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Polémica por artículo en ley anticorrupción que podría derivar en censura

  • Imagen de referencia sobre el Congreso de la República, donde se debate el proyecto de Ley. FOTO: COLPRENSA.
    Imagen de referencia sobre el Congreso de la República, donde se debate el proyecto de Ley. FOTO: COLPRENSA.
EL COLOMBIANO | Publicado el 03 de diciembre de 2021

Un artículo incluido en el proyecto de la ley anticorrupción podría cambiar las reglas del juego para denunciar inconsistencias cometidas por parte de funcionarios públicos. Así lo denunció la Asociación Colombiana de Medios de Comunicación, AMI, a través de un comunicado.

Según dicha organización, el informe de ponencia para segundo debate del Proyecto “por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, incluyó un nuevo artículo que no tiene nada que ver con el objetivo. El texto en cuestión es el siguiente:

“Injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos”, según el cual “el que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal. Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la ley 906 de 2004.”

Así las cosas, la AMI asegura que la tipificación de los delitos de injuria y calumnia y la responsabilidad penal y civil extracontractual derivada de la comisión de los mismos aplica para todos quienes cometan esos actos en Colombia, sean o no funcionarios o exfuncionarios públicos o sus familiares, “por lo que no se entiende tampoco la creación de un régimen especial o privilegiado en caso que los sujetos pasivos de tales delitos fueran estas personas”.

En ese orden de ideas, la Asociación de medios se mostró preocupada porque, a su juicio, dicha regulación especial y privilegiada, “sí representa una amenaza para cualquiera que deba denunciar posibles irregularidades en el ejercicio de tales funciones o para el ejercicio de las mismas, como lo hacen, por ejemplo, los medios de información”.

En ese sentido la AMI aseguró que dicho artículo podría anular la veeduría que ejercen los periodistas sobre las actuaciones de los funcionarios del Estado. Según el comunicado, el aparte “solo parece querer garantizar que jamás se denuncien actos o hechos que debieran ser denunciados, por temor a las consecuencias y costos de procesos judiciales en contra de medios y periodistas, es decir una modalidad legal de acoso judicial tendiente a la censura desde el poder público en cabeza de quienes lo ejerzan y sus familias.

Además, todo esto podría derivar en que las condenas por estos delitos de injuria y calumnia terminen siendo extensivas a los medios de comunicación, de acuerdo con la alerta lanzada, al publicar determinada información.

“Solo parece querer garantizar que jamás se denuncien actos o hechos que debieran ser denunciados, por temor a las consecuencias y costos de procesos judiciales en contra de medios y periodistas, es decir una modalidad legal de acoso judicial tendiente a la censura desde el poder público en cabeza de quienes lo ejerzan y sus familias.”, precisa la agremiación.

Para concluir, la Asociación solicitó que se elimine el artículo aseverando que es “altamente inconveniente para el ordenamiento jurídico” y, en especial, “para la garantía del ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos”.

EL COLOMBIANO intentó comunicarse con el representante a la Cámara César Augusto Lorduy, quien radicó el proyecto ante la Comisión Primera, para preguntarle qué implicaciones tendría dicho artículo y qué opinaba sobre la petición de la AMI. Pese a ello, Lorduy aún no responde.

Daniela Osorio Zuluaga

Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.


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19 candidatos: así despegarán las campañas presidenciales

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¿qué sigue? cinco avales PENDIENTES por definirse

Ad portas de iniciar la campaña hay varios precandidatos que no tienen claro su aval, pero hay pistas en tres casos. Enrique Peñalosa sería avalado por el Partido de la U de Dilian Francisca Toro; Sergio Fajardo por el Verde Oxígeno de Íngrid Betancourt; y Juan Fernando Cristo por el Nuevo Liberalismo de Juan Manuel Galán. Los dos avales que no están claros son los de Camilo Romero y Alfredo Saade, quienes tendrán aval de uno de los partidos del Pacto Histórico como Colombia Humana, Unión Patriótica, Partido Comunista o Autoridades Indígenas de Colombia (Aico).

Alejandro Arboleda Hoyos

Periodista, apasionado por la historia, la geopolítica y los documentales. Hago preguntas desde que tengo uso de razón. Egresado de la Universidad Eafit.

Muere un joven guardia por choque entre indígenas y disidencias

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Paréntesis se prestó atención en el icbf

Durante el 2021, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, prestó atención a 121 menores que fueron reclutados por los grupos armados ilegales. “Siguen reclutando y utilizando niños, niñas y adolescentes. Es un delito y una de las peores formas de violencia, vulnera todos sus derechos, les arrebata sus sueños y la posibilidad de vivir su niñez”, expresó Lina Arbeláez, directora del ICBF, en su informe sobre reclutamiento infantil.

Javier Alexánder Macías

Amo el periodismo, y más si se hace a pie. Me encantan los perros, y me dejo envolver por una buena historia. Egresado de la Universidad de Antioquia.

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En la circular 004 que publicaron en conjunto los Ministerios de Salud y de Trabajo se les pide a los empleadores priorizar las medidas de bioseguridad y permitir a los empleados aislarse durante siete días en caso de tener síntomas de covid-19. Para los asintomáticos que tuvieron un contacto estrecho con una persona contagiada, también debe permitirse el aislamiento de siete días si no tienen el esquema de vacunación completo. En cuanto a las incapacidades, la circular señala que deben ser proferidas únicamente por los médicos tratantes, que a su vez deben tener en cuenta las condiciones laborales de los pacientes. Es decir, si pueden o no ejercer el teletrabajo.

Sebastián Ramírez Torres

Iba a ser médico, pero me volví periodista. Me gusta debatir y hablar mucho y de todo. Creo que la información es un patrimonio inmaterial y público.

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  • La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha sido cuestionada por el trato que ha dado con sus comentarios a trabajadores informales de Bogotá. foto colprensa
    La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha sido cuestionada por el trato que ha dado con sus comentarios a trabajadores informales de Bogotá. foto colprensa
Publicado el 15 de enero de 2022

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PARA SABER MÁS llueven otras críticas sobre la alcaldesa

A la alcaldesa Claudia López no solo la han criticado por sus comentarios desafortunados en las calles y el trato a migrantes, para el concejal Emel Rojas, detrás de todo esto hay un doble filo. “La doctora tiene un problema y es que tiene una doble agenda, como candidata presidencial y como alcaldesa. En los temas de la Policía la he criticado porque cuando cometen una equivocación, ella sale en contra y tiene un discurso de campaña; y cuando tienen un acierto, ella sí es la jefa de la Policía” dijo el concejal, apuntando a que ese doble juego lo que hace es afectar su imagen y gestión.

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Notas de la sección