detenido William Moscoso Monsalve (“el Chivo”), presunto cabecilla de “la Terraza”. Le imputaron concierto para delinquir y tráfico de drogas y el juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel La Modelo, de Bogotá.

Juan Camilo Álvarez, alias “Camilo el Grande”. Cortesía.

En ese mismo caso fue capturado el subintendente Gabino Murillo Grajales, de la Policía Antioquia, por presuntos nexos con “la Terraza” (ver la NOTA RELACIONADA: Banda “la Terraza” perdió a alias “el Chivo” y a un policía).

En Envigado arrestaron a Juan Camilo Álvarez Chavarriaga, alias “Camilo el Grande”, cabecilla de la “Odín Robledo” y mano derecha de “Carlos Pesebre”; otros cuatro integrantes del grupo también cayeron: Andrés Felipe Mazo (“Chévere”), supuesto cabecilla militar de “Robledo”, quien portaba dos pistolas de calibres 40 y 22; Jhon Frank Bedoya (“Coke”), segundo cabecilla del combo “los Paramilitares” o “los del Llano”; Juan Carlos Santamaría (“Campeón”), presunto coordinador logístico de “Robledo”; y Héctor Alonso Gallego (“Poli”), supuesto coordinador de microtráfico de drogas.

En otro operativo fueron capturados 13 integrantes de la banda “los Triana”, entre ellos: los mandos medios “Jhon F” y “Juano”; también “Mono Trejos”, “Bollo Negro”, “Buche”, “Care Pato”, “Chaparral”, “Eric”, “Cheroqui”, “Nano”, “Alexis” y “Juaco”, quienes serán procesados por concierto para delinquir agravado, extorsión, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes, según la Policía.

De esta acción policial lograron evadirse los dos jefes de la organización, apodados “Elkin Triana” y “Mario Chiquito”, quienes ya tienen órdenes de captura en su contra.

OJO A LA DELINCUENCIA CARCELARIA
Néstor H. Martínez señaló que la extorsión carcelaria viene creciendo en Medellín por encima del promedio nacional. A propósito del tema, informó que su despacho entregó hace seis meses al Congreso un proyecto de ley para facilitar la interceptación de comunicaciones desde la cárcel, de texto y voz.

El pasado martes la Fiscalía convocó a los operadores de telefonía celular para convenir un mecanismo que mitigue el problema. La idea consiste en que cada vez que haya una llamada desde una cárcel, la empresa de telefonía emita un mensaje institucional, avisándole al destinatario que la señal proviene de un centro penitenciario. Así, el receptor tendrá la opción de contestar o rechazar la llamada.

NOTA RELACIONADA: Con lanzagranadas se ejecutaría plan homicida contra el Alcalde.

El Inspector.

De esta manera, el desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las Auc y líder de la “Odín San Pablo”, tendrá que continuar tras las rejas.

Adiel Fabián Covaleda, alias “Adiel” o “Adier”, continuará en la cárcel. Foto de Esteban Vanegas.

“Adiel” fue capturado en diciembre de 2012, cuando hacía las compras navideñas en un centro comercial de El Poblado, en el suroriente de Medellín. En ese momento, la Policía lo señaló de comandar la “Odín San Pablo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de combos que actúa en el nororiente de la ciudad, con base en la comuna 1.

La Institución lo sindicó de participar en múltiples asesinatos, desplazamientos forzados, extorsiones y en cuanto crimen está consignado en el Código Penal. Sin embargo, la Fiscalía apenas le imputó concierto para delinquir y firmó con él un preacuerdo de aceptación de cargos, por lo que en febrero de 2013 fue condenado a 6 años de cárcel por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín (una pena similar a las de otros jefes de bandas, como “Diego Chamizo” y “Chichón”).

Se presumía que Covaleda Guzmán saldría de prisión este mes, pero el ente acusador volvió a la carga con nuevas imputaciones por un homicidio, dos tentativas de homicidio, dos tentativas de extorsión, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas de fuego.

Según la Fiscalía, los hechos en los que está implicado son: el asesinato de Alex Arley Álvarez Vélez, cometido el 12 de agosto de 2o10, porque al parecer no quiso trabajar para la banda; dos extorsiones a conductores de buses en 2009 y 2010, “cuando exigió $10 millones de pesos a cada uno a cambio de su seguridad y de continuar trabajando”; y el desplazamiento de dos personas, a quienes señaló de quedarse con dinero de la organización.

Ante el Juzgado 25 Penal Municipal de Medellín, “Adiel” no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento intramural. En caso de ser hallado culpable, la sentencia podría superar los 10 años.

NOTA RELACIONADA: Jefe de banda cayó cuando estaba de compras.

El Inspector.

Los señalamientos en contra del ciudadano de 58 años, oriundo de Bello, comenzaron el 03/5/16, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EE.UU. lo incluyó en la Lista Clinton, aplicándole sanciones financieras a él, su núcleo familiar y cuatro empleados, al igual que a once empresas que posee en Colombia, Panamá, Argentina y Guatemala.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano. Revelaciones del Bajo Mundo la comparte, por considerarla de interés para sus lectores.

José Byron Piedrahíta, empresario antioqueño, señalado por el gobierno de EE.UU. de ser patrocinador de la banda “la Oficina”. FOTO: Donaldo Zuluaga.

La Ofac reveló en ese entonces que en su contra también había un expediente en la Corte del Distrito Oeste de Virginia, desde 1997, por el supuesto delito de lavado de activos.

La decisión causó sorpresa en la subregión del Bajo Cauca, donde las compañías de Piedrahíta generan cerca de 600 empleos directos, por medio de las firmas Subasta Ganadera de Caucasia, Frigorífico del Cauca y Arrocera Contadora, entre otras.

Aunque el propietario siempre ha defendido su inocencia, la sanción impuesta por EE.UU. derivó en la apertura de un proceso judicial en Colombia.

Así lo explicó el 18/10/16 Andrea del Pilar Malagón, directora de la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio: “dentro de las investigaciones que se adelantaron a partir de esa inclusión (en la Lista Clinton), la Fiscalía detectó incrementos patrimoniales injustificados desde 1997, que trajeron como consecuencia la imposición de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio, en contra de 18 bienes (incluyendo una sociedad)”, que fueron ocupados entre el 12 y el 14 de octubre pasados en Antioquia, Córdoba y Bogotá, los cuales tendrían un valor cercano a los 13 millones de dólares, según el ente judicial.

EL FALLO DEL JUZGADO
Las medidas en contra de las propiedades de José Piedrahíta y su familia fueron aplicadas por la Fiscalía 10 Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio (05/9/16), que basó varias de sus argumentaciones en los informes de la Ofac y la DEA.

La defensa del empresario, liderada por la exfiscal Fanny Leal Granados, interpuso ante el juzgado un recurso de control de legalidad, logrando demostrar que el organismo acusador se excedió en sus determinaciones, según el fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia (radicado 0500 3120 002 2016 0002800), proferido el pasado 28 de marzo.

En el proceso, la defensa explicó que la Fiscalía incurrió en varias anomalías: dijo que los afectados no declaraban renta, cuando su cliente posee la documentación que certifica dichos pagos; que los informes de la Ofac y la DEA – autoridades extranjeras- no se pueden constituir en prueba judicial de un ilícito, tal cual lo señala la Corte Constitucional en la Sentencia T-468 de 2003; que no existía la urgencia para decretar tales medidas, porque no había riesgo de que Piedrahíta comercializara los bienes, pues están hipotecados con el banco, sometidos a la Ley de Reorganización Empresarial (producto de afectaciones económicas por un paro camionero) y porque la misma sanción en Lista Clinton impide su venta.

“La fiscal señaló que la familia Piedrahíta no declaraba renta y que era sospechoso que hubiera adquirido bienes costosos sin dichas declaraciones, algo que no solo constituye una falta de prueba sino una falsedad, porque se probó que él y su familia declaran renta desde hace 30 años”, indicó Wilton Hernández, investigador privado al servicio de la defensa.

La argumentación de los abogados del empresario también cuestionó el hecho de que la Fiscalía hubiese tomado un artículo de prensa sobre el cartel de Cali para anexarlo entre las pruebas, sin la documentación de soporte, y que en la diligencia de embargo hubiera participado un agente de la DEA, quien personalmente registró la habitación de Piedrahíta, sin tener orden para ello y configurando una posible intromisión en la soberanía judicial de Colombia.

Estas situaciones llevaron a la Procuraduría a contemplar la constitución de una Agencia Especial para estudiar el caso, ante una posible afectación de la independencia de la administración de justicia y las garantías procesales (informe de la Procuraduría 114 Judicial II Penal del 12/12/16).

Así las cosas, el Juzgado resolvió “declarar la ilegalidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro impuestas por la Fiscalía” y ordenó a la Sociedad de Activos Especiales la entrega inmediata de los bienes, pero validó la legalidad de la medida de suspensión del poder dispositivo de Piedrahíta sobre los mismos, mientras continúa el proceso.

Ahora le corresponde a la Fiscalía decidir si continúa adelante con el proceso de extinción de dominio (fijar las pretensiones), o si archiva las diligencias. Sobre la decisión del Juzgado, la entidad no formuló apelación.

“COMERCIALMENTE ESTOY DESTRUIDO”
José Byron Piedrahíta Ceballos es subteniente retirado del Ejército (1983). Estudió Economía en la Escuela Militar de Cadetes y llegó a ser director del colegio militar José María Córdova.

Según él, comenzó a crear su fortuna en los años 80, cuando compró un par de ferreterías en el centro de Medellín; luego las vendió y se mudó al Valle del Cauca, donde con un socio invirtió en la tecnificación de plantas de sacrificio, con la empresa FrigoYumbo.

En la década del noventa, con la bonanza cafetera, ingresó a la Federación de Cafeteros, adquirió fincas en Sevilla (Valle) y Anserma (Caldas), donde llegó a sembrar más de un millón de matas. Al llegar el siglo XXI, montó empresas en el Bajo Cauca y se especializó en el sector de la ganadería.

Con su compañía DistriPanamá (sucursales en Ciudad de Panamá y Argentina), se convirtió en el segundo exportador de pieles de ganado más grande de Colombia, llevando la mercancía hasta China.

Ahora Piedrahíta dice que, tras la inclusión en la Lista Clinton y el proceso de extinción de dominio iniciado por la Fiscalía, está “comercialmente destruido”.

Se reitera en su inocencia y afirma que sus abogados están aportando las pruebas para demostrarla en los estrados de Estados Unidos. El Colombiano lo entrevistó en su residencia, en Envigado.

¿Cuáles eran los bienes afectados con las medidas cautelares y cuánto valen?
“La Subasta Ganadera de Caucasia, la casa donde vivo (Envigado), una finca en Barbosa (Antioquia), unas bodegas en Bogotá y unas fincas en Arboletes. No tengo exactamente el avalúo comercial, pero tenían hipotecas con Bancolombia de alrededor de 18 mil millones de pesos”.

Como empresario, ¿qué perjuicio le han generado las investigaciones en su contra?
“Me afectó en todos los aspectos, porque yo comercialmente estoy destruido, no tengo posibilidad de vender, mis bienes quedaron con el INRI en sus certificados de libertad, donde aparece que fueron afectados por un proceso de extinción de dominio, y así queden desafectados nadie va a comprarlos. Yo genero unos 600 empleos directos en Bajo Cauca y Antioquia. La empresa DistriPanamá la tuvimos que cerrar, era exportadora de cueros para Asia, ya no podemos exportar, no tenemos cuenta corriente ni vínculos comerciales con nadie. Teníamos unas 25 personas, que fueron despedidas, y en las otras empresas en Colombia tuvimos que despedir otras cien”.

¿Qué salidas ve desde lo empresarial?
“Es complicado, ya en la parte empresarial es muy difícil recuperar el prestigio que tenía antes, hay que volver a empezar con empresas nuevas, sociedades diferentes, porque las de antes ya están prácticamente acabadas”.

Teniendo en cuenta el fallo del juzgado, ¿por qué cree que la Fiscalía le embargó los bienes sin tener pruebas suficientes?
“Considero que hay muchos factores externos y que la Fiscalía se apresuró a hacerlo por la intromisión de entes del gobierno americano”.

Pero adicional a este proceso, hay otros dos en EE.UU., uno penal de 1997 y otro administrativo por la Lista Clinton de 2016, ¿esos en qué van?
“Yo me presenté a la Embajada americana y estoy en el proceso de demostrar mi inocencia con mi abogado, el doctor Luis Guerra”.

El proceso en la justicia colombiana se deriva de las investigaciones en EE.UU., donde afirman que usted financió a “la Oficina” y al cartel de Cali. ¿Eso es verdad?
“Falso”.

¿Y entonces de dónde salió una acusación tan grave?
“Eso viene de una infinidad de denuncias que vengo colocando hace más de 12 años contra estos grupos al margen de la ley, tanto a ‘la Oficina de Envigado’ como a ‘los Urabeños’ y otros grupos armados, por encontrarme yo en esta región del país tan vulnerable a todo esto (Bajo Cauca). Una forma de ellos afectarme ha sido que han hablado algo de mí, diciendo que los he financiado. La Fiscalía no se ha tomado ni siquiera el tiempo para llamarme a que les explique las denuncias que tengo contra esos grupos. No hay ningún detenido. Hay denuncias por extorsión, desplazamiento forzado y asesinato de mis empleados”.

¿Cómo fue ese asesinato?
“Llegaron a una finca mía en San Pedro de Urabá, se apoderaron de la casa, entre ellos alias ‘Mi Sangre’, Henry López Londoño. Entró a beber con unas mujeres y puso a atender al casero de la finca. Dijo que el muchacho miró a una de las mujeres de él y lo mataron. Yo denuncié eso en su momento y ni siquiera se hizo una investigación”.

¿Usted ha recibido amenazas?
“No he recibido amenazas, pero sí siento temor, porque veo que en el sector donde yo me muevo las cosas no están bien, en Caucasia estos grupos todos los días cogen más fuerza y el mando lo tienen todavía las personas que están recluidas en cárceles de Estados Unidos y Colombia, entonces mi vida va a estar en peligro. Temo que haya una conspiración en contra mía en cárceles de Estados Unidos”.

NOTA RELACIONADA: Patrocinador secreto de “la Oficina” en la mira de EE.UU.

El Inspector.

Así se desprende de las primeras averiguaciones sobre este tema, que esta semana puso en alerta a la institucionalidad de la capital antioqueña.

La Alcaldía, la Policía y el Ejército manifestaron su apoyo a la fiscal Claudia Carrasquilla Minami. Foto de Juan Antonio Sánchez.

La amenaza se descubrió tras el operativo que permitió la captura de Julio César Salazar Arboleda, alias “Pantera”, el pasado 23 de febrero. Según la Fiscalía, este hombre es un desertor de la banda “los Urabeños” en el nordeste de Antioquia, tras lo cual se adhirió a una facción conocida como “la Nueva Generación”, que actúa en el municipio de Segovia.

Durante su arresto, efectuado por agentes de la Policía Antinarcóticos en el barrio La Gabriela, de Bello, se descubrieron algunos manuscritos con información sobre un supuesto plan contra Carrasquilla. Según el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, “era una ‘natillera’, como dicen ustedes los paisas, con 200 millones de pesos para afectar a funcionarios de la Fiscalía”.

Martínez precisó que serían 26 los combos delincuenciales que habrían reunido esa suma, además de fusiles y granadas, para ejecutar el crimen. Añadió que a los responsables de las amenazas “los tenemos plenamente identificados y vamos a actuar sobre ellos, redoblando nuestra capacidad de investigación”.

Julio César Salazar Arboleda, alias “Pantera”. Foto de cortesía.

En cuanto a “Pantera”, no se ha confirmado por qué razón tenía esta información en su poder ni cuál sería su eventual participación en el proyecto ilegal. El Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia le dictó medida de aseguramiento en la cárcel, luego de que la Fiscalía le imputara cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravada, terrorismo, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

Las imputaciones están relacionadas con una masacre del 23 de febrero de 2016, cometida en el barrio 20 de Julio de Segovia, cuando un grupo armado acribilló a  Yuber Esneider Torres, de 24 años; Ober Díaz Guerrero, de 23; Brayan Stiven Montoya; y un adolescente de 17; en el ataque resultó herido de gravedad Julio César Pacheco.

En los últimos meses, “Pantera” venía orquestando retaliaciones contra “los Urabeños” y sus presuntos colaboradores, intimidándolos mediante panfletos con la foto de su futura víctima. Los rivales no se quedaron quietos e iniciaron una ofensiva contra “la Nueva Generación”, lo que obligó a “Pantera” a buscar refugio en Bello.

El barrio La Gabriela, donde se hospedaba, está bajo el dominio de la banda “los Triana”, lo que en principio ha convertido a esta facción en sospechosa del plan contra la fiscal. Los manuscritos mencionaban también otras organizaciones ilegales de Bello y a un hombre señalado de patrocinar a las Autodefensas en el pasado.

Los motivos por los que el crimen organizado querría eliminar a Carrasquilla, justo en este momento, se desconocen. En los últimos años, la servidora pública ha liderado múltiples operaciones contra las bandas, pero la amenaza más seria apareció ahora que asumió el cargo de Directora Seccional de la Fiscalía de Medellín (ver la NOTA RELACIONADA: Esta es la nueva directora de la Fiscalía en Medellín).

En los seis meses que lleva en el puesto, estuvo al frente de operativos importantes, como: el arresto de 39 personas y la intervención a 76 establecimientos en el sector La Bayadera, del centro de Medellín, buscando atacar las redes de distribución de repuestos y autopartes ilegales; la captura del alcalde de Bello, César Suárez Mira, que terminó con la destitución de su mandato, en un expediente por presunto fraude procesal; el arresto de Diego Muñoz Agudelo, alias “Diego Chamizo”, uno de los cabecillas de “la Oficina”; y las capturas de 26 personas, incluyendo a siete policías corruptos, que trabajaban para la banda “la Raya”.

También debe advertirse que ella no es la única fiscal de la ciudad amenazada en este momento. Una funcionaria que investiga a “los Urabeños” y un colega que hace lo mismo contra el combo “los Motorratones”, de Belén, han sido objeto de intimidaciones directas e  indirectas por parte de esos grupos (ver la NOTA RELACIONADA: Así frustaron plan homicida contra agentes de la Operación Agamenón).

Desde el año pasado, tanto “los Urabeños” como “la Oficina”, que agrupan por lo menos al 80% de las bandas del Valle de Aburrá, han manifestado su supuesta intención de someterse a la justicia, a través de la negociación con el Gobierno Nacional. ¿Entonces por qué aparecen este tipo de amenazas? ¿Será que sí son serios sus deseos de paz? ¿O acaso hay ruedas sueltas en la mafia del área metropolitana?

El Inspector.

El hallazgo se presentó en la tarde del pasado viernes 28 de octubre, cuando un celador daba una ronda por esta zona semiboscosa. El vigilante observó dos cuerpos, los cuales estaban separados por escasos metros y presentaban heridas de bala en la cabeza.

Este es el reporte del caso, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Sijín de la Policía realizó la inspección técnica a los cadáveres en el sector La Escombrera. FOTO: Róbinson Sáenz.

En su reporte inicial del caso, la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía registró a los difuntos como NN masculinos de 20 a 25 años, pues las víctimas carecían de documentación. El informe decía, además, que “por información preliminar se estableció que en esta zona operan la ‘Odín Robledo’ (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico) y el combo delincuencial ‘el Pesebre’”.

Este lunes los forenses confirmaron las identidades de los difuntos: José Luis Uribe Hurtado, de 27 años, y Felipe Bolívar López, de 29. Sobre este último, las autoridades precisaron que es hijo de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación.

Sus allegados relataron que no conocían de amenazas en su contra ni tenía problemas con nadie. Felipe residía en Robledo y trabajaba pintando casas.

Fuentes de la Fiscalía indicaron a este diario que por ahora no se conocen las causas del crimen, aunque no creen que exista alguna relación con el oficio del servidor público.

En lo que va de 2016 han ocurrido 437 asesinatos en la capital de Antioquia, 36 más que en el mismo periodo de tiempo del año pasado, lo que implica un incremento del 9% en este índice.

El Inspector.

Se trata de Claudia Carrasquilla Minami, quien asume las funciones de manera interina, en reemplazo del abogado antioqueño Germán Darío Giraldo Jiménez. Este es el perfil de la funcionaria, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Claudia Carrasquilla Minami, directora seccional de Fiscalías de Medellín. Cortesía Fiscalía.

Este último deja el cargo después de tres años, en medio de graves diferencias con el alcalde Federico Gutiérrez. El distanciamiento entre ambos comenzó en enero, cuando el burgomaestre decidió retirar de la Gerencia del Centro a Iván Giraldo, hermano del fiscal.

Posteriormente, el malestar se incrementó con el caso de la amenaza de muerte al Alcalde y la investigación en contra de alias “Pedro Pistolas”, que no tuvo avances significativos en la Fiscalía Seccional.

Estas situaciones provocaron que el recién posesionado fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le aceptara la renuncia protocolaria a Giraldo.

EXPERIENCIA
De acuerdo con su hoja de vida, Claudia Carrasquilla es egresada de la Universidad de Medellín (1997), con una especialización en Derecho Procesal Penal de la Universidad Autónoma (2016).

Está vinculada a la Fiscalía desde 1994, cuando ingresó como asistente judicial local. Al año siguiente ascendió a técnico judicial I y en 2003 llegó a ser fiscal local.

Entre 2005 y 2010 actuó como Jefe de la Unidad Local de la Fiscalía en el municipio de Itagüí, y en 2012 la nombraron fiscal especializada.

Su última designación fue como fiscal 27 adscrita a la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado, donde cosechó logros importantes en contra de las principales bandas que afectan a Medellín y Antioquia.

Las investigaciones de Carrasquilla en los últimos cuatro años, con apoyo de la Policía, terminaron con las capturas y posteriores condenas de alias “la Flaca” y “la Negra”, esposa y hermana de Dairo Antonio Úsuga David (“Otoniel”), el capo del narcotráfico más buscado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos y líder de la facción “los Urabeños”.

También sacó adelante los expedientes que terminaron en sentencias contra varios cabecillas de la banda “la Oficina”, entre ellos los conocidos como “Frank”, “Carlos Pesebre”, “el Ronco”, “Tuto” y “Jotalibán”.

Su hoja de vida le atribuye investigaciones que terminaron que las capturas de 80 policías corruptos, que trabajaban para bandas en Medellín y Antioquia.

En cuanto a la “Odín los Chatas” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), que en la actualidad extiende sus redes en todo el norte del Valle de Aburrá, su despacho logró los arrestos de importantes cabecillas como “Jonás”, “Elkin Chata” y “Alex Mentiras” (ver la NOTA RELACIONADA: Primer golpe estructural a la banda “los Chatas”).

LOS RETOS
Aunque el perfil de Carrasquilla sugiere una lucha frontal en contra de las bandas organizadas, su primer reto será de carácter administrativo.

Asume la dirección de la Seccional en momentos de un profundo distanciamiento con el poder administrativo, situación que no se veía desde 2008, cuando el entonces director Seccional Guillermo Valencia Cossio fue implicado en una investigación penal por nexos con grupos armados, que a la postre le costó una condena de 15 años de cárcel.

Por ahora, el alcalde Gutiérrez vio con buenos ojos su llegada

NOTA RELACIONADA: Alianza ilegal crece mientras las autoridades discuten.

El Inspector.

Este es Pedro Javier Piedrahíta Ceballos, apodado “Pedro Pistolas”. Nació en 1962, en Yarumal, Antioquia. Cortesía.

Esta semana el ambiente político y de seguridad en Medellín estuvo alterado por las declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez, el saliente fiscal Germán Darío Giraldo y el presunto delincuente Pedro Javier Piedrahíta Ceballos, alias “Pedro Pistolas”.

Los tres terminaron involucrados en una trama de aparente negligencia judicial, después la cual hubo relevo en la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín y cambios en el rumbo de la investigación contra “Pedro Pistolas”.

El diario El Colombiano entrevistó al presunto cabecilla del Centro de la ciudad y también al mandatario local. Por considerar que hay información de interés para sus lectores, Revelaciones del Bajo Mundo las reproduce.

“ESTOY DISPUESTO A ENTREGARME AL ALCALDE”
El personaje más buscado por las autoridades de Medellín en este momento es alias “Pedro Pistolas”, señalado de dirigir varios combos delincuenciales en el Centro y participar en un plan para atentar contra la vida del alcalde Federico Gutiérrez.

La aparente inoperancia del fiscal Seccional Germán Darío Giraldo con esa investigación, que no generó órdenes de captura, produjo enormes diferencias con el alcalde y aceleró la salida de su cargo.

El sospechoso, cuyo nombre es Pedro Javier Piedrahíta Ceballos (identidad que fue confirmada a este diario por fuentes policiales), asegura que es inocente y está dispuesto a presentarse a las autoridades. EL COLOMBIANO lo contactó por vía telefónica y esto dijo:

¿Usted es el “Pedro Pistolas” que tanto mencionan las autoridades?
“No, yo no soy ese ‘Pedro Pistolas’ que dicen en todos los medios. Aunque hablan de mi nombre y que soy hijo de Francisco Javier Piedrahíta, eso sí es verdad”.

Pero a usted le dicen “Pedro Pistolas”…
“En los años ochenta me decían ‘Pedro Pistolas’, porque compré una pistola, me emborrachaba y hacía tiros al aire en la finca de Planeta Rica”.

La Policía dice que es cabecilla del Centro de Medellín, que administra plazas de vicio, involucrado en extorsiones y lavado de activos a través de negocios del sector El Hueco, ¿es verdad?
“Eso es falso”.

Su apodo empieza a sonar en febrero, cuando una persona denuncia un plan de atentado contra el Alcalde de Medellín, y menciona a “Pedro Pistolas”. ¿Usted estuvo en la reunión en el hotel Lafallette, donde se fraguó ese atentado?
“No tengo conocimiento de nada de eso, ni sé dónde queda ese lugar”.

¿Ha sido requerido por las autoridades a raíz de las investigaciones por la amenaza al Alcalde?
“Nunca he sido requerido por la Fiscalía por este problema”.

Si pudiera enviar un mensaje al Alcalde, ¿qué le diría?
“Que estoy dispuesto a entregármele al Alcalde para que me investiguen, el día y la hora que él diga. De parte mía, señor Alcalde, no tengo nada en contra suya, soy inocente, me mantengo de mi casa a la finca, y me pueden investigar”.

¿Y entonces de dónde vienen las acusaciones?
“De estas acusaciones le hecho la culpa a una persecución que me metió la señora Ana Paulina Uribe, por una sucesión. Ella está detrás de eso, pero estoy dispuesto a dar la cara”.

¿Ella fue novia de su padre?
“Fue amante de mi papá”.

¿Y por qué está en su contra?
“A la Fiscalía le solicité la exhumación del cadáver de mi papá, porque no estoy conforme con la muerte (el dictamen). La Fiscalía no dice nada, hablan de una muerte natural, pero nunca me ha notificado los exámenes de Medicina Legal que pedí”.

¿Tiene alguna relación con el saliente director Seccional de Fiscalías de Medellín, Germán Darío Giraldo?
“No lo conozco”.

Se ha rumorado que usted tiene finca en el Occidente y que Giraldo fue a festejar un cumpleaños allá…
“No es cierto, conmigo no ha celebrado ni tengo fincas en esos lugares”.

¿A qué se dedica?
“Los últimos cuatro años he estado escondido, porque me hicieron un atentado en 2012. No tengo vida social, no salgo a restaurantes ni supermercados, temo por mi vida y la de mi familia. Soy comerciante, pero no he vuelto a hacer negocios, ni vender carros ni fincas, me da miedo salir”.

¿Sus negocios los tiene en el Centro de la ciudad?
“No, en el Centro no tengo ni nunca he tenido negocios”.

Cuando se buscan antecedentes en la Fiscalía, con su nombre y cédula, sale referenciado en un expediente como supuesto cabecilla paramilitar en Anorí. ¿Tuvo relación con las autodefensas?
“Nunca. Estuve en Anorí, pero no en un grupo. En ese tiempo vendía ganado, bestias, y tengo testigos de que tenía pesebreras y negocios allá”.

¿Y cómo lo terminan vinculando con un grupo paramilitar? En ese momento usted no tenía la disputa con Ana Uribe.
“Es que la disputa no es por grupos o manejar nada, la disputa es por una herencia”.

¿Una herencia de cuánto?
“Eso no lo sabría calcular. Estamos hablando de mucho dinero, pero mucho”.

¿Ese atentado en Laureles, fue ejecutado por sicarios de “la Oficina”?
“No sabría decir, solo que me dieron varios disparos. Venía de la finca y un amigo me llamó a Laureles. Yo fui, y cuando estaba en el carro, llegó el tipo que me disparó (mayo 26 de 2012). La Fiscalía no ha hecho nada, dijeron que eran unas lesiones personales, cuando fueron dos disparos en la cara. El investigador primero había dicho que era tentativa de homicidio, no sé qué pasó. La Fiscalía a veces no funciona o hay mucha plata de por medio”.

Su padre fue paramilitar, se desmovilizó del bloque Mineros en 2006. ¿Usted no le heredó los enemigos?
“Nunca pertenecí a ningún grupo, que yo considere no tengo enemigos. Esta señora ahora”.

¿Y esa señora qué supuestos nexos tiene para involucrarlo en un proceso penal en esta ciudad?
“Mucho poder, por todas partes. Prácticamente fue una de las fundadoras de la Convivir Nuevo Amanecer, era la cabeza de todo lo de mi papá, porque él era un analfabeta, no sabía leer, la cabeza de todo era ella”.

“PEDRO PISTOLAS” NO ES EL ÚNICO, HAY MÁS: ALCALDE

Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín. FOTO: Julio César Herrera.

Que alias “Pedro Pistolas”, el hombre sospechoso de planificar un atentado en su contra, diga que está dispuesto a presentarse ante la justicia, no es suficiente para el alcalde Federico Gutiérrez. Él exige que las autoridades judiciales expidan una orden de captura.

Así lo dijo el mandatario local en entrevista con EL COLOMBIANO, en la cual también dio respuesta a lo expresado el pasado jueves por Pedro Javier Piedrahíta Ceballos, a quien la Policía sindica de ser “Pedro Pistolas”, uno de los supuestos cabecillas criminales del Centro de Medellín.

Ante las preguntas de este diario, “Pedro Pistolas” precisó: “estoy dispuesto a entregármele al Alcalde para que me investiguen, el día y la hora que él diga. De parte mía, señor Alcalde, no tengo nada en contra suya, soy inocente, me mantengo de mi casa a la finca, y me pueden investigar”.

Lo dicho por Piedrahíta se fundamenta en el hecho de que la Fiscalía y la Policía no han logrado comprobarle nada en los estrados y carece de requerimientos judiciales.

Gutiérrez está resuelto a que esa situación cambie.

Alcalde, “Pedro Pistolas” dice que está dispuesto a entregarse. ¿Qué opina?
“Hice una reunión extraordinaria de seguridad hoy en la mañana (ayer), con la nueva fiscal seccional encargada de Medellín y con la Dijín, ellos deben seguir avanzando en las investigaciones y tener las órdenes de captura. Una vez se tenga la orden, comienza la búsqueda de esta persona. Si él desea presentarse de forma voluntaria, mucho mejor, si no de todas formas será buscado por las autoridades. A quien él tiene que aclararle la situación es a la justicia”.

Pero él se refería a presentársele directamente a usted. ¿Conversaría con él?
“Es que yo no necesito una visita protocolaria, sino que las autoridades actúen, y esta persona justamente le tiene que rendir explicaciones es a la justicia. Mi decisión es ir detrás de estas estructuras que durante tanto tiempo han tenido control de zonas de la ciudad, como el Centro. Que se presente, que vaya a la Fiscalía voluntariamente y que de todas formas la Fiscalía y la Dijín, de acuerdo a los avances que se tienen, sigan con la investigación”.

Sobre el fiscal saliente (Germán Giraldo) cayó la responsabilidad de no haber avanzado en la investigación contra “Pedro Pistolas” desde febrero, ¿pero cuál es la responsabilidad de la Policía Metropolitana? ¿Qué explicaciones dio la Policía local para no haber obtenido esa orden de captura?
“He querido que se actúe con prontitud y es lo que no hemos podido obtener, y ese fue mi reclamo al Director Seccional de Fiscalías (Giraldo). La investigación de Policía, directamente de la Dijín, está desde junio, y la Fiscalía solo abre una investigación contra ese sujeto esta semana. El reclamo mío es frente a eso, ¿cómo es posible que nos tardemos tanto? Quiero resaltar el compromiso que ha tenido el general José Gerardo Acevedo (comandante de la Policía Metropolitana), no solo con este sino con otros temas que venimos trabajando”.

Y sobre la nueva directora de la Fiscalía Seccional, Claudia Carrasquilla, ¿qué impresión le da esa designación? ¿Es acertada?
“Primero, todo el respeto por la decisión del Fiscal General de la Nación, siento un compromiso de parte del doctor Néstor Humberto Martínez por nuestra ciudad, él sabe que compartimos la misma estrategia de ir detrás de las rentas criminales y el lavado de activos. Le deseo éxitos a la nueva directora, lo que quiero es que trabajemos bien. Tengo las mejores referencias de ella, pero esa decisión la tomó el Fiscal General. Necesito que todos trabajemos juntos, y desde que llegó Néstor Humberto he sentido el apoyo”.

Hoy está en entredicho el poder de judicialización de la Fiscalía con “Pedro Pistolas”, pero el año pasado tuvimos el caso de “Fredy Colas”, cabecilla de “la Oficina”, a quien capturaron dos veces y lo tuvieron que soltar porque tampoco tenía orden de captura. ¿Qué hará para que esta situación no se siga perpetuando?
“Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo, esas cosas no pueden pasar, y no creo que sea casualidad que de una persona que tiene un récord delincuencial de tantos años no se conozca su historial en las instituciones encargadas de capturarlo. Estas estructuras hay que visibilizarlas, mire el caso de alias ‘el Diablo’ (cabecilla del noroccidente de Medellín, hoy capturado), llevaba muchos años delinquiendo. El tema es lo que he dicho: se acabó la zona de confort para los criminales y eso los tiene molestos. Y a mí me toca jalonar ese proceso”.

El tema de “Pedro Pistolas” toca al centro de la ciudad, ¿qué le dicen sobre él los comerciantes de la zona? ¿Sí es una amenaza latente para ellos?
“Eso aparecerá en las investigaciones que se están llevando a cabo, y dejo claro que ‘Pedro Pistolas’ no es el único, hay más, y eso es lo que yo he ordenado en la investigación”.

NOTA RELACIONADA: ¿Por qué el Alcalde de Medellín dice que los combos aumentaron los homicidios por el trabajo de las autoridades?

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ANEXO 1 : LA RENUNCIA DEL FISCAL GIRALDO

El saliente director Seccional de Fiscalías de Medellín, Germán Darío Giraldo, en declaraciones a diferentes medios de comunicación, defendió su gestión argumentando que durante su permanencia en el cargo (4 años) su despacho dio “resultados históricos en materia de capturas”.
Explicó que había decidido presentar la renuncia “para darle tranquilidad al Alcalde y a la ciudadanía, y transparencia a la investigación que adelanta la Fiscalía”contra alias “Pedro Pistolas”. Agregó que “le armaron una película en su contra” después de hacer cambios internos, que implicaron traslados de subalternos.

ANEXO 2: EL CASO DEL PAPÁ DE “PEDRO PISTOLAS”

La sentencia con radicado N° 84297 de 2016, de la Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, recoge apartes sobre la situación judicial que se desprende de la muerte del paramilitar Francisco Javier Piedrahíta Sánchez, desmovilizado del bloque Mineros de las Autodefensas.
Él murió el 20 de enero de 2012 en Sincelejo, según un primer dictamen por causa de un infarto. No obstante, su hijo Pedro Javier Piedrahíta (“Pedro Pistolas”) presume que lo envenenaron e inicia averiguaciones. Cuatro meses después, sobrevive a un atentado sicarial en el barrio Laureles, de Medellín.
En noviembre de 2015, Piedrahíta solicita a la Fiscalía que practique una exhumación al cadáver de su padre, el cual estaba enterrado en el cementerio Jardines Montesacro (en Itagüí). Aunque la exhumación ya se realizó, Piedrahíta afirma que no ha sido notificado sobre los resultados de la necropsia. En el caso está mencionada Ana Paulina Uribe, quien fue compañera sentimental del fallecido.

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El Inspector.

De acuerdo con información de Inteligencia de la Policía y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esta coalición ilegal estaría encabezada por Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” 0 “Carlos Chata”, por quien el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta 2 millones de dólares por colaboración que lleve a su captura.

Le siguen Diego Alberto Muñoz Agudelo (“Diego Chamizo”), Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”) y Carlos Arturo Arredondo Ortiz (“Mateo”), con quienes habría extendido su alcance desde Barbosa hasta Envigado.

Esta es la reseña de la situación, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Germán Darío Giraldo, director Seccional de Fiscalías de Medellín, y el alcalde Federico Gutiérrez. Fotos de archivo.

A esta alianza le rendiría cuentas, presuntamente, uno de los personajes que más ampolla levanta cuando se pregunta por él en estos días en Medellín: “Pedro Pistolas”.

Este apodo, que desde 2012 es asociado con los combos del centro de la ciudad, denominados “convivires”, está relacionado con las discrepancias que hoy tienen distanciados a los jefes del poder administrativo y judicial de la metrópoli antioqueña: el alcalde Federico Gutiérrez y el director Seccional de Fiscalías, Germán Darío Giraldo Jiménez.

MALESTARES PÚBLICOS
Fuentes de la Alcaldía y de la Fiscalía narraron, solicitando la reserva de su identidad, que los desacuerdos entre el burgomaestre y el fiscal comenzaron en enero.

La razón fue que el jurista, supuestamente, intercedió ante Gutiérrez para que conservara en la Gerencia del Centro a su hermano Jorge Iván Giraldo Jiménez, quien ejercía el cargo desde julio de 2012.

“El Alcalde le dijo que no, que él venía con su propio grupo de trabajo, pero a la salida de un consejo de seguridad Germán Darío llevó a su hermano Iván para que hablaran los tres, y Federico lo tomó como una presión indebida”, narró una funcionario de la administración municipal.

Finalmente, Gutiérrez designó en el cargo a Pilar Velilla.

El siguiente disgusto se presentó con el supuesto plan criminal para eliminar al Alcalde, conocido en febrero.
Un ciudadano con récord de denuncias en múltiples casos, manifestó en la Procuraduría (01/2/16) que varios delincuentes, entre ellos “Tom” y “Pedro Pistolas”, pretendían atentar contra Gutiérrez para socavar su intención de recuperar el Centro a favor de la legalidad.

La denuncia fue remitida a la Dirección Seccional de Fiscalías, donde pasaron siete días antes de que le informaran al Alcalde.
De esta situación, Gutiérrez se quejó públicamente el pasado 18 de febrero: “No entendemos cómo una denuncia tan grave, donde hay advertencias, nombres, sitios, y que apenas nos estemos enterando como autoridades”.

En respuesta, Giraldo ordenó un allanamiento al hotel Lafallete de la comuna 10, donde según el denunciante se fraguó el atentado.

Hubo cerca de 200 hombres del CTI y la Policía, con apoyo perimetral del Ejército. Adentro no hallaron nada, y afuera los militares detuvieron a un vicioso con 40 gramos de marihuana; pese a esto, Giraldo reportó a la Administración que el atentado contra el alcalde había sido frustrado.

La tercera desavenencia se presentó ese mismo mes, cuando el Director Seccional ordenó frenar unos acercamientos entre la Unidad Seccional de Vida de la Fiscalía y unos cabecillas de la organización “la Oficina”, quienes a cambio de beneficios judiciales confesarían crímenes y ayudarían a esclarecer otros, en lo que se denomina principio de oportunidad.

Como prueba de buena fe, los cabecillas (hoy condenados) Julián Andrey González (“Barny”), Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”) y Camilo Rendón Castro (“el Saya”) entregaron a las autoridades una caleta con 80 armas en una finca del corregimiento Santa Elena, y facilitaron el sometimiento a la justicia de alias “la Pecosa”, un sujeto que tenía orden de captura pendiente por extorsión.

Este diario conoció el informe preliminar de esa negociación, en el que los citados delincuentes se comprometían a colaborar en 10 situaciones particulares.

La número 4 decía:“contextualización de los homicidios del Centro, centros de operación y grupos inmersos (convivir, hermanos Osorio, Pedro Pistolas, Terraza)”.

Sumando a los antecedentes mencionados, que ahora Giraldo bloqueara un proceso que podía terminar con el desenmascaramiento de “Pedro Pistolas”, el tipo que al parecer quería matar al Alcalde, fue la gota que llenó el vaso.

Gutiérrez se quejó ante el fiscal General (e) de ese entonces, Jorge Perdomo, quien citó a Giraldo a una reunión en Bogotá. Cuando regresó, en marzo, contaba con el respaldo de la Dirección Central de la Fiscalía, en contravía de lo pretendido por el mandatario local.

La desconfianza del momento quedó evidenciada el 10 de marzo, cuando el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, vino a un consejo de seguridad a Medellín.

Invitaron a los principales entes de seguridad, menos a Giraldo; en vez de él, hubo un delegado de la Fiscalía enviado desde Bogotá.

El último episodio en este distanciamiento entre la Alcaldía y la Fiscalía Seccional se dio este lunes, cuando Gutiérrez se quejó, de nuevo en público, porque “la Fiscalía no ha hecho nada para capturar a ‘Pedro Pistolas’” y reiteró que le preguntó a Giraldo por ese cabecilla en un consejo de seguridad, y que su respuesta fue que “no tenía ningún tipo de información”.

El Colombiano buscó tanto a Giraldo como a Gutiérrez, para ampliar sus declaraciones frente a estos hechos. Ninguno quiso pronunciarse. Nuestras páginas están abiertas para conocer sus puntos de vista.

La continuidad en el cargo de Giraldo no es segura en este momento, tras la llegada del nuevo fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien todavía no ha definido a sus directores nacionales ni seccionales.

¿QUIÉN ES “PEDRO PISTOLAS”?
En un organigrama de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado (que depende de la Dirección Central en Bogotá), aparece “Pedro Pistolas”como cabecilla de las “convivir” del Centro, aunque sin identidad.

Su nombre y cédula figuran en un expediente de la Fiscalía Especializada de Medellín, basado en un informe del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del 14/12/06.

El reporte señala que “Pedro Pistolas” se llama Pedro Javier Piedrahíta Ceballos y que en ese entonces era presunto “coordinador de un grupo de autodefensas en el casco urbano de Anorí”.

Nació en 1962 en Yarumal y es hijo de Francisco Javier Piedrahíta Sánchez, un paramilitar que se desmovilizó en 2006 del bloque Mineros de las Autodefensas.

La Policía asocia a “Pedro Pistolas”con el control de varios grupos de “convivir” del Centro, extorsiones, plazas de vicio y supuestas acciones de lavado de activos en locales comerciales del sector El Hueco. No obstante, a la fecha no tiene orden de captura, ni deudas pendientes con la justicia, por lo que deambula tranquilamente por la calle.

En su historial judicial le figuran tres incautaciones de arma de fuego con salvoconducto (2007), en el barrio La América.
Su hermana Olga Piedrahíta fue detenida en 2009 en una finca del municipio antioqueño de Venecia, y condenada a 36 meses de prisión por estar involucrada en una red de laboratorios de droga de “la Oficina”, según el informe del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (Goes).

El 26 de mayo de 2012, “Pedro Pistolas”fue víctima de un atentado sicarial en Laureles. Al mes siguiente, un policía anónimo envió a este diario el siguiente mensaje por internet: “hace más de 20 días un ciudadano llamado Pedro José Piedrahita (SIC), sufrió un atentado y fue llevado a la clínica Las Américas. Mis compañeros comentan entre dientes que es el duro del centro, dueño de las más grandes plazas de vicio, y que tiene comprada casi la totalidad de la estación Candelaria, con ligas a patrulleros y nómina de 500MIL pesos por policía, y me lleno de indignación y tristeza al ver que a mi institución la está penetrando la corrupción (…). Mi preocupación crece al ver con mis propios ojos cómo compañeros lo visitan y un fiscal le da protección (…). Este señor sale escoltado en una camioneta de altos mandos y 3 motos como si en ella estuviera mi General”.
El general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, ratificó esta semana que “‘Pedro Pistolas’ lleva tiempo afincado en el centro de la ciudad, maneja el microtráfico ligado a los habitantes de calle, la extorsión, funge como comerciante en venta de comidas y algunos negocios que tiene allí”.

La alianza delincuencial tiene redes en más del 60% del Valle de Aburrá y rige sobre cerca de 100 combos.

ALIANZA CRIMINAL
Mientras el poder administrativo y el judicial de Medellín parecen distanciados, el crimen organizado continúa extendiendo sus redes sin interrupción.

Se presume que “Pedro Pistolas” estaría asociado con una división de “la Oficina” liderada por alias “Tom”, el hombre más buscado del Valle de Aburrá.

Según el informe de recompensa del Departamento de Estado de EE.UU., “en 2012 fue seleccionado por otros miembros de ‘la Oficina’ para ser su líder, en reemplazo del capturado Ericson Vargas Cardona (’Sebastián’)”.

En 2014, “Tom” fue incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro, que le aplicó sanciones económicas, congelando sus cuentas bancarias y transacciones comerciales (ver la NOTA RELACIONADA: Estados Unidos ofrece US$2 millones por líder de “la Oficina“).

La Policía Metropolitana, que también ofrece una recompensa de $150 millones por su captura, lo sindica de liderar la “Odín los Chatas” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), una confederación de combos con influencia en las localidades de Bello, Girardota, Copacabana, Barbosa, La Ceja, El Retiro y San Pedro de los Milagros.

Junto a él, en la Lista Clinton también fue incluido su socio “Diego Chamizo”. De acuerdo con la Fiscalía, lidera la “Odín Caicedo”, con presencia en las comunas 8, 9 y 10 de Medellín.

Las autoridades lo buscan por su presunta participación en desplazamientos forzados, sicariato y tráfico de drogas.
EE.UU. persigue igualmente a “Mateo”, el supuesto cabecilla de la “Odín Trianón”, con injerencia en los municipios de Envigado, Sabaneta e Itagüí, y la comuna de El Poblado en Medellín.

La alianza la completa “Soto”, supuesto cabecilla de “la Odín Picacho”, cuyas facciones se extienden por las comunas 5, 6 y 10 y el corregimiento San Cristóbal de la capital paisa, al igual que en los barrios París, Maruchenga y Nuevo Jerusalén, del suroccidente de Bello.

En la Fiscalía avanza una investigación en su contra, por su presunta participación en una masacre de cinco personas, ejecutada el 1° de abril de 2011 en el barrio Santander. Dentro de un taxi fueron acribillados dos de sus enemigos y tres mujeres (una de ellas adolescente y la otra embarazada).

Por los hechos, que siguen sin resolución, fueron destituidos tres policías de la estación Santander, por su presunta complicidad con los sicarios de “Soto” (ver la NOTA RELACIONADA: Un año después de la masacre del taxi).

Las “odines”controladas por estos cinco cabecillas reseñados, tienen bajo su control a cerca de 100 combos del área metropolitana, dedicados al homicidio, el tráfico de drogas, desplazamientos forzados, extorsiones, desapariciones y amenazas, entre otras conductas punibles.

“Tom”, “Diego Chamizo”, “Mateo”, “Soto” y “Pedro Pistolas”no solo tienen en común su aparente cofradía delincuencial, sino que llevan más de dos décadas actuando a la sombra y con impunidad.

NOTA RELACIONADA: Las huellas dispersas de la masacre de Envigado.

El Inspector.

Luis Fernando Castaño Alzate, alias “Botija” o “la Firma”, fue condenado a 10 años por la Corte del Distrito Medio de La Florida, por el delito de narcotráfico. Según el expediente, llegó a ser aliado financiero de la principal banda del Valle de Aburrá y fungió como intermediario en el tráfico de cocaína entre grupos colombianos y mexicanos.

Fue capturado en Medellín en 2009 y extraditado al año siguiente. Firmó un acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense, por el cual aceptó uno de los cuatro cargos por narcotráfico que le endilgaban, y se convirtió en testigo de la DEA en procesos contra otros compatriotas en estrados de Nueva York.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, en equipo con Revelaciones del Bajo Mundo.

Personas que confesaron crímenes en E.U. y salieron de prisión sin órdenes de captura en Colombia:en la foto principal, alias “Botija”; 1). “Rogelio”; 2). “Gordo Tavo”; 3). “El Médico”. Fotos de archivo.

De acuerdo con una solicitud enviada por su abogado Rubén Oliva al juez de La Florida (15/10/12), el testimonio de “Botija” fue clave para los procesos que terminaron con la extradición y condena de Carlos Arturo Patiño Restrepo (“Patemuro”), cabecilla del cartel del Norte del Valle; y del comandante paramilitar Eder Pedraza Peña (“Ramón Mojana”).

En su proclama, el defensor le pidió al juzgado que, para una rebaja de penas, tomara en cuenta la colaboración de su cliente, su arrepentimiento y el riesgo que asumían él y su familia al delatar a esos capos tan violentos.

El objetivo se logró y, tal cual confirma el registro judicial público (docket) de La Florida, el pasado 13 de abril fue dejado en libertad por el Buró Federal de Prisiones, luego de pasar seis años tras las rejas.

Las autoridades desconocen si permanece en suelo estadounidense o regresó a nuestro país, donde no tiene órdenes de captura vigentes.

El único caso pendiente en su contra, según la Fiscalía colombiana, es un proceso de extinción de dominio sobre nueve bienes y propiedades avaluadas en $45.000 millones, las cuales están ubicadas en Envigado, Girardota (Antioquia) y Sucre.

¿AFORTUNADOS?
La situación presentada con “Botija” se viene repitiendo en los últimos años con otros integrantes de “la Oficina”, que pese a confesar crímenes en juzgados de E.U. carecen de causas penales en Colombia.

Uno de los máximos cabecillas, Carlos Mario Aguilar Echeverry (“Rogelio”), salió de la cárcel de Manhattan en 2015 (donde pagó siete años) y logró que la justicia de esa nación le concediera un permiso especial para permanecer allá, amparado en la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU (1987), alegando que ese sería su destino si volvía a su país de origen.

Así evitó la deportación, al igual que Juan Carlos “el Tuso” Sierra, compinche financiero de “la Oficina”y las Autodefensas, quien pagó cinco años y quedó libre en 2013, favorecido por aquella norma internacional y la colaboración que brindó a la DEAen procesos contra otros perseguidos.

Por su parte, Gustavo Álvarez Téllez (“Gordo Tavo”), a quien el presidente Juan Manuel Santos había calificado como uno de los más buscados de Colombia, por sus nexos con “la Oficina”y “los Paisas”, recibió una irrisoria condena de 36 meses en Nueva York y salió en 2013, sin deudas con la justicia colombiana.

Otros antiguos narcotraficantes y compinches de capos que volvieron a Colombia sin causas penales en contra, pese a haber confesado delitos ante jueces extranjeros, son: Jorge Iván González Martínez (“Jota Firma”), exsocio de paramilitares; Carlos Ramón Zapata (“el Médico”), quien trabajó para los carteles de Medellín y Norte del Valle; y el abogado Gabriel Puerta Parra (“doctor Parra”), colaborador de narcos antioqueños y vallunos.

¿Por qué sus confesiones en E.U. no sirven para abrirles expedientes aquí, sabiendo que pertenecieron a bandas?

El consultor en seguridad, John Marulanda, responde que “en general hay colaboración entre la justicia de E.U. y la de Colombia, pero mientras la de allá es autónoma e independiente, la de aquí está politizada, y ese desbalance se nota en este tipo de casos”.

En la pasada administración del fiscal general Eduardo Montealegre, fueron creadas agregadurías de la Fiscalía en las principales embajadas de Colombia en el mundo, pensando en atender situaciones como las denunciadas; no obstante, el panorama ha cambiado poco.

A juicio de Marulanda, “esas agregadurías no sirvieron porque las diseñaron para extender el poder de Montealegre, pero no pensando en atender estos problemas”.

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ANEXO: CON LA LISTA CLINTON ES IGUAL
Desde junio de 2014, según el Departamento del Tesoro de E.U., 100 personas y entidades han sido incluidas en la Lista Clinton, padeciendo sanciones financieras por sus presuntos nexos con “la Oficina”. Pese a que el Gobierno de ese país los cataloga como narcos, sicarios o lavadores de activos para esa organización, en Colombia muy pocos tienen procesos penales abiertos.
Entre los reseñados en E.U., sin procesos aquí, están los empresarios Juan Pablo Upegui, José Byron Piedrahita y Pedro Claver Mejía Salazar.

NOTA RELACIONADA: Los enigmas que rondan al Caso “Rogelio”.

El Inspector.

La fuente, cuya identidad es protegida con recelo, contactó a los investigadores de la Dijín el pasado 20 de abril y les dio detalles de cómo se estaban fraguando los atentados, los cuales tendrían como objetivos a dos servidores públicos en Bogotá y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los capturados Jaider Muñoz y el expolicía Eder Villada (de gafas), durante la audiencia de control de garantías. Cortesía.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía 108 adscrita a la Dirección contra el Crimen Organizado, el “plan pistola” fue ordenado por Aristides Meza Páez, alias “el Indio”, integrante del Estado Mayor de la banda y por quien el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

El cabecilla le habría delegado la misión criminal a uno de sus lugartenientes, Orlando Osorio Martínez (“Saúl” o “Nicaragua”), de 40 años y oriundo de Turbo. Esta persona, desde su residencia en el municipio antioqueño de Necoclí, comenzó a hacer las coordinaciones con un grupo de mercenarios, dentro del cual había un expolicía.

Los agentes aplicaron una labor de espionaje para adelantarse a los sicarios, antes de que fuera demasiado tarde. Gracias a las escuchas telefónicas, sabían que las potenciales víctimas eran un subteniente que labora en la central de interceptaciones de la Policía, que venía golpeando a la facción desde la base Antinarcóticos de Necoclí; y una fiscal de la Dirección contra el Crimen Organizado, a quien en las conversaciones los delincuentes denominaban “la jefa”.

El informante aportó dos direcciones y un par de nombres de las personas presuntamente contratadas para ejecutar los homicidios. Indicó que en un apartamento de la urbanización Terranova, en Niquía (Bello), y en una casa del barrio Las Brisas de Medellín, se realizaban las reuniones para concretar los ataques y se recolectaban las armas.

ESPOSO DE UNA EXFUNCIONARIA
La Dijín envió policías de civil para confirmar la existencia de esos lugares y en una acción relámpago se desató el operativo. El pasado viernes 29 de abril a las 8:00 a.m. fue capturado “Saúl” en el barrio San Sebastián de Necoclí.

Orlando Osorio, alias “Saúl” o “Nicaragua”. Cortesía.

En la audiencia de control de garantías, el fiscal 108 reveló que este hombre, quien en el pasado fue locutor y encargado de la Casa de Cultura municipal, sería una pieza fundamental en la estructura ilegal, pues “era a quien los funcionarios públicos corruptos le reportaban cualquier movimiento de helicópteros o aviones que iban a hacer operativos contra la cúpula de la banda”.

Según la Fiscalía, Osorio Martínez está casado con la abogada Marla Victoria Peña Moreno, exsecretaria de Gobierno, expersonera y exasesora jurídica de la Alcaldía de Necoclí. El ente acusador señaló en el estrado que el computador de ella sería usado por los delincuentes para escribir los panfletos que “los Urabeños” distribuían luego en las calles.

Ante el Juzgado Primero Penal Ambulante de Antioquia, “Saúl” aceptó el cargo de concierto para delinquir agravado que le imputaron, por lo cual le dictaron medida de aseguramiento en la cárcel El Pedregal de Medellín.

EL ARSENAL
Siete horas después de la captura de “Saúl”, los comandos de la Policía allanaron la casa del barrio Las Brisas, en la capital antioqueña, donde vivía Jaider Leandro Muñoz Galeano, de 39 años. Bajo la cama le encontraron una pistola Jericho 9 m.m. y una granada de fragmentación.

En la propiedad también incautaron dos proveedores, municiones para la pistola, 11 celulares y una cámara digital.

A la hora siguiente los uniformados ingresaron al apartamento 813 de la urbanización Terranova, en Niquía, donde residía Eder Jair Villada Jaramillo, de 30 años y expatrullero de la Policía Nacional. Allí encontraron, también bajo la cama, un fusil AK47; en varias cajas y compartimientos del closet, decenas de municiones de calibre 7.62 y 5.56, al igual que dos proveedores, varios celulares, un computador y memorias USB.

A Villada le decomisaron un cuaderno, en el cual tenía anotados los datos sobre el subteniente que la banda pretendía asesinar: sus familiares, cargos que había ejercido y sitios que solía frecuentar.

Para la Fiscalía, estos dos capturados tenían la misión de coordinar la acción criminal, y al parecer estaban en proceso de reclutar a los sicarios.

En la audiencia de control de garantías del sábado 30 de abril, en el Palacio de Justicia de Medellín, los dos se declararon culpables por el delito de tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Esta conducta tiene una máxima pena de 15 años en prisión, pero al aceptar el cargo en esta etapa recibirán una rebaja considerable.

Por eso cuando la juez les preguntó si comprendían las consecuencias de renunciar a su inocencia, ambos respondieron: “sí, su señoría”.

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ANEXO: EL “PLAN PISTOLA” DE LA BANDA

La organización inició hace un mes esta práctica criminal, como retaliación por la muerte en un operativo policial de Jairo Durango Restrepo, alias “Guagua”, uno de los cinco miembros de su Estado Mayor (23/3/16). Desde entonces, sus sicarios han matado a ocho policías y dos militares en Cartagena, Chocó, Nariño y Antioquia.

NOTA RELACIONADA: Las huellas que dejó el paro terrorista de “los Urabeños”.

El Inspector.

Con esas operaciones terminó el mes de septiembre, destacándose la captura de un delincuente de vieja data y a su vez uno de los cabecillas que más había ascendido en el bajo mundo en los últimos años: alias “Bambaramba”.

Este uno de los tres presuntos fleteros de la banda “los Bananeros”, capturados en Castilla. Cortesía Policía Metropolitana.

CAYÓ “BAMBARAMBA”

El 22 de septiembre fue capturado en una casa del barrio Guayabal un cabecilla de la organización criminal “Trianón”, que controla los hilos delictivos en los municipios de Envigado y Sabaneta. Se trata de Fredy Ernesto Álvarez Gómez, alias “Bambaramba”, de 39 años.

Fredy Álvarez Gómez, alias “Bambaramba”. Cortesía.

De acuerdo con el informe policial, se inició como sicario en las bandas “los Chachos” y “la Sebastiana”, ambas de Envigado, y se ganó la confianza de los cabecillas “Beto” y “el Indio”, gracias a los cuales ascendió hasta tener voz de mando en la organización.

“Alias ‘Bambaramba’ al parecer coordina gran parte de la criminalidad en Envigado, algunos sectores de Sabaneta y nororiente de Medellín, controlando los cobros por ajustes de cuentas, homicidios selectivos, microextorsión y microtráfico de estupefacientes”, prosigue el documento (ver la NOTA RELACIONADA: Concejal y 8 policías caen en operativo antidrogas).

Álvarez Gómez tiene además antecedentes por concierto para delinquir (capturado en 1999) e incautaciones de armas con salvoconducto (2006 y 2007). Esta vez la orden de arresto fue de nuevo por concierto para delinquir, emanada de una Fiscalía de Bogotá, cargo que aceptó en la audiencia de control de garantías.

En la actualidad, la banda “Trianón” es liderada por Carlos Arredondo, alias “Mateo”, quien además pertenece a la mafia de “la Oficina” y está en la mira de las autoridades de Estados Unidos, que le aplicaron sanciones económicas al incluirlo en la Lista Clinton.

CONTRA LA BANDA “LA SIERRA”

El 22 de septiembre la Policía Metropolitana ejecutó la “Operación Temis” en contra de la banda “La Sierra”, que delinque en el oriente de Medellín. En la acción fueron arrestadas 11 personas, que responden a los alias de: “Pájaro” (presunto cabecilla del barrio Villa Turbay), “Luisa”, “Cachorro”, “Botas”, “el Peludo”, “el Guerrillero”, “Cripi”, “Manolo” o “Gallina”, “Caliche” o “la Gata”, “Yeison” y “José”.

El resultado se logró después de una investigación de dos años en contra de esa facción, cuyos cabecillas son “Abelito” y “Jorgito”, quienes continúan libres y en la clandestinidad. Los detenidos tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, por hechos perpetrados desde 2010.

La banda “La Sierra” es una de las principales aliadas de la organización “los Urabeños” en el Valle de Aburrá (ver la NOTA RELACIONADA: Las bandas pierden un jefe, ¿cuándo caerán los otros?).

CAYERON TRES “BANANEROS”

El 23 de septiembre la Sijín arrestó a tres presuntos integrantes del combo “los Bananeros”, que opera en las comunas 5 y 6 de la capital antioqueña. El informe de la captura señala que la agrupación “viene especializando su accionar criminal en hurtos al comercio, atracos a manos armada y microtráfico de estupefacientes, en los barrios Castilla, Kennedy, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria”.

Mediante allanamientos en Castilla, los policías apresaron a alias “Matatán” o “Dany”, de 20 años y con anotaciones por hurto calificado y agravado; “Estebín”, de 19, con antecedentes por hurto agravado; y “Tavo” o “Dexter”, de 20, con registros judiciales por amenazas y porte ilegal de armas.

El trío, que al parecer se dedica al fleteo, tendrá que responder por cargos de hurto agravado.

El jefe de “los Bananeros” es alias “Cardo”, quien figura en los carteles de los más buscados hace una década, pero no ha sido arrestado (ver la NOTA RELACIONADA: Tres comunas de Medellín arden por pugnas de bandas).

ATAQUE AL COMBO DE “SAN FRANCISCO”

El 17 de septiembre se combinaron 200 uniformados de varios grupos especiales de la Policía (Gaula, Goes, Fucur, Emcar e Infancia y Adolescencia) para golpear a la banda de “San Francisco”, que delinque en el municipio de Itagüí.

“Se pudo determinar la injerencia de este grupo en los barrios San Francisco, Bariloche y Triana del municipio de Itagüí, así como en el barrio El Limonar 2 del corregimiento San Antonio de Prado de Medellín (…). Se dedicaban a extorsionar a transportadores (buses y taxis, informales, acopios, volqueteros y lavaderos de automotores), comerciantes (casinos, tiendas, transporte de alimentos, minimercados, discotecas, bares, comidas rápidas y ventas ambulantes), edificios y unidades residenciales (cobraban también por el parqueo en vías públicas)”, dice el reporte de las autoridades.

En la operación capturaron a 11 presuntos miembros del combo (incluyendo uno en la cárcel, apodado “Wilder”), que tendrán que responder en los juzgados por concierto para delinquir con fines de extorsión.

NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial y policial contra combos del Valle de Aburrá.

El Inspector.

Este hombre fue capturado el pasado 14 de agosto en su finca de Betulia, Antioquia, en un operativo conjunto del CTI y la Policía. Las autoridades lo señalan de ser el presunto cabecilla de la banda “los Urabeños” en la zona lechera del departamento y en el Valle de Aburrá, así como el enlace de dicha agrupación con “la Oficina” para fines criminales.

Este es el seguimiento del caso, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Octavio Cartagena fue detenido en su finca de Betulia, en el suroeste antioqueño. Cortesía Fiscalía.

El gobierno de Estados Unidos también lo busca y su Departamento del Tesoro le aplicó sanciones económicas el pasado junio, al incluirlo en la Lista Clinton y considerarlo un patrocinador de las dos citadas estructuras ilegales.

En 2005 se desmovilizó como combatiente raso del bloque Noroccidente de las Autodefensas Unidas de Colombia, pese a que fungió como cabecilla financiero, según las pesquisas de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía.

La orden de captura en su contra era por un crimen del 15 de noviembre de 1998, cometido en la vereda Cruces del corregimiento San José de Urama, en el municipio de Dabeiba.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía 90 de la Dirección de Derechos Humanos, aquel día un grupo paramilitar detuvo un vehículo de servicio público tipo chiva y raptó al agricultor Fidelino Puerta, a quien los delincuentes acusaban de tener vínculos con la guerrilla.

Su cadáver desmembrado fue encontrado después, con visibles señales de tortura.

Pese a todos los indicios, Cartagena Benítez, de 58 años, se ha declarado inocente. En la indagatoria del fin de semana pasado, ante los investigadores y la fiscal que lo acusa, negó los cargos.

“Gabriel Paraco”, quien asegura ser un humilde labriego y dueño de una finca campesina, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, a la espera de que le resuelvan la situación jurídica.

UN VISITANTE DE HOLANDA
Otra situación que ha llamado la atención durante esta investigación, ocurrió en el allanamiento en el que se produjo la captura del sospechoso.

Los uniformados lo sorprendieron con dos hombres: uno que trabajaba operando una retroexcavadora, con la cual le estaban haciendo una carretera a la finca; y otro de origen holandés, procedente de la isla de Curazao.

Cartagena Benítez les pidió a los investigadores que lo dejaran tranquilo, “porque solo vino de vacaciones”; sin embargo, a las autoridades no les quedó claro qué hacía en ese sitio, pues sus explicaciones sobre la forma en que habría conocido al procesado no fueron muy claras.

A estas dos personas las dejaron en libertad, pues no había orden de captura para ellos y carecían de antecedentes penales.

NOTA RELACIONADA: “Gabriel Paraco” cayó posando de campesino.

El Inspector.

De los tres procesados, alias “Tuto” es el que ha salido mejor librado hasta ahora, pues los testigos que la Fiscalía tenía en su contra se retractaron en el juicio.

De izquierda a derecha: José Otalivar Chavarría (“Jotalibán”), Didier Ríos López (“Tuto”) y Julián González Vásquez (“Barny”). Fotos de Archivo.

Julián Andrey González Vásquez, alias “Barny”, fue condenado a 17 años de cárcel por su participación comprobada en tres asesinatos y por concierto para delinquir agravado, en una decisión proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín.

La pena pudo ser mayor, pero el delincuente logró un acuerdo con la Fiscalía, en el cual aceptó la culpa por estos hechos a cambio de una rebaja en el número de años.

Las víctimas, ejecutadas por sicarios de la banda “la Terraza” en 2008, por órdenes de “Barny”, fueron: el empleado bancario Elkin Vladimir Rivera González, el policía Rodolfo Gaviria Barragán y el ciudadano John Edward Chaverra García (ver la NOTA RELACIONADA: Las primeras tres muertes que le endilgan a “Barny”).

El informe que emitió la Fiscalía sobre esta sentencia recordó que “por el homicidio del empleado bancario ya fueron condenados a penas que oscilan  entre 14 y 16 años de prisión, Juan Pablo Taborda Zamora, alias ‘Yordy'; Juan Camilo Rendón Castro, alias ‘Saya'; y Édinson Rodolfo Rojas, alias ‘Pichi'”.

La justicia también condenó, por hechos diferentes, a un mando medio de “la Oficina”: José Otalivar Chavarría Chavarría, apodado “Jotalibán”. Este hombre era el líder de los combos en la comuna 7 (Robledo), a órdenes de “Carlos Pesebre”.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín lo sentenció a 31 años y 3 meses de cárcel por doble homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, cinco desplazamientos forzados, extorsión y uso de menores para la comisión de delitos (ver la NOTA RELACIONADA: “Jotalibán” mueve sus fichas para retrasar condena).

De todos los crímenes en los cuales participó este exmilitar, el que terminó llevándolo a la condena fue uno acaecido el 11 de marzo de 2013 en el barrio Aures, cuando los sicarios bajo su mando ejecutaron en vía pública a Carlos Andrés Palacio Adarve, de 25 años, y Edwin Alexis Ríos García (“el Casco”), de 26, quienes se habían retirado del combo “el Acopio”.

Después de esas muertes, cinco familias de la  zona fueron obligadas a abandonar el vecindario por órdenes de “Jotalibán”, quien ahora pernocta en la cárcel La Picota de Bogotá.

Otro cabecilla de “la Oficina” sobre el cual hubo decisiones judiciales en los últimos meses fue Didier de Jesús Ríos López, alias “Tuto”, quien lideraba las bandas del municipio de Itagüí y las comunas de Guayabal y Belén en Medellín. El Juzgado Quinto Penal Especializado anunció el sentido del fallo condenatorio por concierto para delinquir agravado y en las próximas semanas definirá el monto de la pena.

Sin embargo, “Tuto” salió mejor librado que “Barny” y “Jotalibán” en su proceso penal, pues a diferencia de ellos logró eludir (hasta el momento) los cargos por homicidio, que le representarían muchos más años en prisión. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Al momento de su captura en junio de 2014, la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado le imputó cargos por desplazamiento forzado y tres asesinatos: el de Diego Alberto Valencia Echavarría (“Monstruo”), cometido el 20/5/10; el de Jairo Echeverry Restrepo (14/4/13); y el de Reinaldo Herrera Estrada, alias “el Míster”, quien era primo de “don Mario”, el fundador de la banda “los Urabeños” (28/3/11, ver la NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” llegaron a Medellín y con ellos la muerte).

Uno de los principales testigos de la Fiscalía era Jonathan Alexánder Arango Restrepo, alias “la Nea”, quien en su momento pasó de ser enemigo a coordinador de sicarios de “Tuto”. En la actualidad está en la cárcel de Cómbita (Boyacá) pagando una sentencia de 16 años y 9 meses por un homicidio y, según él, fue traicionado por su antiguo jefe.

Al llegar la etapa del juicio oral, tanto “la Nea” como los otros seis testigos se retractaron o se negaron a declarar en contra de Ríos López, por lo que el ente acusador se quedó sin sus principales pruebas para acusarlo por los asesinatos. En consecuencia, el juzgado lo absolvió en primera instancia por los homicidios y los desplazamientos. La causa de las retractaciones no se conoce plenamente, pero las autoridades sospechan que los testigos fueron intimidados.

El Inspector.

El ciudadano, considerado por las autoridades como uno de los criminales más peligrosos del noroccidente de Medellín, es uno de los cabecillas de la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico”), la estructura ilegal comandada por Freyner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”.

José Otalivar Chavarría, alias “Jotalibán”, pernocta en la cárcel La Picota. Cortesía.

Alias “Jotalibán”, también apodado “Jotalivar”, “JJ”, “Gonzalo” o “Chalo”, fue capturado por la Sijín el 29 de julio de 2013 en el barrio Calasanz. La Policía lo reseñó como el líder de los combos de la comuna 7, a órdenes de “Carlos Pesebre”, y quién sería el encargado de coordinar el entrenamiento militar de los sicarios en una finca del municipio antioqueño de Guarne, donde recibían instrucción para manejar fusiles.

La Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado le imputó cargos por doble homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y concierto para delinquir agravado.

El caso que terminó complicando la situación jurídica del cabecilla sucedió el 11 de marzo de 2013, cuando los matones de la “Odín Robledo” asesinaron a dos jóvenes en el barrio Aures. La razón para haber matado a “Casco” y “Edwin”, como les decían, fue que se negaron a trabajar para la facción. El crimen, además, estuvo acompañado del desplazamiento de 8 personas que lo atestiguaron en plena vía pública.

Chavarría negó los cargos y se fue a juicio con la Fiscalía, sin poder demostrar su inocencia en el estrado. El 26 de marzo de 2015 el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín dictó el sentido del fallo condenatorio y programó la audiencia de sentencia (en la cual se dice el número años a pagar y se argumentan los motivos) para el 12 de mayo.

Ese día, sin embargo, “Jotalibán” no se presentó a la diligencia judicial. En cambio mandó con su cónyuge el texto de una denuncia contra la fiscal que lleva su caso, argumentando que se extralimitó en sus funciones, que todos los testigos en su contra mienten, que la Policía lo acusó falsamente y que, en pocas palabras, es víctima de un complot.

El procesado pidió además que su sentencia se aplazara hasta que otro juzgado resuelva su denuncia contra la Fiscalía. Mientras tanto, esperará en la cárcel La Picota, de Bogotá. Para colmo, su abogado contractual renunció.

Fuentes cercanas al caso indicaron que les pareció muy coincidencial que el texto de la denuncia de “Jotalibán” hubiese sido redactado y asesorado por una abogada exesposa de Didier Ríos López, alias “Tuto”, cabecilla de la “Odín la Unión” y miembro de la cúpula de la organización criminal “la Oficina”, a la que también pertenece “Carlos Pesebre”, el jefe de Chavarría (ver la NOTA RELACIONADA: Monitoreo a 78 teléfonos públicos llevó a la caída de “Tuto”).

Se investiga si detrás de esta movida hay un intento de varios cabecillas de “la Oficina” para frenar los procesos penales, a través de la formulación de denuncias contra los funcionarios que los enviaron a la cárcel.

Por lo pronto, el Juzgado Tercero Penal Especializado fijó una nueva fecha para la audiencia de tasación de la pena de “Jotalibán”, para el próximo 9 de junio. Juristas consultados por Revelaciones del Bajo Mundo estiman que, teniendo en cuenta que hay dos muertos de por medio y varios delitos en la acusación, la sentencia podría rondar los 40 años.

NOTA RELACIONADA: Aseguran a “Jotalibán”, supuesto cabecilla de Robledo.

El Inspector.

El propósito fue planteado en 2010, cuando el Ministerio de Defensa y la Policía formularon el Plan Corazón Verde, que regiría las acciones de seguridad ciudadana durante el mandato de Juan Manuel Santos. “Desarticular al 2014 las bandas criminales”, decía la meta trazada en la estrategia número 3 de ese plan.

En la actualidad, sin embargo, continúan vigentes cuatro bacrim:“los Urabeños”, también llamados “Autodefensas Gaitanistas”o “Clan Úsuga”; “los Rastrojos”, “Libertadores del Vichada” y “Bloque Meta”. Estas dos últimas son disidencias del antiguo Erpac (Ejército Revolucionario Popular Anticomunista), de los Llanos Orientales.

Esta es una investigación del periódico El Colombiano, realizada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los principales objetivos de alto valor estratégico que las autoridades buscan detener a nivel nacional. Cortesía El Colombiano.

“Los Urabeños”, de acuerdo con la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, tiene en sus filas 2.650 integrantes y es catalogada por esa entidad como “la más grande organización criminal con poder de corrupción dentro de las instituciones del Estado”.

Opera en 17 departamentos de la Costa Atlántica, la zona Andina, Norte de Santander y la Costa Pacífica, con redes en tres continentes y células activas en Venezuela y España.

En esta última nación le capturaron hace tres semanas a un delegado, Víctor Pérez (“Palomo”), señalado de ejecutar cobros del narcotráfico y quien residía en la misma urbanización de las estrellas de fútbol del Real Madrid.

Y la presencia en el país vecino quedó patentada el 10 de noviembre, cuando 8 colombianos fueron masacrados en el estado del Zulia, en medio de una supuesta disputa de “los Urabeños”con otro grupo para consolidar ese corredor de movilidad entre Venezuela y Norte de Santander.

Para rematar, la Fiscalía anunció el 16 de noviembre que dos ‘urabeños’ fueron deportados desde Antofagasta, “a donde se habían trasladado argumentando búsqueda de oportunidades laborales, pero estaban cometiendo delitos contra el Estado chileno”.

No conforme con ser la única bacrim de alcance nacional, esta estructura sigue en proceso de expansión, y sus incursiones a nuevos territorios suelen ser sangrientas.

El defensor del Pueblo, Jorge Otálora, denunció en una carta enviada a los jefes de la Fuerza Pública y al MinDefensa (09/10/14), que esta agrupación incursionó en Barbacoas, Nariño, cometiendo asesinatos y convirtiéndose en “un riesgo para 15.743 habitantes de la cabecera municipal y 15.000 de los corregimientos Junín, Buenavista y Yacualá”.

“Los Urabeños” tienen una alianza por conveniencia con la guerrilla de las Farc y una cruenta pugna contra el Eln en sectores como el sur de Córdoba y Chocó, en donde el enfrentamiento entre las dos facciones en el primer semestre de 2014 produjo el desplazamiento de 3.311 indígenas emberá del Medio y Alto Baudó.

“Venimos debilitando las estructuras jerárquicas del ‘Clan Úsuga’ para acabar lo más pronto posible con su incidencia en los sectores estratégicos del tráfico de drogas”, acotó el general Jorge Rodríguez, director de la Dijín, al anunciar el viernes pasado (enero 9) la captura de “Ómar”, un cabecilla de la banda en Chocó.

La segunda bacrim en importancia y peligrosidad es “los Rastrojos”, herederos del cartel del Norte del Valle, que a punta de operativos y choques con los adversarios perdió su unidad nacional y ahora tiene redes dispersas por seis departamentos. Son 460 integrantes, según la Fiscalía, con base en Cali.

Su líder más visible, “don César”, se planteó la meta de unificar las huestes, pero cada día pierde terreno con “los Urabeños”, que son más exitosos en fomentar alianzas con bandas locales adonde quiera que llegan sus tentáculos.

En los Llanos Orientales pelean por el dominio territorial “Libertadores del Vichada” y “Bloque Meta”, sumando entre ambos 300 militantes.

La balanza se inclina hacia el grupo del Vichada, dirigido por “Pijarvey”, gracias a un pacto con “los Urabeños”, que le enviaron refuerzos para fortalecer sus acciones.

OTRAS AMENAZAS
Las bacrim no son el único reto en términos de delincuencia organizada. La Fiscalía y la Policía distinguen tres tipos de organizaciones, según su tamaño e influencia territorial: Tipo A). Las bandas que operan en más de un departamento, como las bacrim. Tipo B). Con presencia en varios municipios a la vez, como “la Cordillera”, “la Oficina” y “la Constru”. Tipo C). Actúan en varios barrios o comunas, al estilo de “la Empresa” (Buenaventura), “la Terraza” (Medellín) y “los Pamplona” (Rionegro, Antioquia).

En una categoría inferior están los combos y pandillas cuya nocividad se circunscribe a un solo barrio o esquina (ver la NOTA RELACIONADA: El listado de los combos que azotan a Medellín).

Luis González, director de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, dijo que están identificadas 1.005 bandas de crimen organizado. Tienen una alta participación en los 12 delitos que más denunciaron los colombianos en 2014: hurtos, tráfico de drogas, tráfico de armas, porte de armas, homicidio, abusos sexuales, extorsión, lesiones personales, secuestro, daños al medio ambiente, minería ilegal y corrupción.

El vicefiscal General, Jorge Perdomo, en una ponencia sobre Crimen Organizado y Posconflicto (21/8/14), explicó que el ente acusador viene implementando un plan a 5 años contra el fenómeno, para entender sus características y definir las herramientas jurídicas para atacarlo. “Hoy confundimos una organización a la que se puede imputar el concierto para delinquir, con una agrupación de personas que sencillamente cometen delitos en coautoría. Las organizaciones criminales tienen vocación de permanencia en el tiempo”, reiteró.

UNA LUCHA INACABABLE
Según el Ministerio de Defensa, en el último año capturaron a 2.687 miembros de las bacrim y la delincuencia organizada, y 21 murieron en operativos. Se destacó la aprehensión en Brasil de Marcos Figueroa (“Marquitos”), el terror de La Guajira.

Les incautaron 975 armas de fuego y 68.825 municiones, siendo el principal logro que 947 municipios (el 86% del país) no tuvieron “presencia efectiva” de esas facciones.

La Fiscalía agregó que los departamentos con mayor número de capturados fueron Antioquia (518), Valle (322), Córdoba (176), Norte de Santander (119) y Atlántico (106).

Entre los datos más preocupantes está la detención de 82 funcionarios estatales y uniformados de la Fuerza Pública con nexos con esos grupos, sobre todo con “los Urabeños” (27 arrestados).

El defensor Otálora señaló que en algunos municipios de Córdoba, como Lorica, Moñitos y Tierralta, el abuso de las bandas es tal que “controlan los horarios para ingresar y salir de la zona e imponen trabajos forzados a los habitantes”.

Mas esas no son las costumbres más aberrantes. El Colombiano denunció en agosto que “los Urabeños” estaban trasquilando con tijeras a los jóvenes que lucieran el pelo largo en el corregimiento de Currulao, en Turbo (Antioquia), con el pretexto de que no querían pandilleros en el área.

Y la Policía reveló que “Pijarvey”, en los Llanos,marcaba a “sus” mujeres con un tatuaje en la nuca que decía “Pija” sobre una araña.

A esto se suma la aparición de nuevos clanes como las Autodefensas Unidas de la Tercera Generación, que delinque en Barrancabermeja; y las Fuerzas Urbanas Revolucionarias (Fur), creadas por exparamilitares y desertores de las Farc en el Bajo Putumayo.

Con ese panorama, es previsible que este año tampoco se extinguirán las bacrim, con el agravante de que el fenómeno se agudice por la eventual desmovilización de las Farc y el papel que asuman miles de sus combatientes, expertos en tareas útiles a los fines del acaudalado crimen organizado.

De esta manera la Policía anunció su compromiso de acabar con las bacrim a 2014, en su página oficial de internet.

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ANEXO: LA DEA SE ENFOCA AHORA EN LOS JEFES DE SICARIOS

Cada vez que un capo de la mafia es arrestado, el mando de su estructura criminal es asumido por el jefe de sicarios. Así pasó con el cartel del Norte del Valle, con “los Rastrojos”, “la Oficina”, el Erpac y otras bandas que han sembrado el terror en Colombia e inundado de cocaína las calles de Estados Unidos.

La reflexión la hace Ken W.*, alto funcionario del gobierno estadounidense en América Latina, quien atendió a El Colombiano en la Embajada de Bogotá.

“Nosotros cambiamos la forma de trabajar hace tres años. Cuando los ‘Combas’ (máximos cabecillas de ‘los Rastrojos’) se entregaron (2012), la razón número uno fue que sus sicarios de confianza habían sido capturados y extraditados antes”, relató.

En 2010, los organismos de Inteligencia de ese país iniciaron un estudio del crimen organizado colombiano tomando como base el cartel del Norte del Valle y su evolución.

Determinaron que, por lo general, cada líder organiza su empresa ilegal en cinco departamentos con sus respectivos gerentes: un cabecilla encargado del lavado de dinero; otro con la función de sobornar y corromper a funcionarios públicos; uno responsable del transporte de la droga; una jefatura encargada de la fabricación de estupefacientes; y un grupo de mercenarios para la seguridad y la guerra contra otros.

En la parte superior de ese organigrama, además del patrón, suele haber un subdirector y miembros de su familia.

“Cada vez que se presenta una decapitación de la red, quien toma el control es el jefe de sicarios, porque tiene armas y poder militar, y conoce todo lo de la organización, las otras partes no”, explicó el diplomático.

Por las funciones de su cargo, el jefe de sicarios debe conocer todo el entramado de la banda, para brindar seguridad a la producción y transporte de los alucinógenos, servicio de escolta a los cabecillas, cobro de deudas a clientes y combate de enemigos. Nadie como él sabe cómo opera un grupo mafioso.

“Con eso empezamos a hacer nuestro enfoque – prosiguió -, no solo en el jefe de la organización, sino en la estructura de sicarios, por dos razones:porque si no cortamos como con un cuchillo esa parte de la organización, ellos serán la próxima generación; y además porque la parte de la banda que más causa daño a este país son los sicarios, que están matando gente sin pudor alguno”.

Ejemplos de delincuentes que empezaron como matones y ascendieron a la cúpula tras las desgracias de sus jefes, hay por montones:desde “Berna” en Antioquia y Córdoba, hasta “Chupeta” y “Rasguño” en Valle del Cauca, pasando por “Cuchillo” en los Llanos, “Diego Rastrojo” en Cali, “Sebastián” en Medellín y “Chepe” en Bajo Cauca. Todos fueron pedidos en extradición.

En 2014 se hizo más evidente este enfoque del gobierno norteamericano en su lucha contra el crimen organizado transnacional. El Departamento del Tesoro incluyó en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras, a delincuentes especializados en el sicariato.

Fue así como en el listado quedaron “Martín Bala” y “el Negro Orlando”, dos violentos mercenarios que surgieron del bajo mundo caleño, hasta convertirse en cabecillas y aliados de “los Urabeños”en su guerra contra “los Rastrojos”. Con ellos también designaron a “Visaje”, el delegado de ese clan en Norte de Santander y España.

De la misma manera, el Tesoro afectó a los líderes de “la Oficina”, y no solo a los distinguidos por su manejo del tráfico de drogas y finanzas, sino por su ascendencia en el ala militar de la banda que azota al Valle de Aburrá:“Beto”, “Orión”, “Tom”, “Diego Chamizo”, “Carlos Pesebre”, “Barny”, “Pichi Gordo”, “Tuto” y “Chaparro” (ver la NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”).

“Los cuadros de mando de ‘la Oficina’ intimidan y asesinan a ciudadanos y oficiales, incluyendo a valientes compañeros de la Fuerza Pública e investigadores judiciales de Colombia”, declaró al anunciar el listado Adam J. Szubin, el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de E.U.

PREOCUPADOS POR VACUNAS
“Ahora que hablamos de sicarios, en mi opinión, el negocio de la extorsión en más sucio, más organizado y menos conocido en este país (Colombia), pero afecta a más inocentes que el tráfico de drogas”, comentó Ken W*.

Analizando los reportes de la Policía, no existe un solo departamento donde no se presenten casos de “vacuna” extorsiva al comercio, el transporte, residencias, obras públicas, fincas, minería o fábricas.

Este fue uno de los 12 delitos que más denunciaron los colombianos en 2014, según la Fiscalía. Yde acuerdo con el MinDefensa, el año pasado se registraron 4.888 casos de extorsión, lo que significó un aumento del 1,7% con relación a 2013, aunque es sabido que el subregistro, por los hechos no denunciados, es mayor.

“Y pensando en nuestra responsabilidad compartida, ahora que bajó la cantidad de droga que salía de aquí, más del 50% en producción y exportaciones; y eliminamos los grandes carteles y las bacrim, menos al ‘Clan Úsuga’, ¿cómo podemos ayudar a Colombia?”, se preguntó el funcionario. Y añadió: “La respuesta es disminuyendo homicidios relacionados con el narcotráfico y el otro crimen predatorio que es la extorsión. ‘La Oficina’ es el modelo malo de extorsión y homicidio, y por eso estamos enfocándonos en eso en este momento” .

*Nombre cambiado por petición de la fuente.

El Inspector.

La inminente excarcelación de este hombre, llamado Freyner Alonso García Ramírez, había indignado a las autoridades de Medellín, que cuestionaron la forma en que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Valledupar cambió la medida de aseguramiento que pesaba contra el cabecilla de la banda “la Oficina”, bajo el argumento de que es un padre cabeza de familia. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Agentes del CTI viajaron de Medellín a Valledupar, para notificarle la nueva orden de captura a “Carlos Pesebre”. Archivo.

Desde que llegó la notificación al área jurídica del Inpec, los investigadores judiciales comenzaron a escarbar los expedientes pensando hallar otros motivos para procesarlo. Fue así como retomaron un incidente del año 2005, que la Fiscalía había reseñado en la audiencia de imputación tras la captura de “Carlos Pesebre”, en marzo de 2013.

Según el informe, que citó la versión de un desmovilizado de las Auc, el 15 de julio de 2005 fue asesinado a tiros en el barrio Belén Los Alpes un exintegrante del DAS, de nombre Mauricio Alberto Velásquez Valencia. El occiso, apodado “el Meca”, era lugarteniente de “Carlos Pesebre” en “la Oficina”, con influencia en las comunas 7, 11, 12, 13 y 16 de Medellín, al igual que en los corregimientos San Cristóbal, San Antonio de Prado y Altavista.

El testigo reinsertado, quien desertó de la estructura de “Carlos Pesebre”, declaró al ente acusador que el patrón acusó a “el Meca” de haber hurtado 750 millones de pesos y por eso, supuestamente, ordenó su muerte.

Ese relato sirvió de base para la nueva orden de captura por homicidio agravado, expedida este martes 9 de diciembre por la Fiscalía 104 Seccional de Medellín.

Al momento de recibir la notificación, García Ramírez se preparaba para ser trasladado a una residencia de Valledupar, en la que pensaba pasar la temporada decembrina y el resto de la sentencia de 9 años de cárcel por concierto para delinquir. Sin embargo, no fue autorizada su salida de la celda, informó el Inpec.

El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, celebró la decisión y comentó que su Administración, en asocio con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, le estaban haciendo seguimiento al tema. Evitando la excarcelación de García, “la institucionalidad se fortalece y le da confianza a la ciudadanía”, dijo el mandatario.

NOTA RELACIONADA: “Carlos Pesebre” saldrá de prisión por ser cabeza de familia.

El Inspector.

Por estrategia o por casualidad, las acciones coincidieron con los eventos Colombiamoda y la previa de la Feria de las Flores; no obstante, la lucha contra la criminalidad, sin claudicar, es una iniciativa que siempre se agradece.

Capturados en la Operación Vulcano contra una célula de "los Triana" que delinquía en el barrio La Gabriela, de Bello. Cortesía Policía.

Las sentencias y operativos también demuestran, en el fondo, lo activas que son las facciones criminales del Valle de Aburrá, una constante que afecta a la comunidad desde los años noventa.

Esta es la relación de los hechos más recientes contra estas estructuras:

JULIO 4

En la Operación Vulcano, el Gaula Metropolitano detuvo a 16 presuntos integrantes de una célula criminal de la “Odín los Triana”, que delinquía en el barrio La Gabriela del municipio de Bello. Los arrestados estarían implicados en el asesinato de un líder del proceso de restitución de tierras, Iván Darío Restrepo García (el 4 de mayo de 2o13), y el desplazamiento forzado de 10 familias de la zona.

JULIO 10

El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a 15 años de cárcel a Ferney Mauricio Acevedo Muñoz, alias “Reyes”, cabecilla del combo “La Loma”. El sentenciado participó en el desplazamiento forzado de 74 familias en el sector La Loma, localizado en el borde del corregimiento San Cristóbal con la comuna 13. El hecho ocurrió entre el 5 y el 8 de mayo de 2013, y por ello también han sido condenados otros 13 miembros del combo, a penas entre 8 y 13 años (ver la NOTA RELACIONADA: Autoridades no pudieron evitar desplazamiento en La Loma).

JULIO 11

En la Operación Neptuno I arrestaron a “el Tatuado” y “el Mono”, en el corregimiento San Antonio de Prado y el barrio El Playón de Medellín. Al parecer son integrantes de una “Convivir”, al servicio de la “Odín Picacho”, y habrían sido delegado por los cabecillas alias “Soto” y “Diadema” para “comenzar una incursión ilegal en el Parque Lleras”, dice el informe policial.

JULIO 15

La Fiscalía informó que el Juzgado 20 Penal del Circuito de Medellín condenó a 37 años y 4 meses de cárcel a Juan Camilo Patiño Holguín, alias “Peyoyo” o “Boca e’ Bagre”, cabecilla de la banda “La 38″ de la comuna uno (Santo Domingo). El delincuente asesinó a un lavador de buses de 17 años de edad, al parecer porque se negó a integrar el combo. El homicidio sucedió el 28 de abril de 2010 y por él hay otros dos sentenciados: Luis Campuzano Zapata (“Chupadedos”) y Carlos Posada García (“el Zarco”), ambos con una pena de 38 años.

JULIO 16

– La Policía adelantó una operación estructural contra la banda “La María” del municipio de Itagüí, dedicada al cobro de extorsiones, el desplazamiento forzado y las amenazas, entre otros delitos. Fueron capturados 15 supuestos integrantes, incluyendo al cabecilla Juan Carlos Serna Jaramillo, y otros cinco ciudadanos que ya estaban previamente en la cárcel.

– Eduardo Alberto Murillo Mena, alias “el Diablo”, recibió la máxima pena que contempla el Código Penal colombiano: 60 años de cárcel, por la masacre de cinco personas en el corregimiento San Cristóbal de Medellín. El crimen sucedió en un apartamento de la urbanización Las Flores, el 30 de abril de 2011. Entre las víctimas había una mujer, quien fue acribillada delante de su hija de 12 años (ver la NOTA RELACIONADA: Ajustes de cuentas generan dos nuevos horrores).

JULIO 17

En la Operación Odiseo, la Policía golpeó al combo “el Acopio”, adscrito a la “Odín Robledo”. En varios allanamientos fueron capturadas 14 personas, y a cinco más que ya estaban en la cárcel les imputaron nuevos cargos. Entre los procesados están el cabecilla José Otalivar Cahavarría, alias “Jotalibán”, al igual que “el Gomelo”, “Grillo”, “Juanini”, “Bincho”, “el Cabe”, “la Chinga”, “Pantera”, “Rusbel”, “Maravilla”, “Alvarito”, “Mellizo”, “Chicho” y “Jerson” (ver la NOTA RELACIONADA: Aseguran a “Jotalibán, supuesto cabecilla de Robledo).

JULIO 18

Un juez penal dictó medida de aseguramiento en prisión contra Hugo Alejandro Zuleta Arango, alias “Alejandro”, supuesto miembro del combo “Pico Pico”. La Fiscalía lo procesó por el asesinato a bala del comerciante de oro Héctor Darío Mejía Henao, cometido el 3 de julio de 2010 en el barrio Castilla. La madre del finado lo denunció y por ello fue desplazada del vecindario. El detenido negó los cargos de homicidio y porte ilegal de armas.

JULIO 21

Un juzgado dictó medida de aseguramiento en prisión contra Jhomer Alejandro González, de 29 años y presunto miembro del combo “el Alto” de Aranjuez. Al parecer, el pasado 3 de junio este hombre le disparó desde una motocicleta a un ciudadano, quien resultó impactado en la cabeza cuando viajaba con su novia en otra moto, en Aranjuez. La víctima sobrevive hasta ahora, con graves secuelas.

JULIO 22

– Tras un tiroteo en el barrio Castilla, donde resultó herido Andrés Felipe Florez Londoño, de 26 años, la Policía capturó a cinco presuntos sospechosos, al parecer miembros del combo “La 40″: Harold Rendón, Cristian Valderrama, Milton López, Luis Cortés y Yirman Rodríguez. Les incautaron cuatro armas cortas y municiones, y al día siguiente el juez de garantías los envió a la cárcel por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

– En el barrio El Picacho fue capturado alias “Gabrielito”, presunto cabecilla de la “Odín Picacho”, quien portaba una pistola Glock 9 milímetros con 20 cartuchos y dijo llamarse Gabriel Jaime Jaramillo Rodríguez. Este caso desató polémica, pues al día siguiente un juez le otorgó la detención domiciliaria. La decisión fue catalogada como “una burla a los esfuerzos de la Fuerza Pública” por parte del alcalde Aníbal Gaviria.

– La Fiscalía informó que el Juzgado Tercero Penal Municipal de Medellín condenó a 39 años y 8 meses de cárcel a Héctor Fabio Vanegas Arias, alias “Varela”, integrante del combo “el Hueco” de la comuna 1 (Santo Domingo). El 23 de diciembre de 2009 el sentenciado asesinó a tiros al tendero Conrado Gómez Gómez, en su propio local del barrio Granizal; otro adulto quedó herido. La causa del ataque, según la Fiscalía, fue que la víctima se negó a pagar la vacuna.

JULIO 23

– El Juzgado 35 Penal Municipal de Medellín dictó medida de aseguramiento en la cárcel contra Andrés Felipe Chaverra Cuesta, de 19 años y presunto integrante del combo “el Orinal” de la comuna 13. La Fiscalía le imputó a alias “Chaverra”  los delitos de concierto para delinquir agravado y el desplazamiento forzado de 47 integrantes de una familia del barrio Nuevos Conquistadores. Por este hecho también están encarcelados alias “Harold” y “Piedrahíta”.

– En un apartamento del barrio Villatina fueron capturados 12 presuntos integrantes del combo “13 de Noviembre”, asociado a la “Odín Caicedo”. Estaban al parecer encargados del microtráfico de estupefacientes en la comuna 8 y el sector Barrio Triste, del centro de Medellín. Les decomisaron 30 municiones y 50.600 dosis de marihuana y perico.

JULIO 24

El Tribunal Superior de Medellín confirmó en segunda instancia la condena de 50 años de cárcel contra el sicólogo Juan Gonzalo Gañán Sánchez, alias “Salo” o “Chalo”, integrante de la organización criminal “los Triana”. El sentenciado estuvo implicado en un caso de sicariato el 27 de noviembre de 2010 en la vereda La Miel del municipio de Caldas: varios matones hurtaron un taxi y a punta de fusil y pistolas asesinaron a Braulio Gallego Román y a un adolescente de 15 años; otro adulto salió herido. Según la Fiscalía, el crimen ocurrió porque “los Triana” pretendían apoderarse de las plazas de vicio de la zona. “Chalo” fue detenido en pleno enfrentamiento a bala con la Policía.

JULIO 25

En la Operación Neptuno II fue capturado alias “el Zarco”, a quien la Policía Metropolitana señala de ser un cabecilla de “las Convivir”, trabajando a órdenes de la “Odín Caicedo”. Aunque la detención fue en el centro de Medellín, la influencia delincuencial del sujeto estaba enfocada en el suroriente de la capital paisa, extorsionando a los comerciantes del Parque del Poblado y el Parque Lleras.

NOTA RELACIONADA: El listado de los combos que azotan a Medellín.

El Inspector.