Lo que se cree fue el primer caso de los llamados falsos positivos en el país comenzó su capítulo en la Justicia Especial para la Paz (JEP).
En una audiencia de sometimiento, uno a uno, los 14 militares involucrados en la desaparición y muerte de cinco jóvenes de Soacha, Cundinamarca, en el 2008, se presentaron ante la magistratura de esta justicia transicional con el fin de ratificar su voluntad de acogerse y de comprometerse a contar la verdad.
Lo particular de esta audiencia fue que en la misma sala, junto a los victimarios, estaban las madres de las víctimas, quienes tuvieron de frente a los que serían los responsables de la desaparición y muerte de sus hijos, a quienes hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate.
Precisamente una de estas víctimas indirectas, Idaly Garcerá, madre de Diego Alberto Tamayo Garcerá, le pidió honestidad y verdad a los dos oficiales, un suboficial y 11 soldados que estaban en la sala de la audiencia y que entre todos, suman más de 40 años en condenas impuestas por la justicia ordinaria por los delitos de desaparición forzada, homicidio y concierto para delinquir. Estos 14 soldados solicitaron en febrero de 2018 que la justicia especial, nacida bajo la negociación del Acuerdo de Paz, revisara sus casos.
“Yo quisiera que estuvieran los altos mandos, los que mandaron hacer lo que ustedes cometieron. Yo espero poder recibir toda esa verdad completa. Que no solo sea la que ustedes contarán acá”, dijo Idaly. Agregó la víctima que con sus compañeras (las demás madres de Soacha) “siempre mantenemos la lucha, hemos esperado mucho tiempo para una solución a toda esta problemática y no tendremos paz hasta no conocer toda la verdad completa”.
Por su parte, el coronel retirado, Gabriel de Jesús Rincón Amado, quien tiene en su contra 16 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, ratificó su compromiso de colaborar con la verdad de los hechos y mirando a las madres de sus víctimas, les pidió que le perdonaran su error.
“Desde ya, como siempre lo he manifestado, pido perdón a todas y cada una de las víctimas directas e indirectas de este crudo conflicto armado interno que ha causado, a la gran mayoría de personas, un dolor en sus corazones”, dijo el oficial (r).
El coronel Rincón fue el jefe de operaciones del Batallón José Joaquín Vargas, adscrito a la Brigada Móvil 15 ubicada en Norte de Santander, donde según la sentencia que tiene en su contra, conocía los movimientos de sus hombres para buscar personas y presentarlos como ilegales muertos en combate.
Seguridad de las víctimas
Contar la verdad de lo ocurrido con los cinco jóvenes de Soacha sienta un precedente sobre la importancia de que todos los actores que participaron en las hostilidades acudan a la JEP para realmente conocer la verdad y, más allá de eso, que las víctimas sientan que con saber lo sucedido a sus seres queridos fueron reparadas, como lo consideró el analista del conflicto armado Juan Carlos Ortega.
El especialista agregó que si los afectados por el conflicto armado logran conocer lo que realmente pasó, quienes causaron el daño y por qué les sucedió, “sentirán que sus años de lucha no han sido en vano, y saber que no habrá impunidad para estos delitos, servirá para sentirse reparados por los daños que les causaron”.
Durante la diligencia en la JEP, la fiscal encargada para ese despacho judicial aseguró que no se puede descuidar la seguridad de las madres de Soacha, por lo que se solicitó una nueva sesión para evaluar ese tema. “Se requiere una audiencia reservada para revisar las medidas de riesgo de las víctimas para determinar las medidas cautelares que correspondan”, dijo la fiscal encargada ante el tribunal.
Dicha solicitud fue aprobada por la magistratura de la jurisdicción de paz.
