Este miércoles 10 de diciembre, durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la Cámara de Representantes escuchó denuncias que, según sus citantes, documentan dos nuevos presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en Antioquia y Meta, además de la exposición detallada del Caso Girardot, sucedido el 15 de diciembre de 2024 en Ituango, donde un capturado habría sido asesinado y presentado como baja en combate.
En medio del debate, los documentos presentados ante el ministro detallaron el Caso Girardot, que involucra la presunta ejecución extrajudicial de Jonh Bayron Londoño Gutiérrez, capturado por tropas del Batallón de Infantería No. 10 “Cr. Atanasio Girardot” en la vereda Pascuita, Ituango (Antioquia).
Según los reportes, Londoño fue detenido, golpeado, despojado de su celular, amarrado con las manos hacia atrás y forzado a entregar información sobre un presunto integrante armado conocido como “alias Jonas”.
El hecho que desencadenó su muerte ocurrió cuando alias Jonas abrió fuego desde una vivienda y asesinó al soldado profesional Ronald Estiduar Jaramillo Mendoza.
Tras el ataque y la huida del agresor, el subteniente Felipe Sánchez Carreño habría ordenado traer al capturado y ejecutar la instrucción: “bajen a esa gonorrea”. Testimonios indican que Londoño suplicó que no lo mataran, permanecía desarmado y seguía amarrado. Tres soldados le apuntaron y dispararon en tres oportunidades.
La orden buscó encubrir un error operacional mediante la simulación de un combate inexistente. Para ello, se habría desatado el cadáver y colocado un arma en su mano izquierda, pese a que esa mano carecía de dedo pulgar, hecho confirmado por informes de necropsia.
También se registró un gasto de munición y granadas para respaldar la versión de enfrentamiento. La trayectoria de los proyectiles no coincidía con la hipótesis de que el capturado estaba huyendo o disparando.
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El caso se analiza bajo la figura de homicidio en persona protegida (combatiente capturado), lo que implica infracción al Derecho Internacional Humanitario. Entre los indiciados figuran el subteniente Sánchez Carreño y soldados profesionales del batallón.
Uno de ellos, Janner Hamell Aranda Rico, confesó la ejecución. Por tratarse de una presunta violación grave al DIH, el proceso corresponde a la Jurisdicción Ordinaria.
La intervención de Katherine Miranda, una de las citantes
Durante su intervención como citante, la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) afirmó que el país enfrenta un “posible patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales contra civiles” y presentó dos nuevos casos que, según ella, refuerzan esa alerta.
El primero corresponde a hechos en la vereda Paquita, de Ituango, donde un ciudadano habría sido detenido por tropas del Ejército y obligado a colaborar como informante. Testigos señalan que solicitó que no lo mataran y posteriormente fue reportado como baja en combate sin estar armado ni involucrado en un enfrentamiento.
El segundo ocurrió en la vereda San Isidro, en Vistahermosa (Meta), donde un líder campesino —reconocido por su trabajo comunitario y sin vínculos con grupos armados— apareció reportado como muerto en combate. Habitantes de la zona aseguran que no hubo enfrentamiento y que se trató de una ejecución arbitraria.
Miranda pidió investigación independiente, suspensión de los uniformados mencionados y garantías de protección para las familias y testigos. Señaló que estos hechos “no pueden pasar como simples irregularidades” y que deben investigarse como violaciones graves a los derechos humanos.
Respuesta del ministro Pedro Sánchez y tensiones políticas en el recinto
El ministro Sánchez afirmó que los casos expuestos ya están en investigación por la Procuraduría y la Fiscalía, y pidió evitar acusaciones sin pruebas concluyentes. La tensión aumentó cuando el representante Juan Manuel Cortés (Decentes) insinuó reuniones de Sánchez con jefes de estructuras ilegales, a lo que el ministro respondió solicitando respeto y negando cualquier vínculo: “no soy ningún delincuente”.
Otros representantes marcaron distancia frente a la moción de censura. Jorge Eliécer Tamayo (Partido de La U) advirtió que la discusión debía distinguir entre el análisis político desde el Congreso y la operación real del conflicto armado en los territorios.
La representante liberal Piedad Correal sostuvo que el debate debería involucrar al Alto Comisionado para la Paz, pues atribuyó a la “paz total” impactos en desplazamientos, atentados y el fortalecimiento de estructuras armadas.
En el desarrollo del debate, la representante Katherine Juvinao (Alianza Verde) afirmó que no serían 31 sino 54 niños muertos en combate durante el actual gobierno.
Pasadas las 6:00 p. m., la plenaria perdió el quórum y el ministro Sánchez no alcanzó a finalizar su intervención. El trámite de la moción continuará cuando la mesa directiva convoque una nueva sesión.
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