Los golpes afectan a “los Urabeños”, el combo de “Betania”, “la Oficina de Manrique”, “Robledo” y “Pachelly”.

Captura de alias “el Tigre”, presunto delegado de “los Urabeños” en Medellín. Foto cortesía Policía.

El hecho más reciente sucedió en la madrugada de este jueves 10 de mayo, cuando la Dijín y la Sipol apresaron a dos supuestos cabecillas de la organización Clan del Golfo o “los Urabeños”, comisionados para delinquir en Medellín.

Los detenidos fueron Óscar Andrés Palacio Molina (“el Tigre”), en un apartamento del barrio Pilarica, y Alberto Hernández Caicedo (“Solín”), en una urbanización de la Loma de los Bernal. Tenían orden de captura por homicidio agravado, tortura, extorsión y concierto para delinquir agravado.

El general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que “el Tigre” y “Solín” actuaban articulados con las bandas de La Sierra, Altavista y San Antonio de Prado que están asociadas con “los Urabeños”. Indicó que al parecer están implicados en el asesinato del conferencista internacional José Torres Cardona (29 de junio de 2017), a quien descuartizaron y le robaron 34 lingotes de oro valorados en 4.000 millones de pesos; y en el atentado contra una patrulla policial en el corregimiento San Cristóbal (3 de mayo de 2017), que dejó dos uniformados heridos de gravedad (ver la NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” desataron plan pistola en Antioquia).

El 2 de mayo, el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia mandó a una celda a Juan Manuel Piedrahíta Giraldo (“Juancito”), presunto cabecilla de la banda de “Betania”, que delinque en la comuna 13. El hombre se había entregado a las autoridades el día anterior, luego de que la Policía y la Alcaldía anunciaran una persecución en su contra y ofrecieran 20 millones de pesos de recompensa.

Alias “Juancito”, del combo de “Betania”, se entregó a las autoridades. Foto cortesía de la Policía.

La Fiscalía le imputó cargos por terrorismo y concierto para delinquir, los cuales él negó, y anunció que también lo investiga por varios asesinatos perpetrados en la zona. Según las pesquisas, estaría implicado en las amenazas a los buseros de la comuna 13, que el pasado 21 de abril salieron a paro por temor, y en la quema de un bus de servicio público en el barrio Calasanz, el 26 de abril (ver la NOTA RELACIONADA: Delincuentes quemaron un bus en el barrio Calasanz).

Por interceptaciones telefónicas, los investigadores creen que “Juancito”, de 41 años, tendría negocios con alias “Lindolfo”, cabecilla de “la Oficina” y de “la Odín Caicedo”, que delinque al otro extremo de la ciudad (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Lindolfo” y “Martín”, presuntos cabecillas de “la Oficina”).

El mismo 2 de mayo otro juzgado dictó medida de aseguramiento en prisión contra Iván Cardona Gallego (“Cucho Iván”), un presunto coordinador financiero de la “Odín Robledo”, que la Policía había capturado el día anterior.

Es desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc, tiene 29 años y está imputado por cargos de homicidio y porte ilegal de armas. Según las autoridades, es sospechoso de participar en el homicidio del patrullero Rubén Darío Soto Giraldo, adscrito a la Sección de Inteligencia Policial, el 10 de septiembre de 2015 (ver la NOTA RELACIONADA: Sicarios matan a un agente de Inteligencia y a un oficial retirado).

Alias “Cucho Iván”, presunto coordinador de la banda de “Robledo”. Foto cortesía de la Policía.

También estaría implicado en los asesinatos de María Isabel González Bueno y Leonardo Gonzalo Hurtado Lotero, cometidos en septiembre de 2013 en Robledo.

Alias “Nano”, cabecilla de “la Oficina de Manrique”. Foto cortesía de la Policía.

En este grupo de cabecillas caídos en desgracia está el exconvicto José Dominiciano Carrillo Montoya (“Sólido”), de 45 años, integrante de la banda “Pachelly” del municipio de Bello.

La Fiscalía le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado, precisando que “era el encargado de manejar los recursos obtenidos por la estructura criminal en actividades como el narcotráfico, la extorsión y la explotación de minas de oro en las subregiones del Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia” (ver la NOTA RELACIONADA: Juez mandó a la cárcel a un cabecilla de “Pachelly” y a tres secuaces).

El 4 de mayo en una finca del municipio de Guarne, fue detenido Fernando Alonso Rivera Rojas (“Nano”), cabecilla de “la Oficina de Manrique”, también conocida como el combo de “La 30″. Lo capturaron en compañía de su jefe de seguridad, Jorge Alonso Zapata Gutiérrez (“el Mago”), y a ambos les incautaron una cédula falsa y dos armas de fuego.

A los dos le imputaron concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio, cuatro desplazamientos forzados, uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas. Fueron enviados a la cárcel El Pedregal.

NOTA RELACIONADA: “El Oso” se une a los cabecillas caídos en 2013, pero las bandas sobreviven. 

El Inspector.

Esta oleada de violencia ya ajustó un mes, dejando víctimas de disparos y explosiones en Antioquia, Cesar, Chocó, Sucre, Córdoba, Bolívar, Meta, Norte de Santander y Santander. En los hechos también fueron dados de baja seis presuntos delincuentes y ocho civiles quedaron lesionados.

¿Las autoridades deben seguir confrontando a “los Urabeños” de la misma manera? Estas son algunas lecciones que deja el fenómeno criminal, recopiladas por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así quedó la patrulla en la que iban unos policías de la Operación Agamenón, atacados con explosivos en Arboletes (Antioquia), el 13 de mayo; hubo dos heridos. Foto de cortesía.

En varios momentos esta situación incrementó la zozobra de la ciudadanía, pues las autoridades dieron a conocer que la banda planeaba atentar con un carrobomba en Urabá y asesinar a personalidades políticas en Bogotá y Medellín. De igual manera, circularon en las calles varios panfletos apócrifos mencionando amenazas de muerte, limpiezas sociales y toques de queda.

Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a la fecha han sido capturadas 39 personas involucradas en estos atentados. Sostiene que la Fuerza Pública nunca ha estado a la defensiva, sino a la ofensiva contra ese grupo.

Analistas e investigadores policiales fueron consultados sobre el fenómeno, para determinar qué lecciones deja hasta ahora la forma en que se desarrolla el plan pistola y la respuesta de las autoridades.

“La capacidad del Estado es inmensa, eso no se niega, pero estas acciones son imposibles de mitigar hasta el punto cero”, opina Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación.

1. OTRO ENFOQUE EN EL COMBATE A ESTE GRUPO
Para Ávila, “el Estado se dio cuenta muy tarde de lo que significa el ‘Clan del Golfo’. Venían acostumbrados a pelear con la guerrilla, pero esta banda no emplea grandes contingentes de personas, sino pequeños grupos urbanos con armas cortas, ejerce el control en sus zonas de otra manera”.

Jaime Jaramillo Panesso, exmiembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dice que es necesaria la intervención de las Fuerzas Militares en este tema, que hasta ahora se viene interpretando como un problema de orden policial.

Al respecto, el general Alberto Mejía, comandante del Ejército, comentó hace una semana que están diseñando la Operación Agamenón 2, que contará con esfuerzo militar.

2. ¿DETRÁS HAY UN ACTO DE PRESIÓN POLÍTICA?
Hace tres años “los Urabeños” están buscando que el Gobierno los tenga en cuenta para negociar un sometimiento a la justicia que los beneficie, y una de las razones del plan pistola sería ejercer algún tipo de presión política, según investigadores consultados.

Jaramillo ve posible que algún día se tienda un puente entre el Gobierno y este grupo, para sentarse a dialogar, mas no será en el corto plazo, ya que “la Casa de Nariño está ocupada en las negociaciones con las dos guerrillas”.

El Acuerdo de Paz con las Farc planteó que el Gobierno debe construir un proyecto sobre el acogimiento a la ley de bandas criminales, pero este no ha sido presentado al Congreso y ya se vencieron las facultades especiales que tenía el presidente Juan Manuel Santos para tramitar decretos con debates abreviados (fast track).

3. EL TERRORISMO NO MURIÓ CON LAS FARC
Tal cual afirmó Ávila, la operatividad de esta facción es menos aparatosa que las organizaciones terroristas del pasado en Colombia, sin embargo, consigue efectos similares amedrentando a la población y enfrentando a la Fuerza Pública. De hecho, ha organizado tres paros armados a punta de sembrar el miedo con panfletos y uso de redes sociales (ver la NOTA RELACIONADA: Las huellas que dejó el paro terrorista de “los Urabeños”)

Vale la pena preguntarse si, como lo reitera el Gobierno, “los Urabeños” son una simple banda de narcotraficantes. “El Estado no ha dimensionado el problema”, acota Ávila.

4. ES POSIBLE UN ESPIRAL DE LA VENGANZA
Los delincuentes, por medio de comunicados, dicen que sus acciones se deben a que “se están defendiendo” de la violencia de la Policía, en cuyos operativos han muerto cabecillas como alias “Pablito” (02/5/17), otro de los móviles para haber ordenado el plan pistola.

A juicio de Jaramillo, esta dinámica de muertos de lado y lado “podría ocasionar un círculo de venganzas”, cuya duración es difícil de predecir.

NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” desataron plan pistola en Antioquia.

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ANEXO: LA LISTA DE LOS 10 POLICÍAS ASESINADOS

1). Patrullero Carlos Armando López Gómez, en Carepa (Antioquia).
2). Subintendente Elkin Echeverry López, en Chigorodó (Antioquia).
3). Mayor Carlos Augusto Hurtado, en Valledupar (Cesar).
4). Patrullero Jéferson Saavedra Pabón, en Acandí (Chocó).
5). Patrullero Edwin Jackson Mosquera, en Medio Baudó (Chocó).
6). Patrullero César Orlando Chávez González, en Montería (Córdoba).
7). Patrullero Geiner Sanabria Montenegro, en San Martín (Meta).
8). Subintendente Wilber Muñoz Rodas, en Segovia (Antioquia).
9). Patrullero Deivis David Cárdenas Díaz, en Sincelejo (Sucre).
10). Patrullero Alejandro Caro Jave, Pueblo Rico (Antioquia).

El Inspector.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía 108 de la Dirección contra el Crimen Organizado, el patrullero Wálter de Jesús Ardila Orrego al parecer vendía información a los delincuentes, aprovechando su acceso privilegiado a las bases de datos y a los oficiales de alto rango que planeaban las operaciones.

Este es el seguimiento del caso, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El patrullero capturado, Wálter de Jesús Ardila, llevaba siete años trabajando en la Policía. Cortesía Fiscalía.

Se presume que el uniformado, de 26 años y oriundo de Bogotá, llevaría por lo menos cuatro años suministrando información reservada, entre la cual estaría una USB con registros de Inteligencia de la Fuerza Aérea. El dispositivo contenía las coordenadas y lineamientos para un asalto helicoportado a un campamento de Francisco José Morelo Peñate, alias “el Negro Sarley”, uno de los máximos líderes de la banda.

Por esta fuga de información, el cabecilla logró evadir el operativo en enero de 2013; sin embargo, el final de su carrera delictiva llegó el 24/4/13, cuando falleció en un tiroteo con la Policía en otro campamento del municipio de Turbo (Antioquia).

Otra de las sindicaciones que recaen sobre el patrullero Ardila, quien lleva siete años en la Institución, es haber participado presuntamente en el transporte de 30 armas (entre ellas 16 fusiles) con las que la organización pretendía rescatar a varios de sus socios e integrantes, recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo, en Girón (Santander). Entre los detenidos estaban los extraditables Camilo Torres Martínez (“Fritanga”) y Andrés Fernando Arroyave (“la Maquinita”).

Las armas salieron desde una finca de Sabaneta (Antioquia), pero el escape se frustró en noviembre de 2012, cuando el Inpec suspendió a seis guardianes y los internos fueron reubicados en otras prisiones.

ALLANAMIENTO EN INTERPOL
El cerco en contra de este supuesto informante de “los Urabeños” se cerró hace dos semanas, cuando la Dijín y la Fiscalía detectaron un plan de la banda para asesinar a los oficiales y funcionarios que lideran la Operación Agamenón, el principal proyecto de las autoridades para acabar a ese grupo ilegal.

Entre el 29 y el 30 de abril pasados fueron capturadas tres personas en Necoclí, Bello y Medellín: Orlando Osorio Martínez (“Saúl” o “Nicaragua”), Jaider Leandro Muñoz Galeano y el expolicía Eder Jair Villada Jaramillo.

Estos hombres, que se declararon culpables en el estrado judicial, estaban preparándose para asestar el golpe mortal contra un teniente en Bogotá y una fiscal en Medellín.

La investigación arroja que, al parecer, la información de los objetivos la obtuvieron gracias al patrullero Ardila, quien la entregó por intermedio de otro expolicía, Yeison Villada Jaramillo (hermano de Eder Jair), quien hoy está detenido también por un caso distinto (de secuestro extorsivo). Por esa maniobra, Ardila habría recibido 66 millones de pesos.

También se presume que habría filtrado datos para ubicar a altos oficiales de la Policía que comandaron la Operación Agamenón hasta diciembre, como los generales (r) Rodolfo Palomino (exdirector de la Policía ) y Luis Eduardo Martínez (exdirector de Carabineros y Seguridad Rural).

En consecuencia, el pasado 13 de mayo la Dijín allanó la Oficina de Interpol en la capital colombiana, arrestando al sospechoso, quien a la fecha laboraba en el Grupo de Delitos contra la Trata de Personas de ese organismo internacional.

El uniformado fue trasladado al Palacio de Justicia de Medellín, para la audiencia de control de garantías, ante el Juzgado Tercero Penal Ambulante de Antioquia. La Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secretos, los cuales él no aceptó. El juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel Bellavista.

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ANEXO: CORRUPCIÓN EN LA POLICÍA

Hace apenas siete días se realizó en Bogotá la Segunda Cumbre del Cuerpo de Generales. Al término, el director de la Policía, general Jorge Nieto, informó que en el último trimestre fueron retirados del servicio 1.427 uniformados, de los cuales hubo 373 destituidos.
“En desarrollo de esta política de cero tolerancia con la corrupción, la propia Institución lideró grandes investigaciones que culminaron con la captura de 248 de sus miembros, y aportó las pruebas para que la Justicia Penal Militar emitiera 41 sentencias condenatorias. Son una minoría que afecta la credibilidad y el trabajo honesto de miles de hombres y mujeres que a diario hacen patria”, indicó Nieto.

NOTA RELACIONADA: Así frustraron plan homicida contra agentes de Operación Agamenón.

El Inspector.

La fuente, cuya identidad es protegida con recelo, contactó a los investigadores de la Dijín el pasado 20 de abril y les dio detalles de cómo se estaban fraguando los atentados, los cuales tendrían como objetivos a dos servidores públicos en Bogotá y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los capturados Jaider Muñoz y el expolicía Eder Villada (de gafas), durante la audiencia de control de garantías. Cortesía.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía 108 adscrita a la Dirección contra el Crimen Organizado, el “plan pistola” fue ordenado por Aristides Meza Páez, alias “el Indio”, integrante del Estado Mayor de la banda y por quien el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

El cabecilla le habría delegado la misión criminal a uno de sus lugartenientes, Orlando Osorio Martínez (“Saúl” o “Nicaragua”), de 40 años y oriundo de Turbo. Esta persona, desde su residencia en el municipio antioqueño de Necoclí, comenzó a hacer las coordinaciones con un grupo de mercenarios, dentro del cual había un expolicía.

Los agentes aplicaron una labor de espionaje para adelantarse a los sicarios, antes de que fuera demasiado tarde. Gracias a las escuchas telefónicas, sabían que las potenciales víctimas eran un subteniente que labora en la central de interceptaciones de la Policía, que venía golpeando a la facción desde la base Antinarcóticos de Necoclí; y una fiscal de la Dirección contra el Crimen Organizado, a quien en las conversaciones los delincuentes denominaban “la jefa”.

El informante aportó dos direcciones y un par de nombres de las personas presuntamente contratadas para ejecutar los homicidios. Indicó que en un apartamento de la urbanización Terranova, en Niquía (Bello), y en una casa del barrio Las Brisas de Medellín, se realizaban las reuniones para concretar los ataques y se recolectaban las armas.

ESPOSO DE UNA EXFUNCIONARIA
La Dijín envió policías de civil para confirmar la existencia de esos lugares y en una acción relámpago se desató el operativo. El pasado viernes 29 de abril a las 8:00 a.m. fue capturado “Saúl” en el barrio San Sebastián de Necoclí.

Orlando Osorio, alias “Saúl” o “Nicaragua”. Cortesía.

En la audiencia de control de garantías, el fiscal 108 reveló que este hombre, quien en el pasado fue locutor y encargado de la Casa de Cultura municipal, sería una pieza fundamental en la estructura ilegal, pues “era a quien los funcionarios públicos corruptos le reportaban cualquier movimiento de helicópteros o aviones que iban a hacer operativos contra la cúpula de la banda”.

Según la Fiscalía, Osorio Martínez está casado con la abogada Marla Victoria Peña Moreno, exsecretaria de Gobierno, expersonera y exasesora jurídica de la Alcaldía de Necoclí. El ente acusador señaló en el estrado que el computador de ella sería usado por los delincuentes para escribir los panfletos que “los Urabeños” distribuían luego en las calles.

Ante el Juzgado Primero Penal Ambulante de Antioquia, “Saúl” aceptó el cargo de concierto para delinquir agravado que le imputaron, por lo cual le dictaron medida de aseguramiento en la cárcel El Pedregal de Medellín.

EL ARSENAL
Siete horas después de la captura de “Saúl”, los comandos de la Policía allanaron la casa del barrio Las Brisas, en la capital antioqueña, donde vivía Jaider Leandro Muñoz Galeano, de 39 años. Bajo la cama le encontraron una pistola Jericho 9 m.m. y una granada de fragmentación.

En la propiedad también incautaron dos proveedores, municiones para la pistola, 11 celulares y una cámara digital.

A la hora siguiente los uniformados ingresaron al apartamento 813 de la urbanización Terranova, en Niquía, donde residía Eder Jair Villada Jaramillo, de 30 años y expatrullero de la Policía Nacional. Allí encontraron, también bajo la cama, un fusil AK47; en varias cajas y compartimientos del closet, decenas de municiones de calibre 7.62 y 5.56, al igual que dos proveedores, varios celulares, un computador y memorias USB.

A Villada le decomisaron un cuaderno, en el cual tenía anotados los datos sobre el subteniente que la banda pretendía asesinar: sus familiares, cargos que había ejercido y sitios que solía frecuentar.

Para la Fiscalía, estos dos capturados tenían la misión de coordinar la acción criminal, y al parecer estaban en proceso de reclutar a los sicarios.

En la audiencia de control de garantías del sábado 30 de abril, en el Palacio de Justicia de Medellín, los dos se declararon culpables por el delito de tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Esta conducta tiene una máxima pena de 15 años en prisión, pero al aceptar el cargo en esta etapa recibirán una rebaja considerable.

Por eso cuando la juez les preguntó si comprendían las consecuencias de renunciar a su inocencia, ambos respondieron: “sí, su señoría”.

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ANEXO: EL “PLAN PISTOLA” DE LA BANDA

La organización inició hace un mes esta práctica criminal, como retaliación por la muerte en un operativo policial de Jairo Durango Restrepo, alias “Guagua”, uno de los cinco miembros de su Estado Mayor (23/3/16). Desde entonces, sus sicarios han matado a ocho policías y dos militares en Cartagena, Chocó, Nariño y Antioquia.

NOTA RELACIONADA: Las huellas que dejó el paro terrorista de “los Urabeños”.

El Inspector.

En total hubo siete personas asesinadas (dos civiles, dos militares y tres policías) y pérdidas multimillonarias, en medio de la impotencia del Gobierno para atender una emergencia de seguridad que estaba ampliamente anunciada.

Este es el relato de los hechos, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este fue el bus incinerado en la Loma de los Bernal, en Medellín. Cortesía.

MARZO 31: EL PRIMER DÍA
Desobedecer una orden de pare en un retén ilegal, en la vía que del municipio de Turbo conduce a San Pedro de Urabá, le costó la vida a un capitán del Ejército, graves heridas a su esposa y secuelas mentales para toda la vida a su hija de seis años.

De esta manera comenzó el sufrimiento de la ciudadanía, bajo el azote de un paro armado instaurado por la organización “los Urabeños” o “Clan Úsuga” en sus áreas de influencia.

La primera víctima fue el militar Andrés Lugo López, quien estaba de vacaciones e iba desarmado conduciendo un vehículo junto a su familia, cuando los criminales les arrojaron una granada. El estallido lo mató a él y mantiene hospitalizada a la viuda, con una pierna en peligro de amputación.

Los delincuentes pintaron grafitis en monumentos, vehículos, fachadas de casas y de locales comerciales. Cortesía.

Cuatro horas después, en el municipio chocoano de Atrato, dos supuestos sicarios de la banda mataron a bala al patrullero de la Policía Deison Rentería Moreno, quien iba en moto y de civil para cumplir una cita médica.

La jornada provocó el cierre del comercio y las escuelas, así como la quema de vehículos, asonadas y hostigamientos contra la Fuerza Pública, y la parálisis parcial del transporte y de la vida cotidiana en 18 municipios de Antioquia, con efectos más dañinos en las subregiones de Urabá, Suroeste y el Bajo Cauca.

También sufrieron las comunidades en varias localidades de los departamentos de Chocó, Córdoba, Bolívar, Sucre y Norte de Santander.

Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), señaló que en la vía a la Costa Atlántica, en el tramo entre Yarumal y Tarazá, fueron incinerados cuatro vehículos y a otros más les pincharon las llantas. “Más de 300 carros quedaron represados en la vía”, dijo.

Y en la carretera Tarso-Pueblorrico, en el suroeste antioqueño, incineraron un bus de servicio público.

La Defensoría del Pueblo denunció que en el corregimiento Guaramito, en Cúcuta, “los profesores devolvieron a los alumnos a sus casas debido a las amenazas de grupos ilegales”. Lo mismo ocurrió en Montecristo, Achí y Tiquisio (Bolívar), y en los 15 municipios del Urabá antioqueño y chocoano.

La alcaldesa de Tarazá (Antioquia), Gladis Rebeca Miguel, señaló que en su pueblo  “los funcionarios de la administración municipal están trabajando a puerta cerrada por temor a represalias”.

En el parque principal de Zaragoza (Antioquia) hubo dos policías heridos por un ataque con una granada al comando; en Carepa, el controlador aéreo no quería ir a trabajar por miedo, por lo que la Policía tuvo que conducirlo hasta el aeropuerto, pero el transporte por aire siguió interrumpido en el sitio, al igual que el terrestre y fluvial en las demás zonas afectadas.

Las autoridades no han calculado las pérdidas económicas del paro, que la facción delictiva ejecutó entre las 00:00 horas del 31 de marzo y las 00:00 horas del 1 de abril.

Furgón cargado de frutas, incinerado por la banda en el municipio de Betulia (Antioquia). Cortesía.

El general Humberto Guatibonza, comandante de la Región 6 de Policía, indicó que “hubo mucho terrorismo por las redes sociales”, y que dispuso más de 2.000 uniformados para atender la situación.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, declaró que “el hecho de que el ‘Clan Úsuga’ haya mostrado sus colmillos, denota el estado de arrinconamiento en el que está hoy”. Se quejó porque en un paraje de Chocó, algunos pobladores hicieron una manifestación, “expresando su rechazo a la operación que se hizo contra alias ‘Guagua’ (cabecilla de la banda dado de baja el 23/3/16). Queremos ver a ciudadanos dándonos información de esos criminales y no doliéndose de su baja”.

En Urabá, entre tanto, los ciudadanos reclamaron por el histórico abandono del Estado y la falta de previsión para conjurar el paro armado.
Ciro Abadía, presidente de la Asociación de Víctimas de Apartadó (Asovima), relató que en su municipio reinó ayer la soledad en las calles. “No tenemos ni dónde comer. Será esperar hasta que ellos digan que levantan el paro, porque no nos vamos a arriesgar. ¿Para defender qué?”.

Pese a esta pavorosa situación, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, convocó a una rueda de prensa y dijo que todo estaba bajo control y mejorando, sin afectaciones para la población.

La realidad lo contradijo en horas de la noche, cuando siguió el “plan pistola” de la banda, asesinando a dos policías en el municipio de Puerto Berrío y dejando heridos a otros cuatro en Buriticá.

ABRIL 1: SEGUNDO DÍA
Cuando muchos colombianos pensaron que el paro de “los Urabeños” había terminado a la medianoche del jueves, la madrugada del viernes los sorprendió con nuevos hechos de violencia.

En Puerto Valdivia (Antioquia), el conductor de tractomula Renso Upegui Flórez fue bajado de su vehículo y asesinado a bala en plena vía a la Costa; y en Planeta Rica (Córdoba), sicarios le quitaron la vida al operario de una estación de gasolina, Sergio González Villegas. Según pesquisas iniciales, los perpetradores fueron miembros de la banda y el móvil fue que ellos no obedecieron la orden de cesar labores.

Conductor de tractomula asesinado en Puerto Valdivia (Antioquia), por desobedecer la orden de no trabajar. Cortesía.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó después el asesinato del soldado Camilo Duque, en un tiroteo en Istmina (Chocó). Con ese hecho, ya son dos militares y tres policías muertos durante el paro, en medio del “plan pistola” ordenado por la facción criminal; otros seis policías quedaron heridos.

En Antioquia, la Policía reportó que seis vehículos fueron incinerados. El último incidente sucedió en una carretera del municipio de Betulia, donde le prendieron fueron a un furgón cargado de frutas.

En la subregión del Bajo Cauca, en el río Nechí, fue robada una lancha de Mineros Antioquia; y en la vía Montería-Cereté (Córdoba) le dispararon una ráfaga de fusil a una buseta, lo que dejó tres pasajeros heridos, incluyendo a un menor de edad.

En el barrio La Loma de Los Bernal, en Medellín, un decena de encapuchados interceptó un bus alimentador del Sistema Metro y,tras bajar a los pasajeros, lo incineró. También pintaron grafitis en Belén Rincón y el barrio El Limonar, del corregimiento San Antonio de Prado.

José Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, declaró que las pérdidas para su gremio son de 505 millones 586.267 pesos hasta el momento.

EPM reportó desabastecimiento de gas natural en los municipios de Necoclí, Apartadó, Turbo y San Juan de Urabá. La razón fue que los camiones que llevan el producto no pudieron ingresar a esas localidades, debido al lío de orden público.

Otro hecho que perturbó la seguridad fue un supuesto atentado contra la exsenadora Piedad Córdoba, en Quibdó (Chocó). Según ella, un sujeto se le arrimó con la intención de dispararle, pero huyó sin hacer un solo tiro cuando sus escoltas le cerraron el paso.

En El Carmen (Norte de Santander), el alcalde de ese municipio, Edwin Contreras, fue víctima de un ataque a bala cuando iba en camioneta por la vía a Ocaña. Sufrió heridas menores por las esquirlas de las ventanillas.

El presidente Juan Manuel Santos reiteró que por ningún motivo le dará “tratamiento político” a la facción, como esta pretenden al querer negociar un sometimiento con el Estado.

Grafiti pintado en el barrio Belén Rincón, del suroccidente de Medellín. Cortesía.

LAS CONCLUSIONES

1). Se bajó la guardia con el “plan pistola”
Desde el fin de semana antepasado, con la muerte de tres policías en Cartagena y dos en Nariño, se suponía que las autoridades estaban en máxima alerta por un “plan pistola” de la banda. No obstante, en las 48 horas del paro fueron asesinados dos militares y tres policías en Chocó y Antioquia, y seis más quedaron heridos.

2). Falta de previsión de las autoridades
Desde el 27 de marzo comenzó a circular el panfleto, anunciando el paro del 31 de marzo. Pese al anuncio, los hechos demostraron falta de preparación de las autoridades, que no lograron ni frenar el paro ni transmitirle confianza a la gente para que saliera a las calles. Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, el Gobierno subestimó la situación y “se le cayó el discurso de que esto se trata de pequeñas bandas ilegales. Se vio que son capaces de paralizar a una población grande, como Apartadó, de más de 150.000 habitantes”.

3). Enorme poder para amedrentar a la gente
Los efectos del paro se sintieron en 6 departamentos y en vías nacionales. Cerraron las escuelas y el comercio, se paralizó el transporte, se afectó la vida cotidiana y hubo millonarias pérdidas. Jeremy McDermott, codirector de la Fundación Insight Crime, dice que este modus operandi es propio de la guerrilla. “Hay que tener en cuenta que los cabecillas de la banda son exguerrilleros, y esa es una señal a futuro: en 10 años, los jefes del narcotráfico serán exmiembros de Farc y Eln”.

4). Desarticulación de región y el centro
Mientras el ministro de Defensa, Luis Villegas, daba partes de tranquilidad desde Bogotá, subregiones como Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Córdoba estaban paralizadas; lo mismo ocurrió con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien desde Medellín afirmó que los alcaldes le decían que la situación estaba mejorando. Pese a estas declaraciones, en las comunidades reinaba la zozobra. ¿Por qué hubo tal desarticulación?¿Los mandatarios locales no querían sembrar el pánico? ¿Los líderes regionales y nacionales le bajaron la temperatura al tema adrede?

5). Mal mensaje de cara al proceso de paz
Según Ávila, lo sucedido “envía un mal mensaje a la mesa de La Habana y le da la razón a las Farc, que dicen que en Colombia hay una fuerza paramilitar que amenaza el posconflicto. El Gobierno siempre lo había negado, porque consideraba que el paramilitarismo ya se había acabado”.

6). Buscan ser un “actor del conflicto”
Un plan de la banda es ser tenida en cuenta para una negociación de paz con el Gobierno. En su panfleto hablaban de una “salida digna” para sus integrantes. El vicepresidente Germán Vargas opinó: “no hay derecho a que estas organizaciones pretendan  intimidar a los colombianos a través de este tipo de movilizaciones, que no tienen otro propósito sino el reconocimiento de un estatus político que no van a lograr a través de estos mecanismos”.

NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” aterrorizaron en Medellín y Antioquia.

El Inspector.

No es sencillo enfrentar ese número de bandas, que equivalen al 18,6% de las detectadas por la Fiscalía en Colombia (1.883). Al anterior alcalde de Itagüí, Carlos Trujillo, el esfuerzo le significó un plan criminal para atentar contra su vida, lo mismo que le sucedió en febrero a su homólogo de Medellín, Federico Gutiérrez.

Esta es una investigación periodística elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de este año, se cometieron 106 homicidios en Medellín. Foto de Archivo.

La primera de las fuerzas que rigen a esas facciones es “la Oficina”, con una historia delincuencial que ajusta tres décadas y decenas de cabecillas probados en su cúpula; la otra es “los Urabeños”, cuya influencia en el área metropolitana se hizo tangible en 2012 (ver la NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” llegaron a Medellín y con ellos la muerte).

Cada una alberga un conjunto de “odines” (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico), que es como la Policía denomina desde 2009 a las confederaciones que agrupan a los combos por comuna o municipio.

Estos grupos se han dividido el Valle de Aburrá cuadra por cuadra, y cuando hay intereses opuestos en un mismo lugar, se encienden las disputas armadas, como pasa en Bello (donde se enfrentan “los Chatas”, “el Mesa” y “Pachelly”), Castilla (“los Matecaña”, “Nuevo México” y “el Hueco de la Candelaria”) y el sector La Loma del corregimiento San Cristóbal (“la Loma”, “San Pedro” y “Peñitas”).

El secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, dice que se están interviniendo de cerca las problemáticas de Castilla (por combos en pugna), Aranjuez (robo de motos) y Manrique (fleteros).

Hay sectores en los que varias bandas delinquen a la vez. Los investigadores las llaman “comunas despensa”, a donde llegan delincuentes de zonas diversas para extender sus redes, bajo un pacto tácito de no agresión. En Medellín, por ejemplo, están Barrio Antioquia (plazas de vicio), El Poblado (tráfico de drogas y hurtos), Laureles (hurtos) y el punto neurálgico que mayor reto le plantea a la Alcaldía: el Centro.

LOS “PATRONES” DEL CENTRO
El crimen organizado en el corazón urbano de Medellín se controla desde la periferia. Las que tienen las redes más fortificadas, según fuentes policiales, son la “Odín Caicedo”, “Odín Picacho” y “Odín la Terraza”, que a su vez coordinan a los cerca de 20 combos locales del Centro, autodenominados “convivir”.

Y entre toda esa maraña de cabecillas y secuaces, hay uno que se convirtió en el principal blanco de las autoridades. Su alias es “Pedro Pistolas”. Este hombre es sospechoso de fraguar, en compañía de otros, el atentado contra el alcalde Gutiérrez y el sabotaje a su plan de recuperación del Centro, según la denuncia instaurada por un ciudadano en la Procuraduría (01/2/16).

Aunque la información sobre él está dispersa en múltiples bases de datos de las autoridades, se estableció que la primera investigación que lo menciona data de 2006, y está anquilosada en un despacho de la Fiscalía Especializada de Medellín, junto a otros 1.509 casos pendientes de resolver por un solo fiscal.

El expediente se basa en un informe del DAS sobre una estructura de las Autodefensas que delinquía en el casco urbano de Anorí (Antioquia). Allí dice que “Pedro Pistolas”, nacido en 1962 en el vecino municipio de Yarumal, era el coordinador de esa cuadrilla.

En registros policiales le figuran dos incautaciones de arma de fuego con salvoconducto, en el barrio La América: una pistola CZ 9 m.m., cuando estaba ebrio (13/1/07); y otra pistola CZ, con municiones, “por andar deambulando en actitud sospechosa” (21/1/07).

Su hermana menor fue capturada por el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) en 2009 y condenada a 36 meses por concierto para delinquir, porque le encontraron un laboratorio de drogas en su finca de Venecia, Antioquia. El informe del caso señaló que sería “integrante de una red de narcotráfico al servicio de ‘la Oficina’”.

Lo siguiente que se supo de “Pedro Pistolas”es que fue víctima de lesiones personales el 26/5/2012, cuando lo atacaron a bala en Laureles.

Pese a las pistas, no existe una orden de captura en su contra. Ahora que las autoridades revivieron el interés en su arresto, se investigó que tiene locales comerciales en sanandresitos del Centro y que al parecer coordinaría una “convivir” asociada con la “Odín Caicedo”.

Su hombre de confianza es apodado “don Ómar”, un exsargento que representa otra de las pesadillas del crimen organizado en el Aburrá: las bandas lideradas por antiguos miembros de la Policía.

EXPOLICÍAS Y CABECILLAS
El pasado 11 de febrero, bajo la coordinación de la Fiscalía 27 de la Dirección contra el Crimen Organizado, la Policía arrestó a cinco presuntos integrantes de la “Convivir Carabobo”, señalados de extorsionar a los vendedores callejeros y almacenes, para que pagaran la “vacuna” de vigilancia a cambio de dejarlos trabajar (ver la NOTA RELACIONADA: Caen presuntos miembros de “Convivir” del Centro).

Las víctimas laboraban en el sector comprendido entre las calles 50 (Colombia) y 44 (San Juan) y entre las carreras 51 (Bolívar) y 44 (Niquitao). Los vendedores ambulantes pagaban de $3.000 a $5.000 semanales, y cada local $22.000.

El supuesto líder de esta célula delictiva sería Andrés Hincapié Vargas (“Hincapié”), un expatrullero expulsado de la Policía Metropolitana en 2013, cuando lo descubrieron manejando una moto robada.

La Procuraduría lo inhabilitó por 10 años (fallo de segunda instancia del 17/12/13).

Y tras su captura, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir y extorsión agravada, que “Hincapié” rechazó en el estrado. Hoy duerme en la cárcel El Pedregal.

Su caso se suma al de “don Ómar” y otros ocho expolicías que, más que trabajar para bandas, ascendieron en esas jerarquías hasta ser cabecillas. El más conocido es el capitán (r) Edward García Arboleda, alias “Orión”, cuyo rostro es conocido en varios países desde que el Departamento del Tesoro de E.U. lo incluyó en la Lista Clinton por sus presuntas relaciones con “la Oficina” (ver la NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”).

Trabajó para el extraditado general (r) Mauricio Santoyo, en su paso por el Comando Élite Antiterrorista (Ceat). Luego estuvo en la Dijín, antes de su retiro. Su cuñado es un mayor (r) apodado “Careguayo”, quien también aparece ligado a “la Oficina” en informes de la Fiscalía y la Policía, aunque carece de orden de captura.

En la “Odín Robledo”, a sangre y fuego ascendió un expatrullero apodado “Duque”, hasta liderar los asuntos del grupo en el barrio El Diamante. Según reportes de Inteligencia, estaría relacionado con ocho homicidios en la comuna 7, taquillazos a bancos y en 2012 fue detenido en el barrio Mesa de Envigado, cuando iba en un carro con un cuadro robado del maestro Fernando Botero, avaluado en $20 millones. No tiene orden de arresto.

Como tampoco la tienen el expatrullero pensionado alias “Tombolín”, presunto cabecilla de la “Odín la Terraza”; ni “Mauricio el Grande”, un exsubintendente que en 2005 se desmovilizó del bloque Héroes de Granada de las Auc y ahora ejecuta trabajos para “la Oficina” y la “Odín Belén”. A este último le incautaron 19 veces armas con salvoconducto, entre 2001 y 2007, pero siempre salió avante; incluso sobrevivió a un atentado, cuando en Belén Rincón le dieron cuatro tiros (11/11/13).

Otro par de expolicías que llegaron a liderar bandas fueron capturados y sentenciados en años recientes: John Jairo Ruiz Muñetón (“Calvo Ruiz”), cabecilla de la banda “la Camila” de Bello, paga 8 años de prisión; y Jean Fernando Espinosa (“Yam” o “la Firma”), de la “Odín Picacho”, 15 años.

Frente a este fenómeno, el general José Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, señala:“si la Policía en su actividad de transparencia verifica que algunos han sido captados por la delincuencia, los retira. Y lógicamente estos locos se van a seguir delinquiendo en bandas. Nosotros seguimos el proceso con la Fiscalía, y si hay que capturarlos lo hacemos, o si hay que darlos de baja en algún procedimiento, los damos de baja”.

Y concluye: “aquí no se puede perdonar nada al interior, y mucho menos si es un exmiembro de la Institución”.

Esta infografía representa a las principales bandas del Valle de Aburrá y los lugares donde tiene influencia, así como sus alianzas y disputas internas. Cortesía El Colombiano.

BUSCANDO NEGOCIACIÓN
“Los Urabeños”, por medio de abogados y sacerdotes anglicanos coordinados por su cabecilla político Abimael Coneo (“Torta”), iniciaron acercamientos con la Dirección de la Fiscalía en enero de 2015, con miras a negociar el sometimiento de sus miembros, a cambio de beneficios jurídicos. El primer resultado fue la rendición de 12 “urabeños” en Roldanillo, Valle (11/2/15).

El vicefiscal General, Jorge Perdomo, dijo el 21 de mayo que había nombrado un fiscal especializado para encabezar las reuniones con delegados de la banda, en aras de negociar. Hasta ahora no hay un resultado definitivo, mientras en el Congreso avanza un proyecto de ley que regularía estos procedimientos.

Desde agosto unos miembros de “la Oficina”, adscritos a la “Odín la Terraza”, iniciaron otro acercamiento con la Fiscalía. Se trata de Julián González (“Barny”), Édinson Rojas (“Pichi Gordo”) y Camilo Rendón (“Saya”), condenados a penas superiores a 10 años.

El contacto entre estos cabecillas fue a través de la coordinadora de la Unidad de Vida de la Fiscalía, Alexandra Vélez, quien enteró del proceso a su superior y a la Alcaldía. El director Seccional de Fiscalías de Medellín, Germán Giraldo, avaló las conversaciones y destinó un equipo de tareas especiales para verificar la información aportada.

Los delincuentes ofrecieron esclarecer varios crímenes, a cambio de beneficios carcelarios y rebajas de pena en futuros expedientes. Como prueba, entregaron una caleta con 80 armas en el corregimiento Santa Elena (04/11/15) y facilitaron el sometimiento de “la Pecosa”, quien tenía orden de captura por extorsión. Pese a esto, la Fiscalía suspendió abruptamente las conversaciones el mes pasado y relevó del cargo a la fiscal Vélez.

El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia, que actuó como veedor del proceso, se declara decepcionado. “No era clandestino, había actas de las reuniones, ¿por qué la Fiscalía descartó esta iniciativa de paz, que buscaba llevarle la verdad a las víctimas? El resultado de este intento fallido es más incredulidad en la justicia. ¿Entonces qué hacemos con los delincuentes que quieren colaborar? ¿Que no lo hagan?”, se pregunta el jurista.

La postura de la Alcaldía en este asunto parece imparcial. Villegas dice que “la decisión es potestad del Gobierno Nacional, hay una normatividad que permite acercamientos solo con los grupos armados al margen de la ley; en este caso tendría que haber un sometimiento, y si el Gobierno lo considera, haría las modificaciones (a la ley) para las negociaciones. La Fiscalía tiene la palabra y serán ellos los competentes”.

Mientras las autoridades definen los mecanismos para un sometimiento, sobre todo ahora que tanto se habla de posconflicto, la premisa es la lucha frontal contra las bandas y sus redes de corrupción.

El Inspector.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro, incluyó hoy en la Lista Clinton a tres supuestos exmilitantes del Cartel de Medellín: los hermanos Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao, y el supuesto narcotraficante Reinaldo Ochoa Mesa, alias “Natilla”.

Este es el organigrama la Ofac, que incluyó en la Lista Clinton a “Tom” (desde 2014) y ahora a “don Gabriel”, “Natilla”, los hermanos Gallón Henao y Hugo Giraldo. Cortesía.

“La Oficina y el Clan Úsuga dependen de poderosos traficantes de narcóticos como los designados hoy, quienes les proporcionan financiación a cambio de protección para sus operaciones de tráfico de narcóticos y para sus otras actividades criminales”, declaró John E. Smith, director (e) de la Ofac.

Para las autoridades norteamericanas, estas tres personas son “financieros criminales y narcotraficantes con una carrera de vieja data, centrados en patrocinar las activdades ilegales de la Oficina”. Junto a ellos fue incluido en la Lista Clinton el ciudadano Hugo Humberto Giraldo Ochoa, sospechoso de integrar una red de lavado de activos de la banda.

Los Gallón Henao, empresarios y caballistas antioqueños, tienen un historial ligado a la estructura narcotraficante del Clan Ochoa, uno de los pilares del hoy extinto Cartel de Medellín. Fueron investigados y absueltos por ser los supuestos determinadores del homicidio del futbolista Andrés Escobar (1994), episodio por el cual fue condenado un escolta de ellos en calidad de autor material.

Los Gallón Henao están libres en la actualidad y al parecer ya no tienen deudas pendientes con la Fiscalía colombiana.

En el caso de “Natilla”, investigadores policiales lo señalan de ser un auspiciador de “la Oficina” en Envigado y el sur del Valle de Aburrá, a través del tentáculo de la estructura en esa zona: la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), y sus cabecillas “Mateo” y “Beto”.

También está en libertad y carece de orden de captura en el sistema penal colombiano, aunque en la ofensiva del Tesoro fue reseñada la empresa agrícola Semillanos S.A., ubicada en Cereté (Córdoba), en la cual tendría injerencia.

“Hemos hallado que una de las formas más efectivas de desestabilizar a estos influyentes grupos criminales es aislando a quienes los apoyan de la economía de Estados Unidos”, recalcó Smith, ya que el ser incluido en la Lista Clinton implica el congelamiento de las transacciones financieras y la suspensión de visas.

Dentro de la misma operación, la Ofac también aplicó sanciones financieras a Octavio Cartagena Benítez, alias “don Gabriel” o “Gabriel Paraco”, uno de los principales enlaces de “los Urabeños” con “la Oficina” y garante del pacto de no agresión entre ambas facciones, vigente desde mediados de 2013.

“Don Gabriel” es desmovilizado del bloque Noroccidente de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y en la actualidad es el presunto jefe delegado de “los Urabeños” (o Clan Úsuga) para el Valle de Aburrá y el norte de Antioquia.

“Cartagena Benítez trabaja con su contraparte de la Oficina, Juan Carlos Mesa Vallejo (alias “Tom”), para mantener el acuerdo de poder compartido entre la Oficina y el Clan Úsuga”, concluye el reporte de la Ofac.

NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la Zona Norte.

El Inspector.

La muerte de 9 personas a manos de sicarios que incursionaron en la vereda El Salado sigue impune y la Fiscalía y la Policía no han logrado esclarecer los hechos ni expedir una sola orden de captura. Esta es la investigación periodística de seguimiento al caso, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Fachada de la finca en la cual se cometió la matanza. Foto de Edwin Bustamante.

“He preguntado a la Fiscalía y hasta el momento no hay resultados en la investigación, todavía están en proceso”, ratifica el alcalde envigadeño, Héctor Londoño.

Es claro que el objetivo de los mercenarios aquella madrugada del 31 de diciembre de 2012 era Jorge Pérez Marín, alias “Morro”, uno de los cabecillas de la banda “la Oficina”. Las demás víctimas sufrieron el horror por estar celebrando el Año Nuevo con quien no debían.

Después de lo ocurrido, el mapa del crimen organizado en el área metropolitana se fue transformando a partir de otros homicidios, capturas y alianzas entre facciones ilegales.

Pese al silencio que reina sobre el tema y la ausencia de buenas fuentes que guíen a las autoridades, el nuevo orden que ha emergido en el bajo mundo da pistas sobre a quiénes les convenía la muerte de “Morro”.

El deceso de Pérez fue el inicio de una purga interna en la que no solo fue eliminada de tajo toda su línea de mando, sino otros cabecillas que tenían en común el manejo de las finanzas en “la Oficina” y su oposición a crear alianza con “los Urabeños”.

EL COLOMBIANO ha dialogado con funcionarios de la Fuerza Pública, Fiscalía y el gobierno de E.U., que hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de una investigación en curso, para reunir las huellas dispersas de este enigmático caso.

1. La reunión que sembró la desconfianza

En octubre de 2012, dos meses antes de la matanza, uno de los jefes históricos de la organización criminal “la Oficina”, Carlos Aguilar (“Rogelio”), envió una carta a dos antiguos socios en Medellín:Jorge Pérez (“Morro”) y Wilmar Metaute (“Pichi Calvo”). Según fuentes judiciales, les pedía que contemplaran la opción de someterse a la justicia de E.U. a cambio de beneficios.

“Rogelio” está en la cárcel de Manhattan desde 2008, cuando hizo un acuerdo con la DEA pensando en tener una condena rápida por narcotráfico. Sin embargo, procesos de otras agencias por homicidio y secuestro, complicaron su situación. Han pasado más de seis años y ni siquiera le han dictado sentencia; para rematar, el juez de la corte del Distrito Sur de Nueva York que llevaba su caso falleció de causa natural en 2014, lo que retrasará más el fallo.

Desesperado, Aguilar comenzó a colaborar con información y gestionar sometimientos de sus exsocios. En 2009 lo intentó con Fabio Vélez (“Nito”), pero “la Oficina” temió que él los delatara y lo mató en Rionegro (01/9/09).

Su carta a “Morro” y “Pichi Calvo” fue traída a Medellín por su hermana, la exfiscal del Bloque de Búsqueda, Cruz Elena Aguilar, junto a un prestigioso abogado de La Florida.

A la primera reunión, en un establecimiento de El Poblado, asistieron Pérez y Metaute. Allí los enteraron de la propuesta y de cómo funcionaba el sistema penal estadounidense. A la segunda reunión, el mismo mes, solo fue “Morro”.

Los investigadores indicaron que a “Pichi Calvo” no le sonó la idea y que “la Oficina” y los funcionarios corruptos con los que trabaja, comenzaron a temer una traición de “Morro” (ver la NOTA RELACIONADA: Una carta habría desatado la masacre de Envigado).

 2. Exterminio de ala financiera

En la madrugada del 31/12/12, un comando sicarial irrumpió en la finca La Piscina de la vereda El Salado, en Envigado. Acribillaron a “Morro”, quien llevaba un año residiendo ahí, y a ocho invitados para la fiesta de Año Nuevo.

La masacre fue el principio de un exterminio en las entrañas de “la Oficina”. A los 25 días, los mercenarios asesinaron a “Conejo” en el barrio Laureles de Medellín, y a “Cachetes” en el barrio Santa Fe; ambos fueron trabajadores de “Morro”, según la Policía.

Después la aniquilación se concentró en cabecillas e integrantes del ala financiera de “la Oficina”. El 22/2/13 murió “el Primo” cuando conducía su carro en la vereda El Salado, la misma de la masacre; a los dos días abalearon a “Patetigre”en un parqueadero del barrio El Salvador de Medellín; y tres días más tarde la muerte le llegó a “el Zarco” en el barrio El Portal de Envigado.

Las rencillas no quedaron saldadas ahí. Wilmar Metaute (“Pichi Calvo”), amigo y socio de “Morro” y quien al final rechazó la propuesta de “Rogelio”, fue asesinado el 12/6/14 en el estacionamiento de una discoteca de Las Palmas. En el hecho murió su acompañante Iván Ciro Muñoz (NOTA RELACIONADA: La muerte le puso una cita a “Pichi Calvo”).

Y el pasado 25 de enero abalearon en la vía Las Palmas, a la altura de Envigado, a Mauricio Ramírez (“Mao Tatuajes”), quien según investigadores judiciales fue aliado de “Morro” y “Pichi Calvo”.

La mayoría de estas víctimas, además de supuestas relaciones ilegales en la estructura de “la Oficina”, tenía otra característica en común: se oponían a formar alianza con la banda “los Urabeños”, temiendo que estos se apoderaran del bajo mundo en el Valle de Aburrá.

3. Reacomodo en el bajo mundo

La matanza y los crímenes posteriores reflejan una división en la cúpula de “la Oficina”, la mafia que hasta 2012 controlaba el 90% de los combos del Valle de Aburrá.

En la actualidad, aunque conserva gran parte de sus tentáculos, debe compartir la hegemonía del bajo mundo con “los Urabeños”, una organización de origen narcoparamilitar con redes en tres continentes, 17 departamentos de Colombia y que estableció alianzas con bandas de Bello, Girardota, Copacabana, Barbosa y Caldas, y en Medellín con grupos de las comunas 6, 8, 10, 13, 16 y los corregimientos Altavista, San Antonio de Prado y San Cristóbal.

Para no irse a una guerra desgastante y de alto costo, “la Oficina” y “los Urabeños” formalizaron un pacto clandestino de no agresión en julio de 2013, mediante el cual redujeron las confrontaciones armadas entre sus facciones y se repartieron las zonas para el tráfico de drogas y microextorsión (NOTA RELACIONADA: En cumbre mafiosa se pactó una tregua de combos).

La cúpula de “la Oficina” funciona como un comité directivo, integrado por cabecillas de las comunas y municipios del área metropolitana, y no todos estaban de acuerdo con la entrada de “los Urabeños” a su fortín histórico. El difunto “Morro”y “Pichi Calvo”(ala financiera), “don Pepe” y “Tuto” (Itagüí), “Fredy Colas” (comunas 8 y 10), y “Barny” y “Pichi Gordo” (nororiente) se resistían a la alianza y a compartir los territorios.

4. Emerge un nuevo orden en “la oficina”

Tras la masacre, las autoridades comenzaron una racha de capturas de cabecillas de “la Oficina”. Quizá por coincidencia, o por una movida maestra de la mafia, cayeron a la cárcel los principales jefes que se oponían a la alianza con “los Urabeños”, en especial los de los clanes del nororiente de Medellín e Itagüí.

Uno tras otro fueron detenidos “Pichi Gordo” (10/2/13), “don Pepe” (19/4/13), “Yordi” (06/8/13), “el Tigre”(26/10/13), “Tuto” (10/6/14), “Saya” (03/8/14) y “Barny”(09/2/15).

“Fredy Colas” firmó un preacuerdo para someterse a la justicia de E.U., que lo investiga por lavado de activos. A estos hechos se sumaron las muertes de “Pichi Calvo” y “Mao Tatuajes”, con lo que en la cúpula de “la Oficina”quedaron reinando los jefes proclives a la sociedad con “los Urabeños”.

Según fuentes de la Fiscalía y del gobierno de E.U., el hombre más fuerte en el comité directivo de “la Oficina” es Carlos Mesa, alias “Tom”. Lo sigue en importancia Carlos Arredondo (“Mateo”).

Ambos tienen indagaciones preliminares en E.U. por narcotráfico y lavado de activos, y el Departamento del Tesoro los incluyó en la Lista Clinton. En Colombia carecen de órdenes de captura, pero los investigan por sus redes en el Valle de Aburrá y la alianza con “los Urabeños”para negocios en el Norte y Occidente de Antioquia.

La armonía entre los dos grupos hegemónicos favoreció que Medellín en los últimos dos años alcanzara reducciones históricas de homicidios.

5. Lista Clinton y fútbol

En la finca donde fue perpetrada la masacre, hallaron varias planillas con los equipos inscritos en los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol. Fuentes judiciales afirmaron que tres oncenos estaban resaltados:Envigado F.C., Arco Zaragoza y Tiendas Margos.

Para el Departamento del Tesoro de E.U. y la DEA, que le seguían la pista a “Morro” y “Pichi Calvo”, estos dos personajes al parecer lavaban el dinero del narcotráfico con transacciones financieras en el mercado futbolero.

Fue así como esa dependencia incluyó en la Lista Clinton, en noviembre de 2014, a personas y entidades presuntamente ligadas al blanqueo de activos para “la Oficina”, “Morro” y “Pichi Calvo”, en particular los relacionados con aquellos tres equipos resaltados en la planilla: Juan Pablo Upegui y su madre Margarita Gallego, copropietarios de Envigado Fútbol Club y la empresa de ropa Tiendas Margo’s, fabricante de los uniformes del citado equipo. Esas dos entidades quedaron igualmente en el listado.

También designaron en la lista a Óscar Echeverry Pareja (“el Mosco”), socio de Upegui y cazatalentos para las divisiones inferiores de Envigado F.C., quien usaría como cantera de talentos al club aficionado Arco Zaragoza.

Entre julio y noviembre del año pasado, el Tesoro sancionó a 58 ciudadanos y empresas supuestamente asociados con las redes de lavado para la banda, congelando sus transacciones financieras y visas. Los miembros de la cúpula quedaron reseñados, aunque la mayoría no tiene orden de captura en Colombia; entre ellos, “Tom”, “Mateo”, “Diego Chamizo”, “Fredy Colas”, “Tuto”, “Carlos Pesebre”, “Barny”, “Pichi Gordo”, “Chaparro”, “Mono Amalfi”, “Beto”, “Nene” y “Orión”.

“Además de su participación en el tráfico de narcóticos, ‘la Oficina’ es cómplice de lavado de dinero, extorsión y asesinatos por encargo”, declaró Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro (NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”).

6. El silencio de los no inocentes

La Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado tiene la tarea de esclarecer la masacre, pero dos años y dos meses después, es poco el avance. Ni siquiera una orden de captura ha expedido, tampoco allanamientos.

Sobre el hecho hay un silencio absoluto, no hay testigos y los informantes solo divagan. Los cabecillas de “la Oficina” que están en la cárcel saben lo que ocurrió, pero se niegan a hablar. Es el caso de “Tuto”, “Carlos Pesebre”, “Barny”, “Yordi” y “Pichi Gordo”.

Lo absurdo es que varios fueron beneficiados en sus penas gracias a preacuerdos con la misma Dirección contra el Crimen Organizado, que no les exigió cooperación con datos, sino la mera aceptación de unos cargos. “La verdad de la matanza está tras las rejas”, dice un investigador, quien pide reserva de su nombre.

También persisten los intentos por torcer la investigación. Fuentes cercanas al tema comentaron que la delincuencia ha ofrecido $12 millones por el informe de los criminalistas que estuvieron en la escena, donde de forma inusual hubo personal mezclado de CTI y Sijín, cuando lo pactado es que se turnan las inspecciones cada 24 horas; $3 millones por un blackberry de “Conejo”, el lugarteniente asesinado de “Morro”; y otra suma no especificada por el paradero de la empleada doméstica que sobrevivió a la matanza porque se fue a dormir temprano en la casa vecina.

La teoría más fuerte apunta a que la masacre fue ordenada por una falange de la propia “Oficina”, y hay dos móviles sobre la mesa: para que “Morro” no delatara a sus miembros en E.U., y por su oposición a la alianza con “los Urabeños”. De hecho, se investiga si estos últimos participaron en la planeación y ejecución, en asocio con sus facciones aliadas de “la Oficina”.

Lo cierto es que este crimen está impune y los muertos que parecen estar asociados son muchos más que nueve.

El Inspector.

El propósito fue planteado en 2010, cuando el Ministerio de Defensa y la Policía formularon el Plan Corazón Verde, que regiría las acciones de seguridad ciudadana durante el mandato de Juan Manuel Santos. “Desarticular al 2014 las bandas criminales”, decía la meta trazada en la estrategia número 3 de ese plan.

En la actualidad, sin embargo, continúan vigentes cuatro bacrim:“los Urabeños”, también llamados “Autodefensas Gaitanistas”o “Clan Úsuga”; “los Rastrojos”, “Libertadores del Vichada” y “Bloque Meta”. Estas dos últimas son disidencias del antiguo Erpac (Ejército Revolucionario Popular Anticomunista), de los Llanos Orientales.

Esta es una investigación del periódico El Colombiano, realizada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos son los principales objetivos de alto valor estratégico que las autoridades buscan detener a nivel nacional. Cortesía El Colombiano.

“Los Urabeños”, de acuerdo con la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, tiene en sus filas 2.650 integrantes y es catalogada por esa entidad como “la más grande organización criminal con poder de corrupción dentro de las instituciones del Estado”.

Opera en 17 departamentos de la Costa Atlántica, la zona Andina, Norte de Santander y la Costa Pacífica, con redes en tres continentes y células activas en Venezuela y España.

En esta última nación le capturaron hace tres semanas a un delegado, Víctor Pérez (“Palomo”), señalado de ejecutar cobros del narcotráfico y quien residía en la misma urbanización de las estrellas de fútbol del Real Madrid.

Y la presencia en el país vecino quedó patentada el 10 de noviembre, cuando 8 colombianos fueron masacrados en el estado del Zulia, en medio de una supuesta disputa de “los Urabeños”con otro grupo para consolidar ese corredor de movilidad entre Venezuela y Norte de Santander.

Para rematar, la Fiscalía anunció el 16 de noviembre que dos ‘urabeños’ fueron deportados desde Antofagasta, “a donde se habían trasladado argumentando búsqueda de oportunidades laborales, pero estaban cometiendo delitos contra el Estado chileno”.

No conforme con ser la única bacrim de alcance nacional, esta estructura sigue en proceso de expansión, y sus incursiones a nuevos territorios suelen ser sangrientas.

El defensor del Pueblo, Jorge Otálora, denunció en una carta enviada a los jefes de la Fuerza Pública y al MinDefensa (09/10/14), que esta agrupación incursionó en Barbacoas, Nariño, cometiendo asesinatos y convirtiéndose en “un riesgo para 15.743 habitantes de la cabecera municipal y 15.000 de los corregimientos Junín, Buenavista y Yacualá”.

“Los Urabeños” tienen una alianza por conveniencia con la guerrilla de las Farc y una cruenta pugna contra el Eln en sectores como el sur de Córdoba y Chocó, en donde el enfrentamiento entre las dos facciones en el primer semestre de 2014 produjo el desplazamiento de 3.311 indígenas emberá del Medio y Alto Baudó.

“Venimos debilitando las estructuras jerárquicas del ‘Clan Úsuga’ para acabar lo más pronto posible con su incidencia en los sectores estratégicos del tráfico de drogas”, acotó el general Jorge Rodríguez, director de la Dijín, al anunciar el viernes pasado (enero 9) la captura de “Ómar”, un cabecilla de la banda en Chocó.

La segunda bacrim en importancia y peligrosidad es “los Rastrojos”, herederos del cartel del Norte del Valle, que a punta de operativos y choques con los adversarios perdió su unidad nacional y ahora tiene redes dispersas por seis departamentos. Son 460 integrantes, según la Fiscalía, con base en Cali.

Su líder más visible, “don César”, se planteó la meta de unificar las huestes, pero cada día pierde terreno con “los Urabeños”, que son más exitosos en fomentar alianzas con bandas locales adonde quiera que llegan sus tentáculos.

En los Llanos Orientales pelean por el dominio territorial “Libertadores del Vichada” y “Bloque Meta”, sumando entre ambos 300 militantes.

La balanza se inclina hacia el grupo del Vichada, dirigido por “Pijarvey”, gracias a un pacto con “los Urabeños”, que le enviaron refuerzos para fortalecer sus acciones.

OTRAS AMENAZAS
Las bacrim no son el único reto en términos de delincuencia organizada. La Fiscalía y la Policía distinguen tres tipos de organizaciones, según su tamaño e influencia territorial: Tipo A). Las bandas que operan en más de un departamento, como las bacrim. Tipo B). Con presencia en varios municipios a la vez, como “la Cordillera”, “la Oficina” y “la Constru”. Tipo C). Actúan en varios barrios o comunas, al estilo de “la Empresa” (Buenaventura), “la Terraza” (Medellín) y “los Pamplona” (Rionegro, Antioquia).

En una categoría inferior están los combos y pandillas cuya nocividad se circunscribe a un solo barrio o esquina (ver la NOTA RELACIONADA: El listado de los combos que azotan a Medellín).

Luis González, director de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, dijo que están identificadas 1.005 bandas de crimen organizado. Tienen una alta participación en los 12 delitos que más denunciaron los colombianos en 2014: hurtos, tráfico de drogas, tráfico de armas, porte de armas, homicidio, abusos sexuales, extorsión, lesiones personales, secuestro, daños al medio ambiente, minería ilegal y corrupción.

El vicefiscal General, Jorge Perdomo, en una ponencia sobre Crimen Organizado y Posconflicto (21/8/14), explicó que el ente acusador viene implementando un plan a 5 años contra el fenómeno, para entender sus características y definir las herramientas jurídicas para atacarlo. “Hoy confundimos una organización a la que se puede imputar el concierto para delinquir, con una agrupación de personas que sencillamente cometen delitos en coautoría. Las organizaciones criminales tienen vocación de permanencia en el tiempo”, reiteró.

UNA LUCHA INACABABLE
Según el Ministerio de Defensa, en el último año capturaron a 2.687 miembros de las bacrim y la delincuencia organizada, y 21 murieron en operativos. Se destacó la aprehensión en Brasil de Marcos Figueroa (“Marquitos”), el terror de La Guajira.

Les incautaron 975 armas de fuego y 68.825 municiones, siendo el principal logro que 947 municipios (el 86% del país) no tuvieron “presencia efectiva” de esas facciones.

La Fiscalía agregó que los departamentos con mayor número de capturados fueron Antioquia (518), Valle (322), Córdoba (176), Norte de Santander (119) y Atlántico (106).

Entre los datos más preocupantes está la detención de 82 funcionarios estatales y uniformados de la Fuerza Pública con nexos con esos grupos, sobre todo con “los Urabeños” (27 arrestados).

El defensor Otálora señaló que en algunos municipios de Córdoba, como Lorica, Moñitos y Tierralta, el abuso de las bandas es tal que “controlan los horarios para ingresar y salir de la zona e imponen trabajos forzados a los habitantes”.

Mas esas no son las costumbres más aberrantes. El Colombiano denunció en agosto que “los Urabeños” estaban trasquilando con tijeras a los jóvenes que lucieran el pelo largo en el corregimiento de Currulao, en Turbo (Antioquia), con el pretexto de que no querían pandilleros en el área.

Y la Policía reveló que “Pijarvey”, en los Llanos,marcaba a “sus” mujeres con un tatuaje en la nuca que decía “Pija” sobre una araña.

A esto se suma la aparición de nuevos clanes como las Autodefensas Unidas de la Tercera Generación, que delinque en Barrancabermeja; y las Fuerzas Urbanas Revolucionarias (Fur), creadas por exparamilitares y desertores de las Farc en el Bajo Putumayo.

Con ese panorama, es previsible que este año tampoco se extinguirán las bacrim, con el agravante de que el fenómeno se agudice por la eventual desmovilización de las Farc y el papel que asuman miles de sus combatientes, expertos en tareas útiles a los fines del acaudalado crimen organizado.

De esta manera la Policía anunció su compromiso de acabar con las bacrim a 2014, en su página oficial de internet.

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ANEXO: LA DEA SE ENFOCA AHORA EN LOS JEFES DE SICARIOS

Cada vez que un capo de la mafia es arrestado, el mando de su estructura criminal es asumido por el jefe de sicarios. Así pasó con el cartel del Norte del Valle, con “los Rastrojos”, “la Oficina”, el Erpac y otras bandas que han sembrado el terror en Colombia e inundado de cocaína las calles de Estados Unidos.

La reflexión la hace Ken W.*, alto funcionario del gobierno estadounidense en América Latina, quien atendió a El Colombiano en la Embajada de Bogotá.

“Nosotros cambiamos la forma de trabajar hace tres años. Cuando los ‘Combas’ (máximos cabecillas de ‘los Rastrojos’) se entregaron (2012), la razón número uno fue que sus sicarios de confianza habían sido capturados y extraditados antes”, relató.

En 2010, los organismos de Inteligencia de ese país iniciaron un estudio del crimen organizado colombiano tomando como base el cartel del Norte del Valle y su evolución.

Determinaron que, por lo general, cada líder organiza su empresa ilegal en cinco departamentos con sus respectivos gerentes: un cabecilla encargado del lavado de dinero; otro con la función de sobornar y corromper a funcionarios públicos; uno responsable del transporte de la droga; una jefatura encargada de la fabricación de estupefacientes; y un grupo de mercenarios para la seguridad y la guerra contra otros.

En la parte superior de ese organigrama, además del patrón, suele haber un subdirector y miembros de su familia.

“Cada vez que se presenta una decapitación de la red, quien toma el control es el jefe de sicarios, porque tiene armas y poder militar, y conoce todo lo de la organización, las otras partes no”, explicó el diplomático.

Por las funciones de su cargo, el jefe de sicarios debe conocer todo el entramado de la banda, para brindar seguridad a la producción y transporte de los alucinógenos, servicio de escolta a los cabecillas, cobro de deudas a clientes y combate de enemigos. Nadie como él sabe cómo opera un grupo mafioso.

“Con eso empezamos a hacer nuestro enfoque – prosiguió -, no solo en el jefe de la organización, sino en la estructura de sicarios, por dos razones:porque si no cortamos como con un cuchillo esa parte de la organización, ellos serán la próxima generación; y además porque la parte de la banda que más causa daño a este país son los sicarios, que están matando gente sin pudor alguno”.

Ejemplos de delincuentes que empezaron como matones y ascendieron a la cúpula tras las desgracias de sus jefes, hay por montones:desde “Berna” en Antioquia y Córdoba, hasta “Chupeta” y “Rasguño” en Valle del Cauca, pasando por “Cuchillo” en los Llanos, “Diego Rastrojo” en Cali, “Sebastián” en Medellín y “Chepe” en Bajo Cauca. Todos fueron pedidos en extradición.

En 2014 se hizo más evidente este enfoque del gobierno norteamericano en su lucha contra el crimen organizado transnacional. El Departamento del Tesoro incluyó en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras, a delincuentes especializados en el sicariato.

Fue así como en el listado quedaron “Martín Bala” y “el Negro Orlando”, dos violentos mercenarios que surgieron del bajo mundo caleño, hasta convertirse en cabecillas y aliados de “los Urabeños”en su guerra contra “los Rastrojos”. Con ellos también designaron a “Visaje”, el delegado de ese clan en Norte de Santander y España.

De la misma manera, el Tesoro afectó a los líderes de “la Oficina”, y no solo a los distinguidos por su manejo del tráfico de drogas y finanzas, sino por su ascendencia en el ala militar de la banda que azota al Valle de Aburrá:“Beto”, “Orión”, “Tom”, “Diego Chamizo”, “Carlos Pesebre”, “Barny”, “Pichi Gordo”, “Tuto” y “Chaparro” (ver la NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”).

“Los cuadros de mando de ‘la Oficina’ intimidan y asesinan a ciudadanos y oficiales, incluyendo a valientes compañeros de la Fuerza Pública e investigadores judiciales de Colombia”, declaró al anunciar el listado Adam J. Szubin, el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de E.U.

PREOCUPADOS POR VACUNAS
“Ahora que hablamos de sicarios, en mi opinión, el negocio de la extorsión en más sucio, más organizado y menos conocido en este país (Colombia), pero afecta a más inocentes que el tráfico de drogas”, comentó Ken W*.

Analizando los reportes de la Policía, no existe un solo departamento donde no se presenten casos de “vacuna” extorsiva al comercio, el transporte, residencias, obras públicas, fincas, minería o fábricas.

Este fue uno de los 12 delitos que más denunciaron los colombianos en 2014, según la Fiscalía. Yde acuerdo con el MinDefensa, el año pasado se registraron 4.888 casos de extorsión, lo que significó un aumento del 1,7% con relación a 2013, aunque es sabido que el subregistro, por los hechos no denunciados, es mayor.

“Y pensando en nuestra responsabilidad compartida, ahora que bajó la cantidad de droga que salía de aquí, más del 50% en producción y exportaciones; y eliminamos los grandes carteles y las bacrim, menos al ‘Clan Úsuga’, ¿cómo podemos ayudar a Colombia?”, se preguntó el funcionario. Y añadió: “La respuesta es disminuyendo homicidios relacionados con el narcotráfico y el otro crimen predatorio que es la extorsión. ‘La Oficina’ es el modelo malo de extorsión y homicidio, y por eso estamos enfocándonos en eso en este momento” .

*Nombre cambiado por petición de la fuente.

El Inspector.

El último en ser detenido es Carlos Arturo Rincón Correa, alias “don Daniel”, “Pablo” o “el Pastuso”, quien cayó este lunes (diciembre 15) cuando se hospedaba en un hotel del municipio antioqueño de Apartadó. Este es el análisis de la situación, elaborado por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Rincón Correa, alias “don Daniel”, “Pablo” o “Pastuso”. Cortesía Policía.

Según el general Ricardo Restrepo, director Antinarcóticos de la Policía, este exparamilitar era el encargado de establecer las conexiones entre “los Urabeños” y las Odín (organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico)del Valle de Aburrá, especialmente las de “Altavista”, “la Sierra” y “San Javier”.

El poder de “don Daniel” también se extendía a las subregiones del Nordeste y Occidente. Aunque en el pasado perteneció a los bloques Metro y Centauros de las Auc, nunca se desmovilizó, según la Agencia Colombiana para la Reintegración.

En la tarde de ayer fue presentado ante el Juzgado Tercero Penal Ambulante de Antioquia, en el Palacio de Justicia de Medellín. La Fiscalía le imputó los cargos de concierto para delinquir agravado y falsedad en documento público y privado (por los papeles falsos que portaba al momento de su arresto), los cuales fueron negados por el procesado. El despacho judicial le dictó medida de aseguramiento provisional en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Según la Policía, “don Daniel” viajó a Urabá para reunirse con su jefe Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, quien al parecer pretendía reasignarlo a otro sector. Por tal motivo, llevaba consigo un inventario con el número de hombres a su cargo, así como las armas y territorios bajo su comandancia.

Su caída estuvo precedida por la de Johan Arenas Rúa, un exoficial del Batallón Guardia Presidencial del Ejército, quien pasó de custodiar el Palacio de Nariño a servir para las finanzas de la banda en Medellín y otras subregiones antioqueñas, bajo el alias de “el Capi”.

Este hombre fue detenido el 11 de noviembre en el municipio de El Retiro (ver la NOTA RELACIONADA: De guardia presidencial a cabecilla de “los Urabeños”).

Y antes de él, la Policía había arrestado en Tolima (28 de septiembre) al presunto jefe político de la banda: Albeiro Feo Alvarado, alias “Benavidez”, quien se encargaba de gestionar los acuerdos de cooperación y pactos de paz entre “los Urabeños” y otras facciones ilegales, como “la Oficina”, las Farc y “los Rastrojos” (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Benavidez”, supuesto político y negociador de “los Urabeños”).

En la capital antioqueña, al igual que “don Daniel”, fungía como garante del pacto con “la Oficina”, que desde julio de 2013 redujo los enfrentamientos entre combos y el índice de asesinatos, al tiempo que repartió los territorios y cuotas para el tráfico de estupefacientes y la microextorsión.

Ante el encarcelamiento de estos tres delegados, las autoridades se preguntan quiénes asumirán las riendas de esa agrupación delictiva en Medellín, una ciudad clave para el lavado de activos, el narcotráfico y los cobros extorsivos.

POSIBLES SUCESORES
Los investigadores judiciales están perfilando a dos personas que podrían tomar las riendas de “los Urabeños” en la metrópoli. Uno es el reinsertado alias “don Gabriel”, cabecilla de la estructura en el Norte y aliado de las bandas del vecino municipio de Bello (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la zona norte).

El otro es apodado “Mili”, un lugarteniente de “don Daniel”, cuya actual base de operaciones es el corregimiento San Antonio de Prado.

Según las pesquisas de la Fiscalía, “Mili” sería el encargado de coordinar una facción dentro de la estructura, llamada las “Fuerzas Especiales”.

Este grupo de mercenarios altamente entrenados habría participado, entre otros crímenes, en la masacre de 8 personas en la zona rosa de Envigado (02/7/10); el secuestro y homicidio de 9 ciudadanos en Sopetrán (24/4/11); el asalto sicarial a una urbanización del barrio Castropol, en el que fallecieron dos miembros del combo “Pachelly” (29/6/11); y el paro armado de “los Urabeños” en varias comunas de Medellín, tras la muerte de su máximo jefe Juan de Dios Úsuga (05/1/12).

El secretario de Seguridad de Medellín, coronel (r) Sergio Vargas, dice que las capturas de estos tres cabecillas no han afectado el orden público. “Noviembre, con 40 casos, y diciembre con 15 hasta ahora, han sido los meses con los índices de homicidios más bajos del año. El tema de “los Urabeños” no incide tanto en ese aspecto como el de otras bandas de Castilla, Robledo, Aranjuez y Doce de Octubre”.

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ANEXO: CABECILLA URABEÑO ERA VECINO DE ESTRELLAS DEL REAL MADRID

Víctor Pérez Mosquera, cabecilla “urabeño” en España. Cortesía Policía.

De otro lado, la Guardia Civil de España reveló ayer (diciembre 16) que el jefe de sicarios de “los Urabeños” en ese país, Víctor Pérez Mosquera (alias “Palomo”, “Mosco” o “Negro Mosquera”), que había sido detenido la semana pasada, se hospedaba en la misma urbanización de las estrellas del Real Madrid, como James Rodríguez, Cristiano Ronaldo e Íker Casillas.

El sitio es conocido como “La Finca”, en el exclusivo sector Pozuelo de Alarcón, en Madrid.

Pérez, además, sostuvo en el pasado un romance con una top model antioqueña y gastaba gruesas sumas de dinero en una vida ostentosa. Al parecer ayudó en la exportación de un automóvil Lamborghini blanco que circula por las calles de Medellín, para un amigo suyo, y que fue alquilado por el reguetonero Nicky Jam para “chicanear” en uno de sus videos musicales.

En Europa su función era vigilar los envíos de drogas, cobrar el dinero respectivo, hacer violentos ajustes de cuentas y contribuir en la expansión de las redes de “los Urabeños” en España, Italia y el Reino Unido.

Será extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará procesos por narcotráfico (ver la NOTA RELACIONADA: “El Ratón” y las oficinas sicariales en España).

El Inspector.

Se trata del capitán retirado del Ejército, Johan Arenas Rúa, quien en la mañana de este martes (noviemnre 11) fue presentado por las autoridades como el jefe de finanzas de la banda en las subregiones antioqueñas del Nordeste, Magdalena Medio, Occidente y Valle de Aburrá. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El capitán (r) Johan Arenas aceptó la culpa en el estrado y ahora espera la sentencia. Cortesía Policía Antioquia.

Hasta 2008, Arenas fue un oficial con una hoja de vida impecable, con más de 13 años en la Institución. Esto lo llevó a integrar el Batallón de Infantería N°37 Guardia Presidencial desde 2006, el cual custodia las sedes del poder Ejecutivo y Legislativo en Bogotá, entre ellas el Palacio de Nariño.

Como miembro de dicha unidad militar, protegía no solo al Primer Mandatario de Colombia, sino a los familiares que vivían con él en la sede presidencial.

El 16 de agosto de 2007, durante un acto público por la conmemoración del aniversario N°79 del citado batallón, el presidente Álvaro Uribe Vélez valoró “el esfuerzo de ustedes por cuidar a quienes trabajamos en las instalaciones de la Casa de Nariño, de estos edificios públicos adyacentes, por cuidar a mi familia, por cuidarme a mí. Muchas gracias, son detalles de la vida democrática que tocan el fondo del alma”.

Acto seguido, el Jefe de Estado impuso condecoraciones a nueve miembros de la Guardia, incluyendo al capitán Arenas, quien recibió una medalla en el grado Mérito Militar.

Al final de su discurso, Uribe Vélez resaltó la gratitud hacia estas personas e hizo énfasis en que “aquí cumplen una tarea, la de apoyar un designio, una patria sin terrorismo guerrillero, sin terrorismo paramilitar. Una patria sin narcotráfico. Una patria sin corrupción. Una patria que con la entereza de la fuerza pública, la firmeza del Gobierno, el seguimiento de todos a la Constitución, el valor de sus armas, haga que las nuevas generaciones vivan felices en su suelo”.

Sin embargo, el camino que tomaría luego este oficial, traicionaría ese sueño.

DE OFICIAL CONDECORADO A CABECILLA DE BANDA
En 2008 Arenas se retiró de las Fuerzas Armadas y se dedicó a la vida civil, presuntamente como empresario del gremio de taxis. Su camino volvió a cruzarse con las autoridades cuatro años más tarde, aunque esta vez del otro lado de la ley.

Capitán (r) Johan Arenas Rúa. Cortesía.

En un operativo de la Policía en el municipio antioqueño de Remedios (24/7/12), perdió la vida Jorge Iván Arboleda, el líder de “los Urabeños” en la subregión del Nordeste.

Los investigadores judiciales que lo seguían comenzaron a buscan a sus socios y así emergieron dos apodos: “Marcos” y “el Capi”. El poder lo asumió el primero de ellos, de nombre John Jairo Restrepo, pero también fue dado de baja en otro operativo (16/2/14) en el municipio de Maceo.

Los agentes continuaron el seguimiento y determinaron que, tras esta última muerte, se incrementó el poder de “el Capi”, al punto que la organización criminal le encomendó el manejo de las finanzas en el Nordeste, el Magdalena Medio, el Valle de Aburrá y el Occidente, según el relato del coronel Ramiro Riveros, subcomandante de la Policía Antioquia.

Incluso, añadió el oficial, “coordinaba cargamentos de cocaína por vía marítima hacia Centroamérica”.

El ascenso en la estructura llevó a este personaje a trabajar con el jefe político del grupo: Albeiro Feo Alvarado, alias “Benavidez”. Con su intermediación, “el Capi” ganó más vuelo y comenzó a extender sus redes en el área metropolitana.

El CTI de la Fiscalía y la Policía enfocaron sus esfuerzos en descubrir quién era este hombre misterioso, que en tan poco tiempo había cobrado tal importancia en el bajo mundo.

El cerco empezó a cerrarse con la captura de su patrón “Benavidez” en Tolima, el pasado 28 de septiembre (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Benavidez”, supuesto político y negociador de “los Urabeños”).

Aunque “el Capi” ya manejaba un bajo perfil, le tocó reducir sus acciones. No obstante, ya las autoridades lo habían identificado: era Johan Arenas Rúa, aquel valeroso capitán conmemorado por el Presidente de la República.

Investigadores del CTI adscritos a la Dirección de Policía Judicial contra el Crimen Organizado, en equipo con la Fiscalía, lograron expedirle una orden de captura por concierto para delinquir agravado. Al trabajo se sumó la Policía Antioquia, logrando ubicar a “el Capi” en la tarde del pasado domingo (noviembre 9), cuando estaba almorzando en un restaurante de la vereda Carrizales del municipio de El Retiro, en la vía a Santuario.

Los policías lo llevaron a la estación local para verificar sus antecedentes y hasta allá se desplazaron los agentes del CTI para notificarle el arresto.

Esa misma noche la Fiscalía 22 de la Dirección contra el Crimen Organizado solicitó el allanamiento a un apartamento del Edificio Punta Luna, en el barrio Calasanz de Medellín, el cual presuntamente era utilizado como “oficina” por la banda. Allí incautaron 7.3 millones de pesos, celulares y equipos de cómputo.

Este lunes (noviembre 10) “el Capi” fue presentado ante el Juzgado Tercero Penal Ambulante de Antioquia, donde aceptó el cargo de concierto para delinquir agravado que le imputó el ente acusador. Le dictaron medida de aseguramiento y lo enviaron a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, según fuentes cercanas al caso.

De esta manera va llegando el ocaso en la carrera de Arenas Rúa, al pasar de protector de altos funcionarios, a custodio de los dineros de la mafia.

El Inspector.

El pacto clandestino, que según fuentes de Inteligencia se consolidó con reuniones en fincas del corregimiento San Félix de Bello y de San Pedro de los Milagros, de mediados de 2011 a 2014, unió a las bandas “los Chatas” y “los Urabeños”, extendiendo su cooperación ilegal no solo en aquellos dos municipios, sino en Medellín, Girardota, Barbosa, Copacabana, Entrerríos, Belmira, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Donmatías, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y Buriticá.

Esta es la investigación periodística de la situación, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

De izquierda a derecha: Édgar Gutiérrez, alias “Leche”; Octavio Cartagena, “don Gabriel”; y Juan Carlos Mesa, “Tom”. Cortesía.

Por medio de este pacto, ambas estructuras comparten corredores de movilidad entre la capital paisa y la Costa Atlántica, y se apoyan para eliminar rivales. Fue así como la intervención de “los Urabeños” terminó siendo determinante para que “los Chatas” se convirtieran en la estructura mafiosa más poderosa de Bello, por encima de la tradicional “Pachelly”.

Prueba de ello, según ha documentado la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, fue la participación de un grupo de “los Urabeños”, autodenominado “Fuerzas Especiales”, en el asalto armado a un edificio de El Poblado (29/6/11), justo cuando integrantes de “Pachelly” sostenían una reunión. Uno de ellos murió tiroteado, mientras que otro perdió la vida al lanzarse del séptimo piso (ver la NOTA RELACIONADA: Así ejecutaron una masacre frustrada).

La cooperación también permitió la creación de una serie de laboratorios para procesar cocaína en montes de la región compartida. Uno fue encontrado por el CTI y el Gaula Militar el 04/9/13 en la vereda La Pretel de San Pedro de los Milagros; otro, el pasado 14 de agosto, en la vereda El Espinal del mismo municipio, en el que agentes de la Sijín arrestaron a cuatro personas que lo custodiaban.

El informe oficial de este caso decía que, además de los insumos químicos, “fueron incautados 28 kilos de cocaína y base de cocaína sólida que sería distribuida en ollas de vicio del occidente antioqueño, así mismo 1.430 litros de cocaína líquida que al parecer serían enviados a Urabá (…). Este laboratorio era de la banda ‘Clan Úsuga’ (o “Urabeños”)”.

La alianza también implica que unos y otros pueden extorsionar en ese territorio. El 10 de septiembre la Cuarta Brigada reportó, en conjunto con el CTI, la captura de una pareja de “urabeños” en el sitio Las Huertas de Bello, cuando recogían $27 millones de una extorsión a un ganadero.

“La captura de estos integrantes de bandas se dio gracias a las denuncias de ganaderos y habitantes del corregimiento San Félix de Bello, quienes estaban siendo extorsionados mediante llamadas y visitas intimidatorias (…). Según Inteligencia Militar, los capturados desarrollaban su actividad delictiva en Belmira, San Pedro y San Félix”, explicó el organismo militar.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, afirma que las alianzas entre las bandas del área metropolitana y las organizaciones narcotraficantes se dan también en la subregión del Oriente, donde los clanes de la metrópoli “están buscando ampliar su territorio, sobre todo en el tema del microtráfico de droga”.

Para la Policía Metropolitana, a la cabeza de “los Chatas” está Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Carlos Chata” o “Tom”. También pertenece, al parecer, a la cúpula de “la Oficina”, la confederación mafiosa que mueve los hilos del bajo mundo en el Aburrá (ver la NOTA RELACIONADA: “Los Chatas”, dos décadas delinquiendo con impunidad).

Aunque en Colombia aún no tiene orden de captura, el Gobierno de E.U. ya se fijó en él y lo incluyó en la Lista Clinton, congelando sus bienes y transacciones comerciales con dicho país.

El pasado 16 de septiembre, al hacer ese anuncio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro catalogó a Mesa como uno de los cabecillas de “la Oficina”, “con base en Bello, pero cuya influencia se extiende a través de Medellín”.

El general José Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, les declaró la guerra a “los Chatas” en enero, a raíz de un ataque en el que resultaron heridos dos patrulleros. “Hemos hecho varias operaciones, pero seguimos en el proceso de poderle encontrar motivos delincuenciales probados a ‘Tom’”, dice el oficial.

De parte de “los Urabeños”, una mafia con redes en 17 departamentos y tres continentes, el delegado para entablar la sociedad con “los Chatas” sería un personaje cuyo alias es temido en el norte de Antioquia desde las épocas más terribles del paramilitarismo: “don Gabriel”.

DE LOS TIEMPOS DE “PARAS”
La Fiscalía 20 de la Dirección Nacional de Justicia Transicional (antes de Justicia y Paz) tiene reseñadas sus andanzas desde 1997, cuando trabajaba para el bloque Noroccidente de las autodefensas en Dabeiba, Uramita y Cañasgordas.

En aquel entonces, por su tez blanca y 1.82 metros de estatura, a Octavio Cartagena Benítez le decían “Gringo”, “Guineo” o “Costalejo”.

En abril de 1999 fue capturado a bordo de un bus, con $4.5 millones de una supuesta extorsión. El comandante de la Policía Antioquia en aquel entonces, Rubén Carrillo, declaró que también lo investigaban por su presunta relación con el asesinato ese mismo año de la Inspectora de Cañasgordas, Ana Durango.

En 2003, de nuevo en libertad, Cartagena regresó a las Auc en Sopetrán. El comandante del bloque, Luis Arnulfo Tuberquia (“Memín”), lo trasladó, designándolo como cabecilla financiero en la Zona Lechera, con énfasis en Belmira, Entrerríos y San Pedro. Su nuevo cargo llegó de la mano de otros apodos: “Gabriel Paraco” y “don Gabriel”.

Allá trabajó de la mano del comandante Édgar Antonio Gutiérrez Arenas, alias “Leche”, el terror de esa área. “Al principio combatían la subversión, pero por debajo se dedicaban a extorsiones, secuestros, homicidios, mataron gente que no tenía que ver con grupos armados”, relata un investigador de la Fiscalía, quien solicita la reserva de su identidad.

Aunque ejerció tal jefatura, el 11 de septiembre de 2005 Benítez se desmovilizó como patrullero raso de la estructura. “Memín” lo incluyó en la lista de 56 postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y el Ministerio del Interior lo aceptó, por lo que el 22 de enero de 2007 su expediente fue asignado a la Fiscalía 19 de la Unidad de Justicia y Paz.

En enero de 2011, “don Gabriel” llegó a la sede de ese despacho en Medellín. Estaba pendiente de iniciar sus versiones libres, pero dijo que no tenía nada qué confesar, solo los delitos básicos de concierto para delinquir, porte de armas y de uniformes oficiales.

En julio del mismo año se realizó una diligencia de no ratificación, donde se archivó su proceso de desmovilizado y la Unidad de Justicia y Paz le perdió el rastro.

RELACIONES PELIGROSAS
Habitantes de Belmira y San Pedro señalan que “don Gabriel” sigue activo, ahora como presunto líder de “los Urabeños” en la región donde antes laboró para las Auc. Precisan que se mueve en camionetas blindadas, supuestamente apoyado por elementos corruptos de la Fuerza Pública, y que a su jefe de seguridad le dicen “el Capi”.

Fuentes judiciales aseveran que sería, al parecer, uno de los tres coordinadores que “los Urabeños” delegaron para expandirse a través de alianzas con combos en el Valle de Aburrá. Los otros serían “don Daniel” y “Benavidez” (capturado en septiembre).

Para los trabajos de extorsión, sicariato y tráfico de estupefacientes, sobre todo en Belmira y Entrerríos, se apoya, presuntamente, en su antiguo socio “Leche”. Sobre este personaje, la Fiscalía ha establecido que luego de la desmovilización hizo estudios de Administración de Empresas en una universidad de Bogotá y que, debido a la persecución policial, está refugiado en el norte de Chocó.

El anterior 27 de agosto, en la vereda Zafra parte alta de Belmira, un grupo de cuatro supuestos “urabeños” se agarró a tiros con la Policía. Hubo dos heridos, todos fueron capturados y uno de ellos, “Deimer”, de 21 años, residía en Bello. Les incautaron una pistola y cuatro motos y, según fuentes policiales, se sospecha de su participación en cinco asesinatos en Belmira este año.

“Las capturas de las últimas semanas nos muestran que hay presencia de la gente de Bello en Belmira, Entrerríos y San Pedro”, señala Londoño, y agrega que en los recientes consejos de seguridad “han salido a flote estos dos hombres, ‘Gabriel’ y ‘Leche’, al parecer son desmovilizados y se mueven también en Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y Buriticá”.

En Yarumal, el delegado de “Gabriel” sería alias “Gato”, dedicado a la extorsión y tráfico de pasta de coca, según el capitán Víctor Posada, comandante de la Compañía Motorizada de Control Vial N°2 del Ejército.

En septiembre de 2013, en retaliación al decomiso de un arsenal, “los Urabeños”, por supuesta orden de “Gato”, quemaron una camioneta Dmax en la entrada de Briceño.

El general Mendoza señala que “no desconocemos la peligrosidad que significa ‘Gabriel Paraco’, pero a eso le estamos trabajando con fortaleza y esperamos mostrar resultados más temprano que tarde. Ellos van cayendo”.

NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” llegaron a Medellín y con ellos la muerte.

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ANEXO: BREVE DOSIER DE LOS PERSONAJES

Octavio Cartagena Benítez, alias “don Gabriel”: Nacido en Urrao, Antioquia, tiene 58 años. Antecedentes, según Fiscalía: Procesos 6150, 6167 y 6171 en la Fiscalía 90 de DD.H.H. Condena a 80 meses de prisión por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia (proceso N°31860 31767 0003A 2000 0003 del año 2002), por concierto para delinquir, ratificada por el Tribunal Superior de Antioquia. Por último, investigación en la Fiscalía Seccional de San Pedro (proceso 1292), por desplazamiento forzado.

Édgar Gutiérrez Arenas, alias “Leche” o “el Mono”: Nació en Turbo y tiene 40 años. Desmovilizado del bloque Noroccidente. No se presentó a las versiones libres de Justicia y Paz. Otros reinsertados han dicho que ahora está con “los Urabeños”. Tiene residencia en Bogotá, donde hizo estudios universitarios.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Carlos Chata” o “Tom”: Oriundo de Bello, tiene 46 años. Fue investigado por la muerte del agente del CTI Yirman Giraldo, en 1999. El Departamento del Tesoro de E.U. lo incluyó en Lista Clinton por ser supuesto miembro de “la Oficina” y “los Chatas”.

El Inspector.

Se trata de Albeiro Feo Alvarado, desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas y poseedor de múltiples apodos en el bajo mundo, como “Benavidez”, “Doble B”, “Jerónimo”, “Hacienda”, “Costeño” o “Pariente”. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias "Benavidez" enfrentará un proceso por concierto para delinquir agravado, por su presunta militancia en "los Urabeños". Foto de cortesía.

Fuentes judiciales contaron que la investigación en su contra comenzó el año pasado, tras un operativo de las autoridades para desmantelar una facción de “los Urabeños” que delinquía en el Nordeste antioqueño. En aquella oportunidad fueron arrestadas 28 personas.

La investigación, adelantada por un grupo especial del CTI de la Fiscalía, se concentró en uno de los cabos sueltos de aquella operación: “Benavidez”, el hombre que había logrado un pacto de no agresión entre su organización y un reducto de “los Rastrojos” que también operaba en el área bajo el nombre de “Seguridad Héroes del Nordeste”.

Fue así como paró la feroz confrontación armada entre las dos bandas, que se distribuyeron el cobro de extorsiones a las minas de oro de Segovia y Remedios, con Feo Alvarado de un lado y alias “Mario Bros” (hoy capturado) del otro.

Los “buenos oficios” del exparamilitar no pararon ahí. En julio de 2013 fue uno de los delegados de la estructura ilegal para adelantar negociaciones con “la Oficina” y frenar una pugna que estaba dejando muchos muertos en las comunas 8, 13 y 16 de Medellín, al igual que en los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado.

En aquella fecha, los principales cabecillas de “la Oficina” se reunieron con sus pares “urabeños” en una finca de San Jerónimo, pactando un acuerdo de no agresión y distribución del negocio ilegal en el Valle de Aburrá.

El perfil de político le valió un ascenso a “Benavides”, por lo que fue nombrado líder del bloque “Jorge Iván Arboleda Garcés” (nombrado así por un excabecilla dado de baja en 2012, de alias “Arboleda”), con influencia en el Nordeste, Occidente y el Valle de Aburrá.

Los investigadores del CTI determinaron que Feo Alvarado, de 47 años, es oriundo de El Paso, Cesar, y que al parecer da cátedra a las huestes sobre los estatutos de la agrupación. Y que es uno de los hombres de confianza de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, el máximo jefe de la banda. Ambos se conocieron en Casanare, en los tiempos de guerra del bloque Centauros de las Auc.

Ahora “Benavides” le rinde cuentas de todo lo que sucede en el Valle de Aburrá, razón por la cual con frecuencia pernoctaba en apartamentos de El Poblado y el municipio de Sabaneta.

Con la información recaudada por la Fiscalía, un juzgado penal ambulante de Antioquia expidió esta semana una orden de captura por la supuesta comisión de concierto para delinquir agravado.

Según fuentes policiales, dicha orden fue materializada en la madrugada de este domingo (septiembre 28), cuando un comando de la Dijín allanó una finca del municipio de Mariquita, en Tolima.

“Benavidez” será trasladado a Medellín en las próximas horas para enfrentar la audiencia de control de garantías.

NOTA RELACIONADA: Los intereses secretos detrás del pacto de bandas.

El Inspector.

En ese tiempo se redujeron los homicidios en el Valle de Aburrá, aumentaron las extorsiones, mermaron las confrontaciones bélicas y las capturas de cabecillas de alto perfil. Los mafiosos le han dicho a la población y al Gobierno que buscan la paz, pero en el fondo sus intereses son más oscuros.

Revelaciones del Bajo investigó con fuentes policiales, militares y judiciales, así como con integrantes de dichas estructuras ilegales, las verdaderas razones detrás del pacto.

Escena de un pleito entre combos de la comuna 13, en 2010. Archivo.

1. Negociar beneficios a cambio de “paz”

Este ha sido uno de los objetivos básicos de los cabecillas de “la Oficina” desde un principio, el cual han querido manejar como un as bajo la manga en caso de que su situación judicial se complique.

Una vez capturado, “Carlos Pesebre” manifestó a las autoridades que estaba en condición de “entregar mil muchachos” a cambio de beneficios penales e inversión estatal en programas para la manutención y capacitación de los jóvenes, que les permitan desenvolverse por fuera de las bandas. Esta postura sería apoyada por otros líderes de la organización criminal, como “Pichi” (también detenido) y “Barny” (libre).

Desde el año pasado, un pull de abogados y representantes legales de estos cabecillas ha concretado reuniones con funcionarios de la Fiscalía y del gobierno local, regional y nacional, tratando de convencerlos de esta propuesta: los combos del Valle de Aburrá reducen los homicidios, acaban las fronteras invisibles, entregan armas y se someten a la justicia; a cambio, obtendrían rebajas en sus penas y una especie de reintegración a la sociedad, similar a la ofrecida a los desmovilizados de las autodefensas y la guerrilla.

Fuentes cercanas a este proceso han dicho que, si bien las autoridades niegan públicamente estas reuniones, en el fondo no han descartado nada, debido a los aparentes réditos que los gobernantes de turno podrían ganar: la imagen de pacificadores, de comandantes efectivos, triunfadores sobre la violencia, garantes de la paz en los barrios.

Estos beneficios políticos son jugosos en esta época, caracterizada por los diálogos con las Farc en La Habana, las elecciones presidenciales y al Congreso, la internacionalización de Medellín (con eventos como el Foro Urbano Mundial, Feria de Flores, Colombiamoda y demás) y del país. Son estas circunstancias, en las que los funcionarios necesitan votos, las que están aprovechando los abogados de “la Oficina” para endulzar el oído de los servidores públicos.

2. Bajar el perfil público de los cabecillas

Entre 2012 y julio de 2013, antes del pacto entre las bandas, la Policía arrestó 13 cabecillas de alto perfil de “la Oficina”: “Beto”, “Sebastián”, “Frank”, “Víctor Colas”, “el Indio”, “Pichi”, “Carlos Pesebre”, “Tatú”, “Maicol”, “Don Pepe”, “Yam”, “Adiel” y “Chichón”. A esto se sumaron las muertes de “Morro” y “Patetigre” en confrontaciones internas.

De “los Urabeños” que delinquían en el Valle de Aburrá o tenían redes aquí, cayeron “Mi Sangre”, “el Indio”, “Chito”, “el Gomelo”, “Galván” y “Cucho”.

Además, comenzaron a ejecutarse estudios de Inteligencia y seguimiento contra jefes que antes permanecían a la sombra, como “Tom”, “Don Daniel”, “Gabriel Paraco”, “Barny”, “Fredy Colas”, “Soto”, “Tuto” y “Diego Chamizo”, entre otros.

De repente, las cúpulas de estas organizaciones criminales en el área metropolitana estaban expuestas, de cuenta de los asesinatos y pleitos armados que los convirtieron en agentes del desorden público a ojos de la ciudadanía y las autoridades. Les tocó, entonces, pactar un acuerdo para disminuir las confrontaciones y dejar de ser un factor de perturbación tan visible.

Después del pacto, en julio de 2013, no han vuelto a ser capturados cabecillas de jerarquía, aunque se destacan los arrestos de seis líderes con relativo poder: “Yordi”, “Nando”, “Ronald”, “el Tigre”, “Toño” y “Jotalibán”.

La aparente tranquilidad permitió, por ejemplo, que “los Urabeños” trasladaran de zona a “Don Daniel”, su coordinador en el Valle de Aburrá. Ahora este personaje actúa en el Nordeste antioqueño con el apodo de “Pablo”, adonde llegó para reemplazar a “Marcos”, el cabecilla del área, muerto en una operación de la Dijín hace un mes.

En el Aburrá quedaron “Gabriel Paraco” y “Benavidez”, este último encargado de los asuntos “políticos” y como delegado para el pacto.

3. Prepararse para los rivales del postconflicto

Un integrante de una banda del occidente de Medellín explicó así otra de las razones que, a su juicio, justifican el pacto: “Con esos diálogos de paz en Cuba, los guerrilleros se van a desmovilizar. Varios de ellos se vendrán a las ciudades a montar sus combos, igual que hicieron los paracos. Entonces nosotros tenemos que estar unidos y asegurar la ciudad, antes de que ellos vengan a pelear un puesto”.

Según fuentes de la Séptima División del Ejército, en la capital antioqueña hay combos de la comuna 13 que hacen trabajos para las Farc, y otros de las comunas 1 y 8 que los ejecutan para el Eln. En un escenario de postconflicto, es posible que esos grupos sean la base para los subversivos desmovilizados que seguirán en la delincuencia.

Por tanto, los combos que hoy ostentan el control del bajo mundo, cerrarían filas para evitar la entrada de un nuevo actor armado que les dispute su negocio ilegal.

4. Redistribuir las funciones y rentas criminales

En tiempos de la “paz” entre bandas se redujeron los asesinatos, pero hubo una redistribución del cobro de las microextorsiones (vacunas) en los barrios. Un miembro de un combo de la comuna 13 lo explicó así: “Antes íbamos cuatro manes a cobrar a la misma tienda; ahora mandamos a uno solo, y luego se reparte la plata”.

Las vacunas, que previo al pacto se aplicaban en el 80 por ciento de Medellín, se afianzaron en los territorios donde antes había guerra. El recién creado Gaula Metropolitano ha efectuado varios operativos, impactando a diferentes combos, pero el fenómeno no se detiene.

5. Ahorrar costos en la guerra

Sostener un conflicto bélico implica invertir altas sumas en arsenal, reclutamiento de personas, equipos de apoyo (motos, carros, lentes de visión nocturna, chalecos antibalas, silenciadores, comunicaciones), pago de informantes y demás.

Sumado a ello, los grupos terminan diezmados por la muerte de integrantes, se arriesgan territorios y rutas de movilidad; y se gasta dinero en los procesos judiciales de los capturados.

Es por esto que, para el crimen organizado, es más conveniente el pacto que la guerra. Ahorran dinero y lo destinan a otros intereses.

6. Conservar los enlaces de narcotráfico y lavado de activos

Los mexicanos son los principales aliados de los narcos antioqueños para la exportación y distribución de la cocaína en Estados Unidos. En los últimos dos años, la cacería combinada de E.U. y el gobierno mexicano, así como las guerras entre ellos, terminaron afectando las cúpulas de “los Zetas” y el Cartel de Sinaloa, las organizaciones más conectadas con Colombia.

De “los Zetas”, mataron a su líder “el Lazca” y capturaron a los sucesores, “Zeta 40″ y “Zeta 50″ o “Talibán”; de Sinaloa, cayó recientemente el máximo jefe, Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Ante la asfixiante persecución, a esos grupos no les conviene que en Colombia, de donde provienen los insumos, haya un clima de inestabilidad en el bajo mundo. Fuentes de Inteligencia señalaron que a mediados y finales de 2013 estuvieron en Antioquia un delegado del “Zeta 40″ y un sobrino del “Chapo”, apodado “Mario”.

Vinieron por separado a fortalecer los lazos con los criminales locales, en especial con “Otoniel”, el jefe de “los Urabeños”. Al parecer brindaron apoyo al pacto de esa facción con “la Oficina” y se habrían ofrecido de “garantes”.

A manera de conclusión, no está de más precisar que, si bien estas seis son las razones ocultas detrás del cese al fuego entre las bandas, ellos se han encargado de hacer propaganda en los barrios y oficinas de funcionarios públicos, repartiendo volantes y convocando a reuniones para decir que “están cansados de la guerra”, que “solo quieren una oportunidad para los jóvenes” y que “están en capacidad de pacificar el Valle de Aburrá”. ¿Alguien les cree?

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El Inspector.

La acción fue desarrollada por la Dijín y la Dipol en la tarde de este miércoles (marzo 5) en la vereda Popalito. En una de las fincas, la Fiscalía 27 adscrita a la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes autorizó un allanamiento para ubicar un escondite con dinero, que al parecer pertenece a Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, el supuesto líder de la banda y narco más buscado del país. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta cantina de leche fue desenterrada en una finca de Sampués, Sucre (diciembre 2013). Contenía dinero de alias "Otoniel". Foto de cortesía.

En el sitio fue capturado un sobrino suyo, Víctor Úsuga, en compañía de otras tres personas, que supuestamente trabajaban con él: Libardo Humberto Zapata Zuluaga, Orlando Gómez Durango y José Urrego Sánchez.

El general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, manifestó que en una mesa de billar había varios fajos de dinero, así como en otras partes de la casa. Se presume que los sospechosos se preparaban para cambiar la plata de lugar.

El resto ha sido desenterrado en el predio, escondido en cantinas de leche. Hasta ahora se han encontrado cerca de 4.700 millones de pesos, pero la búsqueda no ha concluido.

Según fuentes cercanas al caso, la situación comenzó a complicarse cuando los detenidos indicaron que unos policías que habían llegado primero a la finca, para asegurarla antes del allanamiento, se llevaron parte del botín.

Los investigadores iniciaron la cacería y hallaron 330 millones de pesos en el apartamento de un policía de la estación de Barbosa, quien les confesó que otros cinco compañeros estarían implicados en el robo a la caleta.

Fue así como la Fiscalía capturó al teniente William Medina Vega, comandante de Barbosa; al subintendente Luis Páez Camargo; y a los patrulleros Ever Martínez Valencia, Pablo Rúa Cabarcas, René Mazo Correa y Jeisson Morelos Vargas.

Los cuatro supuestos “urabeños” serán procesados por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrato y porte ilegal de armas, pues les incautaron una escopeta calibre 20. Los policías tendrán que enfrentar cargos por prevaricato por omisión y peculado por apropiación, en la audiencia de mañana.

Como antecedente de este episodio, el pasado 12 de diciembre la Policía y la Fiscalía allanaron propiedades de “Otoniel” en los municipios de La Ceja, Medellín y Sampués (Sucre), decomisando 7.800 millones de pesos que estaban ocultos en apartamentos, fincas y bajo tierra, en pimpinas de leche.

En esa operación arrestaron a cuatro personas, incluyendo a su hermana Nini Johana Úsuga David (“la Negra”). El 27 de diciembre se fugaron de la cárcel El Pedregal con una orden de libertad fraudulenta, y hasta la fecha solo la mujer ha sido recapturada en Pereira.

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El Inspector.

Siempre se ha rumorado que el día de su captura, "don Mario" estaba con una famosa modelo y presentadora colombiana, aunque la Policía guarda silencio sobre eso. Cortesía.

El combate dejó cinco personas asesinadas dentro de una camioneta Toyota Hilux de placa oficial, cuya carrocería fue traspasada por tiros de fusil. De acuerdo con la investigación, los occisos fueron el patrullero Víctor Alfonso Ramírez Osorio y el subintendente Watson Eduardo Rojas, ambos integrantes activos del Gaula en ese momento; también fallecieron el subteniente (r) Wálter Mauricio Martínez Chía, exmiembro del Gaula; el civil Eduar García Arroyo yel desmovilizado Frende Alberto Suárez Ramírez, alias “Camarrenga”.

Durante las audiencias, “don Mario” indicó que los funcionarios del Gaula al parecer estaban trabajando para “la Oficina” y al momento de su muerte guiaban a los mercenarios, situación que no ha sido confirmada por las autoridades.

Al final de la audiencia de ayer, a la que asistió por videoconferencia, el condenado pidió perdón a las familias de sus víctimas, y dijo que para él “también era difícil” porque pasaría mucho tiempo en prisión sin sus seres queridos.

Ronald Rolando Echavarría, alias "Ronald" o "el Zarco", estuvo procesado por porte ilegal de armas en el pasado. Foto de cortesía.

“Es el terror de la comuna de San Javier, el que venía generando intimidaciones a los establecimientos de comercio y rutas de buses, tendrá que responder por extorsiones y homicidios”.

Así habló el Director Nacional de la Policía, general Rodolfo Palomino, en contra de Ronald Rolando Echavarría Arango, alias “Ronald” o “el Zarco”.

Con apenas  27 años, este hombre es el presunto cabecilla de la “Odín San Javier”, una especie de confederación que agrupa a varios combos de la comuna 13 de Medellín. Sería, además, uno de los enlaces de la organización mafiosa “los Urabeños” en la capital antioqueña. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Su captura se realizó este fin de semana en una casa del barrio Vélez del municipio de Apartadó, de acuerdo con el general Palomino. El informe oficial del caso señala que “Ronald” “figura como responsable del reclutamiento de menores de edad para el cobro de extorsiones, homicidios selectivos, hurto de vehículos, desplazamiento forzado, tráfico y venta de estupefacientes”.

El general Humberto Guatibonza, director Antisecuestro y Antiextorsión, agregó que tendría bajo su mando a 180 delincuentes y también está siendo investigado por los peligrosos préstamos “gota-gota”.

Fuentes judiciales indicaron que “Ronald” al parecer se inició en el bajo mundo como cobrador de extorsiones en los barrios El Socorro y Antonio Nariño. Participó, supuestamente, en el exterminio de “los Cuquitas”, el combo que antes mandaba en la zona.

Uno de sus primeros jefes fue alias “Toño”, conocido en el ámbito judicial porque fue detenido en el caso del humorista Jaime Garzón, sospechoso de conducir una de las motos de los sicarios que lo mataron en Bogotá (1999). Al ser liberado por falta de pruebas, lo asesinaron.

“Ronald” ascendió hasta convertirse en el presunto cabecilla del combo “la Agonía” y cobró relevancia durante la guerra de combos que azotó al Valle de Aburrá (2008 a 2011). En esa pugna fue aliado de “Valenciano”, uno de los capos de la banda “la Oficina” que luchaba por el control criminal de la región; hizo la guerra contra el patrón rival, apodado “Sebastián”, y sus delegados en la comuna 13, agrupados bajo la “Odín Robledo” que comandaba “Carlos Pesebre”.

El 9 de febrero de 2009 fue capturado por la Policía durante un allanamiento a una propiedad del municipio de Itagüí. Estuvo en prisión hasta finales de 2012, cuando salió para ponerse al frente de la “Odín San Javier”, tras las caídas de sus dos líderes: “Georgi” (asesinado) y “Chito” (capturado).

Al regresar a la calle, Echavarría Arango encontró un escenario criminal diferente. Ahora la pugna no era entre dos capos de “la Oficina” (ambos están hoy extraditados), sino entre una parte de esa estructura y “los Urabeños”.

Al parecer escogió el segundo el bando y se convirtió en uno de sus principales socios en Medellín, a tal punto que, según información de Inteligencia, participó en la cumbre delincuencial del pasado 13 y 14 de julio en una finca de San Jerónimo, en la cual se selló un acuerdo de mafiosos para reducir los enfrentamientos y repartirse el reino del hampa en el Valle de Aburrá.

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El Inspector.

La decisión fue tomada en la mañana de este lunes (24 de junio) por el Juzgado Tercero Penal Especializado, al hallarlo responsable de la conducta de concierto para delinquir. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias "Cucho" es natural de Medellín. Ahora está en la cárcel El Pedregal. Foto de cortesía.

El área de influencia del sentenciado era el corregimiento Altavista. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía 26 de la Unidad Nacional contras las Bandas Emergentes, se inició en el mundo delincuencial integrando el combo “La 14”, que opera en la cabecera corregimental.

Debido a su seriedad y orden para el manejo del grupo, siendo joven se ganó la confianza de “los Urabeños”, quienes comenzaron su incursión soterrada en Medellín promediando el año 2009. “Le gustaban las matemáticas y no era vicioso”, narró una fuente cercana al caso.

Para 2011, “Cucho” ya era el principal enlace de esta organización en Altavista, encabezando una guerra sin cuartel contra los combos rivales, es decir, los asociados con la banda “la Oficina”. La situación provocó el incremento de los homicidios, balaceras, amenazas y desplazamientos en la zona, convirtiéndola en una de las más críticas de la ciudad.

En marzo de 2012 la Fuerza Pública ejecutó un operativo contra esa facción, logrando el arresto de 22 personas. “Cucho” escapó al cerco disfrazándose de mujer, pasando desapercibido para los 600 uniformados que rodearon el vecindario y allanaron 44 propiedades.

La suerte le duró un año más, y el pasado 22 de marzo la Sijín lo ubicó en una urbanización del municipio de Envigado. Allí estaba escondido y no alcanzó a reaccionar, ni a disfrazarse, cuando los policías se metieron a su apartamento.

En la audiencia de control de garantías, Patiño Vélez aceptó el cargo formulado por la Fiscalía, lo que al momento de la condena le significó una rebaja de pena. Además de seis años y ocho meses tras las rejas, debe pagar una multa de 2.000 salarios mínimos legales mensuales (1.179 millones de pesos).

A la fecha, la justicia ha proferido cerca de 40 condenas contra integrantes de los combos que operan en Altavista, incluyendo a ocho policías corruptos que trabajaban con ellos. Por lo pronto, “Cucho” sigue recluido en la cárcel El Pedregal del corregimiento San Cristóbal.

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El Inspector.

El arresto se presentó en la tarde de ayer (22 de marzo), cuando miembros de la Sijín allanaron un apartamento del conjunto habitacional, ubicado en la avenida Las Vegas. Allí detuvieron a Carlos Humbeiro Vélez Patiño, porque en su contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado. Esta es la reseña del caso, realizada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias "el Cucho" tenía orden de captura por concierto para delinquir agravado. Foto de cortesía.

Las autoridades señalan a “el Cucho” de ser uno de los supuestos protagonistas de las disputas de combos delincuenciales que han afectado al corregimiento Altavista y a la comuna 16 (Belén) en los últimos años.

En dicha zona la comunidad padece por los enfrentamientos entre las bandas aliadas a “la Oficina”, “los Chivos” y “los Urabeños”, cuyo presunto líder sería “el Cucho”. En disputa están el control territorial, el cobro de vacunas extorsivas, el tráfico de estupefacientes y combustible del oleoducto de Ecopetrol, de acuerdo con información policial.

La investigación comenzó en 2012 en la Fiscalía 26 de la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes y su primer resultado fue un operativo en marzo pasado en Altavista, donde fueron detenidos varios integrantes de combos. En esa oportunidad, “el Cucho” logró evadirse disfrazado de mujer (ver la NOTA RELACIONADA: Bandas de Altavista golpeadas por la Fuerza Pública).

A la fecha han sido condenados 35 miembros de esos grupos, incluyendo a ocho policías corruptos. Los cargos van desde el concierto para delinquir con fines de homicidio, hasta la desaparición forzada, el desplazamiento, la extorsión y el tráfico de estupefacientes, según los expedientes.

Vélez Patiño será presentado esta tarde en la audiencia de control de garantías ante el juez.

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El Inspector.

Se trata de Johan Sebastián Galván Úsuga, alias “Galván”, de apenas 18 años, a quien la Fiscalía procesó por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Esta es la historia del personaje, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias "Galván" fue enviado a la cárcel Bellavista, a la espera del juicio. Foto de cortesía.

La investigación de las autoridades en contra del joven arrojó que nació el 18 de de agosto de 1994 en el municipio de Bello, pero siendo pequeño se fue a vivir a Tarazá, en la subregión del Bajo Cauca.

Se crió en dicha zona, donde “los Urabeños” o “Gaitanistas” ejercen influencia hace cinco años, y allí habría ingresado a las filas de la banda criminal.

Se presume que alias “Don Daniel”, supuesto cabecilla de esta estructura ilegal, lo envió el año pasado a Medellín para defender los intereses del clan en Altavista, un área clave para consolidar la ruta del tráfico de armas y droga por el occidente Antioqueño, desde y hacia Urabá. Le dieron un dispositivo blackberry y 800.000 pesos mensuales, con los cuales se radicó en el sector La Lágrima.

Allí sostuvo un noviazgo con una mujer 10 años mayor que él, madre de dos hijos, y con armamento enviado por “Don Daniel” habría iniciado una guerra contra la banda local “los Chivos” y los combos asociados a “la Oficina” (“los Pájaros” y “Buenavista”), confrontación que provocó la mayoría de los 30 asesinatos ocurridos en el corregimiento en 2012, según la estadística de Medicina Legal.

Los investigadores del Grupo de Delitos contra la Vida de la Sijín ejecutaron un operativo en su contra el pasado viernes 11 de enero, a las 10:00 a.m. Lo sorprendieron en unas escaleras de La Lágrima y allí le dieron captura.

Varios ciudadanos salieron de sus casas para tratar de impedir el arresto y los agentes tuvieron que pedir refuerzos a la estación Belén. Con las esposas en la mano, “Galván” susurró: “Ahora sí se nos van a meter al barrio”, refiriéndose a sus enemigos de “los Chivos”, interesados en retomar la zona.

La Fiscalía expidió una orden de captura contra el presunto sicario por su supuesta participación en el asesinato de Jhonatan Arley Betancur Álvarez, de 21 años, perpetrado el pasado 7 de septiembre, al frente de una ladrillera del sector.

Fuentes judiciales manifestaron que también se investiga a “Galván” por otros crímenes de relevancia pública en Altavista: el homicidio de Julián García González, de 19 años y apodado “Pupo”, atacado dentro de su casa, hecho en el cual su madre recibió un balazo en el pie (15/12/12); los atentados a tiros contra los hermanos Luis Fernando y Diego Alberto Restrepo Zapata (22/7/12 y 23/7/12); y el homicidio de un adolescente de 15 años que se quedó dormido en un bus y sin querer traspasó la “frontera invisble” que demarcan las bandas (12/10/12).
 
En la actualidad, indicaron investigadores policiales, hay tres bandos ilegales disputándose los territorios en el corregimiento: “los Urabeños” o “Gaitanistas”, “los Chivos” y “la Oficina”. El botín es el millonario cobro de “vacunas” extorsivas a rutas de buses, ladrilleras y comercio, el microtráfico de estupefacientes y el combustible hurtado al oleoducto de Ecopetrol que pasa por la zona.

La estructura más golpeada ha sido la de los combos patrocinados por “los Urabeños”, que en los últimos meses perdieron Aguasfrías a manos de “la Oficina” (luego de una pugna de dos años) y los barrios Mano de Dios y La Esperanza, de cuenta de “los Chivos”.

Entre los cabecillas más buscados del corregimiento están alias “Mayo”, “El Viejo”, “La Nea”, “Hugo” y “Brocha”. También “Don Daniel”, un enigmático personaje, aún no individualizado, de quien se sabe que tiene base en Sopetrán y se desplaza por las aguas del río Cauca en un un jet sky.

“Galván” fue presentado ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Medellín, en cuyo estrado negó los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El juez le dictó medida de aseguramiento intramural en la cárcel Bellavista, a la espera de la continuación del proceso penal.

Con dato curioso, debido a su edad, el muchacho no tenía aún la cédula y fueron los propios policías quienes tuvieron que tramitársela ante la Registraduría, pues sin ese documento no podían presentarlo en el juzgado.

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El Inspector.