En el registro a la vivienda encontraron artilugios de brujería y un archivador en el que se guardaban las fichas personales de sus víctimas potenciales, incluyendo el precio por “hacerles la vuelta”. Este es un reportaje exclusivo de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Estas son algunas de las fichas personales que la célula sicarial guardaba con información de blancos potenciales. Foto de cortesía.

“Si ustedes no entran a esa casa ya, van a matar a otro mexicano. Si no entran, mañana hay un muerto en Medellín, porque ya mandaron el pago por bitcoin”.

La voz del informante sonó muy seria al otro lado del teléfono. Se refería a una vivienda de clase media, localizada en el barrio Kennedy, entre las comunas de Robledo y Doce de Octubre, que los investigadores de la Policía llevaban tres días monitoreando.

Según la fuente, era un lugar de reuniones clandestinas, en el que no solo se planeaban homicidios, sino que se practicaban rituales de santería y sacrificios de animales para invocar las fuerzas del más allá en favor del crimen.

Los comandos allanaron la residencia el 11 de febrero de 2026, al mediodía, justo cuando los inquilinos estaban congregados para una videollamada con el intermediario del cliente que los contrató para el sicariato del mexicano.

Quienes participaron en el asalto, contaron que “la energía era muy pesada” en la casa, la cual tenía unos 65 metros cuadrados de superficie. No había camas, ni muebles, tan solo una mesa en un patio con seis sillas; en una de las habitaciones encontraron dos altares con esculturas de santos católicos y emblemas de brujería, como la santa muerte y el bandolero Jesús Malverde, venerado por narcos de México y Centroamérica.

Adentro había una mujer y ocho hombres, con ocho armas de fuego, municiones, 29 celulares, tres computadores y dos tablets. Todo era bastante inusual en esta guarida, pero los policías quedaron impactados por un viejo archivador que contenía unos documentos similares a currículos.

El informante detalló que la banda de sicarios llenaba un formato impreso con cada blanco potencial, la mayoría de ellos extranjeros, lo que demuestra un sofisticado nivel de organización.

El Colombiano tuvo acceso exclusivo a fotos de algunos documentos de ese archivador, constatando la manera en la que el grupo sistematizaba su catálogo de la muerte.

Esta es la casilla de “valor” que traen las fichas personales de los posibles objetivos, con un precio aparentemente codificado. Cortesía.

INVENTARIO DE VÍCTIMAS Y PRECIOS
Los papeles están marcados con el título de “ficha personal”, incluyen ítems como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, teléfono, trabajo y correo. Da la impresión que los sicarios usaron alguna clase de formato relacionado con trámites de inmigración a EE.UU., aunque carecen de sellos oficiales. La razón para suponerlo es que llevan la casilla “tiempo USA” y “estado”, en referencia al lugar de residencia y la duración de su estancia.

En los papeles analizados por este diario también están escritos los datos personales de las respectivas parejas de los blancos, con el tiempo de casados y si tienen o no hijos.

En primera instancia, pareciera que los ficheros recolectaran simplemente información de latinos que migraron a EE.UU., a no ser por la casilla más inquietante:“valor”.

Allí, de acuerdo con el informante, se ponía el precio por darlos de baja, en cifras codificadas que todavía no se han podido descifrar. En los documentos, ese espacio fue llenado con números de tres dígitos: 282, 323, 378, etcétera.

¿A cuánto dinero equivalen? Una hipótesis es que son valores netos de bitcoin, una criptomoneda que se comercia de manera virtual y al margen del sistema bancario, lo cual hace muy difícil rastrear las transacciones.

Sin embargo, hoy un bitcoin (BTC) equivale a $252 millones de pesos, según la plataforma de intercambio Coinbase. Esto implicaría que, bajo esa lógica, 282 BTC son $71.000 millones, una cifra desproporcionada para los agentes, por lo que todavía están en estudio esos números.

La fuente confidencial narró que los precios de base rondaban el medio millón de dólares por cabeza, es decir, $1.845’670.000 pesos, según la tasa representativa del mercado (Banco de la República).

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Estos son los datos personales de las víctimas potenciales que incluyen las fichas que guardaban los sicarios. Cortesía.

EN BUSCA DE LOS MUERTOS
Por motivos de seguridad, reservaremos las identidades reseñadas en las fichas, algunas de las cuales estaban acompañadas de fotos y alias, manuscritos al margen de sus nombres: “el Chamán”, “Damián”, “Jesús”, “Amador”, entre otros.

En una primera revisión al archivador, se encontraron los ficheros de mexicanos residentes en ciudades y estados de EE.UU., como Las Vegas, Nueva York, California y Utah.

El informante recalcó que en la lista de víctimas había albaneses, canadienses y gringos. No dijo sus nombres, aunque una verificación a los asesinatos de esos nacionales perpetrados en Medellín en los últimos años puede dar pistas.

Por ejemplo, el 31 de enero de 2025 fue acribillado en El Poblado el colombocanadiense Jonathan Acevedo García; y el 5 de octubre abalearon a Artur Tushi, procedente de Albania, también en El Poblado.

Si esos crímenes fueron cometidos por esa “oficina premium”, tal cual la llamó el alcalde Federico Gutiérrez, es algo que está por verse. Unas fichas están marcadas con fechas de 2019, lo que da una idea del tiempo que llevaría operando esa célula criminal.

Una revisión somera de los equipos decomisados sacó a la luz inventarios de nómina y videos en los que se veían sacrificios de animales y personas vendadas y bajo intimidación, como si estuvieran secuestradas. ¿Quiénes son y hace cuánto sucedió? Esas son las cuestiones que ahora debe desentrañar la Fiscalía.

El análisis forense de toda la evidencia recaudada podría tardar más de seis meses.

Estas fueron las personas capturadas en el allanamiento al barrio Kennedy, en Medellín. Cortesía.

“YO LOS SACO DE ESTO”
En el allanamiento fueron capturados Arley Olvany David David, presunto coordinador de la célula sicarial, y su esposa Laura Yecenia Hoyos Pérez, de 31 años, la supuesta secretaria encargada del archivador.

Con ellos cayeron Jhon Sánchez Granada, Santiago Vera Gaviria, Tomás Molina Zapata, Jonathan Laverde Piedrahíta, Nelson Lopera Henao, Mateo Botero Atehortúa y Jéferson Mira Alzate.

Tienen edades entre los 21 y 39 años; tres de ellos registran múltiples viajes a República Dominicana, México y Chile; y solo dos tenían antecedentes judiciales por receptación y porte ilegal de armas.

Los celulares incautados fueron comprados en el exterior, por lo que su código IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil, en inglés) es extranjero, lo que complica los trámites para interceptarlos y refleja la conexión transnacional de la banda.

En la audiencia de control de garantías, los procesados se declararon inocentes por el delito de porte ilegal de armas; el juzgado les dictó medida de aseguramiento intramural y fueron repartidos en varias estaciones de Policía. La Fiscalía investiga para quién trabajan, pues al parecer hacen parte de una red más grande y rinden cuentas a un sujeto al que se refieren como “el Viejo”.

Tras finalizar la audiencia, el supuesto cabecilla, Arley David, les dijo a los detenidos: “Tranquilos, que yo los saco a todos de esto”.

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El Inspector.

El cabecilla de la banda “San Pablo” fue víctima de sicarios, en un ataque en el cual resultó herido un expolicía corrupto que lo acompañaba.

Adiel Fabián Covaleda Guzmán, alias “Adiel” o “Adier”, paramilitar desmovilizado y jefe de bandas de Medellín. Foto de archivo.

De acuerdo con el reporte judicial, el crimen se presentó a las 9:00 p.m. del 19 de mayo de 2025, en una vivienda del sector San Nicolás, en el barrio Villa Guadalupe de Medellín.

En ese lugar había una reunión de cuatro hombres, cuando llegaron varios sicarios y les dispararon. Covaleda, de 48 años,  recibió los impactos en la cara, mientras que a su acompañante Juan David Duque Arenas, de 42, lo alcanzó un tiro en el pecho.

Ambos fueron llevados a la Unidad Intermedia de Santa Cruz, donde el cabecilla murió y Duque Arenas sobrevivió. Este último fue policía durante siete años, hasta que en 2008 lo destituyeron y después estuvo preso por participar en un robo.

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“Adiel” era uno de los jefes históricos de la mafia en Medellín. A finales de los años 90 fue uno de los coordinadores paramilitares al servicio de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) en el Valle de Aburrá y en 2003 se desmovilizó con el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Luego asumió el mando de la organización de “San Pablo”, una confederación de combos con base de operaciones en la comuna 1 de Medellín (Popular) e hizo parte de la cúpula de “la Oficina”, la principal mafia del área metropolitana. Ordenó asesinatos, extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, secuestros y toda clase de delitos contra la comunidad.

Fue capturado en 2o12 y condenado a seis años de prisión por concierto para delinquir. En 2017, cuando estaba a punto de salir en libertad condicional, la Fiscalía le imputó nuevos cargos por homicidio, extorsión y desplazamiento forzado.

Por esos hechos resultó condenado a 21 años de cárcel, sin embargo, volvió a las calles en 2021, mucho antes de lo esperado, por motivos que no han sido revelados.

Hace dos semanas fueron capturados 23 integrantes de “San Pablo”, en una investigación policial y de la Fiscalía, en la cual estaban por expedirle una nueva orden de arresto al cabecilla, según fuentes cercanas al caso. En dicho operativo detuvieron a varios de sus lugartenientes, como alias “Don Alex”, “Manigueto”, “Rigo”, “Colacho”, “Copas”, “Chamaco” y “el Burro”.

En cuanto al asesinato de “Adiel”, las autoridades le siguen la pista a dos hombres apodados “el Pecoso” y “el Plateado”, quienes al parecer fueron los autores materiales.

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El Inspector.

¿A qué se debe esta dura verdad? Este es un análisis de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, que busca aproximarse a la realidad de ese oscuro negocio.

En este carro iba el colombovenezolano José Luis Zambrano Tovar, cuando fue asesinado en el barrio Fátima de Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

La lista de casos es inagotable. Uno de los más recientes sucedió en el barrio Fátima, del suroccidente de Medellín, donde la víctima fue el colombovenezolano José Luis Zambrano Tovar, de 36 años.

El pasado martes 12 de noviembre de 2024 a las 10:00 a.m. conducía un automóvil Toyota en compañía de su esposa, y justo cuando pasaba frente a la Clínica Medellín de Occidente fue interceptado por cuatro asesinos a bordo de dos motos de bajo cilindraje. Una de las motos obstruyó el paso del carro, mientras desde la otra le dispararon a través de la ventanilla.

Los asesinos escaparon, al tiempo que la esposa y otra mujer bajaron del vehículo al herido y lo llevaron a la clínica, donde finalmente falleció. Zambrano era nacido en Maracaibo, Venezuela, y tenía cédula expedida en Barranquilla; al parecer se dedicaba al comercio, aunque hubo un incidente que tiene especulando a las autoridades sobre su verdadero oficio.

En la reseña del caso elaborada por el CTI de la Fiscalía, quedó consignado que la esposa del occiso entró a un baño de mujeres en el centro médico y tiró a la basura un celular marca Iphone, el cual fue recuperado luego por los investigadores. ¿Qué secretos quería ocultar la cónyuge?

Y hay más en la capital antioqueña. El 7 de marzo fue asesinado Édinson Rojas (“Pichi Gordo”), un cabecilla de la banda “la Terraza”. Lo acribillaron junto a un parque del barrio Los Balsos. En el hecho también murió su socio Julián Alexánder Suárez Giraldo (“el Enano”) y quedó herido en una pierna el exfutbolista John Lovert Córdoba.

El 13 de febrero anterior, en la Transversal Intermedia del vecino municipio de Envigado, otros sicarios ejecutaron a José Berrío Zorrilla, un caleño de 38 años que se movilizaba con su esposa en un automóvil Mazda. El finado había sido extraditado a Estados Unidos en 2012, donde pagó cárcel por exportar cocaína a ese país.

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CRÍMENES DE ALTO PERFIL

Bogotá tampoco ha sido ajena a las operaciones sicariales de alto perfil. El pasado 21 de febrero hubo un ataque letal en las inmediaciones del Parque de la 93, donde la víctima fue Hernán Franco Charry, un auditor empresarial.

En la urbanización Bosques del Marqués, en Bogotá, fue asesinado por un francotirador el empresario Juan Sebastián Aguilar (“Pedro Pechuga”). Fotos de cortesía.

Justo cuando entraba al edificio en el que trabajaba, un sicario le disparó por detrás. El homicida tenía tan estudiado su objetivo, que el asalto duró menos de cinco segundos y alcanzó a entrar y salir del garaje corriendo, antes de que el portón automático se cerrara.

El 7 de agosto de 2024 los asesinos a sueldo dejaron otra truculenta huella en Bogotá. El objetivo fue el empresario de piedras preciosas Juan Sebastián Aguilar, nacido hace 58 años en Chiquinquirá (Boyacá), y apodado “Pedro Pechuga”.

En su juventud fue hombre de confianza del llamado “Zar de las Esmeraldas”, Víctor Carranza (1934-2013), uno de los más importantes esmeralderos del país e investigado en su momento por conspiraciones para financiar a los paramilitares y al cartel de Medellín. Actualmente, era un presunto integrante de la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (Njdn), un cartel con redes en los Llanos Orientales, la zona esmeraldera, Bogotá y Medio Oriente.

Lo mató un francotirador con un certero disparo desde un cerro, junto a la urbanización residencial Bosques del Marqués, en la localidad de Usaquén, donde Aguilar residía.

Tuluá (Valle) es otro de los municipios golpeados por la acción de esta clase de criminales. El 31 de diciembre de 2023, en una casa del barrio Victoria, le dispararon al político Eliecid Ávila, quien aguantó dos días en cuidados intensivos y falleció el 2 de enero siguiente, antes de posesionarse por tercera vez como concejal.

Otro atentado que tuvo mucha repercusión ocurrió el 8 de octubre del año pasado en la avenida 30 de Agosto con la calle 48 de Pereira, a plena luz del día, donde fue aniquilado Bernardo Ángel Ocampo (“Berny”), uno de los principales jefes de la organización criminal “la Cordillera”.

Los sicarios lo sorprendieron con su esposa en las afueras de una iglesia y se enfrentaron a sus escoltas. Además de “Berny”, murieron su guardaespaldas Óscar Giraldo (“Osama”) y el agresor Santiago Bedoya, de 19 años y proveniente de Medellín; otro de los atacantes quedó lesionado.

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EL NEGOCIO DE LA MUERTE
El sicariato como servicio criminal se consolidó en Colombia en la década de los 80, con el auspicio de los carteles de Medellín y Cali, las nacientes Autodefensas paramilitares y las guerrillas. Estas organizaciones contrataban jóvenes de las ciudades, la mayoría de escasos recursos, para que ejecutaran atentados en contra de sus enemigos, de la Fuerza Pública y de los políticos que se atravesaban en su camino.

Bernardo Ángel Ocampo (“Berny”), jefe de la banda “la Cordillera”. Cortesía.

En ese periodo se popularizaron las “escuelas de sicarios”, instaladas en fincas de cabecillas y en algunos casos con la participación de agentes corruptos de las fuerzas de seguridad, que fungían como asesores e instructores.

Algunos de los cursos más famosos fueron dictados en el Magdalena Medio entre 1989 y 1991 por Yair Klein, un exmilitar israelita que regentaba una empresa de seguridad fachada para instruir a mercenarios y asesinos en diferentes partes del mundo.

A sus clases asistieron “estudiantes” pagados por Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, el Clan Castaño Gil y el precursor de las autodefensas, Henry Pérez, entre otros. Les enseñaban manejo de armas, explosivos y tácticas ofensivas y contrainsurgentes.

Estos servicios se han especializado tanto en el país, que organizaciones mafiosas del exterior suelen contratar matones colombianos para ejecutar sus conspiraciones.

Un ejemplo fue el magnicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, en el que participaron autores materiales colombianos y venezolanos. Sucedió el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú (Cartagena), durante su luna de miel.

Otro contrato internacional fue el del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, abaleado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un coliseo de Quito.

La Policía dio de baja a uno y arrestó a otros seis colombianos sospechosos del crimen; sin embargo, todos fueron asesinados misteriosamente en motines carcelarios ocurridos dos meses después.

Aunque hay células de sicarios independientes que se ofrecen al mejor postor, también existen bandas expertas y con larga tradición en ofrecer estos servicios letales.

Según fuentes policiales, las más peligrosas son: “la Oficina” y sus bandas asociadas (Valle de Aburrá); la banda de “Satanás” y “Tren de Aragua” (Bogotá); “la Cordillera” (Eje Cafetero); “los Costeños” y “los Pepes” (Barranquilla); “los Flacos” (Cartago); “la Inmaculada” (Tuluá); “los Pachenca” (Santa Marta); “los Shottas” y “Espartanos” (Buenaventura); y el Clan del Golfo (nacional).

Su existencia es el recordatorio de que en Colombia todavía hay mucha gente que resuelve sus problemas mandando a matar a los demás.

¿Y qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo? ¿Por qué luego de cuatro décadas el sicariato sigue siendo un oficio criminal tan solicitado?

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El Inspector.

A la zona portuaria están llegando sicarios de Medellín, Cali, Chocó y otros departamentos, patrocinados por narcos que quieren ascender en el trono. El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo investigaron lo que ocurre, y en este informe se los contamos.

La zona portuaria de Cartagena es una de las plataformas de exportación de cocaína más usadas en Colombia. FOTO: ARCHIVO.

El mototaxista Richard Montalvo se disponía a darle las buenas noches a su familia, antes de dormir, cuando el sicario entró a su casa del barrio El Pozón, en Cartagena. Frente a sus seres queridos, los disparos sumergieron al conductor de 38 años en un sueño del que nunca despertó.

A los tres días, los fogonazos de otra pistola iluminaron brevemente la calurosa noche del barrio El Bosque. En el asfalto quedó tendido Daniel Viloria, de 60 años, y a su lado dejaron una hoja manuscrita con una peligrosa advertencia.

“Así le va a pasar al combo de Pati Pati y de Jose Abogado”, decía el panfleto, el cual estaba signado por las “Auténticas A.G.C.”, la sigla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o, como les dice la Policía, el Clan del Golfo.

Estos crímenes hacen parte de la racha de muertes que ha sacudido a la Ciudad Heroica en los últimos meses. Los periódicos locales han documentado 39 casos de sicariato en el primer trimestre de 2022, en medio de las disputas entre organizaciones narcotraficantes.

El Colombiano indagó lo que sucede con fuentes de Inteligencia y de la zona, las cuales coincidieron en que esta crisis empezó a gestarse el 7 de mayo de 2021, cuando la Policía allanó un condominio de lujo en la vereda Llanogrande de Rionegro, Antioquia.

En la operación fue capturado Juan José Valencia Zuluaga, un acaudalado personaje que posaba de empresario y coleccionista de autos deportivos, pero que escondía un oscuro secreto.

En el bajo mundo era conocido con los alias de “Falcon”, “Andrea”o “Babalao” y, según el expediente judicial, era el supuesto jefe del frente Héroes del Caribe, la estructura con la que el Clan del Golfo maneja sus negocios en Cartagena. El cargo lo obtuvo gracias a la confianza que despertó en Dairo Úsuga David (“Otoniel”), el máximo comandante del Clan en ese entonces.

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Una de las funciones de este grupo, dada su hegemonía ilegal en la ciudad, es cobrarles un “impuesto” a todos los narcotraficantes que exporten droga por cualquiera de los 53 muelles de la zona portuaria. El cobro oscila entre $1 millón y $2,5 millones por kilo de cocaína embarcado.

En sus días de jefatura, indicaron las fuentes, “Falcon” le reportaba a “Otoniel” sumas que rondaban los $50.000 millones al mes por ese rubro.

EL DESORDEN
Debido a la captura, “Falcon” tuvo que delegar sus negocios en tres lugartenientes, alias “Simanca”, “el Abogado” y “Pati Pati”. Sin embargo, ellos no infundían el mismo respeto entre las hordas de la mafia, y los narcos que antes pagaban el impuesto portuario se rebelaron.

A su desprestigio contribuyó la detención de “Otoniel” en octubre del año pasado, porque sin los grandes capos en el ruedo, los encargados ya no tenían el respaldo suficiente para torear a la jauría de traficantes desesperados por exportar su veneno blanco.

Incluso los propios “Simanca”, “Pati Pati” y “el Abogado” dejaron de rendirle cuentas al Clan y, al parecer, se quedaron con millonarias rentas de los “impuestos” por despachos de droga para carteles mexicanos, balcánicos, italianos y colombianos. El trío se enemistó con muchos peces gordos.

El Clan no se quedó de manos cruzadas y, para reorganizar la casa, envió a un grupo especial de mercenarios liderados por “el Gomelo”, los cuales empezaron a matar a todos aquellos que consideraban cercanos a los traidores.

Fue así como empezaron a rondar los panfletos que amenazan al combo de “Pati Pati” y compañía, firmados por las “auténticas A.G.C.”.

Esta fractura interna en el frente Héroes del Caribe del Clan está siendo aprovechada por organizaciones procedentes de otros departamentos, las cuales tratan de asegurar una ruta de narcotráfico que salga de los puertos.

Una de ellas está conformada por una alianza de traquetos caleños y chocoanos, que también distribuyeron panfletos presentándose como “Organización militar Salsas Mexicanos”, buscando infundir terror en los rivales.

“La Oficina” también está enviando a sus matones desde el Valle de Aburrá. En Cartagena las gente los nombra de distintas formas, como “los Paisas”o “los de Robledo”, porque algunos de los sicarios detenidos eran de la comuna 7 de Medellín (Robledo), donde actúa uno de los tentáculos de la facción.

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Las muertes derivadas de este conflicto comenzaron a finales de 2021 y aumentaron en lo corrido del presente año, afectando a varios barrios, en especial a Olaya Herrera y El Pozón, así como al corregimiento de La Boquilla. Aunque algunas de las víctimas tenían anotaciones por tráfico de estupefacientes, las balas también han alcanzado a inocentes.

Al mediodía del 13 de enero de 2022 dos asesinos entraron al cementerio Jardines de Cartagena, en el barrio El Recreo. Dispararon contra dos de los asistentes a un funeral, los cuales quedaron heridos, y por error mataron al guía turístico Dilson De La Rosa Ahumada, de 61 años.

Su muerte fue lamentada por el gremio del turismo y la sociedad cartagenera, y le puso la lupa a lo que estaba ocurriendo en La Heroica.

Estos son algunos de los panfletos que han circulado en las calles de Cartagena y en las escenas del crimen. Fotos de cortesía.

“LOS MONTADORES”
En el centro del problema está el deseo de las bandas por controlar la zona portuaria, que no solo les facilitaría la exportación de sus propios cargamentos, sino el cobro de los “impuestos” a los demás.

Tener el control implica más que regentar el bajo mundo de la ciudad. Se requiere tener infiltrados en las instituciones de vigilancia, inversiones en las empresas fachadas que fungen como comercializadoras (importan y exportan mercancía) y, sobre todo, apadrinar a “los montadores”.

El mayor Pablo Uribe, investigador de la Dirección Antinarcóticos de la Policía en la región Caribe, explicó que así se denomina en el argot ilegal a las personas dedicadas a “montar” la droga a las embarcaciones, en diferentes modalidades, como la contaminación de contenedores o la instalación de cilindros “parásitos” bajo el casco del buque.

El Clan, o la organización que domine los muelles, cita a reuniones a “los montadores” y les ordena que notifiquen cada vez que alisten un cargamento. Por ese trabajo reciben comisión, pero ahora que hay una confrontación y nadie sabe a ciencia cierta quién es el jefe, quedaron en medio del fuego cruzado.

El mayor Uribe indicó que este desorden criminal, en el que abundan los delatores para perjudicar a sus enemigos, ha favorecido el trabajo de las autoridades. La Dirección Antinarcóticos ha incautado este año 7,4 toneladas de cocaína en los muelles de Cartagena, siendo la zona portuaria en la que más decomisos se han presentado (en Santa Marta van 2,1 ton. y en Buenaventura 1,8 ton.).

La pérdida de esos estupefacientes exacerba las peleas entre los narcos, así como la persecución policial.

Álvaro José Barrios Díaz (“el Abogado”) fue capturado en septiembre pasado en el barrio El Laguito; y Alexánder Simanca Cabrera (“Simanca”) fue detenido en marzo en Chía, Cundinamarca.

Ahora la cacería se concentra en “Pati Pati”, el último que queda de los antiguos lugartenientes renegados de “Falcon”. La Policía espera atraparlo antes de lo que hagan los sicarios de la manada de narcos que ofendió.

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El Inspector.

De acuerdo con los testigos, el ataque sucedió a las 10:40 a.m. del pasado 1 de febrero, en la carrera 51 con la calle 69B, cuando Juan Diego Pemberty Molina conducía una camioneta Mazda CX5. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este vehículo se transportaba la víctima por el barrio Sevilla, cuando se produjo el ataque de los sicarios. Foto de Santiago Olivares Tobón.

El vehículo fue interceptado por los asesinos a bordo de una motocicleta Bóxer de color rojo, según las cámaras de vigilancia de la zona. Estos dispararon a través de la ventanilla del conductor, impactándolo en el brazo y el costado izquierdo, para después escapar.

Por la cercanía del hecho con la clínica, la víctima fue ingresada al área de urgencias y atendida por los médicos de inmediato, pero la gravedad de las lesiones provocó que falleciera al poco tiempo.

Un reporte policial señala que Pemberty, de 44 años, sería uno de los presuntos coordinadores de la banda “Betania”, que delinque en la comuna 13 de Medellín y se dedica al tráfico local de narcóticos, extorsiones, sicariato y demás intimidaciones a la comunidad.

En la base de datos judicial figura como indiciado en siete procesos desde 2001, por porte ilegal de armas, hurto de vehículo con mercancía, lesiones personales y falsedad en documento privado. Además de esto, en los registros de la Procuraduría aparece que estaba inhabilitado para desempeñar cargos públicos entre 2013 y 2023.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc), en lo corrido del año se han presentado 29 homicidios en Medellín, de los cuales nueve están relacionados con acciones de grupos armados ilegales.

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El Inspector.

El crimen, ampliamente difundido por la prensa, sucedió en la noche del pasado 28 de noviembre en el barrio El Poblado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Él era el comerciante israelí Shay Pesso, asesinado por sicarios en Medellín. Foto de cortesía.

De acuerdo con el reporte inicial de la Policía, el extranjero de 30 años conducía una camioneta Suzuki Vitara y a las 8:00 p.m. se estacionó en la calle 10 con la carrera 41, junto a un lugar de oración de la comunidad hebrea.

Fuentes cercanas al caso le contaron a El Colombiano que los homicidas al parecer le estaban haciendo seguimiento a su objetivo, pues ni siquiera le dieron tiempo de bajarse del vehículo. Dos hombres en una motocicleta Pulsar negra se aproximaron, el pasajero descendió y se arrimó a la puerta del piloto.

Usando una pistola, disparó en seis oportunidades a través del vidrio. Por la manera en que quedaron agrupados los agujeros en la ventanilla, los investigadores consideraron que se trató de un mercenario profesional, “con bastante práctica”, indicaron.

Pesso fue trasladado a urgencias de la clínica Las Vegas, donde finalmente falleció. En las pesquisas iniciales, las autoridades establecieron que llevaba más de tres años residiendo en Medellín, con viajes constantes al exterior, y que hacía dos meses se había separado de su compañera sentimental.

Los proyectiles que acabaron con la vida del extranjero ingresaron por la ventanilla del piloto. Foto de cortesía.

Se dedicaba al comercio y tenía inversiones en un salón de belleza. Entre sus documentos le encontraron un carné de residente otorgado por el Servicio Nacional de Migración de Panamá, país que también visitaba con frecuencia.

En las averiguaciones, los investigadores se enteraron que horas después del asesinato fue encontrada una motocicleta abandonada, con características parecidas a la usada por los sicarios. La dejaron en la avenida Regional, a tres cuadras de la Plaza Minorista, donde fue inmovilizada por agentes de tránsito.

En el análisis técnico realizado al vehículo de dos ruedas, le encontraron una caleta acondicionada junto al tanque de gasolina, que se abría con una guaya amarrada al sillín. De esta manera, cada que el conductor halaba la guaya, activaba un resorte que abría la tapa del compartimento secreto. El ensamblaje estaba oculto con calcomanías.

Al verificar la matrícula en las bases de datos, se constató que la moto aparece a nombre de una persona que está siendo investigada por su presunta participación en otro asesinato.

Los motivos por los cuales mataron a Pesso no están claros todavía. En el estudio de las hipótesis, las autoridades indagan si este hecho guarda relación con el homicidio de otro israelí perpetrado en Medellín hace cinco años.

La víctima fue Shay Azran, de 37 años. El 15 de junio de 2016 estaba estacionado en su moto en una calle del barrio Las Acacias, cuando fue tiroteado por sicarios motorizados.

Según la Fiscalía, el forastero alquilaba apartamentos para realizar fiestas, y se presume que su muerte fue orquestada por una organización ilegal liderada por otros israelíes, involucrada en la trata de personas, turismo sexual y narcotráfico transnacional.

Esta red aún está activa y con conexiones en Medellín, Guatapé, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Europa.

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El Inspector.

Esta es la reseña de los casos elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Escena del asesinato ocurrido en la Loma de los Bernal, en Medellín. Foto de Santiago Olivares Tobón.

El primer caso se registró a las 9:00 a.m. en la carrera 81 con la calle 4G del barrio La Loma de Los Bernal, en el suroccidente de la capital antioqueña. De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, Fernando José Romero Pabuena vivía en una casa de la zona y a esa hora salió con su hijo de 14 años, a bordo de una motocicleta Yamaha Nmax.

Al pasar por la dirección reseñada, fueron interceptados por dos hombres que iban en una moto Pulsar negra. El pasajero esgrimió un arma de fuego y, aún en movimiento, le disparó a Romero, impactándolo una vez en el cuello y dos veces en el brazo izquierdo.

Padre e hijo cayeron al asfalto, mientras los agresores escapaban. Aunque el menor de edad trató de socorrer al papá, no fue posible salvarlo y falleció en sus brazos.

La Policía reaccionó montando un plan candado en la zona, pero no lograron dar con los sicarios.

Familiares de la víctima le explicaron a los investigadores que Romero tenía 39 años y era natural de Caucasia, Antioquia. Según ellos, trabajaba en un parqueadero de Envigado.

Al revisar la base de datos de la Fiscalía, los agentes constataron que tenía 16 anotaciones desde 2009, en calidad de indiciado y por cargos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas, hurto calificado y agravado, lesiones culposas, receptación y constreñimiento ilegal.

En 2017 fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú (Córdoba), por el delito de porte ilegal de armas.

En archivos de prensa figura que estuvo detenido por integrar supuestamente una banda conocida como “los Ferchos”, dedicada al hurto de motos y autopartes en el Bajo Cauca, Córdoba y Sucre.

A las 10:30 a.m. ocurrió el siguiente asesinato, en la vereda La Salada de Caldas. La víctima fue Luisa María Cortés Rivera, de 30 años, quien trabajaba arreglando uñas.

Según las pesquisas iniciales de la Policía, estaba en compañía de su hijo de 11 años, cuando un desconocido empujo la reja e ingresó a la casa, aprovechando que la puerta estaba abierta.

Sin importar que el niño estuviera presente, le disparó a la mujer en la espalda y la cabeza. Luego huyó.

Por ahora no hay personas capturadas por esos dos asesinatos.

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El Inspector.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el hecho ocurrió a las 5:00 p.m. de este miércoles 23 de junio. A esa hora, un hombre desesperado llamó a la Línea de Emergencia 123, diciendo que a su primo le acababan de disparar.

Una patrulla policial reaccionó a ese llamado de auxilio y llegó a un establecimiento de comidas en la carrera 46 con la calle 7, donde varias personas aterradas rodeaban el cuerpo del comerciante Óscar Mauricio Henao Toro, de 53 años, y quien en los expedientes de la justicia estadounidense figuró en el pasado como alias “el Contador”.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, en equipo con Revelaciones del Bajo Mundo.

Los técnicos forenses del CTI inspeccionaron la escena del crimen en el restaurante, encontrando vainillas de calibre 7.65. Foto de archivo.

De acuerdo con su familiar, él, Henao y otro comerciante se habían reunido en ese lugar para conversar de negocios, en particular sobre la posibilidad de invertir en una empresa de divisas. A los 20 minutos de haber comenzado la charla, al recinto ingresó un hombre con una chaqueta oscura y una gorra, quien se aproximó a la mesa y le disparó al ciudadano con una pistola calibre 7.62, impactándolo en el antebrazo izquierdo y en el corazón.

El mercenario salió de inmediato y abordó una motocicleta KTM 200 Duke, conducida por un compinche, y ambos lograron escapar.

FUEGO Y HIELO
Según archivos de la Policía y la Fiscalía, Henao Toro había sido capturado en febrero de 2009, en el marco de la operación Fire and Ice (“Fuego y Hielo”), ejecutada por la DEA, la Dijín e Interpol, en contra de las redes financieras de “la Oficina”, una organización criminal del Valle de Aburrá con negocios transnacionales de narcotráfico y lavado de activos.

El blanco principal de la investigación era el presunto narcotraficante antioqueño Nelson Eugenio Aristizábal Martínez, alias “One Two Three” o “Juantutri”, señalado de liderar una ruta de exportación de cocaína en asocio con “la Oficina”, además de una red de blanqueo de las ganancias ilícitas.

Según el expediente N°04-20065-CR-SEITZ de la Corte del Distrito Sur de La Florida, la célula de “One Two Three” administraba una ruta que salía de Colombia por el Caribe y tenía un punto de acopio en Jamaica, con destino final en Miami, Estados Unidos. Esta estructura habría exportado el alcaloide entre 1997 y 2006, de acuerdo con las pruebas recaudadas en ese momento.

Aristizábal no alcanzó a ser juzgado por las autoridades. Investigadores judiciales relataron que fue desaparecido a finales de 2008 por sus mismos aliados de “la Oficina”, quienes lo habrían ejecutado tras la incautación de varios cargamentos de droga, que le crearon una deuda impagable con la mafia. Su cuerpo no ha sido encontrado.

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El 11 febrero de 2009 las agencias de seguridad capturaron con fines de extradición a siete de sus secuaces, entre ellos “el Contador”, quien cayó en Medellín y fue enviado a la cárcel de Cómbita (Boyacá). En septiembre de ese año, la Fiscalía embargó 118 propiedades a nombre de los involucrados en la red, y de sus testaferros, valoradas en 60.000 millones de pesos.

Se trató de 66 inmuebles, 23 vehículos, 19 establecimientos comerciales y 10 acciones de empresas, los cuales fueron ocupados en Antioquia, Cundinamarca y Atlántico, con fines de extinción de dominio.

El 22 de julio de 2009, la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable (radicado 31658) para la extradición de Henao, por lo que él y los otros seis procesados fueron enviados a La Florida para responder por cuatro cargos de conspiración para exportar y distribuir cocaína en esa nación.

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El registro público de la Corte del Distrito Sur de La Florida indica que “el Contador” comenzó sus audiencias en el extranjero en octubre de 2009; al mes siguiente, se declaró inocente de las acusaciones, pero luego de un año de juicio, firmó un acuerdo de culpabilidad (Plea Agreement) por uno de los cargos: conspiración para importar 5 o más kilos de cocaína a EE.UU.

En agosto de 2010, la juez Patricia A. Seitz lo condenó a 11 años y siete meses de prisión, tres años de libertad posterior bajo vigilancia y una multa de 100 dólares. Sin embargo, por su colaboración con la justicia, Henao logró renegociar la pena y salió de la cárcel el 7 de julio de 2016, según el archivo del Buró de Prisiones.

Después de siete años de prisión regresó a Medellín, se radicó en El Poblado y tomó las riendas de una empresa de químicos.

Las causas del homicidio no han sido esclarecidas por ahora. El Colombiano buscó una declaración oficial de la Policía sobre este tema, pero la Institución no se ha pronunciado de momento.

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ANTECEDENTE CERCANO

Este es el segundo asesinato perpetrado en Medellín en el último mes, en el que la víctima fue una persona mencionada en investigaciones penales por narcotráfico en Estados Unidos.

Al mediodía del pasado 20 de mayo, en el barrio Conquistadores, sicarios motorizados le quitaron la vida al abogado Jaime Alberto Roll Cifuentes, de 42 años. El ciudadano iba en un taxi con una mujer, y el ataque se produjo cuando pasaban por la calle 33 con la carrera 66B.

El jurista falleció en un centro médico, con 10 heridas de bala, mientras que su acompañante y el taxista sobrevivieron con lesiones leves.

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El finado era sobrino de Dolly Cifuentes Villa, alias “la Meno”, una de las integrantes más conocidas del Clan Cifuentes Villa. Esta organización, con pasado en el cartel de Medellín, tenía una sociedad para el narcotráfico y el lavado de activos con el cartel mexicano de Sinaloa.

“La Meno” fue extraditada en 2012 y pagó tres años de prisión en Estados Unidos. Lo último que se supo de este clan, según fuentes judiciales, fue que algunos de sus integrantes estaban siendo llamados por la DEA para declarar como testigos en el caso contra Joaquín “el Chapo” Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, quien está purgando una cadena perpetua en EE.UU.

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El Inspector.

El crimen quedó registrado en una cámara de vigilancia, en la cual se aprecia que las víctimas se movilizaban en un automóvil Mazda 2 negro, de vidrios polarizados, y arribaron a las 5:18 p.m. a la carrera 58CC con la calle 23A. Allí se estacionaron a un costado de la vía.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este automóvil viajaban las víctimas. El asesino disparó primero a través de la ventanilla del copiloto. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

A media cuadra, una motocicleta descargó a un sicario, quien caminó hasta el carro, se ubicó en el costado derecho y disparó en múltiples oportunidades, perforando la ventanilla del copiloto.

Los ocupantes abrieron las puertas del lado opuesto, tratando de escapar. La mujer cayó al asfalto, donde a los pocos minutos falleció. Se llamaba Carolina María Zuluaga García y tenía 29 años.

El hombre que iba con ella alcanzó a correr una cuadra, malherido, pero fue perseguido por el verdugo, quien lo alcanzó y lo remató, dejándolo sin vida en la mitad de la calle. Las autoridades lo identificaron como Dahiam Alexis Arbeláez Aguirre, de 23 años.

Carolina Zuluaga y Dahiam Arbeláez, las víctimas del ataque en el barrio Las Cabañas. Cortesía.

Se presume que en el ataque habrían participado dos motociclistas, que también emprendieron la persecución del muchacho después de los disparos.

Como hipótesis inicial, fuentes policiales atribuyeron el doble homicidio a la disputa entre combos delincuenciales que agobia al municipio de Bello desde el año pasado.

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El Inspector.

Las autoridades creen que detrás de estos hechos habría bandas delincuenciales involucradas y se presume que los casos tendrían alguna relación, aunque no han establecido cuál.

Así fue la escena del crimen en el barrio Castilla, luego del asesinato de “Millhouse” cuando iba en un automóvil blanco, el cual terminó estrellado contra un poste. Foto cortesía de Q’Hubo Medellín.

El primer crimen sucedió a las 11:00 p.m. de este sábado 11 de enero, en la calle 98 con la carrera 68. Por allí se movilizaba Andrés Felipe Parra Vargas, de 32 años, a bordo de un automóvil Chevrolet Sprint; lo acompañaban su cónyuge y dos hijos menores de edad.

Cuando estaban a una cuadra de su apartamento, fueron interceptados por mercenarios motorizados, quienes abrieron fuego contra el conductor, impactándolo en múltiples ocasiones en el pecho, los brazos y el rostro. Perdió el control del carro en la loma y terminó estrellado contra un poste de energía.

Las esquirlas de vidrio causaron lesiones leves en los demás ocupantes, pero más daño les hizo el horror de ver a su ser querido sin vida.

El coronel Daniel Mazo, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que la víctima era conocida en el mundo delincuencial como “Millhouse” y que sería presunto integrante de la banda “los Mondongueros”.

De acuerdo con los registros policiales, “Millhouse” habría integrado “los Rieles”, un subgrupo de “los Mondongueros”, por lo que había sido investigado en el pasado. En la base de datos de antecedentes de la Procuraduría figura que el 24 de febrero de 2016 el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín lo condenó en primera instancia a 9 años de cárcel por tráfico y porte ilegal de armas y municiones.

A pesar de ello, estaba en libertad al momento del ataque. Para sus allegados, Parra era un vendedor de pipetas de gas.

El segundo episodio ocurrió a las 10:00 a.m. del domingo 12 de enero, en la carrera 71A con la calle 95, cuando dos jóvenes se transportaban en una motocicleta. De repente fueron atacados por un hombre, quien les disparó desde una acera y luego salió corriendo.

Los heridos fueron llevados al Hospital La María, donde uno de ellos falleció: Santiago Orrego Quintero, de 22 años.

En las primeras indagaciones en el lugar de los hechos, a los investigadores les contaron que el agresor, presuntamente, sería un integrante de la banda “La 40”.

Por la cercanía en lugares y tiempo, una hipótesis de las autoridades sugiere que los dos ataques sicariales estarían conectados, aunque hasta ahora no se ha recopilado suficiente evidencia.

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El Inspector.

De acuerdo con el reporte inicial de las autoridades, el crimen ocurrió a la 1:00 de la madrugada de este sábado 16 de noviembre en la calle 1AA con la carrera 65, en límites del barrio Cristo Rey con el parque Juan Pablo II. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El DJ Andrés Bedoya Botero, conocido en el gremio musical como Hi Hat. Foto tomada del perfil público de Facebook.

A esa hora había una reunión familiar en una casa, en la cual participaba el DJ y estudiante de música Andrés Esteban Bedoya Botero, de 33 años; también estaba su cuñado (novio de la hermana) Annuar Ervin Ayala Rivera, de 34 y oriundo de México, quien estaba de visita.

Así era reseñado Erwin Ayala en una de sus conferencias. Cortesía.

De repente llegaron dos hombres en una motocicleta, el pasajero se bajó y entró a la vivienda preguntando por “el novio de Adriana”, es decir, el extranjero. Apenas lo vio, desenfundó una pistola calibre nueve milímetros y disparó siete veces, según los testigos.

El mexicano recibió impactos en el pecho y la espalda, mientras que el músico quedó herido de gravedad en la cabeza y el cuello.

Cuando huyó el verdugo, los familiares trasladaron a las víctimas en un carro a la Clínica de Las Américas, donde no fue posible salvarles la vida.

En las pesquisas iniciales, las autoridades establecieron que Annuar Ayala provenía de Ciudad de México y vivía en una urbanización de Ciudad del Río.

Sobre sus ocupaciones, trascendió que era conferencista internacional en temas de inteligencia artificial, seguros y sistema bancario, además de contar con una Maestría en Ciencias Matemáticas con especialidad en Estadística y Probabilidad, obtenida en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el lugar del ataque residía su cuñado Andrés Bedoya, quien en el mundo de la música y la rumba electrónica era conocido como Hi Hat.

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El Inspector.

El ataque sucedió en la madrugada del martes 5 de noviembre, y las víctimas fueron Ribaldo Álvarez Vásquez, de 20 años, y Cristian David Henríquez Henao, de 29 y apodado “el Burro”.

En este automóvil se transportaban las víctimas, cuando se produjo el ataque de los sicarios. Foto cortesía de Guardianes Antioquia.

De acuerdo con la investigación preliminar, los dos hombres se movilizaban en un automóvil Mazda 3. Estaban de fiesta, y luego de ingerir licor en Manrique condujeron el carro hacia Buenos Aires.

A las 2:00 a.m. pasaban por el citado vecindario, cuando fueron perseguidos por sicarios motorizados. Los agresores dispararon contra el automotor y los proyectiles atravesaron las ventanillas, lesionando de muerte a los ocupantes.

Las víctimas aceleraron, pero terminaron estrelladas contra una vivienda en la calle 46 con la carrera 30. Allí perdieron la vida.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que “el Burro” tenía antecedentes delincuenciales. En la base de datos judicial le figuran investigaciones por hurto, tráfico de estupefacientes y violencia contra servidor público; al parecer era integrante del combo “la Milagrosa”, que delinque en el barrio del mismo nombre.

Los investigadores presumen que el atentado estaba dirigido contra él y que su acompañante murió por daño colateral. En la pesquisas iniciales logró establecerse que los asesinos salieron de un barrio vecino, aunque no se ha establecido para qué grupo criminal trabajan.

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El Inspector.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes 16 de julio en el barrio Manrique Oriental, en el nororiente de Medellín, y se suma a otros cinco ataques ocurridos en el Valle de Aburrá y sus alrededores, que han dejado de a dos o más víctimas cada uno, para un total de siete muertos y seis lesionados.

En este automóvil iba el comerciante asesinado en El Poblado el 10 de julio. Su acompañante logró conducirlo hasta la clínica. Foto de Manuel Saldarriaga.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, el trío de matones incursionó a la 1:00 a.m. en un sector de invasión conocido como Brisas del Jardín. En uno de los ranchos de madera estaban el soldado profesional Duván Leandro Jaramillo Tangarife, de 20 años, y su amiga Ingrid Tatiana Aguilar Chiquillo, también de 20, quien laboraba como empleada del aseo y en una fábrica de zapatos.

Las víctimas recibieron múltiples disparos. El militar, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército y quien prestaba servicio en una base de la Comuna 13, murió en el lugar de los hechos; la mujer fue trasladada a un centro médico, pero no sobrevivió.

OTROS CRÍMENES MÚLTIPLES 

En los últimos 20 días se presentaron seis ataques en Medellín, Bello y Guarne, que dejaron siete muertos y seis heridos.

El mismo 16 de julio, en el barrio Buenos Aires de Bello, desconocidos pasaron en un vehículo y dispararon contra las personas que estaban en una acera, dejando a dos heridas.

El 14 de julio sicarios motorizados llegaron hasta una discoteca en el casco urbano del vecino municipio de Guarne y acribillaron a dos hombres: Ricardo Arturo Restrepo Castro, de 35 años y residente en la localidad, y Julián Alberto Chaverra Sánchez, de 40, quien vivía en el sector El Carretero de Bello y estaba de visita.

El 12 de julio, de nuevo en el municipio de Bello, una mujer y dos hombres resultaron heridos en un tiroteo ocurrido en cercanías al Hospital Mental.

El 10 de julio en El Poblado, en el suroriente de Medellín, se produjo otro ataque. En horas de la tarde, en inmediaciones del centro comercial El Tesoro, matones motorizados interceptaron a una pareja que viajaba en un automóvil. Abrieron fuego y mataron a Héctor Mario Garcés Quintero, un comerciante de caballos, vehículos y autopartes, de 49 años.

En el hecho quedó herida la mujer que lo acompañaba, quien a pesar de las lesiones, logró pasarse al puesto del piloto y conducir hasta una clínica. Allí fue internada en cuidados intensivos.

Y el 29 de junio a las 3:00 a.m., en un bar del barrio Obrero, en Bello, a bala mataron a Ómar Augusto Arias Tobón (“Cajón”), de 41 años, y a Dayana Berrío Jutinico, de 25.

Salvo los casos de Bello, en los que parece haber relación con la reciente crisis de seguridad derivada del conflicto entre bandas, los hechos parecen tener causalidades diferentes (ver la NOTA RELACIONADA: En una jornada de zozobra para Bello capturaron a “Banano”).

Por el momento no hay personas capturadas por los ataques, indicaron las autoridades consultadas.

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El Inspector.

Esta es la hipótesis preliminar de las autoridades sobre el incidente acaecido el pasado domingo 16 de septiembre, en la vereda Tafetanes de la citada localidad de Occidente.

Las víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, que las siguieron desde Medellín. Foto de archivo.

La información policial señala que dos parejas jóvenes alquilaron una finca en la zona desde el sábado anterior, para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Partieron desde Medellín en un automóvil, sin saber que eran seguidos por un grupo de sicarios.

En las afueras del predio rural, los mercenarios atacaron a las 3:30 p.m. del domingo. Abrieron fuego contra los presentes, quitándoles la vida a Mateo Osorio Muñoz, de 19 años, y Juliana de Ossa Marín, de 23.

En el hecho resultaron heridos el tecnólogo Jonathan Yanly Mejía Higuita, de 33 años, por un proyectil en el muslo derecho; y la DJ de música electrónica Gloria Katherine Murillo Contreras, de 21, y con lesiones en el tórax.

“Al parecer se trató de un ajuste de cuentas“, declaró a los medios el general Carlos Sierra, comandante de la Policía Antioquia.

Fuentes judiciales informaron que el joven Mateo Osorio, apodado “Mateito” o “21”, era investigado por su presunta participación en un atentado perpetrado el pasado 22 de mayo en el barrio Estadio de Medellín. Aquel día, varios sicarios incursionaron en un establecimiento de venta de armas de fogueo y dispararon contra el exconvicto Mauricio Alberto Zapata Orozco, alias “Chicho”, señalado por las autoridades de ser cabecilla de la banda “la Terraza”.

En el lugar se presentó un intercambio de disparos, en el que “Chicho” sobrevivió con un balazo en el muslo. Un soldado adscrito a la Cuarta Brigada, guarnición militar que queda cerca del sitio del ataque, persiguió a los agresores y se enfrentó a ellos. En la persecución fue herido y capturado el supuesto sicario David Abadía Murillo, de 22 años.

Para los investigadores judiciales, “Mateito” también participó en esos hechos. Resultó herido en la balacera, pero logró escapar por sus propios medios. Horas después se presentó en el hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado, con lesiones de bala.

Cuando llegó la Policía, relató que era un mensajero, que vivía en el barrio Campo Valdés, y que cerca del centro médico dos hombres en moto le dispararon, al parecer para robarle, porque él no tenía problemas con nadie. Agregó que unos ciudadanos lo llevaron al hospital. Los médicos le hicieron la curación y al día siguiente se fue.

Agentes del CTI lo ubicaron después y lo interrogaron, sostuvo la misma historia, mas no le creyeron, pues había evidencia que lo ligaba, presuntamente, al atentado contra “Chicho”. Ahora que fue ejecutado en San Jerónimo, las autoridades investigan si se trató de una retaliación de “la Terraza”.

Para conocer más detalles de este caso, puedes leer la NOTA RELACIONADA: Ataques contra cabecillas agitan el bajo mundo de Medellín.

El Inspector.

El crimen sucedió a las 5:30 p.m. de este lunes 5 de marzo y el blanco de los agresores fue el comerciante Andrés Felipe Ríos Guzmán, de 34 años y quien acababa de llegar a la ciudad procedente de Panamá.

En este taxi se movilizaba como pasajero alias “Orejas”. El taxista también falleció. Foto de Santiago Mesa.

Las autoridades explicaron que Ríos abordó un taxi en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, e inició el descenso por la vía Las Palmas hacia Medellín.

A la altura del barrio La Asomadera N°2, cuatro hombres en dos motocicletas interceptaron el vehículo y abrieron fuego contra el conductor Jairo Alberto Álvarez Jiménez, de 47 años, obligándolo a detenerse.

El pasajero abrió la puerta y corrió algunos metros, pero fue alcanzado por uno de los sicarios, quien lo acribilló y después corrió hacia una de las motos que lo esperaba. Los mercenarios escaparon a toda velocidad, dejando al taxista y al comerciante gravemente heridos.

En el lugar de los hechos pereció Ríos Guzmán; el chofer fue llevado a una clínica, donde también falleció. Un ciudadano que pasaba por el sitio en una moto resultó herido en una pierna por una bala perdida, mas las autoridades aclararon que está fuera de peligro.

El general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que Ríos era desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Agregó que su apodo era “Orejas” y que al parecer estaba vinculado con la banda “Pachelly”, de Bello.

El oficial precisó que el difunto tenía antecedentes por hurto, extorsión y porte ilegal de armas.

Una de las primeras hipótesis de las autoridades es que este ataque fue una retaliación por dos asesinatos perpetrados en meses pasados, en los que las víctimas eran cercanas a la banda “el Tapón”, que también opera en Bello y se especializa en asuntos de narcotráfico.

NOTA RELACIONADA: Choque de bandas deteriora la seguridad en Bello.

El Inspector.

Aunque las autoridades siguen celebrando una reducción generalizada de los homicidios  en el área metropolitana, no cesan los hechos que demuestran que la seguridad es una tarea pendiente.

Escena del crimen en el barrio El Salvador, donde fueron asesinadas dos personas. Foto de Róbinson Sáenz.

El primero de los casos ocurrió en el barrio Monte Carlo, del municipio de Girardota, el sábado 12 de diciembre. A las 9:30 p.m. tres adolescentes conversaban en el gimnasio al aire libre del coliseo La Sapera, cuando llegaron dos sicarios en motocicleta y los acribillaron.

Murieron Juan Pablo López Laverde y John David Álvarez Carmona, ambos de 17 años y estudiantes de bachillerato en la localidad. La tercera víctima fue registrada como NN de 15 a 17 años.

Como antecedentes cercanos, hay que decir que el 12 de octubre anterior, el mismo municipio padeció otro asesinato múltiple, en el segundo piso de una casafinca de la vereda Juan Cojo. A golpes y disparos les quitaron la vida a Wilder Reinel Zapata Zapata y Diego Alejandro Giraldo Bustamante, de 18 y 31 años.

Y el 9 de septiembre  en la vereda San Esteban fallecieron los hermanos Carlos Antonio y Benjamín Hoyos Betancur, de 26 y 28 años, respectivamente. Se movilizaban en una moto a las 4:00 p.m., cuando unos delincuentes les dispararon.

DOBLE CRIMEN EN MEDELLÍN

El segundo episodio de la última semana en el Valle de Aburrá, fue un doble homicidio en el barrio El Salvador de Medellín, acaecido este martes 15 de diciembre.

Según la información preliminar, a las 2:30 p.m. y en plena vía pública, Darwin Andrés Franco y Edwin Andrés Penagos, de 33 y 35 años, fueron perseguidos hasta la entrada de un callejón, donde fueron asesinados a balazos.

El antecedente más cercano en la capital antioqueña se presentó el 26 de noviembre en el barrio Girardot. En una de sus calles fue abandonado un automóvil con los cadáveres de tres hombres, residentes en Bello (ver la NOTA RELACIONADA: Triple homicidio apunta a nueva disputa entre Bello y Castilla).

Todos los hechos relacionados parecen estar aislados entre sí; no obstante, son la prueba de que en materia de combate a la violencia homicida ni se puede cantar victoria, ni se pueden bajar los brazos.

NOTA RELACIONADA: Alerta por muerte de exparamilitares en Valle de Aburrá.

El Inspector.

Fuentes policiales indicaron que el sospechoso, quien fue detenido el 5 de octubre en el barrio Fuente Clara por unidades de la Sijín, tiene por alias “Okolo”, y de acuerdo con la información preliminar habría sido autor material de la muerte del patrullero Rubén Darío Soto Giraldo, de 27 años.

Este es el reporte del caso, elaborado por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Okolo”, de 21 años, es al parecer integrante de la “Odín Robledo” y soldado regular al mismo tiempo. Cortesía Policía Metropolitana.

Para mayor sorpresa, la Fiscalía precisó que “Okolo” es un miembro activo del Ejército. Se llama John Alejandro López Gómez, tiene 21 años y desde el año pasado presta servicio como soldado regular en el batallón de artillería N°27 General Luis Ernesto Ordóñez Castillo, cuya base está en el corregimiento Santana del municipio de Puerto Guzmán (Putumayo).

El patrullero Rubén Darío Soto trabajaba en la Sipol. Cortesía.

El crimen ocurrió a las 6:40 a.m. del pasado 10 de septiembre, en el barrio La Iguaná de la capital antioqueña. A esa hora pasaba el funcionario público en su motocicleta, rumbo a su lugar de trabajo, cuando en un semáforo fue atacado por un sicario, quien le acertó varios disparos.

De la escena del crimen huyeron tres personas, que se habrían concertado para vigilar los movimientos de la víctima, mientras el homicida actuaba. Aquel día, el soldado tenía un permiso de descanso otorgado por el Ejército.

Como integrante de la Sipol, entre las funciones del patrullero Soto estaban la investigación y análisis de las acciones de las bandas de crimen organizado que actúan en el Valle de Aburrá.

Los móviles de su asesinato no han sido revelados por el momento, toda vez que faltan personas por capturar, incluyendo a quienes apoyaron al sicario y aquellos que ordenaron la ejecución.

Alias “Okolo” fue presentado ante el estrado del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Medellín. En la audiencia de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas, los cuales no fueron aceptados por López Gómez.

El juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel, al tiempo que la Policía trata de establecer si existe alguna relación entre el procesado y la “Odín Robledo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), sospechosa de participar en el homicidio.

NOTA RELACIONADA: Sicarios matan a un agente de Inteligencia y a un oficial retirado.

El Inspector.

El funcionario de 35 años estaba de civil y desarmado, en horas de descanso, cuando un sicario le quitó la vida a balazos, en plena vía pública del barrio La Iguaná, en el occidente de Medellín.

En esta vía del barrio La Iguaná sucedió el homicidio del intendente. Foto de Pablo Santa.

El ataque ocurrió a eso de las 4:40 p.m. de este lunes (23 de septiembre). Taborda fue llevado al hospital Pablo Tobón Uribe, donde pereció. Estaba adscrito al equipo antinarcóticos que presta servicio en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro.

La Policía detuvo a dos sospechosos dentro de una casa, en poder de una pistola Glock. Resultaron ser dos hermanos y uno de ellos tenía detención domiciliaria por concierto para delinquir.

Este es el segundo asesinato de un policía en Medellín, en menos de un mes. El pasado 29 de agosto los mercenarios acribillaron al patrullero William de Jesús López Gómez, de 35 años y adscrito a la estación de Girardota. El ataque sucedió afuera de su casa, en el barrio San Bernardo (ver la NOTA RELACIONADA: Asesinan a un policía en la entrada de su casa).

CAPTURAS POR OTROS CASOS

De otro lado, la Sijín capturó a dos indiciados por el homicidio de dos uniformados, que también estaban en tiempo de descanso, en hechos diferentes. El primer detenido fue alias “Rasta”, de 37 años, en una residencia del barrio Kennedy.

Es el sospechoso de apuñalar al patrullero Luis Carlos Caicedo Rivas, en una discoteca de La 70, el 13 de octubre del 2012 (ver la NOTA RELACIONADA: Con navaja y a tiros asesinan a dos policías en Medellín).

En otro operativo cayó en el barrio Caribe alias  “Jairito”, de 21 años y presunto integrante de la banda “los Mondongueros”. La Policía Metropolitana lo sindica de asesinar a bala al auxiliar regular Cristian David Hernández Londoño, el pasado 15 de abril, en Castilla.

El Inspector.

El crimen sucedió afuera de su vivienda en el barrio Belén San Bernardo, del suroccidente de Medellín.

El policía López fue atacado cuando abordaba esta motocicleta, en Belén San Bernardo. Foto de Guillermo Benavidez.

De acuerdo con información policial, eran las 7:00 p.m. de este jueves (29 de agosto) cuando López cerró la puerta y se aprestó a abordar su moto, rumbo a la estación del municipio de Girardota, donde prestaba su servicio de vigilancia.

Estaba de civil y desarmado en el momento que dos sicarios aparecieron en escena a bordo de una moto, acertándole varios disparos. La víctima dio unos cuantos pasos y cayó en la acera. Aunque fue llevado a una clínica, murió.

La Policía Metropolitana ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien suministre información sobre los responsables, quienes escaparon.

El incidente se presentó mientras en varios puntos de la ciudad se agitaba el orden público, de cuenta de numerosas protestas y actos vandálicos, que en un principio comenzaron como un acto de apoyo al paro nacional campesino y minero, pero derivaron en riñas, asonadas y saqueos.

La hipótesis preliminar es que la muerte de López no está ligada a esa situación, sino a supuestas amenazas del pasado.

NOTA RELACIONADA: Brutal ataque contra la Policía en Antioquia.

El Inspector.

Su institución ofreció hoy 20 millones de pesos de recompensa para quien suministre información sobre los responsables del hecho.

El suboficial estaba desarmado y en jornada de descanso. Falleció en esta acera. Foto de Pablo Santa.

El crimen sucedió a eso de las 7:00 p.m. de ayer (26 de mayo) en la parte alta del barrio Calasanz, en el occidente de Medellín. Martínez, de 39 años y con atuendo de civil, salió de una de las urbanizaciones del complejo residencial Calasania y apenas alcanzó a caminar unos pocos metros.

Sargento viceprimero Nuil Martínez. Cortesía.

El homicida, que al parecer lo esperaba, se aproximó y le disparó en la cabeza, delante de la aterrada señora, para luego escapar.

El militar falleció en el lugar de los hechos, después de una carrera de 16 años en las Fuerzas Armadas.

Era natural del municipio de Necoclí, Antioquia, y de acuerdo con la investigación preliminar, hace un año le habrían asesinado un hermano.

Según el informe de la Cuarta Brigada, el difunto “se caracterizaba por su buen trabajo, espíritu de compañerismo y excelente comportamiento en su vida al servicio de Colombia“.

Hasta el momento se desconoce de dónde provino la orden de matarlo y quién la ejecutó.

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El Inspector.