En Pueblo Rico, Risaralda, mueren más niñas que niños. De hecho, según reportes de las mujeres de la comunidad rural, en una vereda nacieron diez niñas y murieron cinco. La respuesta a aquella tasa de mortalidad se encuentra en un acto de violencia física, simbólica, sexual y emocional que aún enfrentan miles de mujeres en Colombia: la ablación genital.
Claudia Queragama Pepe, de la comunidad Emberá Chamí, ya era adolescente cuando, investigando, descubrió que, según innumerables libros de anatomía y biología, las mujeres tenían clítoris. La pregunta inevitable fue: “¿Y yo por qué no lo tengo?”.
Ella no es la única. Según cifras del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (Sivige), entre enero de 2024 y marzo de 2026 se registraron 98 casos de niñas víctimas de mutilación o ablación genital femenina en Colombia (MGF). El 56% de los casos corresponde a niñas entre 0 y 5 años, el 83% de los casos ocurre en el hogar de la víctima y Risaralda, hogar de Claudia Queragama, es el departamento con más casos. O al menos así lo registran las denuncias formales, porque el subregistro (casos que no se reportan ni en centros de salud ni en entidades judiciales) es elevado.
En medio de aquel contexto, el proyecto de Ley 440 de 2025 intenta pelear contra el reloj. Y es que, a pesar de que contiene el marco legal para frenar la MGF, reparar a las víctimas, evitar que la práctica siga ocurriendo y concientizar sobre por qué es problemático; aún no se discute en el cuarto y último debate que necesita para ser oficial. El tiempo apremia porque, de no llegar a aquella instancia antes del 20 de junio (el final del periodo Legislativo actual), quedará en ceros nuevamente, tendrá que ser presentado en el siguiente periodo y volver a discutirse en cuatro debates.
Mientras tanto, niñas siguen muriendo; mujeres siguen sufriendo y no hay un límite legal para frenar el ciclo de opresión y violencia.
La violencia
Las maromas para justificar la ablación genital femenina se remiten a argumentos teológicos, culturales y sociales. Argumentos que, en segundos, se caen por su incongruencia, crueldad y sinsentido.
En el documental “Intactas: Niñas sin ablación” —impulsado por la representante Carolina Giraldo Botero y Jennifer Lopera— tanto Claudia Queragama como otras mujeres de la comunidad Emberá compartieron sus testimonios, esos mismos que sirvieron como marco teórico para redactar la ley que hoy espera un visto bueno en el Legislativo. ”Las parteras dicen que Karagabí les mandó a mutilar el clítoris, pero Karagabí dice que no le hagamos daño a nadie”, dice uno de los relatos. Juliana Domicó, lideresa Emberá agregó: “No podemos seguir con prácticas de hace 500 años”.
Otras historias agregan detalles injustos, dolorosos y escabrosos. En diálogo con BBC Mundo, Carla Quiñones (pseudónimo) aseguró que un día, al volver a casa, encontró a su hija de apenas seis meses hinchada, sangrando e hirviendo por la fiebre. Cuando revisó, su abuela (es decir, la tatarabuela de la menor) le había practicado la MGF.
Confrontó a la mujer, pero le dijo que aquello era normal. “Mi expareja se enteró. Cuando vio así de mal a la niña, pensó que yo había dado permiso. Me pegó. Mi hija lloraba. Quisimos llevarla a un centro de salud, pero era lejos y llovía. Mi mamá la intentó aliviar con unas plantas. Ella es partera, pero se opone a la ablación y también confrontó a mi abuela. No hizo caso. Dijo que los hombres se burlan de las mujeres que tienen clítoris”, agregó Quiñones.
Según varios hombres, las mujeres con clítoris son infieles, impuras, malas esposas, promiscuas: se ve mal que una mujer pueda sentir placer en medio del sexo, por eso las despojan de lo que les permitiría experimentarlo. La ablación se hace con fuego o con cuchillos hirviendo y, según la OMS y registros médicos, existen cuatro tipos:
1. Se extirpa parcial o completamente el glande del clítoris, es decir, su parte externa y más sensible. También se retira el prepucio o capuchón.
2. Implica la extracción de los labios menores, y en algunos casos también de los labios mayores.
3. Conocido como infibulación, consiste en reducir la abertura vaginal.
4. Abarca cualquier otro tipo de daño o intervención en los genitales femeninos.
En las comunidades donde se realiza esta práctica, identificada entre pueblos Emberá Chamí, Katío y Dobidá, muchas personas la consideran un rasgo propio de su tradición ancestral y la denominan “curación”. De hecho, algunas parteras y mujeres creen que si no se corta el clítoris podría crecer un pene.
En conversación con EL COLOMBIANO, Ángela Anzola, directora de la Fundación PLAN (que apoya el proyecto de Ley), explicó las consecuencias de esta práctica: “Muchas mujeres viven con dolor crónico, infecciones constantes y la imposibilidad de disfrutar su sexualidad, lo que puede derivar en depresión e incluso en trastornos psiquiátricos severos”, dijo, agregando que, incluso, algunas mujeres se han suicidado o viven aisladas por miedo, vergüenza o dolor.
Ante tales injusticias, fueron mismas mujeres de la comunidad Emberá quienes alzaron la voz ante violencias disfrazadas de cultura. En medio de esas denuncias, la congresista Giraldo se unió al llamado de justicia y, entre todas, escribieron el texto que hoy espera un último visto bueno del Legislativo.
El proyecto
Anzola explicó que la mutilación genital femenina no solo es una problemática relacionada con la igualdad de género, sino también un problema cultural y de salud pública que debe ser abordado con cuidado, seriedad y sin estigmas.
”El enfoque no puede ser estigmatizar a las comunidades. El machismo y la misoginia son fenómenos estructurales presentes en toda la sociedad, no exclusivos de ciertos territorios. Por eso, el reto es cómo establecer un diálogo respetuoso: cómo llegar a una comunidad y cuestionar una práctica sin imponer ni estigmatizar”, le dijo a este diario.
En ese orden de ideas, el proyecto se centra sobre todo en la prevención: que ninguna mujer vuelva a pasar por aquella violencia.
“Una ley por sí sola no basta, especialmente en territorios alejados donde el acceso institucional es limitado. Se requiere un trabajo sostenido de pedagogía y presencia en territorio”, agregó Anzola, quien resaltó que en aquel rubro es importante la participación de varias autoridades indígenas que se han sumado a la iniciativa, así como también los apoyos de fundaciones como PLAN y Equality Now. Es decir, no bastará solo con la sanción de la Ley.
La situación es también un problema de seguridad. Tanto Dominico, como Queragama y Giraldo han sido víctimas de amenazas por su labor y lucha. En diálogo con AFP, la congresista explicó: “Me duele mucho cuando somos tildadas como asesinas, como ignorantes”, refiriéndose a señalamientos que han llegado de algunas parteras dentro de las comunidades.
La problemática pide celeridad, y las mujeres le piden al Congreso un espacio.
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