Lo que se cree fue el primer caso de los llamados falsos positivos en el país comenzó su capítulo en la Justicia Especial para la Paz (JEP).
En una audiencia de sometimiento, uno a uno, los 14 militares involucrados en la desaparición y muerte de cinco jóvenes de Soacha, Cundinamarca, en el 2008, se presentaron ante la magistratura de esta justicia transicional con el fin de ratificar su voluntad de acogerse y de comprometerse a contar la verdad.
Lo particular de esta audiencia fue que en la misma sala, junto a los victimarios, estaban las madres de las víctimas, quienes tuvieron de frente a los que serían los responsables de la desaparición y muerte de sus hijos, a quienes hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate.
Precisamente una de estas víctimas indirectas, Idaly Garcerá, madre de Diego Alberto Tamayo Garcerá, le pidió honestidad y verdad a los dos oficiales, un suboficial y 11 soldados que estaban en la sala de la audiencia y que entre todos, suman más de 40 años en condenas impuestas por la justicia ordinaria por los delitos de desaparición forzada, homicidio y concierto para delinquir. Estos 14 soldados solicitaron en febrero de 2018 que la justicia especial, nacida bajo la negociación del Acuerdo de Paz, revisara sus casos.
“Yo quisiera que estuvieran los altos mandos, los que mandaron hacer lo que ustedes cometieron. Yo espero poder recibir toda esa verdad completa. Que no solo sea la que ustedes contarán acá”, dijo Idaly. Agregó la víctima que con sus compañeras (las demás madres de Soacha) “siempre mantenemos la lucha, hemos esperado mucho tiempo para una solución a toda esta problemática y no tendremos paz hasta no conocer toda la verdad completa”.
Por su parte, el coronel retirado, Gabriel de Jesús Rincón Amado, quien tiene en su contra 16 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, ratificó su compromiso de colaborar con la verdad de los hechos y mirando a las madres de sus víctimas, les pidió que le perdonaran su error.
“Desde ya, como siempre lo he manifestado, pido perdón a todas y cada una de las víctimas directas e indirectas de este crudo conflicto armado interno que ha causado, a la gran mayoría de personas, un dolor en sus corazones”, dijo el oficial (r).
El coronel Rincón fue el jefe de operaciones del Batallón José Joaquín Vargas, adscrito a la Brigada Móvil 15 ubicada en Norte de Santander, donde según la sentencia que tiene en su contra, conocía los movimientos de sus hombres para buscar personas y presentarlos como ilegales muertos en combate.
